Ana Maria Diaz Moguel
Expediente 1629/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 19/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Maria Diaz Moguel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, toda vez que se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que señala la ley de la materia en su artículo 202, para que la parte quejosa se inconformara, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, téngase a la parte promovente del amparo conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, por lo que, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se otorgó la protección constitucional a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, el mismo debe conservarse, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el propio numeral antes invocado. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá transferirse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Ahora bien, toda vez que se advierte que obran en autos los documentos exhibidos por la parte quejosa con su demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este juzgado, a recogerlos previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se emitió determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. En ese sentido, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la autoridad responsable para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial procede a analizar el cumplimiento dado al fallo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del acto reclamado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Consejo Directivo, la Directora General, el Subdirector General de Pensiones y Gestión Financiera, la Jefa del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, y del Jefe del Departamento de Tesorería y Gestión Financiera, todos del mismo Instituto de Seguridad Social. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicha determinación y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, interpuso revisión adhesiva. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por el recibido el oficio por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa en el cual adjuntaba la resolución pronunciada en el toca 89/2020 en la cual se declaró en su primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida, y en el segundo, amparó a la parte quejosa y en el tercer resolutivo declaró infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en tal circunstancias en esa propia fecha, se requirió las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables, estaban obligada a acatar la resolución referida en los párrafos que anteceden, los cuales fueron los siguientes: "...Emitir mandamiento escrito en el que exponga los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual que recibe la quejosa, y hacerlo de su conocimiento, en el domicilio que tenga registrado en los archivos de dicho Instituto.". Así, de las constancias que obra en este sumario, se advierte que el Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, realizó un mandamiento escrito en el que expuso los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual que recibe la parte quejosa, lo cual le fue notificado el quince de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que no se emitió determinación alguna en este expediente, siendo que tal cuestión extraordinaria que obedeció a la suspensión de funciones jurisdiccionales que operó del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en la Circular CAP/3/2020, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el veinte de diciembre próximo pasado, de conformidad con las directrices indicadas en el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. Ahora, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la Circular SECNO/1/2021, el Consejo de la Judicatura Federal determinó, para este Circuito Federal, la reanudación de labores conforme al esquema indicado en el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinándose el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en dicho numeral, SE REANUDAN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Haciéndose la precisión que este acuerdo deberá notificarse por lista a las partes, incluyendo a las autoridades responsables, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba paralizado por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a que la suspensión y posterior reanudación se decretaron en Circulares que se publicaron en la página del Consejo de la Judicatura Federal y obedecieron a un problema de salud -pandemia- cuyo conocimiento es de dominio público nacional; por lo que su existencia constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del código procedimental citado y, por ende, permite a los justiciables tener plena certeza que a partir del doce de enero de este año, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior sin perjuicio de que, de constar en autos una vía de contacto remoto con alguna de las partes, pueda hacerse de su conocimiento el contenido de este auto, mediante esa vía; lo cual es acorde con lo establecido en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020. Además, por cuanto hace a las autoridades responsables, de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a ellas deberá notificarse por oficio el auto de admisión, salvo al particular señalado como responsable al que se le notificará de manera personal dicho acuerdo (fracción II, inciso a), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos; por lo que, si durante la secuela del procedimiento surgen un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia, se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo, con inclusión del diferimiento de la audiencia, salvo que por su trascendencia se considere necesario realizar la notificación por oficio, lo que en el caso no ocurre. A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente a ello, se remitirán por correo electrónico a las administraciones de los edificios, para que estas las coloquen en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita; amén de la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. En ese sentido, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que obra el oficio suscrito por el Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con el que informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; así como que mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el oficio remitido por la autoridad responsable para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a sus derecho conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial procede a analizar el cumplimiento dado al fallo. En este sentido, se aprecia que por sentencia definitiva de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión respecto del acto reclamado al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, el Consejo Directivo, la Directora General, el Subdirector General de Pensiones y Gestión Financiera, la Jefa del Departamento de Jubilaciones y Pensiones, y del Jefe del Departamento de Tesorería y Gestión Financiera, todos del mismo Instituto de Seguridad Social. La parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de dicha determinación y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, interpuso revisión adhesiva. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por el recibido el oficio por el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa en el cual adjuntaba la resolución pronunciada en el toca 89/2020 en la cual se declaró en su primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida, y en el segundo, amparó a la parte quejosa y en el tercer resolutivo declaró infundado el recurso de revisión adhesivo interpuesto por el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, en tal circunstancias en esa propia fecha, se requirió las autoridades responsables su debido cumplimiento. De manera que las autoridades responsables, estaban obligada a acatar la resolución referida en los párrafos que anteceden, los cuales fueron los siguientes: "...Emitir mandamiento escrito en el que exponga los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual que recibe la quejosa, y hacerlo de su conocimiento, en el domicilio que tenga registrado en los archivos de dicho Instituto.". Así, de las constancias que obra en este sumario, se advierte que el Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, mediante acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, realizó un mandamiento escrito en el que expuso los motivos y fundamentos por los cuales realizó la modificación en el pago de la pensión mensual que recibe la parte quejosa, lo cual le fue notificado el quince de diciembre de dos mil veinte. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos.
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