Ana María Alba Barrera

Expediente 1352/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1352/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • Ana María Alba Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. Toda vez que existen documentos exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el capítulo octavo, artículo 21, antepenúltimo párrafo del citado acuerdo, dígase que dentro de un plazo de noventa días deberá acudir a este juzgado a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. En el entendido que, de conformidad con los artículos 3 y 6, fracción I, del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra a su disposición el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, para que agende la pertinente a efecto de que pueda acudir a este órgano a recoger los documentos que se dejan a su disposición en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    VI... Agréguese el oficio signado por la representante legal de la Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de la apoderada de la quejosa, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, provéase lo conducente respecto a la demanda y escritos de desahogo. Ahora bien, vista nuevamente la demanda que promueve Ana María ..., por conducto de su apoderada Beatriz Teresa ..., contra actos del Juez Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, así como el escrito de desahogo; antes de pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Así, de la lectura integral de la demanda se advierte que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De los artículos mencionados se desprende que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos emitidos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los que -de acuerdo con el propio texto legal- son aquéllos que afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, reconocidos en la Constitución General y en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano. De este modo, la Ley de Amparo prevé condiciones específicas para que el juicio constitucional en la vía indirecta sea procedente contra un acto intraprocesal, toda vez que es necesario que el acto emitido dentro de juicio afecte materialmente los derechos sustantivos del quejoso, quedando excluidos los perjuicios a derechos adjetivos o procesales. Lo anterior, en el entendido de que los derechos sustantivos se diferencian de los derechos adjetivos o procesales, toda vez que la afectación de estos últimos podría no trascender a la resolución que se dicte en el fondo y, en caso contrario, será necesario que se impugnen junto con dicha resolución a través del medio de defensa establecido para tal efecto.... En ese entendido, la condición para afirmar que se está en presencia de un acto de imposible reparación es que la afectación se produzca materialmente, lo que -en consideración del Alto Tribunal- significa que el acto reclamado debe impedir el ejercicio de algún derecho en forma presente y actual, lo que puede suscitarse incluso antes del dictado del fallo definitivo. Asimismo, como segunda condición, los actos irreparables deben producir una lesión a derechos netamente sustantivos, lo que se trata de una expresión que resulta antagónica con el concepto de derechos adjetivos o formales, los cuales se refieren a normas procesales y cuya inobservancia no produce necesariamente una lesión de modo actual y presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento respectivo.... En ese orden de ideas, el requisito para reclamar actos intraprocesales en amparo indirecto es que se afecten bienes jurídicos cuya fuente no provenga de leyes adjetivas, toda vez que el legislador fue categórico al disponer que los actos irreparables únicamente son los que lesionan derechos sustantivos (derechos fundamentales) reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con lo que dejó fuera la posibilidad de que en esta vía se reclamen actos que afecten derechos adjetivos o procesales. Una vez asentado lo anterior, se precisa que la parte quejosa reclama la resolución recaída al recurso de revocación de seis de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de nulidad de emplazamiento, deducido del juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura 123/2021 del índice del Juzgado Octavo Civil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, que confirmó el proveído de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, en el que el juez de oficio ordenó recabar diversas pruebas, no obstante que -previamente-por diverso auto de diecinueve de octubre del citado año, declaró el periodo común de las partes para la presentación de alegatos; lo que a consideración de este juzgador es un acto que no reviste la naturaleza de imposible reparación. Así es, aun cuando la promovente aduce violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, la decisión del juez responsable no produce como efecto vedar el ejercicio de los derechos consignados en favor de la parte quejosa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; por el contrario, repercute únicamente, en su caso, en derechos procesales, al dictarse la resolución que confirmó el acuerdo en el que el juez, con la finalidad de contar con mayores elementos, ordenó de oficio que se recabaran elementos probatorios, en el incidente de nulidad de emplazamiento -no obstante de haber concedido término común a las partes para formular alegatos-, lo cual, en modo alguno implica una violación a derechos sustantivos de la titular de la acción constitucional, sino que se trata de una violación procesal que puede quedar sin efectos si se dicta una resolución favorable a sus intereses en la incidencia de nulidad que planteó, que se traduce en que se declare la nulidad del emplazamiento y como consecuencia, le tenga como parte demandada en el juicio de origen. Robustece lo anterior, el hecho de que el estado procesal que guarda el expediente principal, se encuentra pendiente el emplazamiento de todas las partes -como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad la quejosa-. De este modo, como se adelantó, la decisión del juez trastoca únicamente aspectos procesales o adjetivos referentes a la resolución que confirmó el auto en el que el juez ordenó recabar pruebas , con la finalidad de conocer la verdad y resolver lo que en derecho corresponda en el incidente de nulidad de emplazamiento promovido por la ahora quejosa, no obstante de haber declarado el periodo común para recibir alegatos, lo que en modo alguno repercute en el ejercicio de algún derecho sustantivo reconocido en la norma fundamental