Ana Mabel Robles Riofrio

Expediente 1665/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1665/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Mabel Robles Riofrio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    HA QUEDADO FIRME recurrir el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, se ordena el ARCHIVO de este como asunto concluido. Luego, en términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe resguardarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral en cita. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se procederá a su destrucción, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días naturales a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO. la Asesora Jurídica Federal Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de seis de octubre de este año. En el referido escrito, la promovente manifiesta que sostuvo una conversación telefónica con un familiar de las personas quejosas, en el cual le informó que aquellas se encuentran en la Ciudad de México, en dónde están realizando los trámites de regularización en territorio mexicano, que se encuentran a salvo y que le agradeció el apoyo que le brindó. Ahora bien, vistas las actuaciones que obran en autos, de donde se aprecia que la demanda de amparo fue promovida por un tercero (Asesora Jurídica Federal Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública), en favor de **********), contra actos del Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de Puebla del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, que se hicieron consistir en la orden de presentación y/o alojamiento temporal migratorio de los directos quejosos, por más de treinta y seis horas. Atendiendo a las manifestaciones contenidas en la demanda, por auto de veintiséis de septiembre del año en cuso, sin admitir la misma, se dio la sustanciación que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo. La sustanciación de ese procedimiento, dio como resultado que el seis de octubre de dos mil veintitrés, se tuviera al Jefe de Departamento adscrito a la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados, del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, informando: 1. Que el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recibió la puesta a disposición de los quejosos ********** Estando a disposición de la referida dependencia, les fue iniciado el procedimiento administrativo migratorio, con número de expediente ********, autorizándoles el otorgamiento de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días naturales. 2. El veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés se les autorizó la salida a los quejosos de las instalaciones de la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados, en Villahermosa, Tabasco, con el único fin de establecer domicilio en la referida población, a fin de continuar con el procedimiento administrativo migratorio, y así, resolver su situación migratoria. Les fue entregado el formato de solitud de refugio. 3. Se sujetaron a control de firma a los extranjeros quejosos, ante la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, a fin de que se presentarán el día lunes de cada semana (cada ocho días) o al siguiente día hábil, hasta resolver su situación migratoria, apercibiéndoles que no podrían salir de la demarcación territorial de la referida población. 4. El tres de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente relativo al procedimiento migratorio de los quejosos, fue dictado un acuerdo de abandono, toda vez que en fecha dos de octubre de dos mil veintitrés los directos quejosos no se presentaron a firmar, por lo que tuvieron a los quejosos ************, dando por abandonado su procedimiento administrativo migratorio, dando de esta manera por concluido dicho procedimiento. Los hechos descritos evidencian que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 de la Ley de Amparo, únicos casos en los que es factible, como excepción al principio de instancia de parte agraviada, que un tercero promueva el juicio de amparo en favor de la persona quejosa. Por tanto, este juzgador estima actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 5, fracción I, 6 , 15 y 126, primer y segundo párrafo, del mismo ordenamiento. En efecto, de los preceptos legales citados, se aprecia el principio de instancia de parte agraviada, que consigna sustancialmente que, por regla general, el juicio de amparo debe promoverse por la persona física o moral a quien le afecte el acto reclamado, ya sea por sí o por su representante legal o apoderado; y por excepción, por cualquier persona cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para hacerlo y se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Y no obstante este último supuesto, la ley consigna que después de decretadas las medidas urgentes debe obtenerse la ratificación de la demanda por parte del directo quejoso, y para el caso de no obtenerla, en respeto al principio de instancia de parte agraviada, debe tenerse por no presentada la demanda y sin efecto las medidas decretadas. Atendiendo a ello, la orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal de un migrante, dictada en el procedimiento administrativo migratorio con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta que se resuelva su situación; no constituye un acto de los que autoriza el artículo 15 de la Ley de Amparo, para que cualquier persona pueda promover en nombre del directo afectado. Esto es así, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas ni se trata de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales), ni genera la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sin que obste a lo anterior que en la demanda la promovente mencionó al solicitar la suspensión de plano aduciendo la gravedad de los actos reclamados, y que se le haya dado ese tratamiento, pues sustanciado el procedimiento previsto por el artículo 15 de la Ley de Amparo se acreditó que el reclama no encuadra en esas hipótesis de excepción. Lo anterior, pues si bien es verdad que en ejercicio de sus facultades migratorias, la autoridad responsable puede