Ana María González Cimadevilla
Expediente 1383/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.
Datos del expediente
- Expediente
- 1383/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/01/2024
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana María González Cimadevilla
- JUEZ VIGÉSIMO TERCERO DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se desprende que el trece de diciembre del año pasado se tuvo por recibido el informe justificado del juez responsable, al que acompañó las constancias requeridas en el auto admisorio y de una revisión hecha a las mismas, se apreció que los documentos relativos, contienen las piezas indispensables para dar cuenta con un proyecto de resolución al titular de la adscripción en su oportunidad. Por otro lado, agréguese el escrito de ****** apoderado general para pleitos y cobranzas de la parte quejosa, mediante el cual proporciona datos de identificación del tercero interesado así como un diverso domicilio; en consecuencia, se comisiona al Actuario de la adscripción a fin de que una vez que se cerciore que ahí puede ser localizado ... efectúe su emplazamiento en dicho lugar corriéndole traslado con las constancias necesarias para tal efecto. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario de la adscripción lleve a cabo la notificación encomendada. Por otra parte, glósese el oficio 314 por medio del cual, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, a las personas que menciona. Asimismo, se tiene por invocada la causal de sobreseimiento, la cual será objeto de estudio al emitirse la sentencia que resuelva el fondo del asunto NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (autoridad responsable), en razón de que el veintisiete de diciembre de la presente anualidad se celebró la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde su informe justificado, en los términos que precisa, con lo que se ordena dar vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones, como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, a las personas que menciona. Asimismo, se tiene por invocada la causal de sobreseimiento, la cual será objeto de estudio al emitirse la sentencia que resuelva el fondo del asunto NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1383/2023, promovido por ********************, por conducto de su apoderado, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, Congreso de la Unión -Cámara de Diputados y Senadores-, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Diario Oficial de la Federación; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTOS RECLAMADOS. La inconstitucionalidad del artículo 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma general heteroaplicativa y con motivo de su primer acto de aplicación. La determinación emitida el veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México en el expediente **/**, que concedió diversas medidas cautelares de tipo conservativo. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, las autoridades responsables rindieron sus informes previos, con excepción de la Cámara de Diputados; finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, con excepción de la Cámara de Diputados que fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de habérsele notificado el auto en el que se le requirió; por lo que, con fundamento en el ordinal 142 de la Ley de Amparo se tiene por cierto el acto que se le atribuye, únicamente para efectos de la medida cautelar. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. La parte quejosa es parte material en el juicio de origen, además, destinataria de la medida, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO. Para abordar los planteamientos del solicitante, debe señalarse que los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte quejosa debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado, a saber: a) Que expresamente la solicite el quejoso; b) Que haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; c) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; d) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; e) Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Sobre este último aspecto, al resolver sobre la medida cautelar, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y en cuanto al interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual hay que analizar por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. En el caso, el requisito precisado en el inciso a) se encuentra colmado, en virtud de que según se obtiene de la demanda de amparo, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa solicitó el otorgamiento de la medida cautelar. Sobre la condición señalada en el inciso b), es importante precisar que para efecto de decidir sobre la procedencia de la suspensión definitiva, se toma en consideración lo señalado por la responsable en su informe previo; las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la quejosa en su demanda, así como los anexos que se acompañaron que corroboran tal cuestión; por lo que