o en los tratados internacionales; sino por el contrario, puede ser que obtenga una resolución apegada a derecho, que resulte favorable a sus intereses, que consisten esencialmente en que se declare fundado el incidente de nulidad de emplazamiento y se le tenga con el carácter de demandada en el juicio ordinario civil 123/2021. De ahí, que se considere que la resolución reclamada no compromete en modo alguno el sentido de la decisión del incidente de nulidad de emplazamiento. Lo anterior, toda vez que es una determinación cuyo perjuicio está supeditado a que llegue o no a trascender al sentido del fallo, lo que elimina la posibilidad de que el acto reclamado se considere como irreparable. En todo caso, sólo produce una afectación a derechos adjetivos que puede remediarse con el hecho de obtener la inconforme una sentencia interlocutoria favorable a sus intereses en el incidente de nulidad de emplazamiento deducido del juicio civil de otorgamiento y firma de escritura 123/2021 -el cual se encuentra en etapa de emplazamiento-, con lo que se repararía la violación procesal que pudiera haberle ocasionado la resolución en la que se confirmó el proveído en el que el juez del conocimiento ordenó recabar de oficio diversas pruebas a fin de resolver el incidente de nulidad de emplazamiento - no obstante que previamente se otorgó el término común a las partes para formular alegatos-, y, en caso contrario, tiene expedito su derecho para recurrir la sentencia interlocutoria que -en su caso- se emita. Por tanto, se insiste, la resolución reclamada no causa una afectación de imposible reparación en la esfera jurídica sustantiva a la actora incidental -aquí quejosa-, ya que al dictarse una sentencia interlocutoria favorable a sus intereses, dicha violación puede quedarse sin efecto o, en caso contrario, combatirse a través de los medios ordinarios y extraordinarios que tiene a su alcance; luego entonces, como ya se mencionó, resulta evidente que la resolución que confirmó el acuerdo en el que se ordenó que se recabaran mayores elementos probatorios, de manera oficiosa, no obstante de haberse otorgado plazo para formular alegatos, no produce afectación material y directa a los derechos fundamentales, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los Tratados Internacionales de los que el Estados mexicano sea parte, para ser considerados un acto de imposible reparación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Ello, pues como se adelantó al tratarse de una violación procesal, que sólo produce una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. En esas condiciones, al no operar ninguna de las excepciones, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia advertida y lo conducente es desechar la demanda, con apoyo en el artículo 113, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    VIII... Vista la demanda de amparo promovida por Ana María ..., por conducto de su apoderada Beatriz Teresa..., personalidad que se le reconoce en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, al tenor de la copia certificada del primer testimonio del instrumento sesenta y nueve mil ciento cincuenta y tres, otorgado ante la fe del Notario Público número uno del Estado de México; contra actos del Juez Octavo Civil con residencia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1352/2021-VIII. Previo a pronunciarse sobre la admisión o desechamiento, debe tomarse en consideración que el precepto 114 de la Ley de Amparo establece los supuestos en que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional prevendrá al quejoso para que aclare su demanda. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114 fracciones I, II, IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días hábiles contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito aclare su demanda en los siguientes términos: Bajo protesta de decir verdad, aclare si su causa de pedir únicamente radica en la resolución interlocutoria de seis de diciembre de este año, dictada por el juez que señala como responsable, en el juicio 123/2021, lo anterior en razón que en sus conceptos de violación señala: "[.] por lo tanto causa una violación a los derechos fundamentales de la suscrita el hecho de que se intente realizar una privación de mi propiedad sin que exista un mandato en forma escrita y por una órgano jurisdiccional [.]" ;circunstancia que genera incertidumbre en cuanto a la pretensión de la quejosa ante esta instancia constitucional; lo que imposibilita fijar correctamente la litis constitucional. Indique bajo protesta de decir verdad el sentido de la resolución interlocutoria de seis de diciembre de este año (la cual constituye el acto reclamado), o en su caso, exhiba copia simple de dicha determinación. Exhiba dos copias de su ocurso de demanda (y anexos) toda vez que solo adjunta cuatro y en el caso son necesarias seis para ser distribuidas de la siguiente manera, una para la autoridad responsable, dos para los terceros interesados, una para la agente del Ministerio Público de la adscripción y dos más para la formación de los cuadernos incidentales. Exhiba seis copias del escrito por el cual aclare su demanda para correr traslado a las partes como se precisa en el punto anterior. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con el punto uno de la prevención, dentro del plazo indicado, se proveerá la demanda, teniéndose como acto reclamado la resolución interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintiuno que se señala; respecto del puntos tres, se procederá en términos de la última parte del artículo 114, de la Ley de Amparo, y, con relación al dos y cuatro, se tendrá por no presentada la demanda como lo establece el penúltimo párrafo del citado numeral. DOMICILIO QUEJOSO De conformidad con los artículos 27, fracción I y 29, ambos de la legislación de la materia, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, la lista que se fija en los estrados de este juzgado, por así haberlo solicitado expresamente. AUTORIZADOS Se autoriza a las personas que indica únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, en razón de que no se acredita que se encuentren legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ni se allegó su número de cédula profesional a fin de corroborar que cuentan con el registro respectivo, pues el nombre resulta insuficiente dada la homonimia que pudiera presentarse; por lo que una vez que realice lo anterior se acordará lo conducente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales.

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