Ana Luisa Valdez Rosas
Expediente 25/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ana Luisa Valdez Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En cumplimiento al aviso se notifica personalmente por medio de lista a la parte quejosa el auto de veintisiete de julio de dos mil veintiuno que a la letra dice: Vista la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa del artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales consiguientes. Previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto como concluido; glósense a este expediente los cuadernos incidentales. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Ahora bien, en términos del artículo 18, inciso b), este expediente es considerado depurable, porque se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por ello, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 18 del acuerdo en cita, procédase a su depuración. Por otra parte, debido a que este expediente judicial se refiere a un juicio de amparo con incidente, se procede a determinar la destrucción y depuración de aquél. En el caso del duplicado, debe ser considerado destruible de conformidad con el artículo 20 del acuerdo señalado, por lo que deberá ser destruido a partir de los seis meses de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido. En ese orden, respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el mismo debe ser considerado como depurable, por lo que resulta procedente la conservación de la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión, esto último a partir de los tres años de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y del estado de autos, se advierte que a la fecha transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, en relación con el diverso 201, de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el acuerdo de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el que se tuvo por cumplido el fallo protector; consecuentemente, con fundamento en lo previsto en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, por disposición expresa del artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales consiguientes. Previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se ordena archivar definitivamente el presente asunto como concluido; glósense a este expediente los cuadernos incidentales. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año en curso, se procede a determinar la clasificación documental de este expediente. En principio, no se considera de relevancia documental, porque no se cumple con ninguno de los supuestos que se mencionan en el capítulo quinto del acuerdo señalado. Ahora bien, en términos del artículo 18, inciso b), este expediente es considerado depurable, porque se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional. Por ello, una vez que transcurra el plazo de tres años a partir de esta fecha, en términos del numeral 18 del acuerdo en cita, procédase a su depuración. Por otra parte, debido a que este expediente judicial se refiere a un juicio de amparo con incidente, se procede a determinar la destrucción y depuración de aquél. En el caso del duplicado, debe ser considerado destruible de conformidad con el artículo 20 del acuerdo señalado, por lo que deberá ser destruido a partir de los seis meses de esta fecha, en que se ordena su archivo como asunto concluido. En ese orden, respecto al original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, el mismo debe ser considerado como depurable, por lo que resulta procedente la conservación de la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión, esto último a partir de los tres años de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De conformidad con el artículo 35 del acuerdo de mérito, los datos correspondientes a la valoración deberán ser anotados en la carátula del presente expediente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO SE ORDENA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio. En esa tesitura, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en este expediente y los datos aportados por la responsable de referencia, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, toda vez que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo es de orden público y, además, porque ningún asunto se puede archivar si no se encuentra debidamente cumplido el fallo definitivo. Ahora bien, la quejosa reclamó en esta vía constitucional, de la autoridad responsable: La resolución incidental de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente 299/2012. Asentado lo anterior, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Luisa Valdez Rosas, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente laboral 299/2012; b) Ordene la reposición del procedimiento, a fin de que, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordene las diligencias necesarias para determinar los aumentos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, y, en caso de que hubiesen existido dichos aumentos, de vista a las partes con las constancias que así lo acrediten, a fin de que manifiesten lo que su interés convenga; c) Dicte la resolución que en derecho corresponda, donde liquide las prestaciones condenadas en el laudo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, tomando como base el promedio de cotización de las últimas cincuenta y dos semanas laboradas por la actora; asimismo, deberá pronunciarse respecto de los incrementos salariales periódicos, si este estos hubiesen ocurrido durante el periodo de liquidación; y, d) Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional. Resolución que causó ejecutoria el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 97 a 99); por lo que, este órgano jurisdiccional requirió al Presidente de la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cananea, Sonora, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria emitida. Posteriormente, mediante oficio 945/2021 de quince de abril de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial en mención, remitió copia certificada del proveído de quince de abril de esta anualidad (fojas 110 y 111), del cual se aprecia lo siguiente: ".se deja insubsistente la resolución de incidente de liquidación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, y por cuanto hace a lo ordenado en el inciso b) Se ordena reponer el procedimiento y, sin alterar las actuaciones inconexas, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena girar ateto oficio al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a fin de que rinda los incrementos salariales que arre su base de datos, ocurridos durante el periodo de