Ana María Cedeño Castro

Expediente 1672/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1672/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Ana María Cedeño Castro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que se desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    ASUNTO LISTADO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL CUATRO Y TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN La parte quejosa, *****, desahoga la prevención efectuada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se provee en relación con la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, EN RELACIÓN CON EL 17, DE LA LEY DE AMPARO. En principio, debe precisarse que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", se advierte que la amparista tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; esto, como se evidencia del escrito aclaratorio de cuenta, del tenor literal siguiente: "1.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD señalo lo siguiente: Cabe señalar que tuve conocimiento del acto reclamado el día veintitrés de marzo de Dos Mil Veintitrés al verificar en los libros de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por la falta de emplazamiento y que el que suscribe en ningún momento he recibido notificación alguna, situación que violan en mi perjuicio mis derechos humanos consagrados en el artículo 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, año 1969) y lo estipulado por la autoridad responsable artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México de donde emana el acto reclamado." (Lo resaltado es propio) Situación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto, por su contenido jurídico, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Febrero de 1993, página 225, con número de registro 217,245, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONFESION, PRUEBA DE, SI ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE GARANTIAS (ARTICULO 150 DE LA LEY DE AMPARO).- Es errónea la consideración del juez de Distrito hecha en la audiencia constitucional, acerca de que la prueba confesional está prohibida por la ley de la materia, porque, aparte de que no se precisa cuál es el precepto que proscribe la prueba referida, se advierte que, además de las contrarias a la moral y al derecho, la que no se admite es la de posiciones, no siendo de esta clase la que en el caso la recurrente denominó como confesional expresa. Esto es, en el juicio de amparo no está prohibida la prueba confesional puesto que implican confesión, por ejemplo, el reconocimiento hecho por la autoridad responsable acerca de que es cierto el acto reclamado, o la admisión, por el quejoso, de que tal acto se le notificó en determinada fecha; esas manifestaciones son, pues, confesiones, y se admiten en el juicio constitucional. Las confesiones no admisibles son las de posiciones, o sea, las que se desahogan mediante la formulación de preguntas por una parte a otra y a través de un pliego que las contenga". [Énfasis añadido] En este sentido, en relación con los actos reclamados, consistentes en todo lo actuado dentro del juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla y su emplazamiento al mismo, la parte quejosa confesó haber tenido conocimiento el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computarán a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos reproducidos con antelación, se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En ese tenor, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empezó desde el siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto, al en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo; además, el conocimiento por el inconforme, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. En razón de lo anterior, se advierte que la amparista tuvo conocimiento de dichos actos reclamados desde el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos al día siguiente, de acuerdo al artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que a la letra indica: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta." Por tanto, el plazo para interponer la demanda de amparo a fenecido, toda vez que a la fecha de presentación de la misma, transcurrieron los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, pues éstos transcurrieron del veinticuatro de marzo al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, previo descuento del días inhábiles; y como se advierte de la demanda de amparo, ésta fue presentada el veintidós de septiembre pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, por lo tanto resulta extemporánea. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse el acto que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. Además, la causal de improcedencia en comento es de estudio preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. En ese tenor, toda vez que la parte quejosa consintió los actos antes mencionados, que incluyen su llamamiento a juicio, le asiste el carácter de parte formal y material dentro del juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, correspondientes al juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia Federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Sobre el particular, tiene aplicación, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, página 128, con registro digital 280458, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En el caso concreto, los actos reclamados, consistentes en el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revisión de actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, a través del cual pueden modificarse, revocarse o nulificarse dichos actos; máxime que dada su propia naturaleza resulta evidente que el propio juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla, se encuentra en etapa de ejecución. Para evidenciar lo anterior, conviene fijar el contenido de los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." De los preceptos reproducidos se colige que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los facultados y están obligados a tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos. Por su parte, los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento, relativos a la procedencia del recurso de revisión, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en la etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; también estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de sus Presidentes; y, cuando se trate de actos derivados de los Actuarios adscritos a las Juntas, conocerá el Presidente de estas. Bajo ese contexto, la parte quejosa, reclama el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, correspondientes al juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla. Por consiguiente, resulta innegable que previamente a la interposición del juicio constitucional, la parte promovente, como parte demandada en de dicho procedimiento obrero, debió promover el recurso de revisión de actos de ejecución que al efecto establece 849 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, entre otros supuestos, en ejecución de los laudos. De tal modo que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, por medio del cual el acto reclamado