Ana María Chi Lavadores

Expediente 626/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
626/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
28/06/2019

Partes del expediente

  • Ana María Chi Lavadores
  • Ana María Chi Lavadores y Otros.
  • Delegación Estatal Yucatán Subdelegación de Prestaciones, Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de autos consta que aún no ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de junio del presente año; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las once horas con cincuenta minutos del diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo que promovió Ana María Chi Lavadores; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En virtud de lo anterior, archívese este expediente como totalmente concluido. Toda vez que el auto que desechó de plano la demanda de amparo, constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe. Maria Eugenia

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de Ana María Chi Lavadores, parte quejosa en este asunto, con el que solicita la devolución de los documentos que acompañó a su escrito de demanda, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. En mérito de lo anterior, se hace del conocimiento de la ocursante que por el momento no se accede a la devolución de los referidos documentos, por cuanto que se trata de documentos exhibidos como pruebas, los cuales pueden ser objetados por las partes, por tanto los mismos no podrán ser devueltos hasta en tanto quede firme el auto de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, no obstante lo anterior, en su caso, podrá solicitar en autos y en cualquier momento copia certificada del referido documento. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por la quejosa Ana María Chi Lavadores, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló por auto de diez de mayo del año en curso. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama del Subdelegado de Prestaciones Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal de Yucatán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la resolución de quince de abril de dos mil diecinueve, con número de oficio ISS.100.31.300.1.600.04.2019, en la que se negó a la quejosa la pensión por edad y tiempo de servicio solicitada. En ese contexto, en relación con el acto reclamado se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos que consagran la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Estableciendo además como excepciones al principio de definitividad: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De esta forma, conforme a la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es suficiente que en la ley aplicable, desde el punto de vista formal y material, se encuentre establecida la procedencia de algún medio ordinario de defensa en contra del acto de autoridad para que el gobernado se encuentre obligado a agotarlo; es decir, no necesariamente el medio ordinario de defensa debe estar previsto en la ley en que se apoye el acto de autoridad. Ahora, los requisitos que deben satisfacerse para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son: 1) Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; 2) Que dicho acto deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda algún juicio, recurso o medio de defensa a través del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado; y, 3) Que no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado, ni plazo mayor que el que establece para su otorgamiento, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. En el caso, los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, por los motivos que se expresan a continuación: a) El acto reclamado se atribuye a una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en particular al Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado; pues dicha autoridad fue quien emitió el acto que reclama. b) El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio de nulidad en términos del artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, toda vez que corresponde a dicho tribunal conocer del juicio de nulidad que se promueva contra los actos o resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como en la especie acontece. La disposición en citada establece lo siguiente: LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.] c) Se cumple con el tercer requisito señalado en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1446, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, de rubro: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.". De esta forma, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que el oficio ISS.100.31.300.1.600.04.2019 de quince de abril de dos mil diecinueve, suscrito por el Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene de la Delegación Estatal en Yucatán del Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, en la que se negó a la quejosa la pensión por edad y tiempo de servicio solicitada; es impugnable ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3, fracción VII de la ley orgánica del aludido tribunal, el cual debe agotarse previo a acudir al juicio constitucional; máxime que en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, con base en las siguientes consideraciones: El acto que se reclama en esta instancia constitucional no carece de fundamentación y motivación, lo cual se advierte de la propia determinación; en efecto, en el oficio que por esta vía se reclama y que se anexó a la demanda de amparo, se advierte que la autoridad citó los preceptos legales y consideración en que sustentó la determinación inmersa en ese oficio, por lo que no carece de fundamentación y motivación; de ahí que la parte quejosa se encuentra en aptitud de combatirla a través del medio ordinario de defensa previsto en la legislación citada. Tiene aplicación por el contenido que informa, la tesis I.3o.A.128 K, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XIII, Abril de 1994, Octava Época, cuyo rubro establece: "FUNDAMENTACIÓN, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCION AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Tampoco se está en el caso de que se aduzcan únicamente violaciones directas a la Constitución, porque si bien refiere cuestiones relativas a la inconstitucionalidad del acto con base en los artículos 14 y 123 Constitucionales, lo cierto es que para combatir el acto que se reclama se aduce que la autoridad responsable determinó ilegalmente que no tenía derecho a la pensión por edad y tiempo de servicio, a pesar de haber cubierto los requisitos establecidos en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Máxime que la quejosa no reclamó la inconstitucionalidad de precepto legal alguno. El juicio de nulidad se encuentra previsto en el artículo 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y no en un reglamento. Además, cabe mencionar que la parte quejosa no puede ser considerada persona extraña a la controversia toda vez que el oficio que se reclama se dirigió a la parte quejosa, el cual le fue notificado y se hizo sabedor del mismo. Con base en lo expuesto en el caso se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues en contra del acto que por esta vía se reclama procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia, lo que procede es desechar de plano la demanda, con fundamento en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XX y 113, ambos de la Ley de Amparo. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También sirve de orientación en lo atinente, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1, Materia Constitucional, página 325, del texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Notifíquese personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.

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