Ana María Ceceña Araiza

Expediente 1279/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1279/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
01/06/2022

Partes del expediente

  • Ana María Ceceña Araiza
  • Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, primero de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la resolución en la que por una parte se sobreseyó el presente juicio de amparo y por otra se negó el amparo solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Asimismo, se advierte que autos obra un CD, el cual fue remitido por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítanse mediante oficio la documental de referencia, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de los autos se advierte que no obra los acuses de recibo relativos a los oficios 6840/2022 y 6841/2022, dirigidos al director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora y Autoridad Substanciadora del Poder Judicial del Estado de Sonora, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales se les remite copia autorizada de la sentencia dictada en el presente asunto. En ese contexto, en obvio de mayores dilaciones reexpídanse los aludidos oficios; para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcazar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, Secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos y ampliación de la misma; así como, los informes justificados rendidos por las responsables y las constancias de notificación de la totalidad de las partes. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se reservó proveer respecto del emplazamiento de la parte tercera interesada; sin embargo, no constituye obstáculo para la celebración de la presente audiencia, la falta de emplazamiento al presente asunto de quienes se les instruye el procedimiento de investigación por su presunta responsabilidad administrativa, pues la resolución que se pronunciará no lesiona sus derechos ni tampoco les irroga perjuicio alguno. Finalmente, el secretario del juzgado, hace constar y certifica que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo con posterioridad. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1279/2021, promovido por Ana María Ceceña Araiza, contra los actos atribuidos a la Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora y otras autoridades; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Hermosillo, Ana María Ceceña Araiza, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizará. 2. Trámite del juicio de amparo. El cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, registró la demanda bajo el expediente 1279/2021; la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Luego, por escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la parte quejosa amplió la demanda en cuanto a dos autoridades responsables; la cual fue admitida el trece de diciembre de diciembre del mismo año; se solicitó el informe justificado correspondiente y se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, de conformidad con los siguientes: Considerandos I. Competência. 4. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 41/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como a la creación de este órgano jurisdiccional. II. Precisión de los actos reclamados. 5. Del estudio integral del expediente, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado el siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Sentido del informe Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora. La omisión de resolver en definitiva la queja interpuesta en contra de las Servidoras Públicas Aleyda Krupskaya Páez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo; dentro del expediente 41/2021; y, presentarla ante la autoridad substanciadora, para que sea ésta quien inicie el procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Niega. Foja 18, 55, 56, 68 y 69. Director General de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora. Acepta. Foja 70 a 72. Autoridad Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Sonora. Omite. Foja 52. Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. La omisión de proponer los acuerdos que juzgue conducente dentro del expediente 41/2021, para que la impartición de justicia sea pronta, completa e imparcial. Niega. Foja 28. 6. Determinados los actos reclamados, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de estos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de este juzgador se actualicen, para que, finalmente, de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. 7. Esta situación es así, porque de no existir el acto combatido, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que el o los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. III. Inexistencia del acto reclamado. 8. No es cierto el acto reclamado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que demostrara lo contrario. 