Ana María Gutiérrez Chávez
Expediente 2118/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 17 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 22/03/2023
Partes del expediente
- Ana María Gutiérrez Chávez
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ejecutoria de colegiado. Téngase por recibido el oficio que remite la secretaria de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 205/2022, de la cual se advierte que, en términos generales, dicho tribunal confirmó la sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Destino cuaderno incidental. En cuanto al incidente de suspensión es depurable una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído, dado que se encuadra en el supuesto del arábigo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General, toda vez que la suspensión definitiva se concedió a la parte quejosa. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diez de marzo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de este asunto, se pudo advertir que no obran las constancias de notificación de los oficios 7598/2022 al 7601/2022 dirigidos a las autoridades responsables relativos a la sentencia de tres de marzo de dos mil veintidós. Instrucción de oficios. En consecuencia, se comisiona al personal de la adscripción para que corrobore el paradero de los acuses de recibo de los oficios de referencia, o en su caso, para que proceda a reexpedirlos. Asimismo, se le instruye que tan pronto estén disponibles las constancias físicas encomendadas, se deberán incorporar inmediatamente al expediente electrónico de este asunto para su consulta. Recurso de revisión. En otro orden de ideas, téngase por recibido el ocurso signado por Ernesto Aguilar Rodríguez, autorizado de la parte quejosa (carácter reconocido en proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno); y, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo vigente, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de tres de marzo de dos mil veintidós. Distribución del escrito de agravios a las partes. Distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios, con excepción de la recurrente, en tanto que a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado de Distrito remítaseles el ocurso respectivo mediante oficio. Y en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, una vez que se encuentren notificadas la totalidad de las partes de este proveído, remítase el original del ocurso de agravios, hágase visible y disponible electrónicamente el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); lo anterior, una vez que se tenga conocimiento del tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, al que corresponda resolver el aludido medio de impugnación. Salvo disposición en contrario que establezca el tribunal Colegiado de alzada. Notifíquese; y, cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2118/2021, promovido por Ana María Gutiérrez Chávez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Ana María Gutiérrez Chávez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió parcialmente la demanda únicamente por lo que respecta a los actos reclamados a Congreso, Gobernador Constitucional, Gobernador Constitucional, Consejo Directivo y Director del Instituto de Pensiones, todos del Estado de Jalisco; previa prevención y registro de demanda con el número 2118/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. Del Congreso del Estado de Jalisco: a) La aprobación, expedición y promulgación del Decreto número 28439/LXII/21, en específico los artículos 33, primer párrafo, 39 sexto párrafo, 70, fracción II, 153 fracción XIX y XX, así como el cuarto transitorio del decreto 22862/LVIII/09, todos relativos a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, modificada en dicho acuerdo. Del Consejo Directivo y Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco: El inminente acto de aplicación en ejecución del Decreto impugnado, lo que según refiere se traduce en la disminución del monto de su pensión que percibe como jubilado. Cabe precisar que, en el asunto a estudio, las modificaciones de los numerales 30, 39 y 70, así como los transitorios del uno al nueve, del decreto reclamado, establecen la base de cotización de las aportaciones, así como el límite de jubilación de las pensiones, los cuales tienen estrecha vinculación con los numerales reclamados, los cuales se refieren a las facultades de la autoridad responsable de reducir las pensiones a los límites que disponen los dispositivos referidos. Lo anterior, tiene como consecuencia que el acto reclamado se analice en conjunto con lo que prevén los numerales 33, 39, 70 del decreto reclamado, pues constituyen un sistema normativo, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 91/2018, de rubro y texto: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Director y Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ya que así´ lo manifestó el apoderado general del de dicho Instituto al rendir informe justificado en su representación; sin que la quejosa hubiere desvirtuado tal negativa, pues no allego´ medio de convicción idóneo para acreditar su certeza (folio 73 a 85). En efecto, el apoderado general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en representación de dicha institución, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen. Ello, pues refiere que el monto de la pensión que percibe la quejosa es inferior al límite establecido en el decreto reclamado, por lo que no se han aplicado dichas normas en su perjuicio y, consiguientemente, no ha sido disminuida su pensión. Sin que dicha negativa se encuentre desvirtuada en autos, sino que, por el contrario, se encuentra acreditado que la pensión que percibe la quejosa asciende a $4,620.10 (cuatro mil seiscientos veinte pesos 10/100 moneda nacional), con lo manifestado por la autoridad responsable (folio 85) Por tanto, al no acreditarse en autos la existencia del acto reclamado del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto de aquél. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Jalisco (folio 50 y 55 a 70 de autos), pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado. Aunado a que no media incertidumbre acerca de la existencia del decreto reclamado, debido a que el hecho de haberse difundido en el periódico oficial de esta entidad federativa, resulta suficiente para que la autoridad judicial este´ obligada a reconocer su certeza. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En el caso, este resolutor considera que, con relación con el acto reclamado, se surte la hipótesis de sobreseimiento prevista por el numeral 63, fracción V, en virtud de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida de que la quejosa no acreditó su interés jurídico, como a continuación se demuestra. Para verificar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, es menester establecer que la disposición mencionada, así como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]" De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese aspecto, cabe destacar que la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se estimen inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados, para poder determinar el momento oportuno de su impugnación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las bases para distinguir entre normas generales de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Expuesto el sistema de impugnación de las normas en el juicio de amparo atendiendo a su naturaleza jurídica, debe ahora tratarse con mayor detalle la diferenciación existente entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa porque, como se dijo, de esa especificación surge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, en donde el particular agraviado requiere acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo; En virtud de su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral que sea sujeta de las obligaciones en ella contenidas, quedando obligada ésta a satisfacer la carga física correspondiente desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Mientras que las leyes heteroaplicativas: Se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Pueden reclamarse solo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, solo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones; y Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica pues, conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: Son inevitables desde que entran en vigor; Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho; Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia; No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino requieren un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede ser de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Luego, la ley tiene el carácter de autoaplicativa, cuando por su sola expedición es de observancia obligatoria y causa un perjuicio real que afecta la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad para que el gobernado se encuentre en la situación prevista en la norma, pues su sola vigencia lo obliga. Lo anterior, de conformidad con el siguiente criterio de jurisprudencia VI. 2º. J/112, página 107, de la materia común, octava época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, abril de 1991, de rubro y texto siguientes: "LEY AUTOAPLICATIVA. Para considerar una ley como autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer; y, b) que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad". Por el contrario, la ley es heteroaplicativa cuando el solo inicio de su vigencia no coloca al gobernado en la situación prevista por la norma, sino que exige un acto posterior de aplicación, ya sea de la autoridad o de un particular, para que se genere la afectación en la esfera jurídica del destinatario. Así, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica regulada por determinados preceptos legales, que le otorgan los medios para lograr su defensa y la reparación del perjuicio irrogado por su desconocimiento o violación. En efecto, la hipótesis legal deriva como ya se dijo de lo previsto en la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el cual el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo o individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, supuesto que también se encuentra regulado en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. Siendo entonces el juicio de amparo improcedente contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia, esto es, alude a normas de naturaleza heteroaplicativa. Previo a demostrar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario determinar el carácter autoaplicativo o heteroaplicativo del "Decreto número 28439/LXII/21. Sobre esa base, conviene tener presente y, en el caso, insertar a continuación, los que por su redacción cobran importancia para resolver la presente instancia constitucional, los cuales son los siguientes: "NÚMERO 28439/LXII/21 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DE PENSIONES Y DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES JALISCO. ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 33 primer párrafo, 70 fracción II, 153 fracción XIX, se adiciona un párrafo sexto al artículo 39 y la fracción XX al 153; y se reforma el sexto párrafo del artículo Cuarto Transitorio del Decreto 22862/LVII/09, todos de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, para quedar de la siguiente manera: Artículo 33. Quedan excluidos de la aplicación de la presente ley, las personas que presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. [.] Artículo 39. [.] TABLA [.] La base de cotización para el pago de las aportaciones todas las plazas para cualquier afiliado, no deber ser mayor a 39 veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 70. [.] II. La pensión máxima total que se pague a una persona, independientemente de las plazas desempeñadas y del monto de los últimos salarios sobre los que se hayan cotizado, no podrá ser superior a treinta y nueves veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Artículo 153. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: [.] XIX. Modificar y reducir por causa de utilidad pública el monto de las pensiones, para adecuarlas a los términos y condiciones establecidos en los artículos 30 y 70 fracción Il del presente ordenamiento, siempre y cuando exista estudio actuarial que lo justifique y la medida no vulnere el derecho a una pensión digna, y XX. Las demás que le confieran las leyes y sus reglamentos, así como las que resulten inherentes a sus atribuciones. TRANSITORIOS DECRETO 22862/LVIII/09 ARTICULO CUARTO. [.] Todas las pensiones y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas presente ordenamiento. Lo anterior exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto. ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 64 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios para quedar como sigue: ARTÍCULO 64. [.] A su vez, cada uno de los ayuntamientos, al incorporarse al Instituto de Pensiones, deberá autorizar la firma un convenio con la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado y dicho Instituto para que de las participaciones estatales que les correspondan, se retenga mensualmente las aportaciones patronales que deberán de cubrir al Instituto. El incumplimiento a lo anterior será sancionado conforme a la Ley del Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco". Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero. El Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para presentar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, los proyectos de reforma a las disposiciones reglamentarias del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco para adecuarlas al presente Decreto. Cuarto. Serán materia de modificación y reducción por causa de utilidad pública, las pensiones que a la entrada en vigor que señala el presente decreto se encuentren vigentes, así como las futuras que en términos del presente ordenamiento se otorguen bajo las condiciones que el presente decreto establece." Quinto. Las pensiones que excedan el monto establecido en el artículo 70 fracción II de la presente Ley, deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. Una vez realizada la modificación, deberá reestructurarse todo crédito, préstamo y demás obligaciones que los pensionados tuvieran con el Instituto en caso de que excedan el porcentaje máximo de descuento. Sexto. El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado tiene un plazo de noventa días hábiles para modificar y adecuar las pensiones vigentes al límite de cuantía establecido en el artículo 70 fracción Il de la presente legislación. Séptimo. La regularidad de las pensiones se mantendrá por lo que corresponde a su otorgamiento mensual, así como a los servicios médicos y prestaciones a ellas inherentes. Octavo. Las entidades públicas que incorporen a sus servidores públicos en razón de las modificaciones a los artículos 33 de la Ley del Instituto de Pensiones y 64 de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, que se expiden en el presente decreto, deberán suscribir los convenios correspondientes con la Secretaria de la Hacienda Pública y el Instituto de Pensiones, a más tardar el 1 de enero de 2022. Noveno. Las entidades públicas dispondrán de un plazo de sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para dar cumplimiento al presente decreto en términos de la reforma que se aprueba al artículo 33 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, quedando sujeta la afiliación correspondiente a la aprobación de dicho Instituto con base en los requisitos que establece la presente Ley. Dicha afiliación no tendrá efectos retroactivos." De los preceptos anteriormente transcritos, se advierte, entre otras cosas, que la reforma es aplicable a todas aquellas personas pensionadas, a excepción de quienes presten sus servicios mediante contratos sujetos a la legislación común. La base de cotización para el pago de las aportaciones de todas las plazas para cualquier afiliado, no debe ser mayor de treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Todas las personas y prestaciones inherentes a las que se hayan otorgado bajo la vigencia del régimen de la Ley que se abroga, pasarán a regirse por la legislación vigente bajo las condiciones establecidas. Lo anterior, exclusivamente para los efectos de nivelar el monto conforme al tope establecido en el presente decreto; por lo que, las pensiones que excedan el monto establecido deberán modificarse de manera oficiosa para adecuarse al límite máximo estipulado. En ese sentido, los enunciados normativos en comento se tratan de disposiciones de observancia general que, en esencia, modifican el marco jurídico que regula la base de cotización para el pago de las aportaciones y específicamente establece que ésta no debe ser mayor a treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes, circunstancias que regirán en el futuro debiéndose modificar de manera oficiosa la pensión correspondiente. En consecuencia, se arriba a la conclusión de que el Decreto 28439/LXII/21, por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Pensiones y de la Ley para los Servidores Públicos, ambos ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado el nueve de septiembre de dos mil veintiuno (que entró en vigor al día siguiente) es de naturaleza autoaplicativa y, por ende, la sola entrada en vigor de la norma mencionada afecta a aquellas personas que estén en el supuesto de la norma y, por ende, sufrirán un menoscabo a su esfera jurídica y patrimonial, por ello no se requiere de una condición para que sus efectos se materialicen en su perjuicio, esto es, no es indispensable un acto de aplicación en concreto. Sin embargo, a pesar de que la norma es de naturaleza autoaplicativa, para que la parte quejosa pudiera ser afectada por la norma es necesario que se demuestre la afectación a su interés jurídico, por tanto, era indispensable que demostrara que el monto de la pensión a que tiene derecho sobrepasa las treinta y nueve veces el valor de la unidad de medida y actualización elevado al mes. Ahora, de acuerdo la página de internet del INEGI (https://www.inegi.org.mx/temas/uma/), el valor de las UMA para dos mil veintiuno mensual es de $2,724.45 (dos mil setecientos veinticuatro pesos 45/100 moneda nacional), por lo que el límite de treinta y nueve veces establecido como máximo de base de cotización es de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Por tanto, como se dijo, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió de acreditar ubicarse en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico; lo anterior, tomando en cuenta que la parte quejosa ofreció como pruebas documentales las siguientes: Comprobante de depósito por el pago de sueldo de la trabajadora, expedida por el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco a favor de la parte quejosa, en copia simple. Acuse de la solicitud de pensión presentada ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. (folios 18 y 19) Asimismo, obra en autos: 3. Copia certificada de la impresión de la base de datos del Sistema Integral Computarizado de Afiliados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, remitida por la propia responsable al rendir su