liquidación, del juicio que nos ocupa, esto es, del 23 de junio de 2017 a la fecha, referentes a la actora Ana Luisa Valdez Rosas, asimismo, se le requiere para que anexe los documentos en lo que fundamente su respuesta, requiriéndose a dicha autoridad para que en un TERMINO DE 3 DÍAS rinda el informe solicitado, apercibidos que de no hacerlo se les aplicara una multa de 30 días de salario mínimo vigente al momento de su aplicación por la cantidad que correspondan y por medio de las autoridades correspondientes, en términos de los artículos 731 y 783 de la Ley Federal del Trabajo." Además remitió el oficio 944/2021, enviado a la Directora del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cananea, Sonora, para que remitiera los incrementos salariales en mención. Asimismo, mediante diverso oficio 992/2021 de veintidós de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, envió las constancias que le hizo llegar la parte tercera interesada, donde informó que después de la fecha de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, no se registraban movimientos, circunstancia sobre la cual se dio vista a la quejosa, a través del acuerdo de veintidós de abril de esta anualidad (foja 118). En oficio bajo número 1465/2021 (foja 129), la junta responsable, remitió copia certificada de la resolución de incidente de liquidación de tres de junio de dos mil veintiuno de la que se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: "PRIMERO.- En cumplimiento a la Ejecutoria, así como lo requerido en oficio 3348 dictado, por el H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de Amparo 25/2020, se deja sin efecto la resolución incidental de liquidación pronunciada por esta Junta el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, teniéndose por emitida otra en los términos presentes. SEGUNDO.- Se tiene por cuantificado el punto resolutivo TERCERO del laudo de fecha 23 de junio del año 2017, y se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a que pague a la actora ANA LUISA VALDEZ ROSAS, una pensión mensual actualizada al 2021 de $2,199.73 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100M.N.), por el 50% de incapacidad permanente parcial, y la cantidad de $96,182.97 (NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.), por concepto de pensiones vencidas a partir de la fecha del laudo 23 de Junio del año 2017 al 03 de junio de 2021, así como la cantidad de $10,159.41 pesos (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100), por concepto de aguinaldos, las anteriores cantidades son salvo error u omisión de carácter aritmético, sin perjuicio de las cantidades que se sigan generando a favor del actor hasta que la demandada de cabal cumplimiento a la condena impuesta en autos; facultándose al Instituto demandado, para hacer los descuentos correspondientes por concepto del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución." Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la misma tal y como quedó establecido; pues existe concordancia entre la concesión con el cumplimiento, ya que el Presidente de la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cananea, Sonora, dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente laboral 299/2012, ordenó la reposición del procedimiento, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, y requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para determinar los aumentos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, con lo cual dio vista a la quejosa para que manifestará lo que a sus intereses conviniera. Una vez, acontecido lo anterior, dictó la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, donde en cumplimento a la ejecutoria de amparo, liquidó las prestaciones condenadas en el laudo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, tomando como base el salario promedio de las últimas cincuenta y dos semanas cotizadas de la quejosa arrojando la cantidad de $131.49 (cientos treinta y un peso moneda nacional 49/100), determinando además los incrementos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, concluyendo que el salario llegó al año de dos mil diecisiete a $176.73 (ciento setenta y seis pesos moneda nacional 73/100), monto que tomó en cuenta para la cuantificación de la condena. Asimismo, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional. Por tanto, si la protección constitucional fue concedida para dichos efectos, debe decirse que se ha restituido a **********, en el pleno goce de sus derechos, en términos de lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados. Consecuentemente, al darse cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, atendiendo los lineamientos establecidos en dicha resolución, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se tiene por restituida a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos; de igual forma con apoyo en el numeral 196 párrafos segundo y tercero, de la Ley de la materia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido.".
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio. En esa tesitura, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en este expediente y los datos aportados por la responsable de referencia, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad, toda vez que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo es de orden público y, además, porque ningún asunto se puede archivar si no se encuentra debidamente cumplido el fallo definitivo. Ahora bien, la quejosa reclamó en esta vía constitucional, de la autoridad responsable: La resolución incidental de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente 299/2012. Asentado lo anterior, se advierte que en sentencia terminada de engrosar el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Luisa Valdez Rosas, para que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: a) Deje sin efectos la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente laboral 299/2012; b) Ordene la reposición del procedimiento, a fin de que, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, ordene las diligencias necesarias para determinar los aumentos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, y, en caso de que hubiesen existido dichos aumentos, de vista a las partes con las constancias que así lo acrediten, a fin de que manifiesten lo que su interés convenga; c) Dicte la resolución que en derecho corresponda, donde liquide las prestaciones condenadas en el laudo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, tomando como base el promedio de cotización de las últimas cincuenta y dos semanas laboradas por la actora; asimismo, deberá