9. Además, cabe señalar que dentro de las atribuciones que se le confieren al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en el artículo 13, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, no se advierte que éste se encuentre facultado para intervenir en los asuntos que le competen a la Visitaduría Judicial y Contraloría, ni mucho menos proponer acuerdos dentro del expediente 41/2021 de su índice, que juzgue conducente; puesto que dicho órgano auxiliar administrativo, cuenta con autonomía en el trámite y dictado de sus resoluciones. 10. En consecuencia, de lo anterior, y tomando en consideración que la autoridad responsable aquí señalada, negó el acto que se le atribuye; lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. IV. Existencia de los actos reclamados. 11. Son ciertos los actos que se les reclaman a las autoridades señaladas como director general de la Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora y Autoridad Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Sonora; toda vez que, la primera de las autoridades señaladas, así lo reconoció al rendir su informe justificado; y, por lo que respecta a la segunda autoridad en cuestión, al omitir rendir su respectivo informe, pese estar debidamente notificada para ello, tal y como se advierte del acuse de recibo que obra en autos; se tiene por actualizada la presunción prevista en el artículo 117 de la Ley de Amparo, de ahí que, se presume cierto el acto que se le reclama. 12. Luego, no obstante que la responsable denominada como Visitaduría Judicial y Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora; y, Autoridad Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Sonora; al rendir su informe justificado, hubiesen negado el acto que se le atribuye, de las manifestaciones vertidas en este se desprende la certeza del mismo. 13. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con las diversas constancias que integran la carpeta de investigación 41/2021 CI, del índice de la Visitaduría y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, que el director general de la Contraloría responsable acompañó al rendir su informe con justificación, las cuales se tienen a la vista para resolver y que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. V. Causales de improcedencia. 14. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62, de la Ley de Amparo. 15. Luego, al no haber sido alegada alguna de ellas por las partes, y al no advertirse oficiosamente por parte de este órgano de control constitucional la actualización de alguna causal de improcedencia, se procederá al estudio de los motivos de disenso. VI. Análisis constitucionalidad del acto reclamado. 16. Los motivos de disenso resultan infundados, sin que este órgano jurisdiccional advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo; además, por tratarse de actos derivados de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidor público, por lo que se estudiarán sus conceptos de violación bajo la perspectiva de estricto derecho. 17. La parte quejosa expresa como único concepto de violación, que las autoridades responsables desatienden los principios constitucionales que rigen todo procedimiento jurisdiccional, en donde se les solicita la intervención de una autoridad, que hasta la fecha ha sido omisa en resolver en definitiva la queja que interpuso en contra de las servidoras públicas Aleida Krupskaya Paez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo, desde el once de junio de dos mil veintiuno a la fecha de presentación de la demanda -veintiuno de octubre de dos mil veintiuno-; además, aduce, que ha transcurrido en exceso el término que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora, establece, causándole con ello dijo, notorios perjuicios al impedirle el acceso a la justicia, porque independientemente de las violaciones formales de la responsable a la legislación; refirió, haber promovido un juicio de divorcio incausado, así como el pago de diversas prestaciones a las que tiene derecho, por lo que, requiere la intervención de la autoridad de lo familiar, de donde laboran las Servidoras Públicas denunciadas; para que previos los trámites de ley, se le otorgue la disolución del vínculo matrimonial que hasta la fecha la une con el señor Jesús Alberto Dávila Duarte, pero con la actuación de la responsable, sostuvo, que verdaderamente duda que vaya a conseguir su objetivo, ya que mientras sigan esas personas -servidoras públicas-, laborando dentro del Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora, continuaran obstaculizando y brindando información de las actuaciones que esta realice. 18. Asimismo, afirmó, la conducta omisiva que le atribuye a las autoridades en cuestión, transgreden en su perjuicio de la parte quejosa las prerrogativas de la legalidad, seguridad jurídica, y acceso a la justicia previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al restringirle del goce de sus derechos, sin existir determinación fundada y motivada que así lo justifique. 19. Como se dijo al principio del presente considerando, los motivos de disenso resultan infundados. 