Ana Luz Ruvalcaba Esquivel

Expediente 136/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
136/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Ana Luz Ruvalcaba Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado dentro del plazo legal el auto de catorce de febrero de dos mil veintidós en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se desechó la demanda de amparo, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en resumen dice: León, Guanajuato, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede se provee: REGISTRO Y EXPEDIENTE. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 136/2022. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS DE LA PERSONA MENOR DE EDAD. Con la finalidad de garantizar y proteger los derechos fundamentales correspondientes a la vida privada, identidad y dignidad, así como el bienestar físico y psicológico de las persona menor de edad quejosa * en atención al interés superior del menor y acorde con lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76 a 81 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como por el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se adoptan las siguientes medidas de protección: a) Se omitirá en este expediente mencionar el nombre de la persona menor de edad y se hará alusión a sus iniciales señaladas en párrafos anteriores, las cuales deberán ser empleadas en todas las actuaciones del juicio, así como en las listas de acuerdos que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional, salvo que resulte necesario conocer su nombre. b) Se prohíbe a las partes revelar la identidad de la persona menor de edad así como la divulgación de cualquier otro material o información derivada del juicio que conduzca a su identificación. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede: Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6° de la Ley de Amparo, así como el 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. En efecto, el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el llamado principio de instancia de parte agraviada, y es esa disposición rectora del juicio de amparo que se traduce en el normativo transcrito en líneas anteriores, que establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a iniciativa o instancia de la parte agraviada por el acto de autoridad. De igual forma, el artículo 6 de la ley de la materia dispone que la acción constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame; es decir, que resienta un perjuicio, daño o menoscabo sobre él o sobre su patrimonio, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado. En el caso, el escrito inicial de demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León y fue remitida a este órgano jurisdiccional sin firma autógrafa. Como se precisó, el juicio de amparo procede bajo el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que se encuentran legitimados para promover la acción constitucional aquéllos a quienes perjudique o cause agravio el acto que se reclama, en otras palabras, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo aquél a quien el acto de autoridad reclamado le cause una lesión a sus derechos públicos subjetivos, afectación que debe ser real, objetiva y actual que hará valer mediante escrito en el cual haga constar su inconformidad expresando su voluntad a través de la firma autógrafa que estampe en la demanda de garantías, pues constituye un requisito esencial para dar validez a un documento. Por tanto, la carencia de firma autógrafa en original en una promoción o demanda, trae como consecuencia la no apreciación de esa voluntad por parte de quien aparece como accionante, y por tal motivo, los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio". Ahora bien, en el caso en concreto, se desprende que la demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, el once de febrero del año en curso y turnada a este órgano jurisdiccional ese día; asimismo, en los sellos de recepción correspondientes, se asentaron las leyendas "No ostenta firma" y "demanda sin firma", como se observa a continuación: De ahí que, si la quejosa no estampó su firma autógrafa, ello equivale a un simple documento sin voluntad que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendiente a darle curso legal. En tales condiciones, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de firma autógrafa), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Por lo que, si se otorgara a la promovente un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma autógrafa, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de inviabilidad prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º del referido ordenamiento, a contrario sensu, acorde con el diverso 113 de la propia normatividad legal, se desecha de plano la demanda de amparo sin firma autógrafa de * a nombre de la persona menor de edad de iniciales * Sin que el presente asunto se ubique en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual sería innecesaria la firma original u electrónica de la parte quejosa cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida.

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