pudo ser modificado, el presente amparo deviene improcedente. Sumando a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que la parte promovente del amparo se ostente como tercero extraño, en atención a sus propias manifestaciones de las cuales se evidencio que consintió su llamamiento al juicio, que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad Federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, pues, se insiste se trata de la parte demanda en el juicio laboral que interesa. En consecuencia, al no haber agotado el recurso antes descrito, previo a la interposición de este asunto, respecto de los actos reclamados referidos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Desechamiento En consecuencia, en los términos previstos en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, la primera fracción en relación con los diversos 17 y 18, de la referida legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ana María Cedeño Castro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; y, personalmente a la parte San Andrés Cholula, Puebla, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se aprecia que por auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte quejosa desahogando la prevención formulada en autos, y se desechó la demanda de amparo por las razones ahí expuestas, sin que al efecto obre en autos la constancia de notificación correspondiente. Fundamentación. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que notifique a la parte quejosa el auto de cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa el presente proveído y el diverso de cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    8.- Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encontraba prevista para celebrarse el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés; sin embargo, mediante circular 28/2023 de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, emitida por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura, fueron declarados como inhábiles los días diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, derivado de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación, por lo que, en dichos días no corrieron los términos de ley, asimismo mediante avisos de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintitrés, se suspendieron las labores los días veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por causas de fuerza mayor-paro organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales, consecuentemente, fueron declarados como días inhábiles los antes mencionados, por lo que, no corrieron los términos de Ley. ..Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional. Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las trece horas con diez minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. .. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. ..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. DESAHOGO DE PREVENCIÓN La parte quejosa, *****, desahoga la prevención efectuada en fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, se provee en relación con la demanda de amparo. DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo, resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, EN RELACIÓN CON EL 17, DE LA LEY DE AMPARO. En principio, debe precisarse que de las manifestaciones vertidas por la parte quejosa "bajo protesta de decir verdad", se advierte que la amparista tuvo conocimiento del acto reclamado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés; esto, como se evidencia del escrito aclaratorio de cuenta, del tenor literal siguiente: "1.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD señalo lo siguiente: Cabe señalar que tuve conocimiento del acto reclamado el día veintitrés de marzo de Dos Mil Veintitrés al verificar en los libros de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por la falta de emplazamiento y que el que suscribe en ningún momento he recibido notificación alguna, situación que violan en mi perjuicio mis derechos humanos consagrados en el artículo 14, 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa Rica, año 1969) y lo estipulado por la autoridad responsable artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México de donde emana el acto reclamado." (Lo resaltado es propio) Situación que constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo expuesto, por su contenido jurídico, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Febrero de 1993, página 225, con número de registro 217,245, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONFESION, PRUEBA DE, SI ES ADMISIBLE EN EL JUICIO DE GARANTIAS (ARTICULO 150 DE LA LEY DE AMPARO).- Es errónea la consideración del juez de Distrito hecha en la audiencia constitucional, acerca de que la prueba confesional está prohibida por la ley de la materia, porque, aparte de que no se precisa cuál es el precepto que proscribe la prueba referida, se advierte que, además de las contrarias a la moral y al derecho, la que no se admite es la de posiciones, no siendo de esta clase la que en el caso la recurrente denominó como confesional expresa. Esto es, en el juicio de amparo no está prohibida la prueba confesional puesto que implican confesión, por ejemplo, el reconocimiento hecho por la autoridad responsable acerca de que es cierto el acto reclamado, o la admisión, por el quejoso, de que tal acto se le notificó en determinada fecha; esas manifestaciones son, pues, confesiones, y se admiten en el juicio constitucional. Las confesiones no admisibles son las de posiciones, o sea, las que se desahogan mediante la formulación de preguntas por una parte a otra y a través de un pliego que las contenga". [Énfasis añadido] En este sentido, en relación con los actos reclamados, consistentes en todo lo actuado dentro del juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla y su emplazamiento al mismo, la parte quejosa confesó haber tenido conocimiento el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Consecuentemente, se estima que el acto reclamado resulta improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación a los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.) IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que se haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computarán a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos reproducidos con antelación, se advierte que el legislador consideró como causal de improcedencia del juicio, el consentimiento del acto reclamado, expreso o tácito; en este último caso, estableció como presunción legal cuando los actos no se impugnen dentro de los términos previstos en el dispositivo 17 de la indicada ley reglamentaria. En ese tenor, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, el término de quince días para la promoción de la demanda de amparo empezó desde el siguiente a aquél en que haya surtido efectos la notificación conforme a la ley del acto, al en que se haya enterado de él o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor del mismo; además, el conocimiento por el inconforme, que sirve de base para el cómputo referido, debe constar probado de modo directo y no inferirse de presunciones. En razón de lo anterior, se advierte que la amparista tuvo conocimiento de dichos actos reclamados desde el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, surtiendo sus efectos al día siguiente, de acuerdo al artículo 747 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, que a la letra indica: "Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo disposición en contrario en la Ley; y II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la Junta." Por tanto, el plazo para interponer la demanda de amparo a fenecido, toda vez que a la fecha de presentación de la misma, transcurrieron los quince días que establece el precepto legal que regula el plazo para solicitar el amparo, pues éstos transcurrieron del veinticuatro de marzo al dieciocho de abril de dos mil veintitrés, previo descuento del días inhábiles; y como se advierte de la demanda de amparo, ésta fue presentada el veintidós de septiembre pasado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, por lo tanto resulta extemporánea. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a foja 165, tomo VI, Apéndice 2000, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro y texto establece: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Tal circunstancia motiva la actualización de la causal de improcedencia advertida y, por ello, no puede analizarse el acto que en esta vía impugna; máxime que su naturaleza impide encuadrarlo en alguno de los supuestos de excepción previstos en el aludido numeral 17 del ordenamiento legal antes invocado. Además, la causal de improcedencia en comento es de estudio preferente a las restantes porque si la demanda no se presentó en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra diversa, en virtud de que la acción en sí misma es improcedente por extemporánea. ANÁLISIS DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO. En ese tenor, toda vez que la parte quejosa consintió los actos antes mencionados, que incluyen su llamamiento a juicio, le asiste el carácter de parte formal y material dentro del juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, correspondientes al juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." La fracción transcrita contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo y sus acepciones. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia Federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. Sobre el particular, tiene aplicación, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, página 128, con registro digital 280458, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." En el caso concreto, los actos reclamados, consistentes en el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, son susceptibles de impugnarse mediante el recurso de revisión de actos de ejecución, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, a través del cual pueden modificarse, revocarse o nulificarse dichos actos; máxime que dada su propia naturaleza resulta evidente que el propio juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla, se encuentra en etapa de ejecución. Para evidenciar lo anterior, conviene fijar el contenido de los artículos 939 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, que prevén: "Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." De los preceptos reproducidos se colige que los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, son los facultados y están obligados a tramitar y resolver todo lo atinente a la ejecución de los laudos. Por su parte, los artículos 849 a 852 del citado ordenamiento, relativos a la procedencia del recurso de revisión, son del tenor siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." "Artículo 850. De la revisión conocerá: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria." "Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne." "Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los Presidentes, Actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en la etapa de ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; también estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de sus Presidentes; y, cuando se trate de actos derivados de los Actuarios adscritos a las Juntas, conocerá el Presidente de estas. Bajo ese contexto, la parte quejosa, reclama el auto en el que se ordenó el requerimiento de pago y adjudicación del inmueble ubicado en calle Polonia, número ciento treinta y ocho del fraccionamiento Bosques del Pilar de la colonia Bosques San Sebastián, Puebla, Puebla y su ejecución, correspondientes al juicio laboral D- 1/314/2015, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Puebla. Por consiguiente, resulta innegable que previamente a la interposición del juicio constitucional, la parte promovente, como parte demandada en de dicho procedimiento obrero, debió promover el recurso de revisión de actos de ejecución que al efecto establece 849 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, entre otros supuestos, en ejecución de los laudos. De tal modo que, al no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, por medio del cual el acto reclamado pudo ser modificado, el presente amparo deviene improcedente. Sumando a ello, precisa destacar que tampoco se advierte que la parte promovente del amparo se ostente como tercero extraño, en atención a sus propias manifestaciones de las cuales se evidencio que consintió su llamamiento al juicio, que reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ni esta autoridad Federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, pues, se insiste se trata de la parte demanda en el juicio laboral que interesa. En consecuencia, al no haber agotado el recurso antes descrito, previo a la interposición de este asunto, respecto de los actos reclamados referidos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Desechamiento En consecuencia, en los términos previstos en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIV y XVIII, la primera fracción en relación con los diversos 17 y 18, de la referida legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ana María Cedeño Castro. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, la actuaria y actuarios judiciales de la adscripción, deberán de asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. INSTRUCCIÓN A LA ACTUARIA Y ACTUARIOS JUDICIALES Se instruye a la actuaria y actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional para que tan luego practiquen las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo y en los subsecuentes, integren al expediente electrónico la razón circunstanciada de envío, recepción y confirmación de tales notificaciones y acompañamiento de los anexos ordenados o, en su caso, realice lo mismo con la propia razón de imposibilidad. Lo anterior, en razón de que conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, el expediente electrónico debe coincidir en su totalidad con el expediente físico. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, de conformidad con los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, y 68, éste último en relación con los diversos 108, 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, por lo que al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa

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