Ana María González Puente

Expediente 367/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 42 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
367/2021
Año
2021
Actuaciones
42
Última actuación
24/01/2023

Partes del expediente

  • Ana María González Puente

Actuaciones

Las 4 más recientes de 42.

  1. Principal

    se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, sin que haya hecho manifestación en ese sentido. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Asimismo, debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y Titular del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato: "Continúen proporcionando bajo su más estricta responsabilidad a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece, durante el tiempo que lo requiera, sin costo alguno; y Como cuestión adicional, ante la imposibilidad temporal que padece la quejosa, provocada por su disfunción motriz derivada de su reciente intervención quirúrgica de cadera, que implica que deba estar inmovilizada, se deberá de procurar y proveer de un transporte adecuado para que la quejosa; ante esa circunstancia y por los escasos recursos económicos que posee, a fin de que pueda acudir oportunamente a sus sesiones de hemodiálisis, en la hora y fecha que determinen; medida que será temporal, en tanto sea evaluada como capaz para acudir por sí misma." Resolución que fue recurrida por el apoderado legal de las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, así como Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato. Posteriormente, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 217/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en sesión celebrada el diez de junio de dos mil veintidós, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 367/2021-VI promovido por Ana María González Puente, en la que se concedió el amparo por los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo que en esa fecha se requirió al Titular del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato, así como al superior jerárquico Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, el cumplimiento al fallo protector. En atención a dicho requerimiento, dichas autoridades remitieron diversos oficios con base en los cuales demuestra haber dado seguimiento al tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece la quejosa. Oficios recibidos en autos de: Seis de julio. Veintiséis de agosto. Veintisiete de septiembre. Veintiuno de octubre. Veintitrés de noviembre Veintisiete de diciembre. Todos dictados en el dos mil veintidós. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter como documentos públicos. Con lo anterior se dio vista a la quejosa en el último proveído descrito, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con ellas, apercibida con que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector; sin que realizara manifestación al respecto. Por otro lado, toda vez que la quejosa se ha presentado de manera continua a sus sesiones de hemodiálisis, se entiende que ha contado con el transporte necesario para asistir a ellas, por lo cual, se estima, la autoridad responsable ha cumplido con el efecto de la sentencia de amparo referente a: "[.] se deberá de procurar y proveer de un transporte adecuado para que la quejosa; ante esa circunstancia y por los escasos recursos económicos que posee, a fin de que pueda acudir oportunamente a sus sesiones de hemodiálisis, en la hora y fecha que determinen; [.]". Máxime que en autos no obra constancia de que la quejosa haya informado imposibilidad para acudir a sus citas de manera oportuna. Bajo ese contexto, la lectura de las constancias remitidas por la responsable permite advertir que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo. Es así, ya que las autoridades requeridas para cumplir la ejecutoria de amparo, remitieron las constancias donde se advierte que, desde el momento en que se decretó la suspensión de plano en el presente expediente, a la fecha, han realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento tanto a esa medida como a la sentencia, pues proveen la atención médica que la quejosa requiere para el tratamiento de sus afecciones; en particular, el suministro de hemodiálisis para tratar la insuficiencia renal crónica terminal que padece, así como las valoraciones médicas, estudios de gabinete y laboratorio que su condición física demanda. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, sin excesos ni defectos. Cabe destacar que en caso de que las autoridades dejen de prestar a la quejosa la atención médica decretada, e inobserven los efectos de la sentencia dictada en esta instancia constitucional, tal actuación podrá actualizar la figura de repetición del acto reclamado, por lo que la quejosa tendrá expedito su derecho para denunciar dicha conducta, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Por consiguiente, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del año anterior en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente obran documentos que la parte quejosa ofreció en el juicio en que se actúa y considerando el estado procesal de los autos, dese vista a dicha parte para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICUATRO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto, sin que haya hecho manifestación en ese sentido. