Ana María Gaxiola Cota

Expediente 159/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 13 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
159/2014
Año
2014
Actuaciones
13
Última actuación
15/06/2015

Partes del expediente

  • Ana María Gaxiola Cota

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el tercer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de quince de mayo de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese y cúmplase

  2. Principal

    De conformidad a lo ordenado mediante proveído de veinte de febrero de dos mil quince, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, en dieciocho de mayo de dos mil quince, notifico personalmente a la parte tercero interesada SCRAP II, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE Y MARTÍN VICENTE CADENA LUNA, el auto de quince de mayo de dos mil quince, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: Ensenada, Baja California, quince de mayo de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Segundo del Partido Judicial y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, todos de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "1. Del Juez Segundo de lo civil con residencia en esta ciudad, A) Le reclamo todo lo actuado dentro del expediente 077/2010 relativo al juicio ordinario civil promovido por Scrap II S. de R. L. de C.V., actora al inicio del juicio y posteriormente Armando Loaiza Reyes en contra de la suscrita, a partir del emplazamiento hasta el lanzamiento y puest (sic) en posesión del inmueble en copropiedad de la suscrita y objeto de ese juicio autorizado por el Juez Segundo de lo Civil del cual desconociendo la suscrita dicho procedimiento toda vez que soy ajeno al mismo como copropietaria del inmueble que se identifica como lote de terreno 06 manzana 19 del fraccionamiento Lomitas Etapa III de esta ciudad ubicado en calle Olivo número 110 con una superficie de 200.00 metros cuadrados. B) En general se reclaman de la responsable ordenadora, todo el procedimiento dictado dentro del juicio ordinario civil promovido por Scraps II, S. de R. L. de C.V., Ana María Gaxiola Cota con el carácter de demandada registrado con el número de expediente 077/2010 desde el dictado del auto de radicación que ordenó el emplazamiento al quejoso en su carácter de codemandado, así como ordenar la entrega material y jurídica a Armando Loaiza Reyes el inmueble en copropiedad de la suscrita. 2. Del C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, le reclamo el acatamiento de las órdenes que reciba por parte del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad de Ensenada, Baja California, dictada dentro del expediente 077/2010." Ahora bien, mediante resolución emitida en la audiencia constitucional de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el catorce del mes y año citados, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad: 1) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 77/2010 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento, y ordene nuevamente llevar a efecto el llamamiento a juicio de la aquí quejosa, parte demandada en el juicio natural, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras; en virtud, de no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de lo antes resuelto. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con las constancias que acompañaron; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que el juez y actuario responsables, mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil, expediente 77/2010 de su índice -dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento- y ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa, el cual tuvo lugar mediante diligencia levantada por el actuario de su adscripción el trece de febrero de dos mil quince. Luego entonces, mediante diligencia de veintidós de abril del año en curso (foja 301), practicada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, puso a la quejosa en posesión del inmueble materia de la controversia de origen, cumpliendo así, con la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, es decir, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que al haber dejado insubsistente las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, todo lo actuado en el expediente 77/2010, lo que desde luego incluyó la diligencia de dos de abril de dos mil catorce y la cancelación del embargo trabado en dicho asunto, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada -al quedar debidamente emplazada al juicio de origen y haber dejado sin efectos todos y cada uno de los actos desplegados en el juicio natural- dándole la oportunidad de comparecer al mismo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dieciocho de mayo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del tercero interesado, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de mayo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE TERCERO INTERESADO que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Segundo del Partido Judicial y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, todos de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "1. Del Juez Segundo de lo civil con residencia en esta ciudad, A) Le reclamo todo lo actuado dentro del expediente 077/2010 relativo al juicio ordinario civil promovido por Scrap II S. de R. L. de C.V., actora al inicio del juicio y posteriormente Armando Loaiza Reyes en contra de la suscrita, a partir del emplazamiento hasta el lanzamiento y puest (sic) en posesión del inmueble en copropiedad de la suscrita y objeto de ese juicio autorizado por el Juez Segundo de lo Civil del cual desconociendo la suscrita dicho procedimiento toda vez que soy ajeno al mismo como copropietaria del inmueble que se identifica como lote de terreno 06 manzana 19 del fraccionamiento Lomitas Etapa III de esta ciudad ubicado en calle Olivo número 110 con una superficie de 200.00 metros cuadrados. B) En general se reclaman de la responsable ordenadora, todo el procedimiento dictado dentro del juicio ordinario civil promovido por Scraps II, S. de R. L. de C.V., Ana María Gaxiola Cota con el carácter de demandada registrado con el número de expediente 077/2010 desde el dictado del auto de radicación que ordenó el emplazamiento al quejoso en su carácter de codemandado, así como ordenar la entrega material y jurídica a Armando Loaiza Reyes el inmueble en copropiedad de la suscrita. 