Ana Margarita Rogers Burguette
Expediente 833/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 833/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ana Margarita Rogers Burguette
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio principal del que deriva el presente asunto; asimismo, que no se concedió medida cautelar alguna; con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido; este juzgador estima carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado; procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Devuélvanse a la Secretaria de Acuerdos encargada del Despacho del Juzgado Sexto de lo Civil del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, las copias certificadas que obran en el expediente 457/2018 de su índice; asimismo al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, las copias certificadas del expediente número 272/2019, de su índice; mismas que remitieron en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón signada por el Actuario adscrito, por la que informa que no le fue posible notificar la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, a la quejosa ANA MARGARITA ROGERS BURGUETTE, por las razones que expone; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle dicha sentencia así como los que surjan en este juicio de amparo, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este Tribunal, hasta en tanto precisen con claridad el domicilio señalado para ese efecto. NOTIFÍQUESE.- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA ANA MARGARITA ROGERS BURGUETTE, LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las trece horas del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el presente juicio de amparo 833/2019. Estando en audiencia pública el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien actúa con la licenciada Martha Asunción Suárez Romero, que autoriza y da fe, procede a la celebración de la referida audiencia, sin asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria hace relación de las constancias que existen en el expediente, como son: la demanda de amparo (folios 2-3) y los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (folios 7, 9, 11, 13, 19 y 43). Y da cuenta con dos oficios con números de registro 15937 y 15982. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede, así también, glósense los oficios del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con el que rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dar vista a las partes con el mismo, dado el sentido de su informe, para mayor expeditez en la administración de justicia. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS. La Secretaria hace constar que existen en autos las documentales que exhibieron la Juez Primero de lo Civil del Centro, Oaxaca (tomo de pruebas por separado), la Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (fojas 21-40), y la Secretaria encargada del Juzgado Sexto de lo Civil del Centro, Oaxaca (tomo I de pruebas). El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogas tales probanzas. CERRADO EL PERÍODO PROBATORIO Y ABIERTO EL DE ALEGATOS. La Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para presentarlos. CERRADO EL PERÍODO DE ALEGATOS, el Juez procede a dictar la sentencia correspondiente: EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. AMADO CHIÑAS FUENTES. LA SECRETARIA JUDICIAL LIC. MARTHA ASUNCIÓN SUÁREZ ROMERO. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 833/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Ana Margarita Rogers Burguette, por su propio derecho, mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre del dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta población, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo, todos de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, consistentes en: "Las ordenes de requerimiento de pago." SEGUNDO. En proveído de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 35, 37, 107 y 124, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO.- Los Jueces Segundo, Cuarto, Quinto y Séptimo, todos de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa desvirtuara tal negativa. Por su parte, la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, negó el acto reclamado, manifestando que no ha dictado orden de requerimiento de pago contra la quejosa; que en el índice de su juzgado solo existe el expediente 272/2019, relativo a medio preparatorio a juicio ejecutivo mercantil promovido contra la quejosa en el que se fijó fecha y hora para que absolviera posiciones; sin que ello implicara una orden de requerimiento de pago en su contra (foja 7). De igual forma, la Secretaria Encargada del Juzgado Sexto de lo Civil del Centro, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado, pues refirió que en el expediente 457/2018 de su índice, se tramitó medio preparatorio a juicio ejecutivo mercantil contra la quejosa, y en auto de quince de mayo de dos mil dieciocho se desechó la demanda; por lo que tampoco existe en dicho juzgado orden de requerimiento de pago contra la quejosa (foja 43). En tal virtud, respecto a dichas autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 284, pronunciada por el Pleno de la SCJN, publicada en página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". TERCERO. El Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado, manifestando que el dos de abril del dos mil dieciocho, en el juicio ejecutivo mercantil 501/2018 de su índice, promovido por Luis Gerardo Aquino Martínez, Víctor Guillermo Sánchez Basurto, Luz María Cerqueda López, Oscar González Hernández, con el carácter de endosatarios en procuración de la persona moral "REAL MENTE MAS" S. de R. L. de C. V, dictó auto con efectos de mandamiento en forma para que la demandada Ana Margarita Rogers Burguette -aquí quejosa- fuera requerida de pago; sin que a la fecha, haya sido emplazada ni realizada tal diligencia de requerimiento de pago, al no haber comparecido aún la parte actora (foja 19). CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, conviene analizar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada en sentido contrario, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.' Es así, pues el amparo indirecto procede contra actos dictados durante el procedimiento, que sean de imposible reparación; entendiéndose por tales actos, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; como la vida, la libertad y el patrimonio (posesión y propiedad). De lo cual se sigue, que son dos las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el juicio ordinario: 1. Que se trate de actos que afecten materialmente derechos; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, 2. Que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de sustantivos; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, porque en éstos la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 37/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 39, Libro 7, Tomo I, junio 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De las constancias deducidas del juicio ejecutivo mercantil 501/2018 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, se desprende que efectivamente en auto de inicio de dos de abril de dos mil dieciocho, se ordenó emplazar a Ana María Rogers Burguette, en su carácter de deudor principal, y se ordenó requerirla de pago (foja 21). Lo que se notificó personalmente a la parte actora el veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Siendo todo lo actuado en dicho expediente mercantil. Luego, la orden de requerimiento de pago decretada el dos de abril de dos mil dieciocho, contra Ana María Rogers Burguette, que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional, es un acto dentro del procedimiento mercantil de origen, que no tiene efectos de imposible reparación para la aquí quejosa que es parte procesal en ese juicio, en su carácter de demandada; pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que México es parte. Es así, pues dicha orden de requerimiento de pago a la quejosa, no le impide en forma actual y presente el libre ejercicio de algún derecho protegido en la Constitución. Pues solo produce en la quejosa, una carga procesal de pagar o bien oponer dentro del plazo legal, las excepciones respectivas relativas a ya haber realizado el pago; siendo de observancia potestativa la posición que la quejosa demandada asumirá en el juicio, ante dicha orden de requerimiento de pago. De lo que se concluye que no constituye un acto de imposible reparación, por lo que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Por consiguiente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción II, y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E : ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 833/2019, en términos de los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca quien actúa con la licenciada Martha Asunción Suárez Romero, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en que se engrosó la sentencia.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Glósese el oficio de la Secretaria de Acuerdos Encargada del despacho del Juzgado Sexto Civil en el Estado de Oaxaca, mediante el que remite su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Téngase como documentales en términos del número 119 de la legislación en comento, las que acompaña a su oficio, mismas que se tienen por desahogadas en este acto en razón de su naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. A fin de tener un mejor manejo de las referidas documentales, debido a su voluminosidad, fórmese tomo de pruebas marcado como tomo I; mismo que se ordena dejar en la secretaria de este juzgado, quedando a disposición de las partes para su consulta. NOTIFÍQUESE.
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