Ana Maria Flores Hernandez
Expediente 726/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Maria Flores Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en cuanto a los documentos originales que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo y que obran en autos; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente a la parte quejosa el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger dichos documentos originales, los cuales se les devolverán previa razón y recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndola de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias conducentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 726/2021-VI-B, promovido por ********, contra el acto de la *******(en su correcta denominación), con sede en esta ciudad, y otras; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con domicilio en esta ciudad, y turnado en la propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció **********a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades responsables: Superintendente de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Mérida; Superintendente de CFE Distribución, Zona Mérida; Subdirector de Distribución, Zona Mérida; Coordinador de Distribución, Zona Mérida. Todas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de la referida fecha, esto es, veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se registró la demanda de que se trata con el número 726/2021-VI-B y se admitió a trámite la demanda; haciéndose la aclaración en el sentido de que en forma alguna se desconocía el contenido de la jurisprudencia número 30/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA"; sin embargo, en el caso específico y dado el momento procesal en que se encontraba el presente juicio, en razón de que, a decir de la quejosa el corte de energía eléctrica podía poner en riesgo su vida dado el padecimiento de salud que señaló, y la época de pandemia en la que nos encontramos, hizo de manera particular procedente la admisión de la demanda de mérito. Por otro lado, se concedió a la parte quejosa la suspensión de oficio y de plano respecto de todo acto que conllevara a amenazar su salud o su vida; por lo consiguiente, con fundamento en el numeral 147 de la ley de amparo, se ordenó a las responsables que, de inmediato, restablecieran el servicio de suministro de energía eléctrica en el predio *****************, Yucatán. Asimismo, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. TERCERO. Finalmente, mediante acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, por los motivos ahí expuestos, se dejó de tener como autoridades responsables al SUBDIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA, y COORDINADOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA, por lo que se suspendió toda comunicación con las mismas. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El corte de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán. TERCERA. La autoridad responsable Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), al rendir su respectivo informe justificado, negó categóricamente la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En tales condiciones, ante la negativa respecto de los citados actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 209, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTA. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Superintendente Zona Mérida de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, por conducto de su representante Jefe de Oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, al rendir su correspondiente informe justificado, negó el acto que se le reclama; sin embargo, realizó manifestaciones que evidencian su certeza; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto dicho acto. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo que disponen los artículos 1° fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, por las siguientes consideraciones. Primeramente, es importante destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la citada legislación, señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5°, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En tanto que la fracción I, del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Así las cosas, los actos reclamados en esta instancia constitucional no fueron emitidos en una relación de supra a subordinación -entre una autoridad y el gobernado-, sino en una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad de carácter contractual de suministro de energía eléctrica entre la parte quejosa y la autoridad responsable; por lo tanto, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del amparo, pues en el caso que nos ocupa, se advierte que la parte quejosa esencialmente se duele del corte de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán; siendo que respecto a la materia de dicho acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, la contradicción de tesis 156/2017, se pronunció como se verá más adelante. En el caso, para mayor comprensión del asunto, resulta pertinente precisar lo siguiente: 1. El once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica que surtió efectos a partir del día siguiente, la cual abrogó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 2. El once de agosto de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la cual entró en vigor el diecisiete de febrero de dos mil quince, cuando inició sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuestión que será precisada con mayor amplitud con posterioridad. