Ana María Campos Cadena

Expediente 1089/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1089/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Ana María Campos Cadena
  • Secretaría de Educación de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por el apoderado legal de la Secretaría de Educación de Veracruz, personalidad que acredita con la copia certificada del instrumento público Número Trece mil doscientos cuarenta y ocho, del protocolo de la Notaría Publica número Treinta, con residencia en Las Trancas, Veracruz, mediante el cual informa que su representada cuenta con un periodo vacacional comprendido del quince al veintiséis de abril de dos mil diecinueve; al respecto, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en relación a su petición de que se suspenda todo tipo de comunicación con su representada, dígasele al promovente que resulta innecesario ya que por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente expediente. Finalmente, por cuanto hace su solicitud de que se suspenda todo tipo de comunicación en todos los juicios de amparo en los que forma parte su representada, dígasele que debe encauzar su petición a los juicios de amparo que refiere en el ocurso que se acuerda, en virtud de que la tramitación de los expedientes se realiza por cuerda separada.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de noviembre de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse únicamente sobreseído fuera de audiencia el presente juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del expediente laboral 930/2014-II, compuesto de un tomo; al respecto, ya que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente devuélvase a la autoridad de mérito, sin que sea necesario que acuse de recibo, en virtud de que obrará en autos la constancia de notificación del oficio que al efecto se gire, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de su parte las documentales anexas a dicho informe. Ahora bien, dado el volumen de las constancias de referencia, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación; sin embargo, para efectos de integrar el expediente judicial y su modalidad electrónica, obténgase copia certificada de la resolución que constituye el acto reclamado y agréguese al juicio de amparo en que se actúa, en el entendido de que únicamente se digitalizarán las constancias de las que se realizó la certificación en comento, en virtud de que resultan necesarias para sustentar el presente proveído. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la impetrante de amparo consiste en el acuerdo de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del expediente 930/2014-II, en el que se establecieron las diez horas del catorce de febrero de dos mil diecinueve, para llevar cabo el segundo requerimiento de pago a la Secretaría de Educación de Veracruz, respecto del aguinaldo correspondiente al período de dos mil catorce, ordenado mediante laudo de seis de marzo del año en curso, reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, la autoridad responsable al rendir su informe de ley, manifestó haber regularizado el procedimiento dentro de dicho expediente, dado que la fecha asignada para llevar a cabo de la diligencia de requerimiento de pago (diez horas del catorce de febrero de dos mil diecinueve), rebasaba los dos meses, dejando sin efectos la misma, y en su lugar, mediante auto de seis de noviembre de la presente anualidad fijó como nueva fecha las diez horas del siete de diciembre de la presente anualidad, la cual le fue notificada a la aquí quejosa, el veinte de noviembre del año en curso; circunstancia que acredita con la copia certificada del expediente 930/2014-II, de su índice. A las anteriores documentales, se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2°, de la propia ley. En este contexto, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El numeral transcrito dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado y, a este respecto, es menester precisar que existen dos hipótesis de cesación de efectos; a saber: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiese concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo caso se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se transcribe a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Ahora bien, en el caso, en el expediente 930/2014-II, inicialmente mediante auto de cinco de octubre de la presente anualidad se fijaron las diez horas del catorce de febrero de dos mil diecinueve, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la Secretaría de Educación de Veracruz, respecto del aguinaldo correspondiente al período de dos mil catorce, ordenado mediante laudo de seis de marzo del año en curso. Posteriormente, la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante auto de seis de noviembre de dos mil dieciocho, regularizó el procedimiento, al haber considerado que la fecha fijada inicialmente -diez horas del catorce de febrero de dos mil diecinueve- rebasaba los dos meses, dejando sin efectos la misma, por lo que en su lugar fijó una nueva, siendo esta las diez horas del siete de diciembre de dos mil dieciocho, la cual le fue notificada a la parte quejosa, el veinte de noviembre del año en curso. En esa tesitura, resulta patente que el acto reclamado, en esencia la fecha fijada mediante auto de cinco de octubre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago a la Secretaría de Educación de Veracruz, fue revocado por la autoridad responsable y en su lugar emitió el proveído de seis de noviembre de la presente anualidad, en el que se fijó nueva fecha para llevar a cabo la diligencia en comento. En consecuencia, este Juzgado de Distrito considera que cesaron los efectos del acto reclamado materia de estudio en el presente apartado, por haber sido revocado; y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el acto y autoridad precisados en este apartado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Directora Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en esta ciudad, a quien le asiste el carácter de tercero interesado en el presente asunto, mediante el cual acusa de recibo del oficio 27364/2018-ix, de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho; al respecto, téngase debidamente emplazada a juicio a la autoridad oficiante. Ahora bien, como lo solicita la autoridad responsable, ténganse como delegados y domicilio a los mencionados en su informe, para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en atención a su solicitud de que se le notifique y se le autorice la consulta del expediente electrónico, para lo cual proporciona como usuario para acceder al expediente electrónico el identificado como JMHY23; al respecto, se comisiona al Analista Jurídico SISE para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, del usuario antes referido a fin de que la autoridad responsable esté en aptitud de acceder al expediente electrónico por esa vía; lo anterior por permitirlo así el artículo 3, de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a las diversas manifestaciones que realiza; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas dichas manifestaciones a título de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en la audiencia constitucional.

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