también se tiene acreditado tal extremo. Se cumple también con el inciso c), pues los actos reclamados son susceptibles de suspenderse, y para corroborarlo, debe tomarse en cuenta el artículo 147 de la Ley de Amparo que señala: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo." La norma transcrita establece que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano de amparo deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo; asimismo, en atención a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden, es decir, el sentido práctico de la norma general permite restituir provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo, siempre y cuando sea procedente decretar la suspensión. Tal contenido pragmático ha sido reconocido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al subrayar la posibilidad de suspender los actos reclamados, aun cuando constituyan medidas cautelares, cuya naturaleza jurídica es eminentemente conservativa porque por regla general, buscan proteger las prerrogativas que ya forman parte del patrimonio de quien las aduce violadas, o bien, un derecho que ya integra objetivamente un núcleo duro de obligaciones susceptibles de ser exigibles, lo que implica mantener la situación que de hecho ya existía previamente; lo que a su vez funciona como condiciones necesarias para determinar su procedencia. Como nota común que se debe observar en el dictado de las medidas es que, por regla general la autoridad que las emita no debe conferir con éstas un espectro o ámbito constitutivo de derechos ni alterar el estado que prevalece antes del acto, esto es, únicamente mantener una situación fáctica que tenga como propósito salvaguardar la materia de la controversia, aun cuando su concesión pudiera tener efectos restitutorios que son propios de la sentencia de fondo del amparo. Lo anterior, porque acorde a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 147 de la Ley de Amparo, además de decretar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, es factible ordenar que se restablezca de forma provisional al gobernado en el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo, si ello resulta jurídica y materialmente posible. Además, debe decirse que el ejercicio ponderativo de la apariencia del buen derecho permite anticipar la inconstitucionalidad del acto reclamado, tanto en sus aspectos sustanciales como formales que daría como resultado la procedencia de la concesión de la suspensión respecto de la ejecución y efectos de algunas medidas cautelares. La apariencia del buen derecho es un juicio de valor, a cargo de la autoridad facultada para emitir una medida precautoria, mediante el cual se formula una hipótesis que con los medios de prueba aportados por el solicitante cuya explicación y/o valoración debe quedar plasmada en el acto de autoridad, permite adelantar con un alto grado de acierto el sentido de la sentencia de amparo que se dicte en el procedimiento constitucional, con lo cual se trata de evitar que el retraso en la impartición de justicia tenga un impacto negativo a quien, desde un inicio, le asiste la razón, sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto. De acuerdo con lo anterior, el análisis sobre la apariencia del buen derecho y la ponderación sobre el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, implica de manera ineludible que la autoridad de amparo cuente con los elementos suficientes para formarse un juicio de probabilidades, los cuales pueden satisfacerse al tener a la vista los elementos valorados y considerados en el acto reclamado, para generar la suficiente convicción de que debe concederse una suspensión provisional por advertir una aparente violación de derechos, es decir, aquellos sobre los cuales la autoridad hubiere obtenido indicios, valorado, argumentado o dotado de contenido a los requisitos de las medidas cautelares, y no solo las hubiere enunciado, afirmado o en apariencia relacionado. Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida, como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Frente a tales principios con los cuales se hace operativa la suspensión en el juicio de amparo, acorde a las constancias presentadas por la parte quejosa, consta que el acto reclamado en lo que interesa, establece: "Agréguese a sus autos el escrito presentado por la parte actora, por conducto de su apoderado legal, se tiene por desahogada en sus términos la prevención ordena en actuaciones y se provee el escrito de demanda en los siguientes términos: Se tiene presentado al C. Licenciado ***, en su carácter general para pleitos y cobranzas del C. ***, quien se ostenta a su vez accionista de la moral ***, personalidad que acredita y se le reconoce en términos de los instrumentos notariales sesenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, así como noventa y tres mil novecientos ochenta y seis de dos de febrero de dos mil veintiuno. Conforme lo anterior se le tiene a la parte actora por conducto de su representante y como accionista de la moral indicada promoviendo MEDIDAS CAUTELARES en contra de la presunta demandada ***, en términos de lo previsto por los artículos 1168, 1169, 1171 y demás relativos aplicables al Código de Comercio, así como 384 y demás relativos aplicables al Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley adjetiva. