Ana María Cinto Reyes

Expediente 1849/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1849/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Ana María Cinto Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal sobre depuración y destrucción de expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo décimo, fracción I, del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las copias certificadas en un tomo del juicio laboral D-86/2012, las cuales exhibió en el presente asunto, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese el oficio con anexos signado por los Magistrados y Actuario Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistentes en copia certificada del juicio laboral D-86/2012, así como de la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el citado juicio. Visto el volumen de las constancias remitidas, correspondientes al juicio laboral D-86/2012, se ordena formar el legajo de pruebas I para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, resulta oportuno recordar que la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y al Actuario de su adscripción, la omisión de tramitar el incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio laboral ... del índice del Tribunal en mención, así como su notificación. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Bajo esa óptica, ......... En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): "San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado Agréguese el oficio con anexos signado por los Magistrados y Actuario Integrantes del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, consistentes en copia certificada del juicio laboral D-86/2012, así como de la resolución interlocutoria del incidente de nulidad de notificaciones dictada en el citado juicio. Formación de anexo. Visto el volumen de las constancias remitidas, correspondientes al juicio laboral D-86/2012, se ordena formar el legajo de pruebas I para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Sobreseimiento fuera de audiencia Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En ese sentido, resulta oportuno recordar que la parte quejosa reclamó del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y al Actuario de su adscripción, la omisión de tramitar el incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio laboral D-86/2012 del índice del Tribunal en mención, así como su notificación. Sobre el particular, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Es útil también la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es aplicable el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo esa óptica, cabe precisar que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, se advierte que el catorce de octubre de dos mil diecinueve dictó la resolución interlocutoria correspondiente al incidente de nulidad de notificaciones promovido dentro del juicio laboral D-86/2012 de su índice, tal como se aprecia de la reproducción siguiente: IMAGEN Lo anterior, pone de manifiesto que han cesado los efectos de la omisión reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no hubiera dejado huella alguna de dicha afectación. En efecto, la omisión reclamada por el quejoso dejó de surtir efectos en su esfera jurídica pues la autoridad laboral dictó la resolución correspondiente al incidente de nulidad de notificaciones dentro del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de inejercitabilidad en estudio. No pasa inadvertido que la autoridad responsable no exhibió la constancia de notificación de la resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil diecinueve a la parte quejosa; sin embargo, esa circunstancia no impide actualizar la causa de improcedencia objeto de estudio, toda vez que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo, la parte quejosa tendrá conocimiento del éste, pues se le correrá traslado con copia de esa resolución al momento de la notificación de esta determinación. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por tanto, debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con copia de la resolución interlocutoria de catorce de octubre de dos mil diecinueve dictado en el juicio laboral D-86/2012".

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Autoridad informa sobre cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo remitidos por el Director del Hospital Regional Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual en atención al proveído de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, y a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en autos, aduce lo siguiente:  .. Al respecto, se toma conocimiento de la imposibilidad para emitir un diagnóstico multidisciplinario y se tiene por recibido el diagnóstico emitido por la especialista de ortopedia y traumatología, el cual se aprecia que valoró la situación actual de la quejosa con base en los estudios practicados recientemente -gamagrama óseo-. No obstante, la autoridad responsable no da cumplimiento a lo ordenado en el auto del pasado treinta de septiembre en el que se precisó lo siguiente: .. En el caso, la responsable es omisa en remitir los diversos dictámenes relativos a las áreas de angiología y reumatología, en los que a partir de los diversos estudios que se realizaron a la quejosa -en cumplimiento a la sentencia de amparo-, los especialistas realicen una valoración e interpretación de los resultados obtenidos elaborado en un lenguaje sencillo alejado de los tecnicismos propios de su especialidad. Lo anterior, pues como se precisó en el referido acuerdo del treinta de septiembre pasado, dichos diagnósticos carecen de un estudio y valoración pormenorizados respecto de los estudios y exámenes practicados a la quejosa, a fin de determinar la existencia o no de un padecimiento, así como el tratamiento médico a seguir para mejorar su estado de salud. Lo anterior, ya que en los referidos dictámenes los especialistas se limitaron a "diagnosticar" a la quejosa a partir de lo que ella refirió, o de que previamente ya había sido diagnosticada con algún padecimiento, de ahí que no puedan considerarse apegados a la ejecutoria de amparo, pues se insiste, los diagnósticos que se emitan deberán considerar la condición actual y real que presenta la quejosa, y no lo que previamente se había considerado. En consecuencia, se requiere nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo máximo de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita los diagnósticos clínicos en las áreas de angiología y reumatología bajo los lineamientos que este órgano jurisdiccional ha determinado. En la inteligencia que subsisten los apercibimientos decretados para el caso de incumplimiento de la sentencia de amparo. Infórmese al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Ahora bien, en atención al requerimiento formulado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, infórmese el contenido del presente acuerdo para los efectos legales a que haya lugar dentro del incidente de inejecución de sentencia 4/2019 de su índice. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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