ordenar la presentación de un extranjero y su alojamiento temporal, los cuales afectan temporalmente la libertad de las personas, estos actos no pueden considerarse "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", a los que hacen referencia los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. Esto, dado que el control migratorio consiste en la revisión de documentación de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de los medios de transporte utilizados para ello. En caso de que algún extranjero al presentarse frente a los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares de tránsito internacional, no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la Ley de Migración, su internación será rechazada y deberá abandonar el país por conducto de la empresa que lo transportó. Por su parte, la verificación migratoria consiste en las visitas efectuadas por el instituto para comprobar que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en la ley. Si con motivo de la diligencia se detecta que algún extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, se le pondrá a disposición del instituto para que resuelva su situación. La revisión migratoria es la que el instituto implementa dentro del territorio nacional -además de los lugares destinados al tránsito internacional- a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. Dicha revisión será emitida por el propio INM y deberá estar fundada y motivada. En caso de que el extranjero no cuente con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país, será puesto a disposición de las autoridades migratorias. Así, acorde con el artículo 222 del Reglamento de la Ley de Migración, a todo extranjero que sea puesto a disposición de la autoridad migratoria, deberá iniciársele el procedimiento administrativo migratorio. Dicho procedimiento comprende la presentación, el alojamiento temporal, el retorno asistido y la deportación. Es así, que cuando con motivo de la verificación y la revisión migratorias una persona extranjera es puesta a disposición del instituto y se encuentra dentro los supuestos establecidos en el artículo 144 de la Ley de Migración, éste emitirá el acuerdo de presentación correspondiente a más tardar las veinticuatro horas siguientes. Iniciándose así el procedimiento administrativo migratorio, tal como se advierte de los preceptos 99 y 100 de la citada legislación. No obstante, a efecto de que el extranjero no quede alojado en las estaciones migratorias, puede darse el supuesto de que sea entregado en custodia a la representación diplomática del país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Una vez que se emite la orden de presentación y el extranjero es alojado temporalmente en una estación migratoria (o lugar destinado para ello), el instituto deberá resolver su situación en un plazo no mayor a quince días hábiles. No obstante, este periodo puede ampliarse hasta por sesenta días, o bien, hasta que se resuelva algún recurso administrativo o juicio de amparo interpuesto por los interesados, bajo las condiciones previstas en el artículo 111 de la Ley de Migración. Por todo lo anterior, la orden de presentación mediante la cual se acuerda el alojamiento temporal, es dictada en el procedimiento administrativo migratorio, con la finalidad de que el extranjero permanezca alojado en una estación migratoria hasta en tanto se resuelva su situación, es emitida por la autoridad correspondiente del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Éste tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia; por lo que no es un "ataque a la libertad personal fuera de procedimiento". Lo anterior, se corrobora, con lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 275/2019, en donde analizó la constitucionalidad de los artículos 20, fracción VII, 99, 100 y 121 de la Ley de Migración. En ese precedente se determinó que dichos artículos conforman un sistema normativo de acuerdo con el cual, ante la falta de cumplimiento de los requisitos migratorios, opera una privación temporal de la libertad de la persona extranjera en una estación migratoria; lo cual se hace a través de un acuerdo de presentación. Se consideró que, si bien, dichas normas representan una limitación al derecho a la libertad personal de las personas migrantes, lo cierto es que se trata de una medida que persigue una finalidad legítima conforme a los estándares desarrollados por la Corte Interamericana, toda vez que el propósito o la finalidad perseguida es el control y la regulación del ingreso y la permanencia de personas extranjeras dentro de territorio nacional. En ese orden, se afirmó que el acto de alojamiento no es una medida de carácter penal, sino una medida de naturaleza administrativa que, además, conforme a la fracción VII del artículo 20 de la Ley de Migración, obliga a las autoridades competentes a la presentación de las personas en estaciones migratorias respetando, en todo momento, sus derechos humanos, lo que denota que el Poder Legislativo reconoció que, si esta medida no se realiza cuidadosamente, puede implicar la violación colateral de otros derechos humanos, además de la libertad. Destacó que el artículo 21, fracción VII, de la Ley de Migración, establece que las estaciones migratorias son lugares específicamente habilitados para la permanencia de personas extranjeras a fin de regularizar su estancia en el país o para brindarles la asistencia para su retorno. Lo anterior, indicó, se ajusta al estándar convencional que determina, que deben ser establecimientos en los que se garantice un régimen adecuado que procure la situación migratoria de las personas y que, además, sean distintos a los destinados para la detención de personas acusadas o condenadas por la comisión de algún delito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UNA ORDEN DE PRESENTACIÓN Y/O ALOJAMIENTO TEMPORAL MIGRATORIO. SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Registro digital: 2025448. Por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda. Notifíquese, y electrónicamente a la Asesora Jurídica Federal Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública.