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 156/2017, citada líneas arriba, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de tesis 2ª./J 156/2017 (10), Materia Común-Civil, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuya obligatoriedad es a partir del lunes quince de enero de dos mil dieciocho, con número de registro 2015944, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De la ejecutoria que dio origen al criterio obligatorio transcrito líneas arriba, se advierte que la Sala consideró lo siguiente: "La presente contradicción tiene como materia determinar la vía procedente para impugnar los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta Segunda Sala considera que la vía procedente es la ordinaria mercantil, por tratarse de cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a la quejosa, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, tal como lo señaló esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 4729/2014. La conclusión alcanzada en el párrafo anterior se puede corroborar de la lectura de los artículos 75, fracciones V y XXV, y 1049 del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: "... "V. Las empresas de abastecimientos y suministros; "... "XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código." "Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." Así, de acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en dichas porciones normativas, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil y no ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior, ya que la determinación del consumo facturable y, en su caso, el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, deriva de actos de una relación de coordinación entre la empresa -Comisión Federal de Electricidad- y el usuario del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica, en ejercicio legítimo del derecho de retención que genera cualquier relación contractual. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que en contra de los actos de la Comisión Federal de Electricidad derivados del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, resulta procedente la vía mercantil, al constituir dicho contrato un acto de comercio". 4. La demanda de amparo promovida en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, se recibió en este juzgado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, esto es, cuando ya se encontraba vigente la referida jurisprudencia número 156/2017, en materia energética. 5. Además, de la propia demanda se advierte la existencia de un contrato de suministro de energía eléctrica en el predio materia de la litis, del cual la promovente se ostenta posesionaria. Establecido lo anterior, y de conformidad con la jurisprudencia citada párrafos precedentes, se advierte que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Esto es así, pues del contenido del artículo 75 del Código de Comercio se advierte, que la ley reputa actos de comercio, las empresas de abastecimientos y suministros; y que las controversias que se deriven de los actos comerciales se ventilarán y decidirán en la vía mercantil. De la interpretación armónica de lo previsto en dichos preceptos legales se entiende, que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil, tal como lo establece el citado numeral 1049 de la ley mercantil. En acatamiento al criterio obligatorio ya citado, la Comisión Federal de Electricidad, al actuar en un plano de igualdad respecto a la parte quejosa, no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, la nueva normatividad, obliga a analizar si en la actualidad, las funciones que realiza la Comisión Federal de Electricidad, constituyen actos desplegados por el Estado, en tanto que ahora, la legislación secundaria prevé que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva de aquél, sino que entra en un régimen de libre competencia comercial. En ese sentido, los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce, la cual entró en vigor al día siguiente conforme a su artículo primero transitorio, establecen lo siguiente: "Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de los artículos 25, párrafo cuarto; 27 párrafo sexto y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica. Las disposiciones de esta ley son de interés social y orden público. Esta ley tiene por finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y universal, de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes." "Artículo 4. El suministro eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional son de utilidad pública y se sujetarán a obligaciones de servicio público y universal en términos de esta ley y de las disposiciones aplicables, a fin de lograr el cabal cumplimiento de los objetivos establecidos en este ordenamiento legal. Son consideradas obligaciones de servicio público y universal las siguientes: I. Otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; II. Ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; III. Cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable establecidas en el capítulo II del título cuarto de esta Ley; IV. Contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, conforme a lo señalado en el artículo 114 de esta ley; V. Cumplir con las obligaciones en materia de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y VI. Ofrecer energía eléctrica, potencia y servicios conexos al mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las reglas del mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible, sujeto a las instrucciones del CENACE." "Artículo 5. El Gobierno Federal, los generadores, los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los usuarios calificados participantes del mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal." Por su parte, los numerales 1, 2, 3, 4 párrafo segundo, 7, 82 y 118, así como el artículo primero y tercero transitorio, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en vigor, publicada el once de agosto de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, disponen: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del transitorio vigésimo del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda." "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." "Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia." "Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero." "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." . "PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente a que quede designado el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad en términos de la misma y conforme al Transitorio Quinto siguiente, salvo por lo que se señala en los Transitorios Décimo Tercero y Décimo Cuarto siguientes." "TERCERO. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la Comisión Federal de Electricidad se transforma, por ministerio de ley, en una empresa productiva del Estado, por lo que conserva su personalidad jurídica, así como la titularidad de todos los bienes, derechos y obligaciones que le corresponden, excepto los explícitamente señalados en la Ley de la Industria Eléctrica." En relación con la entrada en vigor de dicha ley, mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de febrero de dos mil quince, la Secretaría de Energía realizó la siguiente declaratoria: "ARTÍCULO ÚNICO.- La Secretaría de Energía declara que se encuentra en funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y están en operación los mecanismos de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas que prevé la Ley de la Comisión Federal de Electricidad." "TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." De los artículos transcritos, los cuales, se encuentran vigentes a partir del diecisiete de febrero de dos mil quince, fecha en que entró en vigor el acuerdo por el que inicia sus funciones el nuevo Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte que la comercialización de la energía eléctrica ya no es una actividad exclusiva del Estado, en tanto que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Esto es, la comercialización de la energía eléctrica podrá prestarse incluso, por un particular, siempre que éste cuente con el permiso necesario para ofrecer el suministro eléctrico, en términos del artículo 3, fracción XLV, de la citada Ley de la Industria Eléctrica. De esta manera, la prestación del servicio de energía eléctrica podrá llevarse a cabo a través de una persona distinta de la Comisión Federal de Electricidad, en términos del artículo 51 de la citada ley, el cual dispone: "Artículo 51. Previo al inicio del Suministro Básico o Suministro Calificado, el Usuario Final deberá celebrar un contrato de suministro con un Suministrador. Dichos contratos deberán cumplir con las condiciones generales para la prestación del Suministro Eléctrico y, en el caso del Suministro Básico, deberán ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. El Suministro de Último Recurso se preverá en los contratos de Suministro Calificado y los contratos de Participante de Mercado que celebren los Usuarios Calificados." Por otro lado, conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ésta constituye ahora una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, la cual tiene por objeto prestar el servicio público de trasmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano, así como llevar a cabo las actividades relacionadas con la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, y que tiene como fin el desarrollo de las actividades empresariales, económicas industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. Lo hasta aquí expuesto, permite llegar a la conclusión que si bien los actos que realice la Comisión Federal de Electricidad, relacionados con su obligación de prestar el servicio público de energía eléctrica, son de orden público, ya no pueden entenderse como actos desplegados por el Estado. Lo anterior es así, pues ese servicio ya no es facultad exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad, dado