Ana María Eulalia Castillo Medina

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Ana María Eulalia Castillo Medina
  • Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
  • Sebastian Fernandez Casas

Actuaciones

  1. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Circular. Vista la circular número SECNO/23/2020, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, aparece que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al índice de contagios de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2, adoptó diversas medidas en relación con los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con residencia en el Estado de Coahuila, entre las cuales destaca la suspensión temporal de los plazos y términos procesales, por un lapso de catorce días comprendido del veintiocho de octubre al diez de noviembre de dos mil veinte. Documento que constituye un hecho notorio para este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Reactivación. Ahora bien, en virtud de que concluyó la vigencia de la medida en cuestión, cuyas consecuencias implicaron la suspensión temporal del presente juicio de amparo, entre el periodo antes mencionado; por tanto, en cumplimiento a los lineamientos que se precisan en la mencionada circular, concretamente en el punto décimo primero1, se reanudan los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Comunicación a las partes. En virtud de lo anterior, comuníquese a las partes que se reactiva la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de los interesados, aunque con ciertas medidas que prevé el mencionado acuerdo para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, lo que, desde luego, deriva de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2. Asimismo, se les informa que los plazos únicamente se suspendieron y no se interrumpieron, de manera que, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Oficio. Visto lo de cuenta, agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitió el juicio de amparo 861/2020-VIII, del cual deriva este cuaderno de antecedentes, e informa que se avoca a su conocimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes o todos los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Anotaciones y archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense la anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.

