Ana María García Ofelía
Expediente 763/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 763/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/06/2023
Partes del expediente
- Ana María García Ofelía
Actuaciones
- Principal
...VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS...SE DECLARA QUE EL AUTO EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME...SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO...
- Principal
Vista la demanda de garantías promovida por *********; contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Pedro Escobedo, Querétaro (comunidad el Sauz) y otra autoridad, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número ***, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que si bien la presente demanda se presentó vía electrónica sin evidencia criptográfica (firma electrónica), sin embargo, se da tramite a la misma dado que la quejosa señala que los actos reclamados se encuentran contemplados por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. En tal virtud, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Al respecto, con la finalidad de dar certeza jurídica al presente proveído, conviene precisar que de la lectura integral de la demanda se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: a) La falta de atención médica urgente en razón del padecimiento que le fue diagnosticado diabetes tipo 2 y cataratas y ante ello la falta de proporcionarle y dotarle el medicamento correspondiente. b) La probable falta de proporcionar los medicamentos acorde a su padecimiento para el próximo mes de julio del año en curso. - Inexistencia del acto señalado con el inciso a).- Ahora bien, respecto del acto recamado identificado con el inciso a) de este acuerdo, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la misma legislación. Los preceptos legales referidos señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y" De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo solo procede contra actos actuales y existentes, no así contra actos que a la presentación de la demanda no existan. Ahora, en el acto reclamado que nos ocupa la quejosa se duele de falta de atención médica urgente en razón del padecimiento que le fue diagnosticado diabetes tipo 2 y cataratas y ante ello la falta de proporcionarle y dotarle el medicamento correspondiente. Luego, en el capítulo de hechos de la demanda de amparo la propia quejosa bajo protesta de decir verdad señala que el día siete de junio actual acudió regularmente a la cita de valoración médica por los padecimientos que presenta (diabetes tipo 2 y cataratas), en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Comunidad del Sauz, Municipio de Pedro, Escobedo, Querétaro, siendo que le fue realizada la consulta de rutina. Asimismo indica que en la consulta que se le realizó el día siete de junio de dos mil veintitrés, no le fueron dotados los medicamentos correspondientes (estatina e insulina para la diabetes, mientras que para las cataratas tampoco se le proporcionó el medicamento ocular correspondiente); sin embargo, el nueve de junio actual, se le otorgaron los medicamentos requeridos, dotación que se le proporcionó para un mes y que se le dio nueva cita para un mes a fin de ser valorada nuevamente y en su caso se le cambiarán los medicamentos. Luego entonces, si la propia quejosa refiere que el día siete de junio actual acudió regularmente a la cita de valoración médica por los padecimientos que presenta (diabetes tipo 2 y cataratas), en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Comunidad del Sauz, Municipio de Pedro, Escobedo, Querétaro, siendo que le fue realizada la consulta de rutina, es evidente que no existe una falta de valoración médica, pues ésta se le práctico el día siete de junio del año en curso, además de que no señala que posterior a tal fecha haya nuevamente solicitado atención médica y menos que le haya sido negada. Además, de que si bien en la consulta que se le realizó el día siete de junio de dos mil veintitrés, no le fueron dotados los medicamentos correspondientes (estatina e insulina para la diabetes, mientras que para las cataratas tampoco se le proporcionó el medicamento ocular correspondiente); lo cierto es, que la propia quejosa señala que el nueve de junio actual, se le otorgaron los medicamentos requeridos, dotación que se le proporcionó para un mes y que se le dio nueva cita para un mes a fin de ser valorada nuevamente y en su caso se le cambiarán los medicamentos. De ahí, que si por un lado el día siete de junio actual la quejosa acudió regularmente a la cita de valoración médica por los padecimientos que presenta (diabetes tipo 2 y cataratas), en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Comunidad del Sauz, Municipio de Pedro, Escobedo, Querétaro, siendo que le fue realizada la consulta de rutina y por el otro lado, el nueve de junio actual, se otorgaron a la propia quejosa los medicamentos requeridos (prescritos), dotación que se le proporcionó para un mes y se le dio nueva cita para un mes a fin de ser valorada nuevamente y en su caso se le cambiarán los medicamentos. En tal virtud, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (once de junio de dos mil veintitrés) no existe el citado acto reclamado que nos ocupa, precisamente porque desde el siete de junio del año en curso, la quejosa fue valorada en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Comunidad del Sauz, Municipio de Pedro, Escobedo, Querétaro, respecto de los padecimientos que presenta (diabetes tipo 2 y cataratas), además de que el nueve de junio actual, se otorgaron a la propia quejosa los medicamentos que le fueron prescritos, dotación que se le proporcionó para un mes y se le dio nueva cita para un mes a fin de ser valorada nuevamente y en su caso se le cambiarán los medicamentos. Por lo tanto, en cuanto al acto reclamado señalado con el inciso a) de este auto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la misma legislación., precisamente porque no existe la omisión de valoración médica, ni de proporcionarle los medicamentos prescritos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de Jurisprudencia número 36/98, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo VII, Junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tener literal siguiente: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado." Del mismo modo, sirve de apoyo la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo LXXIX, página seis mil seiscientos setenta y tres, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." - Acto futuro e incierto.