Ana Luisa Ramos López

Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
299/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • Ana Luisa Ramos López
  • ANA LUISA RAMOS LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguense el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante los cuales allega copia certificada del acuerdo de cinco de los actuales derivado de la constancia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés en el expediente laboral 24/E/2018. ...con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo con el oficio de cuenta y su anexo dése vista a las partes por el término de tres días computado a partir de que el presente proveído sea notificado para que expresen lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que en caso de no realizar manifestación alguna se resolverá sobre el cumplimiento del fallo protector con base en los elementos que obren en el expediente y en los datos aportados por la autoridad. Notifíquese y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    Agréguese el escrito firmado por el autorizado del quejoso mediante el cual solicita que se requiera a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia... con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo requiérasele para que dentro del plazo de tres días informe las gestiones que efectúa a fin de acatar el fallo protector y allegue copia certificada con la que lo acredite o bien, el impedimento legal que tenga para ello... En la inteligencia de que si no cumple en el plazo concedido sin causa justificada se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso 238, ambos de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".dicte de inmediato el acuerdo respecto de la constancia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, tendente a notificar al tercero ********************, dentro del expediente laboral ********************; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 299/2023; promovido por Ana Luisa Ramos López, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y su Actuario adscrito, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Ana Luisa Ramos López por conducto de su representante legal Marcela González Arjona, demandó el amparo y protección de la justicia federal en contra del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y su Actuario adscrito, por lo siguiente: ".ACTO RECLAMADO: La dilación abierta del procedimiento por la autoridad responsable al dejar de dictar y cumplir con los plazos que establece la ley, en particular al dejar de emplazar a los terceros llamados a juicio VICENTE HUERTA RAMÍREZ ASÍ COMO LA PREPARATORIA FEDERALIZADA NÚMERO 1 MARTE R. GÓMEZ DE IGUAL FORMA A LA ASOCACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA FEDERALIZADA NÚMERO 1 MARTE R. GÓMEZ, y en su oportunidad notificar la contestación recaída dentro del expediente 24/E/2018 en que se actúa en los términos establecidos por la ley." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 299/2023; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado; se postergó el emplazamiento del tercero interesado, y se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito; finalmente, la audiencia constitucional, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 24/E/2018, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a las autoridades responsables se les reclama: La omisión de emplazar a juicio a los terceros: Vicente Huerta Ramírez; Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez; y, Asociación de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez. Lo que fuera ordenado mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 24/E/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Ahora bien, respecto a la omisión del emplazamiento de los terceros llamados a juicio 1) Vicente Huerta Ramírez, 2) Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez y 3) Asociación de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; refiriendo que en diligencia celebrada el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, procedió a comisionar al actuario adscrito con la finalidad de que llevara a cabo el emplazamiento respectivo de los citados terceros, lo cual realizó mediante la práctica de las diligencias actuariales de nueve y diez de marzo de dos mil veintitrés. En el mismo sentido se pronunció el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con las constancias allegadas, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y su Actuario adscrito, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, respecto al emplazamiento de los terceros llamados a juicio Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez y Asociación de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez, dicha causal encuadra a través de la emisión de las diligencias actuariales de nueve y diez de marzo de dos mil veintitrés. En las que el fedatario adscrito al Tribunal responsable hizo constar que se constituyó en el domicilio de los terceros llamados a juicio, a fin de realizar el emplazamiento correspondiente, corriéndoles traslado con copia de la demanda inicial y del proveído dictado al mismo, así como del acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables, puesto que con la emisión de las diligencias actuariales de nueve y diez de marzo de dos mil veintitrés, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que se emplazara a los terceros llamados a juicio dentro del sumario de origen, lo que en la especie aconteció respecto a la Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez y Asociación de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto a la omisión de emplazar a los terceros llamados a juicio Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez y Asociación de Padres de Familia de la Escuela Preparatoria Federalizada Número 1 Marte R. Gómez, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio. En el caso, como las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este órgano de control constitucional, de oficio, advierte que se actualice alguna diversa, procede examinar el fondo del presente asunto, en relación al diverso acto consistente en la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio al tercero Vicente Huerta Ramírez, sin que haya necesidad de transcribir los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante en su demanda de amparo, los que se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, máxime que el artículo 77 de la Ley de Amparo, no señala que deban transcribirse en la sentencia. