Ana María Batres Gómez
Expediente 464/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Batres Gómez
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, cinco de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio con anexo signado por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Xalapa; en atención a su contenido, téngase informando las gestiones tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, se reserva dar vista a las partes hasta en tanto la citada autoridad responsable, remita las constancias relativas al total cumplimiento a la ejecutoria de mérito. De conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista a las partes el contenido del presente proveído.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio 393/2020-III signado por el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, téngasele remitiendo el ocurso suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica Delegacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Xalapa y tres anexos, con el cual considera haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, se aprecia que la autoridad responsable manifiesta que para efectuar el pago de las diferencias generadas, es necesaria la liberación del recurso a nivel central, por lo que se encuentra en espera de la asignación presupuestaria correspondiente para poder efectuar su pago. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento de la ejecutoria de amparo no puede estar en espera a que se actualicen cuestiones burocráticas, pues ante ello debe prevalecer la calidad de eficacia e inmediata ejecución que adquiere la sentencia dictada en un juicio de amparo, una vez que ha quedado firme, por lo que en el caso, la autoridad responsable debe realizar las gestiones necesarias a fin de que se libere de inmediato el presupuesto necesario para efectuar el pago a la parte quejosa de las diferencias generadas por concepto de la pensión a la que tiene derecho, y así estar en condiciones de acatar el fallo protector. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en atención a las tesis P./J.54/2014 (10a.) y 2ª/./VIII/2014, se requiere a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite que se ha efectuado el pago a la quejosa Ana María Batres Gómez de las diferencias generadas por concepto de la pensión a la que tiene derecho, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Sirven de apoyo a lo anterior, las citadas jurisprudencias, cuyos rubros y textos son los siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." "SENTENCIAS DE AMPARO. ANTE UN CUMPLIMIENTO EXCESIVO O DEFECTUOSO, EL ÓRGANO JUDICIAL DE AMPARO DEBE REQUERIR SE SUBSANEN ESAS DEFICIENCIAS. Del párrafo tercero del artículo 196 de la Ley de Amparo, que establece: "La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos.", se sigue que antes de solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la apertura del procedimiento sancionador previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de ordenar a la responsable, en su caso, que corrija tales vicios, y solamente ante su omisión total o parcial de repararlos, debe formular la petición de actuar contra la autoridad contumaz, ante la imposibilidad de asegurar la observancia cabal de lo resuelto en el juicio de amparo, sobre todo, porque antes que sancionar, la obligación del juzgador es procurar el exacto cumplimiento de sus ejecutorias. Consecuentemente, si el órgano de amparo procede precipitadamente y antes de exigir que se subsane el posible exceso o defecto del cumplimiento, remite los autos a este Alto Tribunal para la destitución y consignación de la responsable, lo procedente es reponer el procedimiento del incidente de inejecución para que le requiera nuevamente el debido acatamiento del fallo protector, como lo prevé la norma primeramente citada." En el entendido de que subsiste el apercibimiento establecido en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, para el caso de no cumplir con lo anterior; esto es, se les impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Con fundamento en el artículo 26, fracciones II, inciso a) y III de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes.
- Principal
Se tiene al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en esta Ciudad; informando que admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, el cual fue radicado con el número 440/2019.
- Principal
C. Cúmplase.
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