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1168, 1169, 1171 y demás dispositivos aplicables del Código de Comercio, así como 384 y demás aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Mercantil, SE ADMITE la solicitud en la vía y forma propuestas y con las copias simples exhibidas, mediante notificación personal hágasele saber a la C. *** que al estar acreditados en sede cautelar los requisitos necesarios, el suscrito juzgador decreta de plano la conservación de hecho existente, mediante el dictado de las medidas cautelares conservatorias y provisionales consistentes en: PRIMERA. Se declara que la *** se encuentra impedida para deliberar, emitir manifestación alguna y votar respecto a los asuntos del orden del día que se establezcan para la celebración de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de *** SEGUNDA. Se ordena la *** que se abstenga de emitir cualquier tipo de manifestación o deliberación respecto a los asuntos del orden del día que se establezcan para la celebración de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de *** TERCERA. Se ordena la *** que se abstenga de votar los asuntos del orden del día que se establezcan para la celebración de cualquier asamblea general ordinaria o extraordinaria de accionistas de *** CUARTA. Se declara que las acciones representativas del capital social de *** y que sean propiedad ***, no deberán computarse para los quórums de instalación y votación de cualesquiera asamblea de accionistas ordinaria o extraordinaria de *** QUINTA. Se ordena a la *** que se abstenga de emitir cualquier tipo de manifestación o deliberación respecto a los asuntos del orden del día establecidos para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas de ***, convocada para celebrarse el 19 de septiembre de 2023. SEXTA. Se ordena a la *** que se abstenga de votar los asuntos del orden del día establecidos para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas de ***, convocada para celebrarse el 19 de septiembre de 2023. SÉPTIMA. Se declara que las acciones representativas del capital social de *** y que sean propiedad ***, no deberán computarse para los quórums de instalación y votación de cualquier asamblea general ordinaria de accionistas de *** convocada para celebrarse el 19 de septiembre de 2023. OCTAVA. Se ordena a la *** que se abstenga de emitir cualquier tipo de manifestación o deliberación respecto a los asuntos del orden del día establecidos para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas de ***, convocada para celebrarse el 29 de septiembre de 2023. NOVENA. Se ordena a la *** que se abstenga de votar los asuntos del orden del día establecidos para la celebración de la asamblea general ordinaria de accionistas de ***, convocada para celebrarse el 29 de septiembre de 2023. DÉCIMA. Se declara que las acciones representativas del capital social de *** y que sean propiedad ***, no deberán computarse para los quórums de instalación y votación de cualquier asamblea general ordinaria de accionistas de *** convocada para celebrarse el 29 de septiembre de 2023. La decisión anterior se toma en consideración a que este juzgador estima acreditados los requisitos necesarios para la concesión de las medidas solicitadas por el impetrante, tanto que la parte actora ha acreditado ser titular de un derecho previo susceptible de tutela anticipada y que en la especie existe peligro en la demora y apariencia del buen derecho. Sustenta lo anterior la tesis siguiente: (.) Por lo que hace a la existencia de un derecho en favor del promovente, dicho requisito se estima acreditado con el contenido del instrumento notarial noventa y tres mil novecientos ochenta y seis de fecha seis de febrero de dos mil veintiuno, otorgado ante la fe del notario público número siete de la Ciudad de México, y en el que consta la existencia de ***; así como el carácter de accionista del ***, titular conforme a esa documental del cincuenta por ciento del capital social de la sociedad indicada, instrumento que merece y al que se le otorga valor probatorio porque es insuficiente para demostrar, al menos en forma indiciaria, la existencia de un derecho del promovente como accionista de la sociedad mercantil indicada previamente. En ese sentido, se estima que existe un derecho previo en favor del promovente pues se acredita que, como accionista de la sociedad ***, es titular de los derechos económicos y corporativos que le corresponden conforme a los estatutos de dicha empresa y de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley General de Sociedad Mercantiles. Ahora bien, por lo que hace al requisito correspondiente a la apariencia del buen derecho, este requisito también se estima cumplido conforme al contenido de los anexos acompañados