2. Del C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, le reclamo el acatamiento de las órdenes que reciba por parte del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad de Ensenada, Baja California, dictada dentro del expediente 077/2010." Ahora bien, mediante resolución emitida en la audiencia constitucional de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el catorce del mes y año citados, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Losefectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad: 1) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 77/2010 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento, y ordene nuevamente llevar a efecto el llamamiento a juicio de la aquí quejosa, parte demandada en el juicio natural, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras; en virtud, de no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de lo antes resuelto. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con las constancias que acompañaron; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que el juez y actuario responsables, mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil, expediente 77/2010 de su índice -dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento- y ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa, el cual tuvo lugar mediante diligencia levantada por el actuario de su adscripción el trece de febrero de dos mil quince. Luego entonces, mediante diligencia de veintidós de abril del año en curso (foja 301), practicada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, puso a la quejosa en posesión del inmueble materia de la controversia de origen, cumpliendo así, con la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, es decir, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que al haber dejado insubsistente las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, todo lo actuado en el expediente 77/2010, lo que desde luego incluyó la diligencia de dos de abril de dos mil catorce y la cancelación del embargo trabado en dicho asunto, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada -al quedar debidamente emplazada al juicio de origen y haber dejado sin efectos todos y cada uno de los actos desplegados en el juicio natural- dándole la oportunidad de comparecer al mismo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dieciocho de mayo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de quince de mayo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables, al Juez y Actuarios adscritos al Juzgado Segundo del Partido Judicial y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, todos de esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: "1. Del Juez Segundo de lo civil con residencia en esta ciudad, A) Le reclamo todo lo actuado dentro del expediente 077/2010 relativo al juicio ordinario civil promovido por Scrap II S. de R. L. de C.V., actora al inicio del juicio y posteriormente Armando Loaiza Reyes en contra de la suscrita, a partir del emplazamiento hasta el lanzamiento y puest (sic) en posesión del inmueble en copropiedad de la suscrita y objeto de ese juicio autorizado por el Juez Segundo de lo Civil del cual desconociendo la suscrita dicho procedimiento toda vez que soy ajeno al mismo como copropietaria del inmueble que se identifica como lote de terreno 06 manzana 19 del fraccionamiento Lomitas Etapa III de esta ciudad ubicado en calle Olivo número 110 con una superficie de 200.00 metros cuadrados. B) En general se reclaman de la responsable ordenadora, todo el procedimiento dictado dentro del juicio ordinario civil promovido por Scraps II, S. de R. L. de C.V., Ana María Gaxiola Cota con el carácter de demandada registrado con el número de expediente 077/2010 desde el dictado del auto de radicación que ordenó el emplazamiento al quejoso en su carácter de codemandado, así como ordenar la entrega material y jurídica a Armando Loaiza Reyes el inmueble en copropiedad de la suscrita. 2. Del C. Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, le reclamo el acatamiento de las órdenes que reciba por parte del Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad de Ensenada, Baja California, dictada dentro del expediente 077/2010." Ahora bien, mediante resolución emitida en la audiencia constitucional de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el catorce del mes y año citados, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad: 1) Deje insubsistente todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 77/2010 de su índice, a partir de la diligencia de emplazamiento, y ordene nuevamente llevar a efecto el llamamiento a juicio de la aquí quejosa, parte demandada en el juicio natural, en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 114 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Concesión que se hace extensiva a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras; en virtud, de no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de lo antes resuelto. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios registrados con los folios 18224, 182570, 4254 y 10986, las autoridades responsables informaron que procedieron en términos de la ejecutoria de amparo, lo que acreditaron con las constancias que acompañaron; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, pues es inconcuso que las autoridades responsables, acataron el núcleo de la ejecutoria. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior se evidencia por el hecho de que el juez y actuario responsables, mediante acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil catorce, dictado en el juicio ordinario civil, expediente 77/2010 de su índice -dejó insubsistente todo lo actuado a partir de la diligencia de emplazamiento- y ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa, el cual tuvo lugar mediante diligencia levantada por el actuario de su adscripción el trece de febrero de dos mil quince. Luego entonces, mediante diligencia de veintidós de abril del año en curso (foja 301), practicada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, puso a la quejosa en posesión del inmueble materia de la controversia de origen, cumpliendo así, con la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, es decir, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De ahí que al haber dejado insubsistente las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Segundo de lo Civil del Partido Judicial de esta ciudad, todo lo actuado en el expediente 77/2010, lo que desde luego incluyó la diligencia de dos de abril de dos mil catorce y la cancelación del embargo trabado en dicho asunto, se afirma que la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, quedó subsanada -al quedar debidamente emplazada al juicio de origen y haber dejado sin efectos todos y cada uno de los actos desplegados en el juicio natural- dándole la oportunidad de comparecer al mismo. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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