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Asimismo, debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y Titular del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato: "Continúen proporcionando bajo su más estricta responsabilidad a la quejosa el tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece, durante el tiempo que lo requiera, sin costo alguno; y Como cuestión adicional, ante la imposibilidad temporal que padece la quejosa, provocada por su disfunción motriz derivada de su reciente intervención quirúrgica de cadera, que implica que deba estar inmovilizada, se deberá de procurar y proveer de un transporte adecuado para que la quejosa; ante esa circunstancia y por los escasos recursos económicos que posee, a fin de que pueda acudir oportunamente a sus sesiones de hemodiálisis, en la hora y fecha que determinen; medida que será temporal, en tanto sea evaluada como capaz para acudir por sí misma." Resolución que fue recurrida por el apoderado legal de las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, así como Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato. Posteriormente, en auto de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se recibió el testimonio de la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 217/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, en sesión celebrada el diez de junio de dos mil veintidós, en la cual se resolvió: "PRIMERO. Es infundado el presente recurso de revisión. SEGUNDO. Se confirma la sentencia pronunciada por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el juicio de amparo 367/2021-VI promovido por Ana María González Puente, en la que se concedió el amparo por los actos y las autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Por lo que en esa fecha se requirió al Titular del Hospital General de Valle de Santiago, Guanajuato, así como al superior jerárquico Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, el cumplimiento al fallo protector. En atención a dicho requerimiento, dichas autoridades remitieron diversos oficios con base en los cuales demuestra haber dado seguimiento al tratamiento de hemodiálisis para la insuficiencia renal crónica que padece la quejosa. Oficios recibidos en autos de: Seis de julio. Veintiséis de agosto. Veintisiete de septiembre. Veintiuno de octubre. Veintitrés de noviembre Veintisiete de diciembre. Todos dictados en el dos mil veintidós. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter como documentos públicos. Con lo anterior se dio vista a la quejosa en el último proveído descrito, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con ellas, apercibida con que de no hacer manifestación alguna, este juzgado se pronunciaría sobre el cumplimiento al fallo protector; sin que realizara manifestación al respecto. Por otro lado, toda vez que la quejosa se ha presentado de manera continua a sus sesiones de hemodiálisis, se entiende que ha contado con el transporte necesario para asistir a ellas, por lo cual, se estima, la autoridad responsable ha cumplido con el efecto de la sentencia de amparo referente a: "[.] se deberá de procurar y proveer de un transporte adecuado para que la quejosa; ante esa circunstancia y por los escasos recursos económicos que posee, a fin de que pueda acudir oportunamente a sus sesiones de hemodiálisis, en la hora y fecha que determinen; [.]". Máxime que en autos no obra constancia de que la quejosa haya informado imposibilidad para acudir a sus citas de manera oportuna. Bajo ese contexto, la lectura de las constancias remitidas por la responsable permite advertir que se atendieron todos los efectos de la ejecutoria de amparo. Es así, ya que las autoridades requeridas para cumplir la ejecutoria de amparo, remitieron las constancias donde se advierte que, desde el momento en que se decretó la suspensión de plano en el presente expediente, a la fecha, han realizado las gestiones necesarias para dar cumplimiento tanto a esa medida como a la sentencia, pues proveen la atención médica que la quejosa requiere para el tratamiento de sus afecciones; en particular, el suministro de hemodiálisis para tratar la insuficiencia renal crónica terminal que padece, así como las valoraciones médicas, estudios de gabinete y laboratorio que su condición física demanda. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, sin excesos ni defectos. Cabe destacar que en caso de que las autoridades dejen de prestar a la quejosa la atención médica decretada, e inobserven los efectos de la sentencia dictada en esta instancia constitucional, tal actuación podrá actualizar la figura de repetición del acto reclamado, por lo que la quejosa tendrá expedito su derecho para denunciar dicha conducta, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Por consiguiente, en términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del año anterior en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que en el expediente obran documentos que la parte quejosa ofreció en el juicio en que se actúa y considerando el estado procesal de los autos, dese vista a dicha parte para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2022, QUE ALA LETRA DICE "...Apoderado legal de la Secretaría e Instituto, ambos de Salud Pública del Estado de Guanajuato, informa la atención médica -sesiones de hemodiálisis- brindada a la quejosa, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio y remite las constancias que lo acreditan. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia..."

  4. Principal

    Apoderado legal de la Secretaría e Instituto, ambos de Salud Pública del Estado de Guanajuato, informa la atención médica -sesiones de hemodiálisis- brindada a la quejosa, en cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio y remite las constancias que lo acreditan. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia de que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.

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