a la solicitud inicial, de los cuales se desprende que la ***, ha intentado concretar un aumento del capital social de *** y un (sic) reestructura en los órganos de administración que dirigen dicha sociedad mediante una convocatoria a asamblea que podría resultar ilegal si se aplica un examen de probabilidad, toda vez que dicha convocatoria podría ser violatoria del artículo 186 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, pues no se dio la certeza necesaria sobre la fecha de celebración de la asamblea. En esa medida es posible anticipar, aunque sea en forma preliminar la apariencia del buen derecho en favor del promovente, pues un examen anticipado de los términos expresos de la convocatoria referida permite dar cuenta de su imprecisión y ambigüedad, al no ser clara ni determinante la fecha en la que dicha asamblea deberá llevarse a cabo, lo que podría estimarse y resultar en definitiva, contrario a lo que dispone el artículo 186 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, pues no existe claridad respecto a qué fecha es aquella "que habrá de celebrarse a los quince días naturales siguientes a la publicación de dicha convocatoria, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México". Ello, según se deprende de la convocatoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, publicada el dieciséis de agosto de este mismo año en el Portal de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, portales electrónicos que constituyen hechos notorios susceptibles de ser invocados en forma oficiosa por este juzgado conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y cuya reproducción fue acompañada, además, en formato digital por el promovente. Además, dichas documentales que gozan de valor probatorio y que acreditan que, como lo manifiesta la parte actora, no existe certeza ni debida certidumbre respecto a la fecha en la que esa asamblea debió llevarse a cabo, lo que podría resultar en un menoscabo a los derechos del accionante, al impedírsele participar en subsecuentes asambleas. En este sentido, existe apariencia del buen derecho en favor del promovente porque si bien las conductas que imputa a la *** están sujetas a demostración, lo que es materia del juicio que deba iniciarse, si es posible estimar que las conductas desplegadas por la *** resultarían ilícitas, lo que coloca a esa persona en un interés contrario al de la moral *** y actualizaría la prohibición establecida por el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Finalmente, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza el requisito de peligro en la demora, en tanto que de no concederse las medidas solicitadas se permitirá que un accionista que se encuentra en un conflicto evidente con la sociedad vote resoluciones sustanciales para el curso de la misma, como lo son aquellas que deben tratarse y votarse en las asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas. Así, si se niegan al promovente las medidas de conservación solicitadas existe un riesgo de que un accionista en conflicto siga siendo partícipe de decisiones relevantes de la sociedad, lo que como ya se dijo podría ser contrario al artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En mérito de todo lo anterior, con las copias de traslado debidamente foliadas y selladas instrúyase a la C. Actuaria adscrita a este Juzgado que corresponda para que se lleve a cabo la notificación de la presente determinación judicial a su destinatario, esto es a la ***, lo que deberá realizarse en el domicilio señalador por el promovente en su escrito inicial para tales efectos. Las medidas cautelares que en este acto se otorgan surtirán sus efectos en forma inmediata, pero dejaran de hacerlo si el promovente no exhibe ante este juzgado una garantía suficiente que sirva para garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse con su otorgamiento, y que este juzgador determina discrecionalmente por la cantidad de $***, misma que deberá cubrir la promovente mediante billete de depósito o fianza otorgada por institución autorizada, dentro del término de TRES DÍAS, con fundamento en el artículo 1079 fracción VI del Código de Comercio, apercibida que para el caso de no hacerlo no producirá efecto alguno la medida solicitada." De esta manera se advierte que la autoridad responsable señaló: La existencia de un derecho accionario en favor del solicitante, con base en el instrumento notarial que estatutariamente constituyó la moral ***, donde tiene el carácter de accionista del cincuenta por ciento del capital social. La demostración de la apariencia del buen derecho porque: 1) la quejosa ha intentado aumentar el capital social y reestructurar los órganos de administración; 2) ha convocado asambleas en fechas imprecisas y ambiguas, por no indicar el día, inobservando el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La satisfacción del peligro en la demora pues aunque las conductas imputadas a la quejosa están condicionadas a demostrarse, es posible estimar que resultarían ilícitas, impedirían al