Ana María Cárdenas Pérez

Expediente 774/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
774/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Ana María Cárdenas Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y en atención a su contenido, como lo solicita remítasele copia certificada de la papeleta, demanda de amparo, auto admisorio y de la sentencia emitida el once de octubre de dos mil veintiuno, en los autos del juicio en que se actúa. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; hágase vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del que se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó en el juicio. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el once de octubre del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 774/2021-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado a este órgano jurisdiccional el once del mismo mes y año, ***********, por propio derecho, demandó el amparo y protección contra el acto del Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México. II. Por auto del doce de agosto de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 774/2021-V, se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues el acto reclamado es de carácter omisivo, aunado a que se presentó en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que atento al estudio integral de la demanda de amparo, se tiene que el quejoso reclama: La omisión de dar contestación a la solicitud de su escrito de petición, presentado el veintiocho de abril del dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes Común Zona Centro de las oficinas del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México. TERCERO. El Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Tultitlán, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado; sin embargo dicha negativa queda desvirtuada dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se ha atendido la solicitud de la quejosa, por lo que se tiene presuntivamente por cierto el acto reclamado. CUARTO. Las causas de improcedencia en el juicio de amparo constituyen una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo de la litis constitucional, sea que lo aleguen las partes o lo advierta de oficio el juzgador de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, cuya disposición deviene armónica con la tesis jurisprudencial identificada bajo el número de registro 222780, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI y XXII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo. Lo cual resulta fundado como se verá a continuación: Ahora bien, del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, se advierte de la solicitud de su escrito de petición, presentado el veintiocho de abril del dos mil veintiuno, en las oficinas del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, fue contestado mediante oficio DDUYMA/344/2021, del seis de mayo de dos mil veintiuno, se dio contestación a la petición de la quejosa, contestándole que no era procedente la solicitud copias del expediente DDU/CJ/QJ/IP-102016, toda vez que dicho documento fue remitido el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete a la Sexta Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Además de que le fue notificado mediante cédula de notificación al apoderado de la quejosa Erick Alejo Bonilla, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en Teotihuacán número cinco, Barrio La Concepción, Tultitlan, Estado de México, por tal motivo, es inconcuso que se materializa la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el dispositivo legal citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.).". Del precepto antes transcrito, se desprende la posibilidad de que, cuando el acto combatido haya desaparecido, el objeto del amparo carezca de finalidad, ya sea cuando se revoque el acto reclamado o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio origen al juicio de amparo, y que atento a tal situación, se reponga al quejoso en el goce de su derecho violado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 731 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos". Así como la diversa tesis aislada, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2443 del Tomo XCIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del epígrafe siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada". Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión en que incurrió, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, es decir, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Por lo que, al tenor de las constancias en comento, resulta inconcuso que, en la especie cesaron los efectos de los actos reclamados, en virtud de que todos los efectos y consecuencias de éstos quedaron totalmente destruidos, puesto que mediante oficio DDUYMA/344/2021, del seis de mayo de dos mil veintiuno, se dio contestación a la petición de la quejosa, máxime que le fue notificado mediante cédula de notificación al apoderado de la quejosa Erick Alejo Bonilla, el trece de mayo de dos mil veintiuno, en el domicilio ubicado en Teotihuacán número cinco, Barrio La Concepción, Tultitlan, Estado de México, por lo que desaparece así perjuicio alguno en la esfera jurídica de la quejosa, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, es decir, como si dichos actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la misma, por dejar de existir la afectación de que se dolía. En esas condiciones, en evidente que se actualiza plenamente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 74, fracción IV, y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, y, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien da fe, hasta hoy once de octubre de dos mil veintiuno en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.

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