que si bien en el desarrollo de su actividad de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía eléctrica, actúa bajo un marco legal establecido, lo cierto es que ahora, al menos en la comercialización de la energía eléctrica, son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia. Derivado de lo anterior, no puede afirmarse que los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica constituyen actos administrativos, debido a que por disposición de la ley, no emanan de un ente del Estado, máxime que como se dijo, ahora se considera a la citada Comisión como una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, en esa virtud no resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 167/2011, con número de registro 159944, del rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 167/2011 [9a.])." Precisado lo anterior, conviene traer a colación lo que establecen los artículos 3, 7, 82 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, anteriormente transcritos, de los que se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad les son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. La precisión anterior es importante para evidenciar que las normas en cita no se ven afectadas por lo dispuesto en el artículo octavo transitorio de la ley en consulta, el cual establece: "OCTAVO. Los contratos, convenios, poderes, mandatos, y en general los actos jurídicos, las representaciones otorgadas y las facultades concedidas por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, y que se encuentren vigentes, subsistirán en los términos pactados. La Comisión Federal de Electricidad deberá tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de las obligaciones consignadas en dichos instrumentos." Dicho transitorio se refiere al aspecto sustantivo de los actos celebrados por la Comisión Federal de Electricidad con anterioridad a la entrada en vigor de la ley, mismo que subsistirán en los términos pactados, lo que se traduce únicamente en que los derechos y obligaciones ahí pactados seguirán rigiendo la relación contractual con independencia del cambio de naturaleza jurídica de la citada comisión. Por tal motivo, resulta válido afirmar que los conflictos que deriven de los actos descritos en la norma invocada se rigen por la legislación vigente al momento de entablar el juicio o procedimiento necesario para dirimirlos. En esas condiciones, el usuario cuenta con la vía ordinaria mercantil para hacer valer sus derechos, según lo establecido por los artículos 5, segundo párrafo, de la Ley de la Industria Eléctrica, y 3, primer párrafo y 118 de la Ley de Comisión Federal de Electricidad. Por tanto, la nueva regulación en cuanto al servicio de energía eléctrica incide en la naturaleza de los actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad y, por ende, en que ya no puedan considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5, fracción II, de la citada ley. Consecuentemente, contrariamente a lo alegado por la parte inconforme, su pretensión es inviable, pues se trata de actos de naturaleza mercantil en términos de lo dispuesto en la nueva legislación que regula la materia de energía eléctrica (Ley de la Industria Eléctrica). Al caso se invoca también, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 532, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del numeral 5°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento sólo se contaba con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; de ahí que, en ese momento procesal no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Tiene aplicación al respecto la tesis 3a. XX/93, consultable en la página 22, Marzo de 1993, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS. El artículo 145 de la Ley de Amparo establece el desechamiento de plano de la demanda de garantías cuando de ella misma se desprenda de modo manifiesto e indudable su improcedencia, pero de ello no se deriva que, una vez admitida, el juzgador esté imposibilitado para examinar con posterioridad causas que sobrevengan o que sean anteriores a dicha admisión y que determinen, conforme a la ley, el sobreseimiento en el juicio de amparo, pues su procedencia es cuestión de orden público, de manera tal que aunque se haya dado entrada a la demanda puede posteriormente analizarse si existen o no motivos de improcedencia.". SEXTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, contra el acto de la Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (en su correcta denominación), con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****, contra el acto de la Superintendente Zona Mérida de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la quinta consideración de esta resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
