Ana María González Rentería

Expediente 46/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
46/2015
Año
2015
Actuaciones
4
Última actuación
20/07/2016

Partes del expediente

  • Ana María González Rentería

Actuaciones

  1. Principal

    Agreguese oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito, de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Villaldama.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el auto de veintisiete de enero de dos mil quince (fojas 60 a 66), por el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el licenciado Daniel Saucedo Solis, autorizado de la promovente, desahoga la vista que se le dio mediante proveído de veintitrés de enero el año en curso, y al respecto manifiesta que la demanda de garantías la promueve Ana María González Rentería por su propio derecho. En principio, del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por la promovente en esta instancia se hace consistir en: Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 9/98, visible en la página ochocientos noventa y ocho, tomo VII, enero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196923, que establece: Al respecto, debe decirse que acorde a lo establecido en el artículo 6 de la ley de la materia , el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman; siendo presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de la anterior norma, que el acto o ley reclamados causen un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso o agraviado. La hipótesis legal antes citada se debe analizar conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, Constitucional, los cuales señalan lo siguiente: De los artículos antes transcritos, se prevé que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue la conculcación de los derechos reconocidos por la Carta Magna, en virtud del acto de autoridad que se reclama, circunstancia anterior que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso de manera directa -interés jurídico-, o bien, en consecuencia de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. En relación a lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia por contradicción de tesis que se expondrá a continuación, sentó el criterio de que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Criterio rector que se encuentra registrado bajo la nomenclatura 2a./J. 141/2002, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, página doscientos cuarenta y uno, de rubro y texto: Sobre este tópico es importante señalar que el interés jurídico o legítimo es un presupuesto procesal del juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, en relación con los preceptos 5 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, de los cuales deriva que la vía de control constitucional solo podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Es factible establecer la diferencia entre el interés jurídico (que deriva del ejercicio de un derecho fundamental del que el reclamante es titular) y el legítimo, que debe ser personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y legalmente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio legal en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera de derechos en acepción amplia, el cual puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. En ese sentido, conforme a la técnica del juicio de amparo, para revisar el aspecto sustantivo de un acto de autoridad contra el que se promueve un juicio de garantías, debe existir como presupuesto indispensable, que haya irrumpido en la individualidad del gobernado promovente, al grado tal de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera expresa o de hecho; es decir, basta que dicho actuar surta sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona para que se conciba aplicada en su perjuicio, creando, modificando o extinguiendo un derecho, y de esta forma el gobernado se vería afectado en sus derechos fundamentales. Sirve de apoyo la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ochocientos cincuenta y cuatro, libro XXIV, Septiembre de dos mil trece, tomo 3, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2004501, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Así pues, para que un juicio de garantías satisfaga la exigencia de ser promovido por la parte agraviada a quien perjudique la ley o el acto reclamado, es necesario que el ejercicio de la acción de amparo tenga por objeto la tutela de derechos pertenecientes a quienes demanden su protección, en razón de la existencia real al momento de la formulación de la pretensión correlativa ante la autoridad judicial, ya que a nada práctico conduciría el análisis de actos de autoridad frente a derechos cuya titularidad no corresponden a la parte quejosa. En resumen, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa Ana María González Rentería, por su propio derecho, se duele esencialmente de actos de clausura e impedimento de uso respecto de un inmueble que aduce es de su propiedad ubicado en el número mil ochocientos ocho de la esquina sureste del Eje Vial Román Cepeda y Ampliación Boulevard República, en esta ciudad, en el cual se encuentra construido un establecimiento concesionario de distribución de gasolina, bajo el número de estación de servicio 12178, denominado Gasolinera Servicio Rotonda Acuña, Sociedad Anónima de Capital Variable. Asimismo, refiere que el acto administrativo que reclama de veinticuatro de agosto de dos mil catorce, constituye el primer acto de aplicación de los artículos 50 y 51 del Reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Piedras Negras, los cuales tilda de inconstitucionales. Al respecto, la promovente anexó a su escrito de demanda, las documentales consistentes en: Notifíquese; y personalmente a la promovente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Ana María González Rentería, contra actos de la autoridad responsable denominada Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número estadístico 46/2015, por ser el numeral progresivo que le correspondió. Ahora bien, respecto a la solicitud de la promovente en el sentido de admitir la demanda de amparo, se debe decir que previo a acordar lo conducente es necesario seguir los lineamientos establecidos en la ley de la materia, uno de los cuales es el que marca el artículo 114 de la Ley de Amparo en vigor, que en lo referente establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". El normativo anterior dispone previo a acordar sobre la admisión de la demanda, estudiar el escrito inicial para verificar que se hayan colmado los requisitos que marca la ley en cita y que no existieren irregularidades en el mismo. Así, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierte la falta de dos requisitos formales, los cuales son necesarios para el análisis de la viabilidad de la admisión de la demanda. Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: Al respecto, resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia número I.4o.C. 26 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página sesenta y tres, tomo IX, febrero de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 220365, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna". Por lo tanto, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114, en relación con las fracciones I y IV, del diverso numeral 108, ambos de la Ley de Amparo en vigor, este último que a continuación se trascribe: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación". En esa tesitura, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: a) Precise el carácter con el que comparece al presente juicio constitucional, es decir, si en nombre propio, en representación de Servicio Rotonda Acuña, Sociedad Anónima de Capital Variable, o en ambos. En el entendido de que si acude como representante de la negociación, acredite con documento idóneo el carácter con el cual se ostenta. Lo anterior se justifica, toda vez que de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que reclama la clausura de la negociación Servicio Rotonda Acuña, Sociedad Anónima de Capital Variable, que se encuentra ubicada en el número mil ochocientos ocho, esquina sureste del eje vial Román Cepeda y Ampliación Boulevard Republica, en esta ciudad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J.23/2009, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete, tomo XXIX, abril de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro electrónico 167431, de rubro y texto siguientes: Precise el acto que reclama, esto es, manifieste si impugna la inconstitucionalidad o la aplicación de los preceptos 50 y 51 del Reglamento de Bando Policía y Buen Gobierno, del municipio de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza; en el entendido de que si se reclama la inconstitucionalidad de los aludidos artículos, de conformidad con el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, tendrá que señalar a los titular de los Órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Es aplicable en lo conducente la tesis XX.57 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el tomo III, marzo de mil novecientos noventa y seis, página ochocientos setenta y uno, registro 2302853, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: Por tal razón, es necesario que la peticionaria de amparo dé cumplimiento a lo antes descrito para iniciar el trámite de este juicio constitucional; asimismo, deberá acompañar las copias necesarias del escrito con el que desahogue dicha prevención, para correr traslado a las partes, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso por analogía, la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis número P/J.36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y nueve, tomo XIII, abril de dos mil uno, con registro electrónico 189979, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de contenido literal siguiente: Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo vigente. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero de la nueva Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta y como autorizado en los amplios términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Daniel Saucedo Solis, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, finalmente como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a DeniellScarlett Saucedo Castro y DaneleYvanov Saucedo Castro, en términos del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8°, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes que, conforme al procedimiento de acceso a la información, la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite; así también, que pueden ejercer el derecho para manifestar, hasta antes que se pronuncie el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales no se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que tal oposición, únicamente surtirá efectos cuando se trate de expedientes que contengan información reservada que en términos de lo previsto por la fracción IV, del artículo 13, de la citada ley, será cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad, o la salud de las partes. Notifíquese personalmente a la promovente.

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