  3. Principal

    SE RECIBE INFORME y EXHORTO DILIGENCIADO. el Jefe de Departamento adscrito a la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados, del Instituto Nacional de Migración, en Villahermosa, Tabasco, da cumplimiento al requerimiento de dos de octubre de este año. En ese sentido, de las constancias que remite destacadamente se aprecia lo siguiente: 1. El veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, recibió la puesta a disposición de los quejosos ******* Estando a disposición de la referida dependencia, les fue iniciado el procedimiento administrativo migratorio, con número de expediente ******************** autorizándoles el otorgamiento de la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días naturales. 2. En veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés se les autorizó la salida a los quejosos de las instalaciones de la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados, en Villahermosa, Tabasco, con el único fin de establecer domicilio en la referida población, a fin de continuar con el procedimiento administrativo migratorio, y así, resolver su situación migratoria. Les fue entregado el formato de solitud de refugio. 3. Se sujetaron a control de firma a los extranjeros quejosos, ante la Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados, no acompañados y separados del Instituto Nacional de Migración en Villahermosa, Tabasco, a fin de que se presentarán el día lunes de cada semana (cada ocho días) o al siguiente día hábil, hasta resolver su situación migratoria, apercibiéndoles que no podrían salir de la demarcación territorial de la referida población. ******************** 4. El tres de octubre de dos mil veintitrés, dentro del expediente relativo al procedimiento migratorio de los quejosos, fue dictado un acuerdo de abandono, toda vez que en fecha dos de octubre de dos mil veintitrés los directos quejosos no se presentaron a firmar, por lo que tuvieron a los quejosos ********* dando por abandonado su procedimiento administrativo migratorio, dando de esta manera por concluido dicho procedimiento. De lo anterior, se toma conocimiento, y se estima necesario requerir a la Asesora Jurídica Federal Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública, ********, quien promovió la demanda de amparo en favor de los quejosos ********* (******* para que dentro del término de tres días, manifesté lo que a su interés convenga Finalmente, la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, devuelve diligenciado el exhorto que le fue enviado en auto de dos de octubre de este año. Notifíquese, y electrónicamente a la Asesora Jurídica Federal Especializada en personas en movilidad y sujetas a protección internacional del Instituto Federal de la Defensoría Pública, *******.

  4. Principal

    PARA EFECTOS. el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, en representación del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, informa que después de haber realizado una búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramiento y Traslados en Estaciones Migratorias, no se encontraron registros de los directos quejosos ******. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, quedando en espera de lo requerido a la diversa autoridad Oficina Administrativa de Canalización para Niñas, Niños y Adolescentes acompañados y solos en acuerdo de dos de octubre de este año. Notifíquese.

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