Ana Luisa Salvide Guadarrama

Expediente 675/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
675/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Ana Luisa Salvide Guadarrama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de enero del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; déjese por separado el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata.

  2. Principal

    VISTOS; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 675/2020, promovido por ****, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional en Acapulco, y otra autoridad responsable; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el siete de diciembre de dos mil veinte, y recibido en la Oficina de ??????????????? Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, en esa misma fecha y remitido por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Ana Luisa Salvide Guadarrama, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Como ordenadoras: "a).- El C. Agente del Ministerio Público de la Federación del Sistema Tradicional con sede en Acapulco, (.) Como ejecutora: a).- El C. Comandante de la Policía Ministerial Federal, adscrito a la Agencia del Ministerio Público de la Federación del Sistema Tradicional con sede en Acapulco, (.) a).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Reclamo el Libramiento de la Orden de Aprehensión y/o Detención que han dictado en mi contra y sin motivo ni fundamento legal justificado y fuera de todo procedimiento legal, en virtud de que no he cometido delito alguno. b).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA: Reclamo la ejecución material que pretendan cumplimentar de dicha orden de Aprehensión y/o Detención emanada de la autoridad responsable ordenadora." SEGUNDO. Transgresión y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados. TERCERO. Tramitación del juicio. Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, la cual se registró bajo el número 675/2020; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y decidir el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; así como conforme al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que el acto de molestia (orden de aprehensión o detención, y su ejecución) es atribuido a diversas autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio.1 TERCERO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden, previamente al estudio de la cuestión planteada deben fijarse clara y precisamente los actos 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. ??????????????? reclamados en la instancia constitucional; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Cabe destacar que la identificación de los actos reclamados, debe verificarse de una forma armónica con el contenido íntegro de la demanda de amparo, interpretando la verdadera intención del promovente, analizando los anexos y la información allegada en esa inicial etapa por el justiciable. Apoya a lo anterior, al jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). Asimismo, por identidad jurídica con las disposiciones de la Ley de Amparo, es aplicable la diversa jurisprudencia 2a./J. 55/98 emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." (Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Agosto de 1998, Tomo VIII, página 227) Ahora bien, no obstante la amplitud de facultades para la interpretación del escrito de demanda, en la determinación del acto reclamado debe prescindirse de la calificativa que el peticionario le imponga, de manera tal, que no sea dable confundir el acto reclamado con las alegaciones que se vierte en su contra, según lo informa la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, Abril de 2004, Tomo XIX, página 255) ??????????????? En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo indirecto en su integridad, se advierte que los actos reclamados en esta instancia constitucional son los siguientes: a) La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra; y, b) La ejecución de dicho mandato de captura. La anterior delimitación se extrae del capítulo de actos reclamados y antecedentes, expuestos por la parte quejosa y responde al imperativo que contiene el invocado numeral 74 de la ley de la materia, que ordena la fijación precisa de aquéllos, la que permita apreciarlos separándolos de los calificativos o argumentos que les acompañen. CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. La técnica expositiva de las sentencias en el juicio de amparo, impone como presupuesto de orden lógico, la verificación previa de la existencia del acto reclamado; lo anterior, pues dependiendo de ello se adoptará la postura del fallo; es decir, si el acto reclamado es inexistente, la sentencia debe finalizar con ese pronunciamiento. Por el contrario, si éste existe, entonces podrá procederse al análisis de las causales de improcedencia en su contra, o bien el estudio de fondo del asunto. En su parte conducente, resulta ilustrativa la jurisprudencia XVII.2º. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Abril de 1994, página 68. Por tanto, es menester determinar si los actos que se reclaman son ciertos o no. En esta tesitura, se tiene que al rendir sus respectivos informes justificados las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Federal Titular de la Agencia Segunda del Sistema Tradicional en Acapulco e Inspector Jefe Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial en Acapulco, ambos con sede en esta ciudad, negaron categóricamente los actos que les atribuye la quejosa Ana Luisa Salvide Guadarrama, consistentes en la orden de aprehensión o detención girada en su contra y su pretendida ejecución. Ahora bien, contra la negativa que de los actos reclamados hicieran las autoridades responsables, la impetrante de la protección constitucional no aportó prueba alguna tendente a acreditar su existencia, de suerte que en autos no se advierte dato alguno al respecto que evidencie su certeza. Debe recordarse que de acuerdo con la técnica del juicio de amparo, ante la negativa de las autoridades responsables, la quejosa debió aportar pruebas tendentes a demostrar que efectivamente la designada como ordenadora emitió el mandato de captura impugnado, y que la diversa ejecutora pretende dar cumplimiento a dicha orden, lo que en la especie no aconteció, pues la impetrante del amparo omitió ofrecer probanza idónea para tal efecto, a pesar de que, conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, se encontraba en aptitud de aportar medios convictivos a su favor. Lo anterior, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la tesis aislada VI.2o.A.4 K, que enseguida se transcribe: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS ??????????????? AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." (Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de dos mil dos, página 903). Así como la jurisprudencia registrada con el número 284 en el Apéndice 1917-2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y la quejosa no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74 de la Ley de Amparo". (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registrada con el número 284 en el Apéndice 1917- 2000, Tomo VI, página 236). En esas condiciones, al no obrar dato alguno que demuestre la existencia del acto reclamado a las autoridades designadas como responsables en este expediente, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 65, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto; se tiene por recibido y se ordena glosar a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio firmado por el Inspector Jefe Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial en Acapulco, con residencia en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; toda vez que en proveído de dieciséis de diciembre actual, se recibió el mismo vía correo electrónico y se acordó lo conducente. Cúmplase

  4. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio enviado electrónicamente por el Inspector Jefe Encargado de la Subsede de la Policía Federal Ministerial en Acapulco, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

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