Ana María Duarte Saldaña
Expediente 22/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 22/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/02/2019
Partes del expediente
- Ana María Duarte Saldaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado y anexo, rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense a sus autos para que obren como corresponda. Ahora bien, de dicho informe con justificación se desprende que sí era cierto el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 00699/E06/2017; sin embargo, el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, dictó el auto correspondiente en el citado asunto, remitiendo para tal efecto copia certificada con la que sustentó su dicho. En ese sentido, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de amparo se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la quejosa Ana María Duarte Saldaña, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de ley de la materia, que a la letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la quejosa Ana María Duarte Saldaña, se hace consistir en la omisión de dictar el acuerdo de admisión de pruebas ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro del expediente administrativo laboral 00699/E06/2017. Consecuentemente, se advierte del propio informe justificado y de las constancias que en copia certificada anexó la responsable, que el veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se dictó el auto correspondiente. Documentales a las que, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado atribuido a la autoridad señalada como responsable, al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico a los terceros interesados Hilda Oralia Guerra de Rodríguez, José Luis Rodríguez Berlanga y a la persona moral Refaccionaria y Accesorios Rodríguez, S. A de C. V., el auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ha fenecido el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en esta ciudad, para que rindiera su informe justificado, solicitado mediante oficio 5226/2018-IX, de diez de julio de dos mil dieciocho; por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor, procede a tener por ciertos los actos que se le reclaman. Sin embargo, para resolver el presente asunto es necesario analizar las constancias en que la citada autoridad se apoyó para emitir sus actos presuntivamente ciertos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 75 de la citada legislación, requiérase a la autoridad antes mencionada, para que dentro del término de tres días remita las documentales correspondientes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos, moneda nacional), equivalente a cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en relación a la determinación publicada en relación a esa unidad, en la referida publicación de veintiocho del indicado mes y año. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con treinta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IX... Se admite la demanda de garantías... Se cita a la audiencia constitucional a las diez horas con veinte minutos del once de febrero de dos mil diecinueve...
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