solicitante participar en las asambleas, y genera un evidente conflicto de intereses con la sociedad mercantil, acorde al artículo 196 de la Ley General de Sociedad Mercantiles. Conforme a la descripción del acto reclamado y al margen de sus consideraciones formales, del análisis de las medidas cautelares señaladas y en un ejercicio ponderativo de la apariencia del buen derecho, se advierte su probable inconstitucionalidad. La autoridad judicial busca evitar un aumento del capital social y modificar los órganos de administración de la moral inmersa, mediante la prohibición a la quejosa de deliberar y votar, así como excluir su quorum accionario para instalar asambleas ordinarias o extraordinarias, en dos fechas, o bien, cualquier otra, aplicación de una regla obtenida del artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en su concepto obliga a fijar una fecha cierta para celebrar una asamblea. Entonces, el objetivo del juzgador es evitar un abuso corporativo en perjuicio individual del solicitante de las medidas, así como colectivo en detrimento de la sociedad. Empero, lo resuelto acorde a las constancias presentadas no es compatible con las medidas otorgadas, porque en realidad no mantienen una situación de hecho existente, ni circunstancias fácticas imperantes con antelación al proceso. En primer término porque la protección de los derechos accionarios individuales del solicitante, al imponer a la quejosa las medidas precautorias, tendría lugar si existiera codependencia corporativa porque la impetrante tuviera el control de facto o de iure sobre las decisiones empresariales. En efecto, conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la asamblea de los socios es el órgano supremo de la sociedad, y sus resoluciones se toman por mayoría de votos de éstos que representen, por lo menos, la mitad del capital social, salvo estipulación en contrario. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 169/2007, en lo relativo sostuvo: "(.) Para considerar que existe un grupo económico y que puede tener el carácter de agente económico para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se debe analizar si una persona, directa o indirectamente, coordina las actividades del grupo para operar en los mercados y, además, puede ejercer una influencia decisiva o control sobre la otra, ya sea de iure o de facto. El control de iure puede darse de diversas formas, entre otras cuando: a) Una persona adquiere la mayoría de las acciones de una empresa; b) Existe la facultad de dirigir o administrar a otra en virtud de un contrato, convenios de abastecimiento de largo plazo, el otorgamiento de créditos o cuando una parte importante de los ingresos de una empresa dependan de la venta de los productos de otra; c) Se tiene la capacidad o derecho de designar la mayoría de los miembros del Consejo de Administración u órgano equivalente de otra; d) Existe la capacidad o el derecho de designar director, gerente o factor principal de la otra; o, e) Tenga vínculos por parentesco consanguíneo o afinidad en una o diversas personas morales. Por otro lado, el análisis del control de facto debe atender no sólo al nivel de participación accionaria cuando ningún socio tiene mayoría absoluta, sino también a la posibilidad de que un socio minoritario pueda obtener mayoría en las asambleas dado el nivel de asistencia; la posición de los otros accionistas (dispersión, vínculos de tipo estructural, económico o familiar con el accionista principal); y el interés financiero. De ahí que sea necesario acreditar previa y fehacientemente la participación de todos y cada uno de los componentes de un grupo económico determinado en la actividad irregular, para determinar que efectivamente éste en su totalidad es responsable de tales actividades, pues si a alguno de ellos no puede comprobársele su participación y, por ende, su responsabilidad en la actividad ilícita de que se trate, no tiene por qué involucrársele sólo por formar parte de dicho grupo. (.)". Conforme a los principios fijados por el Alto Tribunal se obtiene que los integrantes de una sociedad pueden practicar actividades susceptibles de responsabilidad, donde destacan las variadas formas que puede revestir el control de jure y de facto. Empero, debe valorarse cada caso particular para determinar y/o asignar responsabilidad o injerencia de los integrantes a causa de su participación en la sociedad mercantil, pues no solo por el hecho de ser parte de ésta implica que cada persona tenga un control destacado sobre las decisiones en general. Entonces, para demostrar la afectación accionaria individual del actor, el juzgador debió analizar en los documentos presentados cuál era la intervención de la quejosa en la sociedad mercantil, para demostrar que detenta el control de iure o de facto en la toma de decisiones. Pues de esa forma, tendría lugar la prohibición de intervención deliberativa y participación en las decisiones, así como prescindir del quorum accionario, para evidenciar que entre el solicitante y la destinataria hay