Ana María Fajardo Nava

Expediente 274/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
274/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/06/2018

Partes del expediente

  • Ana María Fajardo Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta se advierte, no se interpuso recurso en contra del auto de uno de junio de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo por el acto reclamado consistente en el auto de inicio en el juicio sumario de desahucio 264/2018 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de esta ciudad, por lo que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles para que interponga el recurso correspondiente en contra de dicho auto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 97 fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido...Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto Décimo Primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL CITATORIO DEJADO EN EL DOMILICIO DE LA PARTE PROMOVENTE ANA MARÍA FAJARDO NAVA Y SE LE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: ".Ensenada, Baja California, uno de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los escritos aclaratorios que presentan la quejosa Ana María Fajardo Nava y su autorizado José Andrés Gutiérrez Gómez, mediante los cuales dan cumplimiento al acuerdo de prevención dictado en el presente juicio. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por lo que en términos del artículo 113 del propio ordenamiento legal procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales, en atención a las siguientes consideraciones. Ciertamente, el citado artículo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cabe destacar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; y lo "indudable" resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.En este sentido, analizada en su integridad la demanda de amparo, este juzgador advierte de oficio que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" El primero de los preceptos legales transcritos dispone la improcedencia del amparo, en los casos en que resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia ley; y el diverso artículo, determina que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos en juicio, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender éstos, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, mas no cuando afectan derechos adjetivos. En tal virtud, las violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no constituyen actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. De lo anterior se observa que el acto reclamado a la autoridad responsable lo constituye el auto de inicio en el juicio sumario de desahucio 264/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil, en esta ciudad, en el que refiere es parte demandada y cuyo documento fundatorio de la acción lo constituyen los diversos autos de los medios preparatorios a juicio de desahucio 657/2017, del índice del Juzgado Primero Civil, en esta ciudad. Ahora, toda vez que el acto reclamado a la autoridad responsable -específicamente el auto de inicio en el juicio sumario de desahucio 264/2018, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil en esta ciudad-, tiene como consecuencia, someter a la hoy quejosa al procedimiento jurisdiccional de mérito, donde tendrá la oportunidad de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegar, de manera que los vicios que pueda llegar a tener dicha admisión pueden no trascender a su esfera jurídica. En este sentido, se actualiza la hipótesis de improcedencia citada, pues el auto de inicio dictado por la autoridad responsable, no tiene ejecución de imposible reparación, en virtud de que, de acuerdo a su contenido y alcance legal no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son constitutivas de derechos, ni de condena, sino solo producen una afectación dentro de un procedimiento judicial. En este orden de ideas, se tiene que el acto reclamado no afecta de forma inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al tener sólo efectos meramente intraprocesales, pues como se anticipó sus efectos son meramente formales y desaparecen si la afectada obtiene resultado favorable; y si no es así, y la violación trascendiera al resultado del fallo, en su caso procedería impugnarla como violación procesal al promover el correspondiente juicio de amparo directo. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, (interpretados a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito inicial de demanda y por autorizado en los términos que indica a las personas que menciona. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, a fin de configurar el expediente virtual conforme a lo previsto en el artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo."

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