Ana María Caridad Rangel Arres
Expediente 282/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana María Caridad Rangel Arres
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que no se interpuso recurso de revisión en contra del acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho proveído ha quedado firme, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; asimismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo octavo, numeral 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio TCA/PRES/AMP/1395/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, rindió su informe justificado, toda vez que en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de abril de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios TCA/PRES/AMP/1254/2023, enviado vía correo electrónico, así como físicamente, por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copia de las constancias en que se basó para emitir el acto reclamado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como pruebas de la citada autoridad responsable la documental que acompaña, misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia respectiva. En la inteligencia de que el aludido oficio remitido vía correo electrónico, previamente ha sido certificado por el Secretario de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la Octava Época, del tomo XI, del mes de abril de 1993, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Ahora, los artículos 61, fracción XXI y artículo 62, ambos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica de la persona peticionaria del amparo, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causa de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Bajo esa tesitura, visto el estado de autos, en específico la demanda de amparo promovida por Ana María Caridad Rangel Arres, a través de su representante, se obtiene que reclama la omisión atribuida a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 219/2020, precisada de la siguiente manera: ".IV.- ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS: Violentar el derecho fundamental de la quejosa a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de justicia pronta y expedita, ya que la autoridad responsable ha omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en audiencia de fecha 23 veintitrés de febrero del año 2022 dos mil veintidós, en términos de lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, así como dentro del plazo que establecen los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, preceptos legales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda ordinaria laboral.". Ahora, en las constancias que remite la autoridad responsable, se aprecia que en actuación de veintiuno del mes y año en curso, se emitió el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas; así como se señalaron las doce horas con treinta minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, para el desahogo de la prueba confesional. En tal virtud, al haberse emitió el auto de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en que señaló hora y fecha para aquellas consideradas procedentes, lo que constituyó la omisión reclamada en el presente asunto; por tanto, se estima que cesaron los efectos de tal omisión, ya que la autoridad responsable destruyó sus efectos, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, con registro digital 193758, de rubro y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas circunstancias, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del uno de junio de dos mil veintitrés. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Novena Época, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el pedimento número 175/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional; mediante el cual formula alegatos en los términos que indica; toda vez que como se advierte en los párrafos que anteceden, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Con apoyo en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de este último ordenamiento legal, expídansele las copias que requiere en su pedimento de cuenta. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe con justificación, que le fue solicitado en proveído de ocho de marzo del año en curso, a través del oficio 4595/2023, a pesar de estar debidamente notificada para tal efecto, como se advierte del acuse que obra glosado en autos; consecuentemente, se presume cierto el acto que se le reclama, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, y por resultar necesario para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a las citadas autoridades, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente auto y de no existir inconveniente legal o material que tuviera para ello, remita copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado; a fin de resolver el presente juicio; esto, con fundamento en el artículo 75 tercer párrafo de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la mencionada ley; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo en el lapso concedido, al momento de emitirse la resolución respectiva, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Para dar margen a lo anterior, la audiencia Constitucional señalada por el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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