dependencia corporativa, para evitar tomar las decisiones que se busca impedir, de modo que las medidas garanticen mantener el estatus empresarial fáctico imperante. Esto es, que el alcance corporativo de la quejosa condiciona o tiene la posibilidad por sí solo de modificar el estado de circunstancias empresariales, bajo lazos de codependencia, de iure o de facto, para limitar la intervención, funcionamiento y objeto social, porque la porción accionaria del solicitante no goza de autonomía. Siendo así, de las constancias remitidas se corrobora que la autoridad no puede apelar a evitar un daño accionario individual, con las medidas que concedió, si no demostró la existencia de un nexo de codependencia corporativa. En otro aspecto, aun de manera somera, del acto reclamado se advierten vicios de inconstitucionalidad por incumplir la condición de procedencia, consistente en mantener una situación de hecho. En principio debe precisarse que entre las modalidades de las medidas cautelares puede salvaguardarse una situación de hecho, a fin de evitar la afectación que podrían causar la dilación en la resolución de la cuestión sustancial controvertida o la inutilidad del proceso mismo, lo cual se traduce en medidas de tipo conservativo que procuran evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y lograr que la misma tenga eficacia práctica. En la solicitud de medidas cautelares, el tercero interesado sostuvo que su otorgamiento era necesario para salvaguardar la integridad de las asambleas generales de accionistas de diecinueve y veintinueve de septiembre de este año, y subsecuentes, bajo la consideración de que la quejosa se ha colocado en una posición de conflicto y tiene un interés contrario a la sociedad mercantil, lo que actualiza la prohibición regulada en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. De forma aproximada se advierte que las medidas cautelares decretadas por el Juez responsable no son de carácter conservativo, porque no buscan mantener la situación de hecho que prevaleciera con motivo y/o hasta antes de la convocatoria de diez de agosto de dos mil veintitrés, menos aún que tenga la finalidad de mantener vigente la materia del juicio. Es así, porque acorde a la petición de medidas se buscó mantener el capital social y/o evitar su aumento, e impedir la reestructuración de los órganos de administración, que es la situación de hecho existente con antelación al proceso cautelar. Entonces, la autoridad debió fijar la solicitud bajo la lógica de conservar el estatus financiero y operativo de la empresa. Empero, las conductas impuestas a la quejosa como restricción, no protegen una situación que se estuviera llevando a cabo, es decir, impiden el ejercicio de todos los derechos societarios de la quejosa por ser accionista de la moral ***. Esto es, previo a la solicitud de medidas no se estaba efectuado una votación, deliberación accionaria en alguna asamblea, y en ese sentido, las medidas concedidas resultarían contradictorias con el objeto del proceso, pues la deducción que implícitamente realizó la juzgadora responsable da por supuesto que la quejosa ha practicado conductas ilícitas contra la sociedad donde es accionista, dado que no se demostró en el acto reclamado que la imperante ejerza control de facto o de jure sobre la empresa. Por otra parte, el juzgador responsable tampoco justifica la necesidad de las medidas, para alcanzar los objetivos de evitar incremento en el capital social y reestructura de los órganos administrativos, en una relación causa-efecto. Tampoco se explica en el acto reclamado la afectación a la sociedad empresarial, o bien, el conflicto de intereses con la tenencia accionaria de la quejosa, esto es, que las medidas implementadas por un accionista propietario, extienda una afectación al patrimonio accionario general más allá del particular, como el incremento del capital social y reestructuración interna. Lo cual tiene relevancia porque la autonomía accionaria como característica patrimonial, permite identificar la responsabilidad que debe asumir su titular motu proprio, al margen de la sociedad mercantil, para que sus operaciones que conlleven obligaciones personales, no se trasladen ni afecten a la empresa, y recaigan únicamente en la porción de la cual son titulares, en tal sentido, pudiera verificarse una afectación individual que no es regla de provocar una colectiva. Entonces, al amparo del principio de limitación en la responsabilidad producto de la adquisición accionaria, la sociedad vista como unidad dotada de capital social y patrimonio propio, tampoco puede emprender la defensa de todos los tenedores, a la porción que es propia o de la cual se tiene la titularidad. Siguiendo esa regla, la defensa de los intereses colectivos de la empresa o el patrimonio empresarial, podría efectuarse si los estatutos lo permitieran, bajo el presupuesto de tener legitimidad, que es un requisito que la autoridad debió analizar previamente a concluir que el reclamo accionario individual, alcanza la defensa del general, para de ahí deducir afectaciones corporativas. Sin embargo, el acto reclamado no se ocupa de tal distinción, y en tal sentido, incurre en una falsa generalización de circunstancias, bajo la pretendida premisa de estar ante potenciales actos contrarios al derecho; y en ese sentido, resulta viable el otorgamiento cautelar. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis aislada 1a. LXXXVII/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de registro digital 2011379, que dice: "SOCIEDADES MERCANTILES. EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO CONTIENE UNA RESTRICCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA PROPIEDAD PRIVADA. El derecho a la propiedad privada es un derecho humano reconocido en los artículos 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este último precepto señala que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes; que la ley puede subordinarlos, pero ninguna persona puede ser privada de ellos excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Ahora bien, el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, al prever que la sociedad considerará dueño de las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el registro relativo, y que aquélla deberá inscribir en éste, a petición de cualquier titular, las transmisiones que se efectúen, no contiene una restricción al derecho humano a la propiedad privada, pues la condición de inscripción se refiere a una cuestión de eficacia entre la sociedad y el accionista. Esto es, la relación jurídica surgida con la transmisión de acciones del anterior al nuevo tenedor, se produce sólo entre estos dos últimos en el momento en que llegan a un acuerdo de voluntades, pues se transfiere la propiedad y, a su vez, el adquirente paga por la adquisición; además, la sociedad no es parte del negocio de transferencia de la acción, por lo que es necesario notificarle que registre la transmisión en el libro respectivo para que así le sea oponible." CUARTO EFECTOS DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL. Por los razonamientos expuestos y con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, a la quejosa continúe gozando del derecho que tenía antes de la existencia del auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en las medidas cautelares ***/*** del índice del Juzgado Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, es decir, no sean paralizados sus derechos societarios respecto de la moral ***. Es aplicable en lo conducente, por analogía. la tesis aislada I.15o.C.15 K (10a.) del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital 2021145, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA UNA MEDIDA CAUTELAR QUE SUSPENDE LA VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES. Procede conceder la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo contra las medidas cautelares que suspenden la vigencia de las cláusulas contractuales, pues el otorgamiento de aquéllas implica introducir al patrimonio de la parte que las promovió un derecho que altera la situación jurídica existente, surgida de la relación contractual, lo cual es contrario a la naturaleza conservativa que, por regla general, tienen las medidas cautelares en el sistema procesal mercantil y civil. Por tanto, prohibir y restringir los derechos surgidos de una cláusula contractual que aún no ha sido declarada nula no son en principio, con independencia de lo que arroje el análisis de fondo del amparo, propios de la medida precautoria solicitada y concedida por la autoridad responsable." Esta medida cautelar surtirá sus efectos hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva sobre el fondo del asunto. Se precisa que si bien la quejosa reclama paralelamente la constitucionalidad de un artículo, en el caso es posible no hacer mayor pronunciamiento supensional sobre tal acto, dado que la medida se enfoca en su acto de aplicación, por lo cual se estima que, al margen que no se pidió paralizar en términos del artículo 148 de la Ley de Amparo, la suspensión que se emite en estos términos es suficiente para salvaguardar la materia del juicio, máxime que enfocó su solicitud cautelar en el acto judicializado. QUINTO. DE LA GARANTÍA. En lo relativo al monto para responder por los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse con la concesión de la medida suspensional, la parte quejosa deberá estarse a la cantidad fijada en proveído de treinta de noviembre de este año, la cual ya exhibió mediante escrito con registro 22786; por lo que se hace de conocimiento a las autoridades responsables que la suspensión surte sus efectos. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a ********************, contra actos del Juez y Actuario adscritos al Juzgado Vigésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, Congreso de la Unión -Cámara de Diputados y Senadores-, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Diario Oficial de la Federación, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.
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