20. A fin de externar las razones que justifican la anterior consideración, es oportuno señalar que el artículo 17 Constitucional, dispone: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." 21. De la redacción del numeral transcrito, se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el que se consagra los siguientes principios: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no solo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. 22. Así, el citado derecho humano está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien sólo materialmente jurisdiccionales. 23. Ahora, como bien lo refiere la impetrante de garantías, el día once de junio de dos mil veintiuno, presentó por escrito una queja ante el Consejo de la Visitaduría y Contraloría del Poder Judicial del Estado de Sonora, en contra de Aleida Krupskaya Paez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo, quienes se desempeñan como secretaria primera de acuerdos y actuaria cuarta ejecutora, respectivamente, ambas adscritas al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora; ofreciendo como pruebas: - Informe que deberá rendir la compañía de telefonía celular Telcel, de las llamadas y mensajes sostenidas ente Aleida Krupskaya Páez Quintero, con número de celular 622 142 1433, y el señor Jesus Alberto Dávila Duarte, con número telefónico USA 623-759-9239; - Documental privada consistente en fotografía tomada a la lista de amigos de la red social Facebook, a nombre del demandado Jesús Alberto Dávila Duarte; - Declaración a cargo de Aleida Krupskaya Páez Quintero; - Declaración a cargo de Michelle Le Blohic Murillo; - Testimonial a cargo de Jesús Alberto Davila Duarte; - Testimonial a cargo de José Izachar López y Karla Valenzuela; - Testimonial a cargo de Lilia Vélez Parra; - Documental consistente en demanda que interpuso Jesús Alberto Dávila Duarte en su contra en la Corte de los Estados Unidos de Norte América; - Documental pública consistente en copia certificada dl expediente 219/2021, que se tramitó ante el Juzgado de lo Familiar de Guaymas, Sonora; - Memoria USB, la cual contiene video filmación de conversaciones sostenidas vía Whats App de teléfono celular entre Aleida Krupskaya Páez Quintero y Jesús Alberto Davila Duarte; 24. También, es cierto que por auto de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la responsable directora general de Contraloría, tuvo por interpuesto el recurso de queja; del mismo modo, ordenó realizar todas y cada una de las diligencias de investigación necesarias con el objeto de allegarse de elementos de convicción idóneos y suficientes a efectos de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, y poder determinar con ello la probable responsabilidad de las servidoras públicas señaladas en la queja interpuesta por la impetrante de garantías. 25. Para ello, durante el desarrollo de la investigación se han llevado a cabo las siguientes diligencias: - Acta circunstanciada de treinta de junio de dos mil veintiuno, en la que se advierte que el licenciado Miguel Humberto Encinas Nava, en su carácter de director general de Contraloría adscrito a la Visitaduría judicial y Contraloría del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, asociado con dos testigos de asistencia, se constituyeron en las instalaciones del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora; con el fin de solicitar copias certificadas del expediente 219/2021, relativo al juicio Ordinario Civil (divorcio incausado) promovido por Ana María Ceceña Araiza en contra de Jesús Alberto Dávila Duarte, en razón de resultar necesarias para las investigaciones que se realizan, las cuales recibió de conformidad, obrantes de cuarenta y seis fojas útiles, debidamente certificadas, mismas que se agregaron a la presente acta; asimismo, procedió a entrevistarse con la licenciada Aleida Krupskaya Paes Quintero y Michelle Le Blohic Murillo; quienes se desempeñan como secretaria de acuerdos y actuaria, ambas adscritas al juzgado visitado; - Mediante oficio 113/2021-OI, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de Contraloría, solicitó al oficial Mayor del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, certificara si Aleida Krupskaya Paez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo, tienen la calidad de servidoras públicas al servicio del Poder Judicial del Estado de Sonora, señalado al respecto la fecha de ingreso, numero de empleado, nivel y puesto en el que actualmente se desempeñan, debiendo remitir copia debidamente certificada del expediente personal de las personas indicadas y en general, de todos los datos que disponga y sean considerados pertinentes; - Mediante oficio número OM/DRHM71418/2021 de dos de junio de dos mil veintiuno, el oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en cumplimiento al oficio 113/2021-OI, remitió al director general de Contraloría, constancias de la fecha de ingreso y del cargo que actualmente ocupan en el Poder Judicial del