  2. Principal

    Reanudación. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/23/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la cual se estableció, entre otras situaciones, la suspensión y reanudación de los plazos de los asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Octavo Circuito, con sede en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y por consecuencia, la reactivación de los términos procesales. Estado de autos. Ahora bien, de los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintitrés de octubre de dos mil veinte. Radicación. Como está ordenado en el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia, integrese a sus antecedentes la copia del escrito de la parte quejosa Juan Carlos Restrepo Perea en su carácter de representante legal de la moral Ecosistema de ciudad Lerdo, Durango, Sociedad Anónima de Capital Variable, en el cual amplia su demanda de amparo respecto a los actos reclamados que al efecto señala en el citado ocurso. Informe previo. Con apoyo en los artículo 122, 124, 131 y 132, todos de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, su informe previo que deberán rendir por duplicado, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permita a este órgano jurisdiccional establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes; informe que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual, en la notificación correspondiente, se le acompaña copia de la demanda. Multa. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir el informe previo respectivo dentro del término conferido, se presumirán ciertos los actos reclamados para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario; y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Audiencia incidental. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que se señalaron las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte, para la audiencia de este incidente. Fijación de los actos reclamados. La parte quejosa en su escrito de demanda y ampliación de la misma señalo como actos reclamados los siguientes. Luego, por escrito aclaratorio, manifestó lo siguiente: Y en su amplacion Suspensión improcedente. Ahora bien, debido a que los actos reclamados a la autoridad responsable Directora General de la Comisión Nacional del Agua, Organismo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se hacen consistir en la aplicación del Acuerdo General por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en términos del último párrafo del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se niega la suspensión provisional solicitada por Ecosistema de ciudad Lerdo, Durango, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues los actos reclamados a la autoridad responsable en cita, constituyen actos consumados para los efectos de esta incidencia, contra los cuales es improcedente conceder la medida cautelar. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/174, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, julio de 1999, página 775, que dispone lo siguiente: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión". Suspensión procedente. Antes que nada, para efectos de proceder a verificar si en el caso procede o no otorgar la suspensión solicitada, resulta necesario citar el contenido del artículo 128 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Del citado precepto legal se advierte que como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, se encuentran: 1) que la solicite el quejoso, 2) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación al precepto legal antes reproducido, resulta pertinente señalar lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de la Materia, el cual es del tenor literal siguiente: "129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Luego, atento al contenido del numeral invocado, del que se observa un listado de cuáles son aquellos casos en los que se causa un perjuicio al interés social, debe decirse que tal capitulado no es limitativo sino enunciativo, lo que se robustece de la expresión "entre otros casos", razón por la cual para efectos de otorgar la medida cautelar el Juez federal debe atender a si el acto respecto del cual se solicita la suspensión con su concesión no se causaría un perjuicio al interés social. Por tanto, los supuestos no necesariamente deben estar contenidos en los enunciados en ese precepto, toda vez que los actos de facto cuya suspensión se solicita podrían ser análogos o discrepantes por completo, pero siempre para el pronunciamiento de la medida cautelar que se otorgue o bien, se niegue, debe hacerse teniendo como principio básico el que no se cause un perjuicio al interés social. Por su parte, el numeral 138 de la Ley de la Materia, dispone lo siguiente: "138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes." Éste último precepto legal, establece en lo que al caso interesa, que una vez promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe efectuar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la cual se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El requisito aludido implica que, para la concesión de la suspensión basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Dicho análisis no debe prejuzgar sobre la certeza del derecho que se dice afectado, pues la determinación tocante a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es materia del fondo del juicio de amparo; lo cual no debe realizarse al momento de atender la procedencia de la suspensión, pues al tramitarse por cuerda separada del principal, la suspensión no puede influir en la sentencia de fondo, ya que como se precisó, esta medida sólo constituye una medida provisional para tutelar tanto la materia del juicio, como la posible irreparabilidad de la esfera de derechos del gobernado. Sin embargo, la apariencia del buen derecho debe ponderarse, con base en los demás requisitos requeridos para el otorgamiento de la suspensión; es decir, que no se cause perjuicio al interés social o al orden público, porque si el perjuicio a éstos últimos es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir la parte quejosa, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad está por encima del interés particular afectado. En resumen, el análisis de la apariencia del buen derecho, siempre debe efectuarse en relación con la no afectación del interés social y/o al orden público, para resolver si procede otorgar o no la medida suspensiva. Resulta aplicable a lo anterior, la 2a./J. 204/2009 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 315, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Registro: 165659, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Al respecto en tanto que la parte quejosa reclama vía ampliación de demanda la inconstitucionalidad de un Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte, en términos del último párrafo del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, la ley de la materia regula para qué efectos debe otorgarse la medida suspensional, tal y como así lo establece el artículo 148 de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 148. En los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. En el caso en que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos establecidos en el párrafo anterior, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación". El precepto de mérito establece en forma expresa, que en los juicios de amparo en los que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa; que en el caso que se reclame una norma general con motivo del primer acto de su aplicación, la suspensión, además de los efectos antes precisados, se decretará en relación con los efectos y consecuencias subsecuentes del acto de aplicación. Y en lo conducente la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, tomo III, abril de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice lo siguiente: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de la violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende el concepto de violación aducido por el quejoso sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". En esas condiciones, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado y de la solicitud de la suspensión de éste, de conformidad con el artículo 148 de la Ley de Amparo, al encontrarse reunidos los requisitos establecidos en el diverso numeral 128 de la ley de la materia, se concede la suspensión del acto reclamado para el efecto de que no se le aplique por parte de las autoridades responsables, el Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal del año dos mil veinte. Lo anterior es así, pues de negarse la suspensión se actualizaría un perjuicio directo sobre los intereses jurídicos y económicos de la parte quejosa, derivados del contrato de prestación de servicios mixtos con la modalidad de inversión total privada recuperable, celebrado entre el Ayuntamiento del Municipio de Lerdo, Durango, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Lerdo, Durango y la empresa quejosa denominada Ecosistema de Ciudad Lerdo, Durango, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebrado el ocho de mayo de dos mil siete, obtenido mediante licitación pública número 3910S001-001-06, cuya obligación entre otras se encuentra la de bombear agua tratada al nivel terciario de la planta tratadora de Aguas Residuales a la central termoeléctrica de Guadalupe Victoria, Durango; máxime que de aplicar el Acuerdo reclamado se pondría en riesgo la operación de la planta tratadora de Aguas Residuales que opera la parte quejosa, poniendo en riesgo el suministro del flujo eléctrico en perjuicio de la población. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 53, Volumen 145-150, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época de rubro y texto siguientes: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado". Así como el diverso criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 1741, materia común, tomo CII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo epígrafe es el siguiente: "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO.Se deben entender por derechos adquiridos, las ventajas o bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un titular del derecho, y que figuran en su patrimonio, y que no pueden ser desconocidos por el causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley, debiéndose entender por esperanza o expectativa de adquirir un derecho, la posibilidad jurídica de obtener una ventaja o bien, que todavía no se realiza. La doctrina aclara estas nociones con el siguiente ejemplo: La pretensión que una persona puede tener sobre los bienes de otra persona que vive aún, en virtud de un legado que le ha designado ésta, constituye una simple expectativa o esperanza, cuyo beneficio puede ser desconocido, por el autor del legado o bien por una nueva ley; por el contrario, la muerte del testador transforma esta esperanza o expectativa en un derecho adquirido que no puede desconocer una nueva ley. Por lo anterior se ve con claridad que sobre esta cuestión no se puede dar fórmula matemática, pues en realidad se trata de un problema jurídico complejo, y que en cada caso particular, el juzgador debe examinar y aquilatar los motivos de utilidad social que contribuyen a la aplicación inmediata de la ley nueva, por una parte, y por la otra, el valor de los intereses particulares que aspiran a protegerse en las normas de la antigua ley. Duración de la medida. Conforme con el artículo 136 de la ley de la materia, la medida cautelar concedida surte sus efectos de inmediato y hasta en tanto que se notifique a las autoridades responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva. Garantía. Sin que haya lugar a exigir garantía para que surta efectos la medida cautelar concedida; lo anterior, virtud de los efectos para los cuales fue otorgada. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Por último, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efecto de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Vista de razón de inexistencia. Por otra parte, en relación a la contestación de la vista de inexistencia de la autoridad responsable Gerente Regional de Producción Norte de la Comisión Federal de Electricidad, se advierte de la razón levantada por el actuario de la adscripción que el domicilio de la autoridad de referencia se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en obvio de mayores dilaciones procesales, envíese los oficios a la ciudad de referencia. Escrito. Ahora bien, en torno a las manifestaciones del representante de la parte quejosa, dígasele que se esté a lo acordado en párrafo anterior. Notifíquese.

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