Ana María Don Juan Estrada

Expediente 978/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
978/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2016

Partes del expediente

  • Ana María Don Juan Estrada

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que tuvo la promovente para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, contra el proveído dictado el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; consecuentemente, se declara que dicho acuerdo queda firme. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, no se tramitó incidente de suspensión y no existen documentos originales para devolver.

  2. Principal

    Atento a que el quejoso (a) Ana María Don Juan Estrada, por conducto de su apoderado Carlos Antonio Arroyo López o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veintiocho de octubre y tres de noviembre del año en curso -siendo inhábiles del veintinueve de octubre al dos de noviembre del mismo año- a notificarse personalmente del proveído o resolución de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo citatorio para ello-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y que en lo conducente establece: Por recibido el oficio que suscribe el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, por el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiuno de los actuales; por tanto, se tiene reconocida la personalidad con la que se ostentó Carlos Antonio Arroyo López en el escrito inicial, como apoderado legal de Ana María Don Juan Estrada, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada por Carlos Antonio Arroyo López, apoderado legal de Ana María Don Juan Estrada; contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, se advierte de forma notoria e indudable que se actualiza una causal de improcedencia según lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. Para demostrarlo, es necesario conocer los antecedentes, que se obtienen de la lectura íntegra de la demanda: a) La parte quejosa promovió un juicio laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en Celaya, Guanajuato, registrándose con el número 1691/2006/L1/CC/IND, contra INTERCARNES, S.A. de C.V., Administración Soriana, S.A. de C.V. y Walmart de México", S.A.B. de C.V. b) El doce de julio de dos mil nueve, se ordenó emplazar a INTERCARNES, S.A. de C.V., sin que haya sido posible su llamamiento y se requirió a la quejosa para que en el término de tres días, proporcionara el domicilio correcto, con el apercibimiento que de no cumplir, se tendría por no interpuesta la demanda laboral únicamente por lo que hace a dicha persona moral. c) El trece de julio de dos mil dieciséis, la promovente presentó un escrito para cumplir con lo anterior. d) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la responsable dictó un acuerdo en el que requirió nuevamente a la quejosa proporcionara el domicilio correcto de la citada demandada moral. e) El veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia, en el que se hizo efectivo el apercibimiento a la actora laboral y se tuvo por no interpuesta la demanda por lo que hace a una de las codemandadas, esto es, INTERCARNES, S.A. de C.V. Éste es el acto reclamado. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." A juicio del suscrito este acto no puede considerarse como conducta cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sólo producen efectos formales dentro del procedimiento, ya que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos que protegen las normas constitucionales. En efecto, la única consecuencia es el no llamamiento al juicio laboral de la codemandada INTERCARNES, S.A. de C.V., lo que se traduce en una mera afectación a los derechos de naturaleza adjetiva o procesal que puede ser reparada si la ahora inconforme, obtiene sentencia favorable en el juicio de donde deriva el acto reclamado; de no ser así, la violación al procedimiento puede ser reparada mediante el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia que resuelva el fondo del asunto. Dicho de otra manera, el derecho afectado materialmente reviste la categoría "adjetivo", expresión antagónica a lo sustantivo, cuya afectación no puede considerarse actual o patente desde que surge el acto -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. No pasa inadvertida la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 55/2002, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro IUS 167732, tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, página 446, de rubro y texto: "DEMANDA. SU DESECHAMIENTO PARCIAL SIN ULTERIOR RECURSO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, cuando de modo inmediato afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución, pero que no son de imposible reparación y son impugnables en amparo directo cuando sólo afectan derechos adjetivos o formales. No obstante, aunque el acuerdo que desecha parcialmente una demanda sin ulterior recurso se considera una violación adjetiva o procesal, es reclamable en amparo indirecto, como excepción a la regla general, porque afecta al actor en grado predominante o superior, pues la admisión parcial de la demanda implica, en lo no admitido, que las acciones, elementos o sujetos materia de la inadmisión no formen parte del proceso litigioso y, por ende, del pronunciamiento judicial, lo que le causa una afectación de extrema gravedad, además de que dicho desechamiento parcial no constituye un acto reparable con el hecho de obtener una sentencia condenatoria favorable al propósito del demandante, ya que no resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis." El criterio transcrito resulta inaplicable, en razón de que alude a la definición de actos de "imposible reparación" de la Ley de Amparo anterior; los cuales, al no encontrarse ahí definidos, fueron objeto de construcción jurisprudencial, como aquellos que: a) afectan materialmente derechos sustantivos y, excepcionalmente, los que b) afectan derechos adjetivos en grado predominante o superior. Ahora bien, esa tesis justifica la procedencia del amparo indirecto contra el desechamiento parcial de una demanda, en razón de que se actualiza el segundo supuesto, es decir, es una conducta que afecta "derechos adjetivos en grado predominante o superior", lo cual carece de aplicabilidad por lo siguiente: A partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. De tal manera que el criterio transcrito se opone a la descripción legal y vigente de los actos de "imposible reparación", lo que lo torna inaplicable, acorde con lo que dispone el sexto transitorio de la vigente Ley de Amparo. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10ª.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, página 39, aplicable por analogía: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, segundo párrafo, del artículo 107, de dicho Ordenamiento Legal. Por tanto, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos.

  3. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

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