V I S T O para resolver los autos del INCIDENTE DE VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO, concedida en auto de veintinueve de abril del año en curso, promovido por la parte quejosa, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de las siguientes autoridades responsables: Superintendente de CFE Suministrador de Servicios Básicos, Zona Mérida; Superintendente de CFE Distribución, Zona Mérida; Subdirector de Distribución, Zona Mérida; Coordinador de Distribución, Zona Mérida. Todas pertenecientes a la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad. De quienes reclama: ACTO RECLAMADO El corte de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán. SEGUNDO. Mediante proveído de la misma fecha, esto es, veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 726/2021-VI-B, se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto de todo acto que conllevara a amenazar la salud o la vida de la aquí quejosa; por lo consiguiente, con fundamento en el diverso numeral 147 de la ley de la materia, se ordenó a las responsables que, de inmediato, restablecieran el servicio de suministro de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán. Por otro lado, se solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el incidente de violación a la suspensión de oficio y de plano concedida en los presentes autos, hecha valer por la parte quejosa, por conducto de su autorizado; en el mismo proveído se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe sobre los hechos denunciados; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia relativa, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CUARTO. Finalmente, mediante acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, por los motivos ahí expuestos, se dejó de tener como autoridades responsables al SUBDIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA, y COORDINADOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA, por lo que se suspendió toda comunicación con las mismas. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de violación a la suspensión de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 158, 206, 207, 208 y 209 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Previo al estudio del presente incidente de violación a la suspensión de plano, resulta pertinente transcribir parte del proveído de veintinueve de abril del año en curso, que es del tenor siguiente: ".Ahora bien, en virtud de que la quejosa señala que con motivo del acto reclamado se ponen en peligro sus derechos humanos a la salud y la vida, actos contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO respecto de todo acto que conlleve a amenazar la salud o la vida de la aquí quejosa, por lo consiguiente, con fundamento en el diverso numeral 147 de la ley de la materia, se ordena a las responsables que, de inmediato, restablezcan el servicio de suministro de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán Sin que ello implique que se le exente a la parte quejosa de cubrir los pagos que le corresponden con motivo del consumo de la energía eléctrica derivados del contrato que celebró con la Comisión Federal de Electricidad. En consecuencia, se responsabiliza a las aludidas autoridades por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberá proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento.". TERCERO. La parte impetrante del amparo, en su escrito de violación a la suspensión, expuso esencialmente lo siguiente: ".I. A pesar de que como usted bien ha reconocido C. Juez, el acto que reclama mi representada y en razón del cual acude a este órgano jurisdiccional, se encuentra contemplado dentro de los que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo en vigor; hasta el día de hoy, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del diez de mayo del dos mil veintiuno, las autoridades responsables NO HAN DADO CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO concedida por Usía a la reclamante, habiendo transcurrido ya 10 días desde que fue emitido el acuerdo que concede la misma. II. Como es sabido, al ser actos de tracto sucesivo, siguen causándole un perjuicio y deterioro bastante considerable en la salud de la quejosa, lo cual en cualquier momento podría causarle la muerte y constituir un daño de imposible reparación, ya que sigue sin poder consumir alguna de las dosis de medicamentos que le han sido prescritos dado que se han descompuesto al no haberse podido conservar en refrigeración. Lo anterior, reitero, actualiza el grave riesgo que corre la perpetrante de amparo y cuya protección ordenada por su señoría no ha sido cumplida. III. La omisión del mandato de autoridad judicial es con conocimiento de causa de las propias responsables dado que las mismas han aportado documentales, que, aunque no guardan ninguna relación con mi representada, sí ponen en evidencia que se han enterado del contenido y de los que les fue ordenado, actualizándose el apercibimiento realizado a aquellas en el sentido de que están incurriendo en el tipo penal de abuso de autoridad y desacato ante la misma.". CUARTO. En el informe en relación a los hechos, la autoridad responsable Superintendente Zona Mérida de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, por conducto del Jefe de Oficina del Departamento Jurídico de la Gerencia de Distribución Peninsular de dicha Comisión, manifestó lo siguiente: ".El 30 de abril de 2021 fue reanudado por parte de esta Comisión Federal de Electricidad Distribución el servicio público de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis del Puerto de Celestún, Yucatán, relativo