Ana Margarita Romero Castro

Expediente 3298/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3298/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Ana Margarita Romero Castro

Actuaciones

  1. Principal

    EN TRES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL SIGUIENTE AUTO QUE PRECISA:"Ciudad de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las quejosas en acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. En primer lugar, cabe señalar que se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la justicia Federal en relación con el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a las quejosas durante la vigencia del referido numeral y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de las quejosas para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince, no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. La concesión de amparo no implica ni constituye derecho alguno en favor de las quejosa para ni comprende actos diversos a los expresamente señalados en esta sentencia. (.)" El efecto protector de la sentencia consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para tal efecto, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la citada autoridad responsable manifestó mediante oficios registrados con folios 4174 y 4240, que no realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a las quejosas y que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Sin que las quejosas realizaran señalamiento alguno al respecto. Por tanto, la suscrita estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a la quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese, personalmente a ******************** quejosas en los juicio de amparo 5682/2016 y 5753/2015 y por medio de lista a ********************, quejosa en el juicio de amparo 6136/2015, en cumplimiento a lo ordenado en auto de seis de octubre de dos mil veintidós." NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando Tercero y por los motivos expresados en el Octavo considerando de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra los actos y autoridades precisados en el considerando Tercero, por los motivos expresados y para los efectos precisados en los considerandos penúltimo y último de esta sentencia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal convenga en relación a lo informado por la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto; por tanto, este órgano jurisdiccional procede a hacer el pronunciamiento correspondiente en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En ese sentido, conviene destacar los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal en la sentencia dictada en el presente juicio: "[.] En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.] TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el proceso legislativo del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. [.]" Así también, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada por lo que hace al Anexo 24 se advierte que determinó lo siguiente: [.] En las relatadas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, contra el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal dos mil quince y dos mil dieciséis (hasta antes de su reforma de cuatro de octubre de dos mil dieciséis) en cumplimiento a la jurisprudencia 160/2016, esto es, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosas, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., respecto de la obligación que tenía de rendir su declaración por el periodo que comprende la vigencia del Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil quince y dos mil dieciséis (hasta antes de su reforma de cuatro de octubre de dos mil dieciséis). [.]" ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO RESPECTO DEL ARTÍCULO 53- B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN En ese entendido, por auto de veinte de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional requirió a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria a efecto de que informara tal circunstancia respecto de las siguientes quejosas: Juicio Quejosa RFC 1660/2016 ******** 1661/2016******** 1783/2016********* 1784/2016******** 1785/2016******** 1886/2016******** 1887/2016********* 2056/2016********* 2149/2016********** Así, mediante oficio 600-04-04-03-00-2022-04206 de veintisiete de abril del año en curso, enviado en representación de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, mismo que se acordó en proveído de tres de mayo siguiente, informó que no se realizó procedimiento de fiscalización electrónico, respecto de las quejosas antes mencionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado el nueve de diciembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación vigente hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. En ese sentido, al advertirse que las morales quejosas fueron omisas en realizar manifestación alguna del oficio que antecede y dado que la autoridad responsable manifiesta que no ha iniciado procedimiento de fiscalización electrónica en contra de dichas contribuyentes, se concluye que con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara que el cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio ha quedado sin materia, lo que- se insiste- impide que pueda llevarse a cabo el cumplimiento del fallo protector, pues tal decisión deja sin posibilidad de exigir su cumplimiento; por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Es aplicable por analogía, la tesis (registro digital 2014616) III.2o.C.19 K (10a.), sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 2909, del .Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO).De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable." ANÁLISIS RESPECTO DEL ANEXO 24 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2015 Y 2016. Asimismo, del referido oficio la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, informó respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo lo siguiente: "(.) En cumplimiento a lo anterior, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria desincorpora de la esfera jurídica de los quejosos **********. la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, a los que hace referencia el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince y dos mil dieciséis, máxime que los mismo dejaron de tener vigencia. (.)" De lo anteriormente transcrito, se advierte que, la autoridad responsable Jefa del Servicio de Administración Tributaria, ha demostrado el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que acreditó respecto de las quejosas 1) **********, que desincorporó de su esfera jurídica la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, a los que hace referencia el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince y dos mil dieciséis, aunado a que los mismos dejaron de tener vigencia. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de amparo por cuanto a dicho efecto de la sentencia que nos ocupa, como se advierte de las documentales remitidas por la autoridad responsable obligada a acatar el fallo protector, Jefa del Servicio de Administración Tributaria. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis aislada II.2o.C.T.28 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la página 677 del tomo VI, Septiembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "EJECUTORIAS DE AMPARO DEBEN ACATARSE FIELMENTE POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, REITERÁNDOSE LO AHÍ DETERMINADO PARA RESTABLECER LA GARANTÍA VULNERADA. De acuerdo con lo que estatuye el artículo 80 de la Ley de Amparo, la concesión de la protección federal conlleva efectos restitutorios implícitos, de ahí que deba observarse su alcance pleno para restablecer el goce de las garantías individuales vulneradas. Por tanto, la responsable tiene el deber de apegarse a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, exteriorizando en el nuevo fallo los términos y alcances de la protección federal, para considerar correcto su cumplimiento; así, evitará incurrir en desacato o en la repetición del acto reclamado." Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que ha quedado puntualmente cumplida la sentencia de amparo por cuanto a dicho efecto se refiere y ha sido materia de estudio en párrafos precedentes, sin exceso o defecto alguno, dado que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por lo que se ordena el archivo del expediente una vez que adquiera firmeza el presente proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I del artículo 201 de la Ley de la Materia. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, EL SIGUIENTE AUTO QUE PRECISA:"Ciudad de México, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que mediante acuerdo dictado el veinticuatro de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, con el oficio presentado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Mina, por medio del cual en atención al requerimiento formulado por autos, informó los cálculos realizados para determinar el impuesto predial correspondiente al inmueble que tributa bajo el número de cuenta predial *********, conforme a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, determinando que la cantidad a devolver a la parte quejosa asciende a **********; para que manifestara su conformidad o inconformidad con las cantidades a devolver, sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna al respecto. En esas condiciones, atento a la certificación de cuenta de la que se desprende que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante acuerdo de veinticuatro de marzo del año en curso, en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, por lo que se considera consentida y firme la cantidad que asciende a **********, propuesta por la autoridad fiscal para que le sea devuelta por concepto de devolución de diferencias del pago del impuesto predial respecto del inmueble que tributa bajo la cuenta predial **********; y se informará a la autoridad fiscal que a nombre de la sociedad quejosa ***********, deberá expedir el documento crediticio correspondiente. Ahora bien, considerando que el cumplimiento de una ejecutoria de amparo es de orden público respecto de la cual este juzgador está obligado a velar por su acatamiento; con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Administración Tributaria en Mina, en su carácter de autoridad vinculada, para que, en el plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo atento a los efectos para los cuales se concedió el fallo protector, en los términos antes apuntados, es decir, deberá acreditar que devolvió a la parte quejosa la cantidad que asciende a **********, propuesta por la autoridad fiscal para que le sea devuelta por concepto de devolución de diferencias del pago del impuesto predial respecto del inmueble que tributa bajo la cuenta predial ***********. Lo que deberá acreditar con documentos fehacientes de los que se advierta que se dio cumplimiento a lo referido en los párrafos que anteceden, de los que se desprenda que devolvió a la parte quejosa la cantidad propuesta mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/MIN/000580/2022 de siete de marzo de dos mil veintidós. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo se requiere a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del referido plazo de TRES DÍAS, acredite fehacientemente haber girado orden de cumplir con la ejecutoria de amparo en los términos precisados, haciendo usos de todos los medios a su alcance, en tanto que también incurre en responsabilidad en caso de ser omiso. En el entendido de que: 1. Las autoridades responsables y sus superiores jerárquicos deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, sin causa justificada, se les apercibe que se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. En otro orden, dado que en el oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/MIN/000580/2022 de siete de marzo de dos mil veintidós, presentado por la Subdirectora Divisional de Administración Tributaria en Mina, por medio del cual en atención al requerimiento formulado en autos, hizo del conocimiento los cálculos realizados para determinar el impuesto predial correspondiente al inmueble que tributa bajo el número de cuenta predial ********* y solicito que para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la parte quejosa proporcionara la información y documentación que precisó, consistente en: ". ." Por lo que, en auto dictado el veinticuatro de marzo del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que remitiera copias legibles de las constancias solicitadas, o bien manifestara el impedimento legal que tuviera para ello, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. En relación con lo anterior, dado que el procedimiento de ejecución es de orden público y este Juzgado puede dictar las órdenes necesarias para que se cumpla con el fallo protector, bajo ese contexto, tomando en consideración que es necesaria la colaboración de la quejosa para propiciar el cumplimiento de la ejecutoria, al tratarse de sentencias de amparo que vinculan a restituirse en el goce de los derechos que indebidamente le fueron afectados, transformándose en ineludible la necesidad de instar a la parte protegida para su participación dentro del procedimiento de cumplimiento. Lo anterior, ya que su colaboración no se limita únicamente a observar los trámites del procedimiento, pues también tiene la obligación de vigilar que el fallo que lo protege sea cumplido hasta sus últimas consecuencias, realizando las gestiones que sean necesarias ante el propio órgano jurisdiccional que dictó la sentencia y ante las autoridades que deban cumplirla. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta a la parte quejosa para que en el término de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste su es su deseo que le sea devuelta la cantidad que le corresponde mediante Certificado de Devolución, o si solicita que sea mediante Transferencia Electrónica, y para el caso de ser esta última opción, proporcione copia legible de las constancias que la autoridad fiscal Administración Tributaria en Mina, estima necesarias para estar en aptitud de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a saber: los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas a nombre del contribuyente en dicha institución (copia del estado de cuenta o comprobante a nombre del contribuyente emitido por la institución bancaria que contenga la Clave Interbancaria y cuenta bancaria vigente, o bien, manifieste el impedimento legal o material que tenga para ello. Bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto y dentro de ese plazo, se considerará que el retraso en el cumplimiento del fallo protector es atribuible al quejoso, por lo que este juzgado de distrito se pronunciará respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibe que de existir omisión en cuanto al particular sin causa justificada, se le impondrá multa de cincuenta veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo previsto por los numerales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a la parte quejosa.", A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO EN QUE SE ACTÚA. NOTIFÍQUESE.

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