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo de 2010, Novena Época, que se lee: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." La impetrante de amparo, aduce que la omisión impugnada, es violatoria de las garantías contempladas en los artículos 14 y 17 constitucionales, aunque para ello se amerite suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo, al advertir este juzgador que la autoridad responsable infringe en perjuicio de la parte quejosa lo dispuesto por el numeral 108 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas; y en vía de consecuencia el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución, que establece la obligación de los tribunales de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes. En relación a ese derecho fundamental, el párrafo segundo del artículo 17 Constitucional, que contiene el derecho humano de seguridad jurídica, dispone: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Ahora bien, el numeral antes transcrito establece como derecho humano, que la administración de justicia se imparta por los tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Y, respecto a ello, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el alcance de lo dispuesto por dicha norma superior en la jurisprudencia P./J. 113/2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En otras palabras, el derecho fundamental en estudio, se traduce en la existencia de instancias, recursos o medios de defensa que permitan al gobernado una eficaz defensa mediante el ofrecimiento de pruebas y la posibilidad de expresar los argumentos necesarios para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo que se agota con la precisión en la norma de las formas procesales: cómo, cuándo y dónde deben ejecutarse los actos procesales, pues dichos plazos y términos tienen como fin generar seguridad jurídica para las partes en la contienda judicial y permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas. Ahora bien, una vez establecido que el Alto Tribunal ya definió con precisión el alcance del derecho fundamental garantizado por el artículo 17 constitucional, cabe señalar que la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe realizarse dentro de la necesidad de que los procedimientos jurisdiccionales, dependiendo de su naturaleza y carga de trabajo de los órganos, se efectúen en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. En ese orden de ideas, son fundados los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. En efecto, la impetrante se duele de la omisión de la autoridad responsable de emplazar a juicio al tercero Vicente Huerta Ramírez, lo que fuera ordenado mediante auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente laboral 24/E/2018. Entonces, si en el presente caso la autoridad responsable remitió copia certificada de la diligencia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la cual, el actuario judicial hizo constar que se constituyó en la Preparatoria Federalizada Número 1, a fin de emplazar a Vicente Huerta Ramírez, lugar donde una persona quien se identificó como Oferlinda Ruiz le manifestó ".que dicha persona ya no labora en esa institución y que ya falleció, por lo que no me puede recibir la notificación siendo todo lo que manifiesta."; de ahí que, no fue posible llevar a cabo el emplazamiento por lo que devuelve el expediente al Tribunal a fin de que acuerde lo conducente. En ese sentido, la autoridad responsable no justificó haber emplazado a juicio al tercero Vicente Huerta Ramírez, toda vez que, omitió acreditar lo acordado respecto a dicha constancia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dentro de los términos de ley, -que de acuerdo al segundo párrafo del artículo 108 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, la autoridad responsable cuenta con el término de setenta y dos horas siguientes a la conclusión de la diligencia respectiva para dictar los acuerdos de trámite-, de ahí que se vulnera el derecho humano de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 constitucional, y su actuar resulta contrario a las obligaciones que le impone la disposición constitucional invocada, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia Artículo que se transcribe para una mayor comprensión: "ARTÍCULO 108.- (.) El Tribunal dictará los acuerdos de trámite dentro de las setenta y dos horas siguientes a la conclusión de la audiencia o diligencia respectiva. Dichas resoluciones no admitirán recurso alguno. Pues no pasa desapercibido para este juzgador que si bien, la responsable allega una constancia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, con la que acredita haberse constituido en el domicilio de Vicente Huerta Ramírez, a fin de emplazarlo a juicio, sin que haya sido posible la realización de la notificación correspondiente en virtud de que el nombrado tercero falleció, lo cierto es que dicha actuación no basta para colmar la omisión que reclama la parte quejosa, pues después de dicha actuación, no existe constancia en autos con la que se acredite que el Tribunal responsable siguió tomando las medidas necesarias a fin de realizar la notificación ordenada. Por consiguiente, al estar demostrada la omisión combatida en los términos aducidos por la parte quejosa en su demanda de amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal que solicita para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, dicte de inmediato el acuerdo respecto de la constancia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintitrés, tendente a notificar al tercero Vicente Huerta Ramírez, dentro del expediente laboral 24/E/2018; lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. Finalmente, el amparo y protección de la Justicia Federal, se hace extensivo al acto de ejecución que se atribuye al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, residente en esta ciudad, en virtud de que los mismos no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora. Es aplicable en la especie, la jurisprudencia publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 66, que a la letra dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman especialmente, vicios de ésta." Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ana Luisa Ramos López, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y su Actuario adscrito, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Luisa Ramos López, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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