Estado de Sonora, las licenciadas Aleida Krupskaya Páez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo; - Mediante oficios 115/2021-OI y 114/2021-OI, ambos de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el director general de Contraloría, solicitó a las licenciadas Aleida Krupskaya Páez Quintero y Michelle Le Blohic Murillo, informe en el que fijen su postura respecto a la denuncia presentada en su contra, mismo que deberán remitir dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción, y en su caso, lo acompañe de un tanto certificado de la documental que sustente su informe; - Diligencia de transcripción de contenido de memoria USB, de seis de julio de dos mil veintiuno, llevada a cabo por el licenciado Miguel Humberto Encinas Nava, asociado con dos testigos de asistencia; en la que se transcribió su contenido videos-mensajes, con un tiempo de duración de cinco minutos con veinticuatro segundos, en el cual se observa un video de un chat de conversación entre dos personas de nombre ALEYDA y JESUS ALBERTO; - Por escrito de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, suscrito por Michelle Le Blohic Murillo, rinde el informe respecto a la queja interpuesta en su contra; ofreciendo como pruebas de su parte, las siguientes: a) Declaración a cargo de Ana María Ceceña Araiza; b) Documental Pública consistente en la constancia actuarial realizada el doce de abril de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio de divorcio 219/2021, tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora; c) Prueba documental, consistente en copia certificada del expediente 219/2021, relativo al juicio de Divorcio Incausado promovido por Ana María Ceceña Araiza en contra de Jesús Alberto Dávila Duarte, ante el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar del distrito judicial de Guaymas, Sonora. - Por escrito de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, suscrito por Aleida Krupskaya Páez Quintero, rinde el informe respecto a la queja interpuesta en su contra; ofreciendo como pruebas de su parte, las siguientes: a) Documental Pública, consistente en copia certificada del expediente 219/2021, relativo al juicio de Divorcio Incausado promovido por Ana María Ceceña Araiza en contra de Jesús Alberto Dávila Duarte. - Constancias levantadas el cinco y ocho de noviembre de dos mil veintiuno, por la secretaria técnica de la Unidad Investigadora de Faltas Administrativas, en la que hace constar que tiene ante la vista las publicaciones en Facebook de la página de Francisco Javier Millán Vázquez, nombrando en su publicación "El Ojo de Millán" de fechas cinco, ocho y diez de noviembre de dos mil veintiuno, con los encabezados "Felonía a impartición de justicia en el Juzgado de lo Familiar", "Juzgado de lo Familiar de Guaymas; Inmoralidad" y "Al filo de la navaja"; las cuales agrega a los autos; - Constancia de llamada telefónica, levantada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, por el licenciado Miguel Humberto Encinas Nava, en su carácter de autoridad investigadora, asociado de dos testigos de asistencia, en la que hace constar que recibió una llamada telefónica de la denunciante Ana María Ceceña Araiza, quien bajo protesta de decir verdad, refirió que el motivo de su llamada es para manifestar que la persona de nombre Liliana Vélez Parra, es testigo de que Jesús Alberto Dávila Duarte, estuvo en contacto con la servidora pública Aleida Krupskaya Páez Quintero, ya que Jesús Alberto le comentó que era ella quien le pasaba información del expediente de divorcio promovido en Guaymas, por lo que le gustaría que la unidad investigadora, recogiera cualquier información que ella pudiera proporcionar para llegar a la verdad de los hechos expuestos en su denuncia, entre otras cosas; - El trece de noviembre de dos mil veintiuno, Ana María Ceceña Araiza, envió por correo electrónico a la Visitaduría del Poder Judicial del Estado de Sonora, dos archivos en PDF consistentes en facturas telefónicas de la compañía telefónica T-Mobile, a nombre de Jesús Alberto Davila Duarte, con número telefónico 623 759 9239, de los periodos comprendidos de febrero once a marzo diez de dos mil veintiuno, así como de marzo once a abril diez de dos mil veintiuno, mediante las cuales se desprende las diversas llamas efectuadas con la licenciada Aleyda K. Paez Quintero, con número telefónico 622 155 7777; - Constancia de llamada telefónica, de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que el licenciado Miguel Humberto Encinas Nava, director general de Contraloría, hace constar que solicitó al personal del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, copia certificada del control de asistencia del personal del mes de octubre; - Por auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, el director general de Contraloría ordenó solicitar al licenciado René Sánchez Cadena, en su carácter de Visitador General y Contralor del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, en su carácter