Ana María Arizmendi Hernández
Expediente 236/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana María Arizmendi Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en el término legalmente establecido; por tal motivo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia con la cual se sobreseyó en este juicio de amparo CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, y demás relativos a la Ley de Amparo, se resuelve lo siguiente: R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por *****. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
La Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, rinde su informe justificado con su contenido y con el de la documental que anexó dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo.
- Principal
Del oficio de cuenta, así como de las constancias anexas, se advierte que en resolución de quince de febrero del año en curso, dictada en el juicio de amparo 210/2017 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, se ordenó la separación de juicios en relación con diverso acto reclamado (fojas 2 y 3). Acorde con lo anterior, este asunto se seguirá por el acto que la quejosa Ana María Arizmendi Hernández reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 551/2012 de su índice; en consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 107, 108, 110, 115, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos y regístrese con el número 236/2017. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión debido a que no fue solicitado por la parte quejosa. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE para la celebración de la audiencia, la cual se fija con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que en el término de quince días rinda su informe justificado, para lo cual se le envía copia simple del escrito de demanda de amparo. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 que antecede, remitiendo a este órgano jurisdiccional: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completa y legible. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de la autoridad requerida. TERCERO INTERESADO Respecto del emplazamiento de quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, resérvese proveer lo conducente en el momento procesal oportuno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que nombra. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación de este juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDAD RESPONSABLE Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación de este asunto a la autoridad responsable, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes.
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