Ana María Alvarado

Expediente 717/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
717/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
20/10/2017

Partes del expediente

  • Ana María Alvarado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA que: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del tres al dieciocho de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el veintiocho de septiembre pasado, dentro del juicio de amparo número 717/2017-7; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No existen constancias que devolver a la autoridad responsable. No se tramitó incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Conste. En la misma fecha se da cuenta al juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado el veintiocho de septiembre pasado, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza. Doy fe. Cecy*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 717/2017, presentes en audiencia pública la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la Secretaria de Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo, con quien actúa y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto seguido, la Secretaria da lectura a las constancias que integran el presente juicio, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, la Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta (fojas 14), en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, se da cuenta con la constancia de emplazamiento de la tercero interesada Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, que obra a foja 13 de autos. Acto seguido, en el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 119, del ordenamiento legal invocado, se tienen por ofrecidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales acompañadas por la autoridad responsable tanto a su informe justificado como a su oficio con registro 12051 (fojas 16 a 30 y 32 a 56), las primeras consistentes en copias certificadas del expediente 58/2015 y las restantes al laudo emitido el treinta de agosto de dos mil diecisiete, siendo los únicos medios de convicción aportados por las partes. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción presentó pedimento, por lo que, se cierra el período relativo. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se pasa a dictar la siguiente sentencia. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 717/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Ana María Alvarado Rodríguez Sarmiento, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado y autoridad responsable que en seguida se precisan. Autoridad responsable: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Zacatecas. Acto reclamado: La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral 58/2015. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que su Titular mediante proveído de once de agosto del presente año, ordenó su admisión bajo el registro de expediente 717/2017; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento por oficio a la tercero interesada; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y, se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos omisivos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en la demarcación territorial asignada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad de Zacatecas: La omisión de pronunciar el laudo dentro del juicio laboral 58/2015. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta (foja 14). CUARTO. Causales de improcedencia. Respecto del acto consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral número 58/2015, que constituye el acto reclamado, este juzgado advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El juicio de amparo tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado; así, cuando el acto reclamado es de carácter positivo, su finalidad será restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, cuando es de naturaleza negativa, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que éste exige. Esta causal se actualiza cuando la responsable deroga o revoca el acto combatido y con ello las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación reclamada; o bien, se constituya una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado. Así, la cesación de efectos significa que la autoridad dejó de trastocar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de los efectos del acto reclamado, puesto que la razón que justifica la improcedencia del juicio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de éste, en razón de que la nueva situación jurídica creada por la responsable tiene el mismo efecto que si se hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal, puesto que el acto reclamado no dejó huella alguna en la esfera jurídica del peticionario. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, la quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 58/2015, por lo que su pretensión en este juicio constitucional es obtener un fallo protector mediante el cual se vincule a ese órgano jurisdiccional a respetar el contenido del normativo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho fundamental de todo gobernado a que se le administre justicia dentro de los plazos y los términos previstos legalmente y, en consecuencia, a que pronuncie la resolución que corresponda en el juicio laboral de origen. Ahora, el Tribunal responsable exhibió en este juicio constitucional copia certificada del laudo de treinta de agosto de dos mil diecisiete dictado en el juicio laboral 58/2015 de su control, que se tiene a la vista para resolver; documental que cuenta con pleno valor probatorio, en términos de los cardinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su normativo 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página ciento cincuenta y tres, previamente citada cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.". Lo anterior evidencia que la autoridad judicial responsable ha dictado la resolución correspondiente en el juicio laboral 58/2015 de su índice, por lo que ante esa situación es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la emisión de ese fallo han cesado los efectos del acto omisivo reclamado. Efectivamente, el hecho de que la responsable haya remitido copia certificada del laudo pronunciado en el controvertido laboral de origen evidencia que los efectos del acto omisivo que le fue reprochado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la alegada violación al artículo 17 Constitucional. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la autoridad laboral que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haber dictado el laudo respectivo en el que se pronunció sobre las pretensiones de las partes; por tanto, la violación al derecho fundamental previsto por el arábigo 17 de la Carta Magna, que correlativamente impone a los órganos y a las autoridades encargadas de administrar justicia la obligación de resolver las controversias planteados ante ellas dentro de los plazos y los términos previstos legalmente, que en determinado momento pudo haberse cometido en perjuicio de la quejosa fue reparada por el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con en esta ciudad, con la emisión de ese fallo. Desde esa perspectiva, si en este juicio de amparo está demostrado que el órgano jurisdiccional responsable pronunció el laudo correspondiente es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva atribuida a la citada autoridad han cesado, ya que con tal resolución se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, se repuso a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, si la resolución dictada en el juicio natural indicado provocó que el acto omisivo combatido en este juicio de amparo ya no produjera consecuencias jurídicas en sentido negativo, ni causa afectación alguna a la esfera de derechos del inconforme ante la cesación de sus efectos es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional respecto del acto impugnado consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 58/2015 atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, en términos de lo dispuesto por el cardinal 63, fracción V, de la propia legislación. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, ya que resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto combatido. Las consideraciones anteriores tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, Materia Común, página doscientos diez, que indica: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." También se invoca en respaldo de la decisión adoptada la tesis P. CL/97, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, Materia Común, página setenta y uno, que reza: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 509, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página trescientos treinta y cinco, de contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 717/2017, promovido por Ana María Alvarado, contra la omisión de dictar laudo que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ASÍ COMO A LA TERCERO INTERESADA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza. DOY FE.

  3. Principal

    El licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas certifica: Que se encuentran fijadas las diez horas con veinte minutos del día de hoy para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Doy fe. El secretario. En la misma fecha, el secretario da cuenta a la juez con la certificación que antecede, con el estado que guardan los presentes autos, con el pedimento y oficio registrados con los folios 11994 y 12051. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinticuatro de agosto pasado, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. A fin de dar oportunidad a que el quejoso y el tercero interesado se impongan del contenido del informe justificado de que se habla en el párrafo que antecede y dar oportunidad a que transcurra el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, para su verificativo. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el pedimento de cuenta signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con fundamento en lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando los alegatos que a su parte corresponden, sin perjuicio de hacer relación de ellos nuevamente en la audiencia constitucional respectiva. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito. Finalmente, agréguese el oficio de cuenta signando por la Magistrada Presidenta de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, mediante el cual remite copia certificada del laudo de treinta de agosto pasado, dictado en el expediente laboral 58/2015, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que su interés convenga Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    El veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la juez con el oficio y anexo registrado con el folio 11441. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obren como corresponda; y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Magistrada Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de dicha autoridad, copia certificada del juicio ordinario laboral 58/2015; las que dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la referida audiencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firmó la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza. Doy fe. Cecy*

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