de autoridad resolutora, tenga a bien aperturar incidente de procedencia de la medida cautelar, tendente a obtener la suspensión temporal de la servidora pública Aleida Krupskaya Páez Quintero, en las funciones de Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Distrito Judicial de Guaymas, Sonora, que a la fecha ha venido desempeñando, en términos de lo dispuesto por el artículo 163, fracción II, de la Ley Estatal de Responsabilidades; - Finalmente, por auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó girar atento oficio a la Fiscalía general de Justicia del Estado de Sonora, a fin de que en vías de colaboración, proporcione los elementos humanos, técnicos y materiales necesarios para la realización de un estudio forense sobre las características del medio de almacenamiento digital, su contenido, fecha de realización, equipos utilizados, aplicaciones y autenticidad del video y en general, todos los datos que de la memoria USB, puedan obtenerse y que resulten pertinentes para poder continuar con la presente investigación y lograr el perfeccionamiento de la misma; en caso de conceder la solicitud, se le solicita instruya a quien corresponda, para que comparezca en días y horas hábiles que lo permitan las labores de esa autoridad, para la aceptación y cargo de perito, en un horario de ocho a quince horas, en días hábiles, en las oficinas que ocupa esa autoridad investigadora; por lo que se giró el oficio 13/2021-OI. 26. Sin embargo, de las constancias anteriores claramente se advierte que existen pruebas pendientes por desahogar, por lo menos, aquellos medios de convicción ofertados por la impetrante de garantías Ana María Ceceña Araiza; conforme a lo dispuesto en los artículos 130, 131 y 134, de la Ley Estatal de Responsabilidades. 27. Resulta evidente que aún no concluye la etapa de investigación, por lo que las autoridades investigadoras se encuentran imposibilitadas para hacer un análisis de los hechos, así como de la información recabada, para de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave; conforme a lo dispuesto en el artículo 140, de la citada Ley de responsabilidades; de ahí que, la omisión de las autoridades responsables en emitir la resolución definitiva dentro del expediente de investigación 41/2021 CI, que reclama la parte quejosa, no vulnera los términos y plazos establecidos en la Ley Estatal de Responsabilidades y en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sonora; y, como consecuencia, el derecho humano de expeditez, protegido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 28. En ese orden de ideas, el director general de Contraloría del Poder Judicial del Estado, no se encuentra en aptitud, de determinar respecto a la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa; ni mucho menos calificarla como grave o no grave; hasta en tanto concluya con todas y cada una de las diligencias de investigación; y, una vez hecho lo anterior, podrá entonces presentarla ante la Autoridad Substanciadora, para que sea esta, quien inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa y resuelva lo que a derecho proceda. 29. Por lo anterior, es incuestionable que existe un impedimento legal para que las autoridades responsable dicten el fallo definitivo, ya que no es, sino hasta después de que el expediente de investigación, se encuentre en estado de resolución, por lo que, se determina que su actuar, hasta el momento procesal en que se resuelve el presente juicio de amparo, de modo alguno vulnera el derecho humano invocado por la parte quejosa. 30. En consecuencia, al resultar infundado el argumento que hizo valer la impetrante de amparo en su concepto de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado a través del presente juicio de derechos fundamentales. 31. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve: 32. Primero. Se sobresee en el presente juicio de derechos fundamentales promovido por Ana María Ceceña Araiza, por el acto que le atribuye al Presidente del Supremo Tribunal del Poder Judicial del Estado de Sonora, por los motivos expuestos en el considerando III, de esta sentencia. 33. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege al Ana María Ceceña Araiza, contra los actos que le atribuye a las autoridades director general de la Contraloría, Autoridad Sustanciadora del Poder Judicial del Estado de Sonora y Visitaduría Judicial y Contraloría, todas del Poder Judicial del Estado de Sonora; por los motivos expuestos en el considerando VI de esta resolución. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcazar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional (ocho días). Del estado de autos y la certificación que antecede se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, respecto del informe justificado rendido por una de las responsables; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con nueve minutos del veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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