Ana Margarita Hurtado Torres
Expediente 1187/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1187/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2018
Partes del expediente
- Ana Margarita Hurtado Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley en cita, sin que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada el veintisiete de junio de dos mil dieciocho (fojas 25 a 28), en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio y, por la otra, se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicha sentencia ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha, se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, por tanto, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible depuración. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó Guillermo Aguirre Castañeda, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el diverso 111, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; por haberse concedido el primer periodo vacacional de este año al titular de este órgano Luis Armando Pérez Topete, según información contenida en el oficio CCJ/ST/2815/2018 de once de junio de dos mil dieciocho, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario Ángel Gabino Wood Corona, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico GAC/AGWC/jacobo
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintisiete de junio de dos mil dieciocho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, Ana Margarita Hurtado Torres, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisaran en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 constitucional. TECERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en auto de veintitrés de abril de dos mil dieciocho (fojas 7 a 10), se admitió a trámite la demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se tuvo como tercero interesado al Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, quien fue emplazado a juicio mediante oficio recibido el seis de junio de dos mil dieciocho (foja 23); se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló alegato ministerial; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual inició el día de hoy a las doce horas con cuarenta minutos y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados son: Al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La omisión de dictar el tercer auto de requerimiento de pago de laudo, en autos del juicio laboral 1861/2012/E1. Al Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La omisión de notificar el acuerdo recaído a la solicitud anterior. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, señalado en el inciso b) del considerando que antecede, no obstante que al rendir su informe justificado haya reconocido la certeza del mismo, pues tal afirmación se desvirtúa con los anexos que acompañaron a su informe (foja 16). En efecto, de las documentales exhibidas por las responsables al rendir su informe justificado, consistentes en copias certificadas de diversas actuaciones emitidas en el procedimiento laboral 1861/2012/E1, entre las que destaca el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, en el que se ordenó el segundo requerimiento de pago y su notificación de cuatro de mayo siguiente (fojas 17 a 19), así a la fecha de presentación de la demanda no existía la obligación de llevar a cabo la notificación de un acuerdo que todavía no se había emitido por parte del tribunal. En otras palabras, resulta indispensable que a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado tenga existencia jurídica; lo que no sucede en el caso, ya que lo relatado evidencia que en la data de interposición del reclamo constitucional (diecinueve de abril de dos mil dieciocho), no existía la omisión reclamada. Es aplicable la jurisprudencia que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado al Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, lo procedente es sobreseer en el juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 16). Por lo cual, este Juzgado Quinto de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad a la técnica rectora en el juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El motivo de la queja es ineficaz. De la demanda de amparo se advierte que en lo medular se argumenta la transgresión del artículo 17 de la Carta Magna, habida cuenta de que el tribunal responsable, ha sido omiso en emitir proveído en el que ordene el tercer requerimiento de pago de laudo y haga efectivo los apercibimientos previos, en el juicio laboral 1861/2012/E1 de su índice. El artículo 17 constitucional dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Esta disposición pertenece a las garantías de seguridad jurídica y establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicitado esos cuatro principios al realizar el análisis del derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia y respecto del que ahora interesa (justicia pronta), dijo que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes, pero además vinculó a su cumplimiento no sólo a las autoridades judiciales, sino también a las que realizan labores jurisdiccionales, como la responsable. En la especie, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, adminiculado con las constancias de autos, se aprecia que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, la junta responsable ha sido omisa en proveer el tercer requerimiento de pago de laudo, en el expediente de origen; sin embargo, se determina que dicha omisión no es, en sí misma, inconstitucional. Ello es así, en virtud de que en auto de quince de enero de dos mil dieciocho (foja 17), dictado en el procedimiento natural, se advierte que el tribunal responsable requirió al Ayuntamiento demandado por el pago total de los conceptos cuantificados en laudo de cuatro de abril de dos mil diecisiete, le impuso multa de cincuenta días de salario, el cual fue notificado a dicha responsable el cuatro de mayo siguiente (fojas 18 y 19); lo cual evidencia que es justificada la conducta omisiva que se reprocha. En consecuencia, los argumentos de la parte quejosa, aunque de inicio pudieran ser fundados, por cuanto a que es cierta la omisión, resultan jurídicamente ineficaces, pues al efectuar el análisis correspondiente se llega al convencimiento de que, para poder evidenciar la pretendida ilegalidad, era indispensable, en la especie, no solo que exista un juicio en el que sea parte la solicitante del amparo, sino además, en este caso, a la fecha de presentación de la demanda aún no había sido notificado el segundo requerimiento para que el ayuntamiento demandado diera cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de enero de dos mil dieciocho, en autos del juicio de origen 1861/2012/E1 mismo que se hizo del conocimiento de la autoridad tercera interesada hasta el cuatro de mayo siguiente, es decir, en fecha posterior a la presentación de este juicio constitucional; por ende, esa situación, justifica la omisión reprochada a la propia junta responsable. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación, además de no advertirse materia de ilegalidad en el acto reclamado aun ejerciendo la suplencia de la queja deficiente en términos de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni materia para ejercer el control de convencionalidad, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Ana Margarita Hurtado Torres, por los motivos y fundamentos invocados en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Margarita Hurtado Torres, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expresados en el considerando sexto de la propia sentencia. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con el licenciado Felicitas Guzmán Maldonado, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAMPT/FGM/sra
- Principal
*POR RECIBIDO EL OFICIO QUE SIGNA LA AUTORIDAD RESPONSABLE MEDIANTE EL CUAL REMITE CONSTANCIAS CON LAS QUE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO PROTECTOR... DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de mayo de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee, téngase por recibido el oficio firmado por la Presidente Auxiliar y Secretaria, ambas de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite copia certificada del auto dictado el veinte de abril del año en curso, en el juicio laboral 133/2017/12-F, de su índice, así como la constancia de notificación a la parte actora; constancia con la que informa el cumplimiento al fallo protector. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de diez días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de lo acontecido con el apercibimiento anunciado en el citado auto. Lo cual, deberá acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, debiéndose ajustar a los términos de las consideraciones plasmadas en la sentencia de amparo, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los numerales 238 y 258 de la ley de la materia, así como el diverso 26 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/RMG/IIEJ
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