Ana Lydia Josefina García Gómez

Expediente 590/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
590/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
22/10/2020

Partes del expediente

  • Ana Lydia Josefina García Gómez
  • Lic. Alejandra Santiago Licea

Actuaciones

  1. Principal

    SMESA I A. an Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de octubre de dos mil veinte. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por *****, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 590/2020. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama de los Magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, la resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil ****, por la que se confirmó el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente civil *** del inventario del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió. Ahora, la quejosa en los antecedentes del acto reclamado, indica: 1. Con fecha 02 de abril del año 2019, presente demanda en contra de la señora ****, a la cual le correspondió el número **** del índice del Juzgado Séptimo de lo Civil del distrito del Centro de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. El día 28 de mayo de 2019, se dictó auto mediante el cual se admitió la demanda que presente y se ordenó en el mismo llevar a cabo el emplazamiento a la demandada **** en el domicilio señalado para tal efecto. 3. Con fecha 20 de junio de 2019, se llevó a cabo por parte de la ejecutoria del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca, el emplazamiento a juicio a la demandada *****. 4. El día 16 de agosto del año 2019, formule incidente de nulidad de actuaciones en contra de la diligencia de emplazamiento a la demandada, llevada a cabo por la ejecutoria del juzgado séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro de Oaxaca. 5. Por auto de fecha 3 de septiembre de 2019, me fue desechado el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento que promoví, interponiendo en contra de la citada actuación recurso de apelación a la cual le correspondió el número de toca *** del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. 6. El día 9 de septiembre del año 2020, se dictó la resolución del Toca ****, en la cual se confirma la parte relativa del auto recurrido. Con esas bases, contra el acto aquí reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y el diverso 107, fracción V, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]. Los dos últimos preceptos transcritos, interpretados a contrario sensu, conducen a sostener que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Semanario Judicial de la Federación, publicación: viernes 06 de junio de 2014 12:30 h, Materia(s): Décima Época. -Registro: 2006589-. bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: ? La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y ? La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, queda de manifiesto que la determinación que se dicta respecto de un incidente de nulidad de actuaciones constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, en términos de los numerales 107, fracción V, 170, fracción I2 y 172, fracción V,3 de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues el perjuicio procesal que pudieran resentir la parte quejosa en sus 2 "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. ." 3 "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: V.- Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad; derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que no culminaría sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió. No obsta para estimar lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, pues por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas conlleva una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En suma, contra la resolución que confirma un auto por el que se desechó un incidente de nulidad de actuaciones procede el amparo directo, por constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, por no constituir una violación cometida durante la secuela del procedimiento, que afecte las defensas de la parte quejosa y trascienda al resultado del fallo, pues no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, porque sus efectos son meramente formales, en atención a que la razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica de la parte afectada, al no alterarse ningún derecho sustantivo, de aquí que hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. En lo conducente resultan aplicables a lo anterior, la jurisprudencia 38/92 del Pleno del más Alto Tribunal Constitucional del país.4 NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCION INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta. Al igual que la diversa jurisprudencia 94/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.5 NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada. Por tanto, queda de manifiesto que el acto reclamado, resolución de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el toca civil ****, por la que se confirmó el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente civil **** del inventario del Juzgado Séptimo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, por el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones que promovió la 5Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, febrero de 2009, Materia(s): Civil, Novena Época, página 256. aquí quejosa, indefectiblemente no es de modo alguno irreparable y no afecta a la parte quejosa en grado predominante o superior, lo que impone que se actualice de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada. En esas condiciones, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su ocurso de demanda, y por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 a ****, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y toda vez que las restantes personas no cumplen con ese requisito se les tiene por autorizadas únicamente para recibir notificaciones. Por otra parte, toda vez que solicita la autorización de la consulta del expediente electrónico y proporciona los registros de los usuarios hiego84, ejch87 y AxelDaniel, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se otorga autorización a la parte promovente para que consulte el expediente electrónico de este juicio. En razón de lo anterior, realícese el alta correspondiente de los citados usuarios. TODA VEZ QUE LA DEMANDA DE AMPARO FUE PROMOVIDA FÍSICAMENTE, SE EXHORTA A LAS PARTES A QUE, DE SER POSIBLE, CONTINÚEN LA TRAMITACIÓN DEL CASO MEDIANTE EL ESQUEMA DEL JUICIO EN LÍNEA, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e.firma" antes firma electrónica avanzada o "FIEL". Se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. En el entendido que la actuación señalada en el párrafo anterior, dado que implica contacto personal, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la practiquen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, determinó la adscripción y designación como nuevo titular de este Juzgado, a partir del dieciséis de octubre siguiente, al Juez Emmanuel Hernández Alva; lo cual fue comunicado mediante oficio SEADS/487/2020, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción. Finalmente, para los efectos a que haya lugar, se precisa que en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, en vigor el trece de junio siguiente, en este proveído y los subsecuentes, se usará la FIREL del titular y secretario para firmar electrónicamente las determinaciones judiciales. Notifíquese personalmente.

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