Ana Maria Acuña Cors
Expediente 181/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 181/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ana Maria Acuña Cors
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio II.4521/2016 signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica a este juzgado Federal, que por auto dictado por el Presidente de ese órgano colegiado el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; quedando registrado en el libro de gobierno con el número 25/2016 del citado Tribunal; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Rubén Cardoso Galeno, defensor particular de la parte quejosa. y, en atención a su contenido, téngasele interponiendo recurso de inconformidad en contra del auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, con fundamento en los artículos 201, fracción I, 202 y 203 de la Ley de Amparo vigente y, de conformidad con lo dispuesto los puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Acuerdo General 5/2013 del Pleno del Máximo Tribunal del País (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre del referido año), del que se desprende que el aludido medio de impugnación corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, remítanse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído a todas las partes, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de amparo, junto con el escrito de agravios de cuenta y copia del mismo para el Agente del Ministerio Público de su adscripción, para lo que tenga a bien de resolver. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Visto, el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente el defensor particular de la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1181 a 126), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Ana María Acuña Cors, para el efecto de que la fiscal responsable realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el once de diciembre de dos mil quince, dentro de la averiguación previa 150/2014/DMZN-I. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal en forma congruente con lo planteado por la inculpada Ana María Acuña Cors al rendir su declaración el treinta de noviembre de dos mil quince, en el sentido de que había operado la prescripción del derecho de la ofendida para presentar querella, dado el tiempo que había transcurrido entre la fecha de comisión de los hechos posiblemente delictivos y aquella en la que se hizo saber la noticia criminal al ministerio público, es decir, en la que se presentó la querella. En relación a los anteriores efectos, cabe precisar, que si al momento de pronunciarse sobre la prescripción planteada, el representante social no cuenta con elementos suficientes para determinar el delito, o existe la posibilidad de que pueda ser uno diverso, o bien no exista certeza sobre el imputado, entonces así lo debe explicar para cumplir con el requisito de fundamentación y motivación; además, se insiste, esa decisión debe ser acorde con lo que fue planteado por el impetrante al comparecer a rendir su declaración ministerial, en el sentido de que la acción penal persecutoria había prescrito porque habían transcurrido más de dos años desde la fecha en que acontecieron los hechos posiblemente delictuosos y aquella en la que se presentó la querella." (fojas 125 vuelta y 126). Sentencia de amparo que el cinco de julio de dos mil dieciséis, causó ejecutoria por lo que se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 173 a 176). Ahora bien, mediante oficios 181/2016 y 850/2016 de cuatro y diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 251 a 352 y 357), la autoridad Agente del Ministerio Público en funciones del titular adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público, Zona Metropolitana Norte, Primera Mesa de Trámite, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de agosto del año en curso, así como de diversas constancias dictadas en los autos de la averiguación previa 150/2014/DMZN-I de su índice, en la cual, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la resolución reclamada de once de diciembre de dos mil quince (foja 251), así como la diversa resolución de ocho de julio de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento (foja 357). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, en resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, pronunció una nueva resolución en la que resolvió lo procedente respecto a la prescripción de la acción penal planteada por la inculpada Ana María Acuña Cors al rendir su declaración ministerial el treinta de noviembre de dos mil quince, de manera fundada y motivada. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tienen pleno valor probatorio. En la resolución de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el fiscal responsable estableció que no opera la prescripción de la acción penal planteada por la parte quejosa, dado el tiempo transcurrido entre la fecha de comisión de los hechos posiblemente delictivos y aquella en la que se hizo saber la noticia criminal al ministerio público, es decir, en que presentó la querella; asimismo, refiere que la parte agraviada aún está en tiempo y forma legal de ejercer su derecho de querella en términos del diverso numeral 135 del mismo código, y según se advierte de constancias, existe sentencia ejecutoriada dentro del expediente 1023/2011 del índice del Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente, del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León (foja 264), por lo que la prescripción para el agraviado empezó a correr a partir de la sentencia de dicho juicio mercantil; por lo que no ha operado la prescripción para querellarse respecto del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 403, fracción IV y 404, fracción IX del Código Penal del Estado de Puebla; aunado a que refiere que la conducta de la quejosa ha sido continua y permanente, pues aún subsisten los embargos realizados con motivo de los juicios simulados tanto por el quejoso como sus familiares. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA. Háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido cinco años a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, agréguese a los autos el escrito del defensor particular de la quejosa con el que se da cuanta, mediante el cual desahoga la vista del proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis, y refiere que la sentencia de amparo no está cumplida, ya que reitera ha operado la prescripción de la acción penal en la averiguación previa 150/2014/DMZN-I, y que es inaplicable el artículo 135 del mismo código por las consideraciones que menciona en su ocurso de cuenta. Atento lo anterior, hágase saber al ocursante que sus manifestaciones son infundadas, ya que en la sentencia de amparo de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se concedió la protección constitucional a la quejosa por vicios formales, es decir, por falta de fundamentación y motivación en que incurrió el fiscal responsable, y sus manifestaciones que vierte en su ocurso de cuenta se refiere a cuestiones de fondo del acto reclamado, lo cual no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio 850/2016 y anexo signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte, Primera Mesa de Trámite, en funciones del Titular, visto su contenido y en cumplimiento al auto de ocho de agosto del actual, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, así como, con el diverso oficio 840/2016, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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