al contrato con número de servicio 776940200260 a nombre de la C. ANA MARÍA FLORES DE O, lo cual fue acreditado con la orden de servicio W0103653533. Es de señalar que el servicio fue suspendido en fecha 15 de abril de 2021, al haberse realizado revisión al sistema de medición del contrato con número de servicio 776180703860 a nombre de Orozco Flores Luis F, en el cual se detectó una alteración y/o uso ilícito en el mismo, el cual no permitía que la totalidad de la energía consumida sea registrada por el equipo de medición. Este servicio comparte acometida con el de la ahora quejosa. Por otra parte, se informa que en el presente día fue reconectado de igual manera el contrato con número de servicio 776180703860 a nombre de Orozco Flores Luis F., lo cual se acredita con la orden de servicio, sin embargo, no se observa que la quejosa guarde interés jurídico en el mismo, ya que el contrato no se encuentra a su nombre y que es un número de servicio al señalado por la quejosa en su demanda, sin embargo se encuentra en el mismo domicilio.". La autoridad responsable, ofreció como pruebas: 1.- Solicitud W0103653533 del Sistema de Solicitudes y servicios y fotografía con la cual se acredita haberse realizado la reconexión el treinta de abril de dos mil veintiuno, al contrato con número de servicio 776940200260 a nombre de la quejosa ANA MARÍA FLORES DE O. 2.- Solicitud W0103653533 del Sistema de Solicitudes y servicios y fotografía con la cual se acredita haberse realizado la reconexión el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, al contrato con número de servicio 776180703860 a nombre de Orozco Flores Luis F. 3.- Aviso de Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica Z. MÉRIDA 8147/2021 y Revisión al Sistema de Medición y la Instalación Eléctrica Folio No. DN01R-016602, ambos de quince de abril del año en curso. QUINTO. Resulta infundada la denuncia de violación a la suspensión definitiva hecha valer por la parte quejosa, por las consideraciones que a continuación se exponen En principio, es conveniente precisar los alcances que puede tener la medida cautelar, cuyos efectos pueden consistir en los siguientes: a) El primero, que es la regla, tiene por efecto que la autoridad responsable deje de realizar alguna conducta. b) En el segundo, como excepción, la autoridad debe realizar un acto positivo para dar cabal cumplimiento a la suspensión que se conceda. A fin de determinar el supuesto en el que se ubica el caso que nos ocupa, son de tomarse en consideración las manifestaciones realizadas por la parte impetrante del amparo, en el sentido de que estima que existe violación a la suspensión otorgada, pues diez días después de que se pronunció el acto en el que ello se llevó a cabo, las autoridades responsables habían omitido restablecer el suministro de servicio de energía eléctrica en el predio en el que refiere, habita. Ahora bien, cabe precisar que para determinar si es fundado el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada, es necesario que se acrediten tres supuestos, a saber: Que la medida cautelar de que se trata haya sido concedida por un Juez Federal; Que la citada suspensión haya sido notificada a las autoridades responsables; y, Que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, las autoridades responsables hayan violentado el cumplimiento de la medida cautelar. En el caso, se actualizan los dos primeros supuestos, ya que como quedó establecido, por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, para el efecto de que las autoridades responsables, de inmediato, restablezcan el servicio de suministro de energía eléctrica en el predio ubicado en la calle trece, número ochenta y ocho, por cuatro y seis, del Puerto Celestún, Yucatán Con relación a la segunda hipótesis, se tiene que las autoridades responsables fueron notificadas de dicha determinación en la propia fecha, es decir, veintinueve de abril del año en curso, tal como se advierte de las constancias de notificación por oficio que obran agregadas en los presentes autos (fojas 29-31). Ahora, por cuanto hace al tercer requisito relativo a que en fecha posterior a la notificación de la medida suspensiva, haya existido exceso o defecto por parte de las autoridades en el cumplimiento de la medida cautelar, no está satisfecho. En efecto, la autoridad responsable Superintendente Zona Mérida de la División de Distribución Peninsular de la Empresa Productiva Subsidiaria Comisión Federal de Electricidad Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, al rendir su informe en términos del artículo 208 de la Ley de Amparo, manifestó en general no haber incumplido con la suspensión de oficio y de plano decretada por este órgano jurisdiccional. Ello es así, pues sostuvo que el treinta de abril de dos mil veintiuno, fue reanudado el servicio público de energía eléctrica en el predio de que se trata, relativo al contrato celebrado por la parte quejosa con la Comisión Federal de Electricidad. A fin de acreditar lo anterior, exhibió con el informe en cita, la consulta de la solicitud WO103653533, de la que se desprende, en el apartado correspondiente a "Información del servicio", el nombre de la aquí