pronunciarse respecto de los incrementos salariales periódicos, si este estos hubiesen ocurrido durante el periodo de liquidación; y, d) Reitere las consideraciones que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional. Resolución que causó ejecutoria el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno (fojas 97 a 99); por lo que, este órgano jurisdiccional requirió al Presidente de la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cananea, Sonora, para que dentro del término de tres días diera cumplimiento a la ejecutoria emitida. Posteriormente, mediante oficio 945/2021 de quince de abril de dos mil veintiuno, el Presidente de la Junta Especial en mención, remitió copia certificada del proveído de quince de abril de esta anualidad (fojas 110 y 111), del cual se aprecia lo siguiente: ".se deja insubsistente la resolución de incidente de liquidación de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Asimismo, y por cuanto hace a lo ordenado en el inciso b) Se ordena reponer el procedimiento y, sin alterar las actuaciones inconexas, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena girar ateto oficio al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a fin de que rinda los incrementos salariales que arre su base de datos, ocurridos durante el periodo de liquidación, del juicio que nos ocupa, esto es, del 23 de junio de 2017 a la fecha, referentes a la actora Ana Luisa Valdez Rosas, asimismo, se le requiere para que anexe los documentos en lo que fundamente su respuesta, requiriéndose a dicha autoridad para que en un TERMINO DE 3 DÍAS rinda el informe solicitado, apercibidos que de no hacerlo se les aplicara una multa de 30 días de salario mínimo vigente al momento de su aplicación por la cantidad que correspondan y por medio de las autoridades correspondientes, en términos de los artículos 731 y 783 de la Ley Federal del Trabajo." Además remitió el oficio 944/2021, enviado a la Directora del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cananea, Sonora, para que remitiera los incrementos salariales en mención. Asimismo, mediante diverso oficio 992/2021 de veintidós de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, envió las constancias que le hizo llegar la parte tercera interesada, donde informó que después de la fecha de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, no se registraban movimientos, circunstancia sobre la cual se dio vista a la quejosa, a través del acuerdo de veintidós de abril de esta anualidad (foja 118). En oficio bajo número 1465/2021 (foja 129), la junta responsable, remitió copia certificada de la resolución de incidente de liquidación de tres de junio de dos mil veintiuno de la que se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente: "PRIMERO.- En cumplimiento a la Ejecutoria, así como lo requerido en oficio 3348 dictado, por el H. Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de Amparo 25/2020, se deja sin efecto la resolución incidental de liquidación pronunciada por esta Junta el veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, teniéndose por emitida otra en los términos presentes. SEGUNDO.- Se tiene por cuantificado el punto resolutivo TERCERO del laudo de fecha 23 de junio del año 2017, y se CONDENA al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, a que pague a la actora ANA LUISA VALDEZ ROSAS, una pensión mensual actualizada al 2021 de $2,199.73 (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100M.N.), por el 50% de incapacidad permanente parcial, y la cantidad de $96,182.97 (NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 97/100 M.N.), por concepto de pensiones vencidas a partir de la fecha del laudo 23 de Junio del año 2017 al 03 de junio de 2021, así como la cantidad de $10,159.41 pesos (DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 41/100), por concepto de aguinaldos, las anteriores cantidades son salvo error u omisión de carácter aritmético, sin perjuicio de las cantidades que se sigan generando a favor del actor hasta que la demandada de cabal cumplimiento a la condena impuesta en autos; facultándose al Instituto demandado, para hacer los descuentos correspondientes por concepto del Impuesto Sobre la Renta. Lo anterior conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución." Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la misma tal y como quedó establecido; pues existe concordancia entre la concesión con el cumplimiento, ya que el Presidente de la Junta Especial número 47 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Cananea, Sonora, dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, emitida en el incidente de liquidación de laudo derivado del expediente laboral 299/2012, ordenó la reposición del procedimiento, con las facultades que le confiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, y requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social, para determinar los aumentos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, con lo cual dio vista a la quejosa para que manifestará lo que a sus intereses conviniera. Una vez, acontecido lo anterior, dictó la resolución de tres de junio de dos mil veintiuno, donde en cumplimento a la ejecutoria de amparo, liquidó las prestaciones condenadas en el laudo de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, tomando como base el salario promedio de las últimas cincuenta y dos semanas cotizadas de la quejosa arrojando la cantidad de $131.49 (cientos treinta y un peso moneda nacional 49/100), determinando además los incrementos salariales ocurridos durante el periodo de liquidación, concluyendo que el salario llegó al año de dos mil diecisiete a $176.73 (ciento setenta y seis pesos moneda nacional 73/100), monto que tomó en cuenta para la cuantificación de la condena. Asimismo, reiteró las consideraciones que no fueron materia de la concesión de la protección constitucional. Por tanto, si la protección constitucional fue concedida para dichos efectos, debe decirse que se ha restituido a **********, en el pleno goce de sus derechos, en términos de lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados. Consecuentemente, al darse cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, atendiendo los lineamientos establecidos en dicha resolución, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se tiene por restituida a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales transgredidos; de igual forma con apoyo en el numeral 196 párrafos segundo y tercero, de la Ley de la materia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido.
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