- Asimismo, respecto del diverso acto reclamado resumido con el inciso b) de este acuerdo se actualiza la diversa causa de improcedencia indicada por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1, 5, fracción II, de la misma legislación, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos y omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De lo anteriormente expuesto, se desprende que al interpretar los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, en relación con el 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a petición de parte agraviada, es decir, que como requisito para que el juicio de amparo sea procedente debe demostrarse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. Así, toda vez que en el presente juicio la quejosa reclama la probable falta de proporcionar los medicamentos acorde a su padecimiento para el próximo mes de julio del año en curso, se hace manifiesto que el supuesto básico en que se apoya la reclamación de la quejosa, es la afectación en sus intereses por supuestos actos de autoridad, sin que a la fecha estos hubieren afectado su esfera jurídica de derechos; ya que el mero temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione su esfera jurídica, de ninguna manera significa la afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, es decir no hay objeto material, ni que a partir de entonces tenga el promovente de amparo obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del conocimiento del acto reclamado en forma concreta y actual, y no por inducciones, ni que sea un acto futuro e incierto. Lo que en el caso acontece, la quejosa en su escrito de demanda refiere como acto reclamado la probable falta de proporcionar los medicamentos acorde a su padecimiento para el próximo mes de julio del año en curso, ello con motivo de que el día siete de junio de dos mil veintitrés fue valorada en la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social que se encuentra en la Comunidad del Sauz, Municipio de Pedro, Escobedo, Querétaro, siendo que el medicamento que se le prescribió en tal valoración por los padecimientos que presenta se le otorgaron el día nueve de junio actual y que la dotación que se le proporcionó lo fue para un mes, asimismo, señala que se le dio cita para un mes (julio) a fin de ser valorada nuevamente y que se le informó que en tal cita se le podría cambiar los medicamentos y en su caso se le dotará de nuevo medicamento; sin embargo, tiene el temor de que por el desabasto de medicamentos que se le hizo notar en el centro médico a su cargo se le prive del medicamento que se le prescriba para el siguiente mes de julio que tiene programado para su consulta y dotación o cambio de medicamento. Luego entonces, si la propia quejosa señala que se le dio cita para valoración médica para un mes (julio) y que se le informó que en tal cita se le podrían cambiar los medicamentos y en su caso se le dotará de nuevo medicamento; motivo por el cual tiene el temor de que no se le proporcione el medicamento que en su caso se le prescriba, es evidente que se trata de un acto futuro de realización incierta, dado que a la fecha de presentación de la demanda no se le ha prescrito el medicamento para el mes de julio del año en curso, y menos se le ha negado el mismo, por ende, resulta evidente que se trata de actos futuros de realización incierta. Precisado lo anterior, es válido concluir que hasta el momento, la quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica, lo cual hace improcedente el presente juicio de garantías, toda vez que éste tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales, y sus efectos son restituir al agraviado en el goce del derecho violado, lo que se colige de la intelección de los artículos 1 y 77 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio de la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, lo que evidentemente no se acredita en la especie ni en forma indiciaria. En tales condiciones, es inconcuso que la demanda de amparo deviene improcedente, toda vez es importante determinar la naturaleza de los actos existentes frente a los actos futuros, pues justamente será ese el punto de partida para determinar la procedencia del juicio de garantías, ya que éste exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el promovente puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo 6 de la Ley de Amparo y el acto que nos ocupa, aun no se han emitido, dictado y ni materializado. En otras palabras, se dice que los actos reclamados son futuros e inciertos, porque no es inminente que las autoridades responsables vayan a negar dotar a la quejosa del medicamento (para el mes de julio de este año), mismo que le será prescrito en la valoración médica que tiene programada para el mes de julio del año en curso. De ahí que se estime que por el momento el consabido acto reclamado es futuro e incierto y no concreto y actual, por virtud de que hasta el momento no se le ha prescrito el medicamento para el mes de julio del año en curso, y menos se le ha negado el mismo, pues esto último puede o no acontecer. Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar al juicio de amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya al solicitante de amparo en el goce de la garantía individual violada, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación como pudiera suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Apoya lo anterior, la tesis número XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-I, Febrero de 1995, página 138, que quien esto juzga comparte y que dice: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS.- Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Igualmente resulta aplicable, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "ACTOS FUTUROS, NO LO SON LOS INMINENTES. Son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, pues de otro modo se estimarían como no futuros sólo los que ya se han ejecutado. No pueden simplemente considerarse actos futuros aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, desde luego, o mediante determinadas condiciones." Lo anterior sin perjuicio de que en caso de que llegaran a llevarse a cabo tal acto la parte promovente pueda instar nuevamente la presente instancia constitucional, empero, respecto de un acto de autoridad concreto y actual. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II del mismo ordenamiento jurídico en consulta. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, la presente demanda de garantías, promovida por Engracia Castro López, en términos del diverso 113 de la propia ley. Da sustento a lo dicho, la jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, dado que en la demanda de amparo la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, ni de la propia demanda se advierte un domicilio para tal efecto, se ordena practicarle esta notificación y las subsecuentes, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo cualquier diligencia que surja dentro del presente sumario. Ahora bien, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.
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