informe justificado. Cuya captura se anexa para mayor claridad: / (folio 85 del cuaderno de amparo) Medio de prueba, este último, que tiene valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que adminiculado con los allegados por la quejosa, se acredita que es pensionada, pero no que su pensión supere el monto límite de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional). Dado que, se desprende que el monto de su jubilación asciende a $4,620.10 (cuatro mil seiscientos pesos 10/100 moneda nacional), atendiendo a lo manifestado por la autoridad responsable. De ahí que, el sueldo tabular de la quejosa es inferior al monto máximo y, por tanto, no le causa una afectación desde su entrada en vigor, pues no se crea, transforma ni extingue ninguna situación concreta en dicho momento, sino que ello en todo caso dependerá de que la autoridad, con fundamento en dichos artículos, disminuya la base de cotización para el pago de sus aportaciones, caso en el cual, se situaría a la quejosa en la hipótesis legal. Por tanto, a fin de que la parte quejosa demostrara el perjuicio ocasionado a su esfera jurídica de derechos por la norma impugnada, debió de acreditar la materialización en su perjuicio de las normas reclamadas a través de las probanzas respectivas; sin embargo, no aportó algún medio de prueba idóneo y certero para demostrar que se ubica en el supuesto de la norma impugnada, y por ende, la afectación en su esfera jurídica o patrimonio, en otras palabras, su interés jurídico; lo anterior, tomando en cuenta que la parte quejosa ofreció tan solo diversas pruebas documentales en copia simple. Asimismo, es importante precisar que en el caso, no es aplicable la tesis de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LEGÍTIMO" , lo anterior, dado que, en el caso, como se explicó, es una norma dirigida a ciertos particulares en específico, esto es, aquellos jubilados que tengan una pensión mayor por lo que el límite de treinta y nueve veces establecido como máximo de base de cotización es de $106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional), por lo que no genera afectación o efectos en terceros, de ahí que, en el caso, no se podría alegar una afectación a un interés legítimo, sino jurídico, como se explicó anteriormente. En efecto, las normas autoaplicativas, en el contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suceder en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colateralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en un grado suficiente para afirmar que genera una afectación jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis normativas que no están llamados a actualizar los quejosos como destinatarios de la norma, sino terceros de manera inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los quejosos resentirán algunos efectos de las consecuencias asociadas a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, su contenido genere de manera inmediata la afectación jurídicamente relevante. Por lo que, si en el caso, como se dijo, la norma está dirigida a ciertos destinarios, es decir, a aquellos pensionados que superen el límite que establece el numeral 70 del decreto impugnado, pues son precisamente, dichas pensiones las que serán reducidas, es que, en el caso, no hay afectación indirecta a terceros, como lo sería la quejosa, que solo demostró ser pensionado y no superar el límite citado. Sin que se soslaye que el artículo 153 fracción XIX, así como los transitorios cuarto y quinto, de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, modificada en dicho acuerdo, dispongan las facultades de dicho instituto para modificar o disminuir las pensiones, dado que, ello no implica que exista una afectación a la parte quejosa, por el solo hecho de ser pensionado, sino que, debe recordarse que al constituir una unidad normativa que, como se explicó, se materializa en los numerales 39 y 70, en los que se determina la base de cotización y que las pensiones no pueden exceder de cierto límite -$106,253.55 (ciento seis mil doscientos cincuenta y tres pesos 55/100 moneda nacional)- es inconcuso que tales facultades van dirigidas a las personas que excedan de dicho límite por lo que su contenido no es abstracto sino que, se insiste, va encaminado a cumplir con las diversas disposiciones que prevén la base y el límite que deben tener las pensiones. Conforme a lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que, en el presente caso, la quejosa no acreditó fehacientemente de encontrarse en el supuesto normativo en su perjuicio y, por ende, el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo en cuestión. De ahí que sea de concluirse que, al actualizarse la causal de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, del propio cuerpo normativo. Al actualizarse la causa de improcedencia, resulta innecesario estudiar las diversas causas de inviabilidad hechas valer por las autoridades responsables, dado que no de resultar fundadas no modificaría el sentido del presente fallo. Atento al sentido del presente fallo, resulta imposible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, ya que se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer del asunto, este juzgador se encuentra vedado para analizar su fondo, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, al así obligarlo la ley y jurisprudencia aplicable al caso. En virtud de lo anterior, este juzgado de Distrito se encuentra imposibilitado para analizar el fondo del asunto. Al respecto es aplicable, la jurisprudencia: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio" Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana María Gutiérrez Chávez. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos del presente juicio, se advierte que una vez revisado el sistema integral de seguimiento de expedientes, se desprende que no obra constancia de notificación personal de la quejosa Ana María Gutiérrez Chávez, relativa al auto diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó parcialmente la demanda de amparo Se comisiona al actuario de la adscripción En consecuencia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que proceda de inmediato a realizar la notificación precisada con antelación, o en su caso, para que corrobore el paradero de ésta y la integre de inmediato. Diferimiento. Por lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe. RAAG/DCSR/mfcs
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