impetrante del amparo, así como los datos del predio en el que la misma dice habitar. Posteriormente, en el diverso rubro denominado "Observaciones", se advierte la leyenda ".RECONEXIÓN DE SERVICIO. JUICIO DE AMPARO 726/2021 / EN BASE A ACLARACIÓN N. NA.122 1/2021", con fecha treinta de abril del año que transcurre. Documentales que adquieren valor probatorio con apoyo en los artículos 6 de la Ley de Amparo, y 3, fracción VI del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, toda vez que la autoridad responsable en cita, manifestó bajo protesta de decir verdad que dicho documento remitido vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del original. Bajo esa perspectiva, se considera que no existe defecto en el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano concedida a la parte quejosa, en tanto que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la misma, pues, como se precisó precedentemente, los efectos de la suspensión decretada era que se restableciera el servicio de suministro de energía eléctrica en el predio señalado por la parte quejosa, lo cual, como se vio se llevó a cabo. En tal virtud, no existen elementos de convicción que demuestren el ánimo o la intención de las responsables para infringir la medida suspensional de oficio y de plano concedida a favor de la quejosa Ana María Flores Hernández; máxime que el objeto de promover incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, consiste en determinar si existió o no dicho exceso o, en su caso, defecto en el cumplimiento, y de considerar que sí lo hubo, el efecto sería obligar a las autoridades responsables a que dejen insubsistente el acto violatorio de la medida cautelar, volviendo las cosas al estado que tenían al otorgarse esa providencia. Aunado a que la quejosa, no exhibió medio de prueba alguno, que acreditara que las responsables incurrieron en defecto en el cumplimiento de la suspensión decretada por este Juzgado Federal, pues éste debe acreditarse plenamente, y en virtud de que las responsables negaron el incumplimiento que se les atribuye, correspondía a la parte quejosa probar su afirmación en el sentido de que las autoridades responsables no acataron la medida cautelar definitiva concedida, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho. Finalmente, se estima pertinente señalar, que si bien de las manifestaciones realizadas por la autoridad responsable al rendir el informe relativo a la incidencia en que se actúa, así como de las constancias que acompañó al mismo, se advierte que el servicio de energía eléctrica se reestableció en el predio señalado por la parte quejosa el treinta de abril y el diecisiete de mayo, ambos del año en curso. Lo cierto es que ello, en forma alguna le ocasiona un perjuicio a la aquí imperante del amparo, pues la referida responsable fue puntual en señalar que la reconexión del servicio de energía eléctrica a favor de la quejosa, en estricto acatamiento a la suspensión de plano otorgada por el presente órgano jurisdiccional, se llevó a cabo en la primera de las referidas fechas, esto es, un día después de que se dictara el acuerdo en el que se concedió la misma. Y por otro lado, refirió que respecto al predio señalado por la inconforme, existe un diverso contrato de prestación de servicio de energía eléctrica, a nombre de Orozco Flores Luis F., el cual no guarda relación alguna con el contrato o número de servicio de la aquí quejosa. En ese sentido, deviene incuestionable que la suspensión de plano otorgada en el presente juicio constitucional, únicamente se encontraba dirigida a la quejosa Ana María Flores Hernández, pues fue ella quien acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal; no así respecto al diverso usuario señalado por la autoridad responsable en su respectivo informe. No obstante ello, la responsable en cita informó a este Juzgado Federal, que el diecisiete de mayo del año en curso, reestableció el servicio de energía eléctrica derivado del contrato del citado Orozco Flores, aun cuando tal efecto no fue ordenado en la suspensión de plano concedida. Atento a lo anterior, se reitera, deviene incuestionable que la autoridad responsable dio cumplimiento a la suspensión de plano con la oportunidad establecida por este órgano jurisdiccional; siendo que las cuestiones diversas que hubiere señalado en el informe de que se trata, quedan fuera del alcance jurídico de la misma. En consecuencia, al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio constitucional, en términos de lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se reitera, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en presunciones. Así las cosas, al constar en autos que con la actuación de la autoridad responsable no se vulneró la suspensión definitiva otorgada por este órgano de control constitucional, procede declarar infundado el presente incidente de violación y/o incumplimiento a la suspensión planteado por la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia(s) Común, Tesis III.2o.A. J/11 (9a.), en la página 2299, con número de registro 159918, que señala: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. SU DESACATO O VIOLACIÓN DEBE ACREDITARSE PLENAMENTE EN EL INCIDENTE RESPECTIVO Y NO INFERIRSE CON BASE EN PRESUNCIONES. Al ser de orden público y de observancia obligatoria la suspensión del acto reclamado que se otorga en el juicio de garantías, en términos de lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, su desacato o violación debe acreditarse plenamente en el incidente respectivo y no inferirse con base en inducciones presuntivas." Así como la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, del mes de octubre de 1999, página 1362, con número de registro 193164, que dispone: "VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, INCIDENTE DE. INFORME NEGATIVO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. CARGA DE LA PRUEBA. Si la parte quejosa afirmó que la autoridad responsable realizó actos que violaron la suspensión definitiva otorgada en su favor, y la referida autoridad, en su informe respectivo, negó haber efectuado acto alguno tendente a desobedecer la medida cautelar de que se trata, era a dicha quejosa a la que correspondía probar su afirmación, con base en el principio general de derecho consistente en que quien afirma debe probar su dicho." No pasan desapercibidas para el suscrito juzgador, las manifestaciones realizadas por la parte impetrante del amparo en el escrito con el que interpuso la incidencia en que se actúa, las cuales, si bien no se encuentran directamente relacionadas con los hechos que motivaron el incidente de mérito, sí ameritan pronunciamiento. En el ocurso de que se trata, la parte quejosa, expresamente manifestó: "IV. No menos relevante resulta ser el hecho que a pesar de haberse emitido el acuerdo con fecha 29 de abril del presente año, y habiendo aportado los datos para notificación en esta vía electrónica al usuario ya señalado, es hasta el día de hoy que el suscrito es notificado de dicho acuerdo, por lo que lo hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes, así como para que de considerarlo pertinente, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa por cuestiones administrativas o retraso de los actuarios de este órgano jurisdiccional, dado que insisto, es el derecho a la vida y la integridad física el que se encuentra en riesgo, y por el cual se acude para la efectiva protección constitucional del mismo.". Al respecto, es menester señalar, en primer término, que en el citado proveído de veintinueve de abril del año en curso, se otorgó autorización para el acceso al expediente electrónico, así como para que las notificaciones se realizaran por dicha vía, al usuario que la parte quejosa señaló en su escrito inicial demanda; lo que la Secretaría de este órgano jurisdiccional llevó a cabo en la propia fecha. En ese sentido, resulta necesario establecer los lineamientos que rigen a las notificaciones electrónicas, contenidos en la fracción II del numeral 30 de la Ley de Amparo, el cual literalmente señala: "Artículo 30. Las notificaciones por vía electrónica se sujetarán a las reglas siguientes: [.] II. Los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas. De no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto podrá ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores.". En ese sentido, tal como consta en el acuse de generación de notificación que obra agregado en autos (fojas 33-36), la notificación del proveído de veintinueve de abril del año en curso, se tuvo por realizada a la parte quejosa, a las nueve horas del seis de mayo de dos mil veintiuno, al haber transcurrido el plazo previsto en la fracción II del artículo 30 de la ley de la materia. Esto es, al incumplir la parte impetrante del amparo con la obligación señalada en el numeral acabado de transcribir, con estricto apego a la ley, este órgano jurisdiccional tuvo por realizada la notificación de que se trata dentro del plazo ahí señalado. De ahí que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, en forma alguna se le ha dejado en estado de indefensión por cuestiones administrativas, mucho menos por retrasos atribuibles al personal adscrito a este órgano jurisdiccional, pues se reitera, el hecho de que hubiere tenido conocimiento del proveído en cita hasta la fecha que señala, es imputable únicamente a la persona a quien le corresponde el usuario autorizado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 206, 207 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE DECLARA INFUNDADA la denuncia de violación a la suspensión de plano y de oficio concedida a ********, respecto del acto de las autoridades responsables; por las razones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le hizo por acuerdo de siete de los corrientes. En consecuencia, haciendo efectivo el apercibimiento inserto en el referido auto, se deja de tener como autoridades responsables en el presente asunto al SUBDIRECTOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA y COORDINADOR DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN ZONA MÉRIDA, y por tanto, se suspende toda comunicación con las mismas, por lo que, en su momento, se resolverá el presente juicio únicamente por lo que se refiere a las restantes autoridades. Notifíquese y cúmplase.
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