Ana Luisa Quiroz Lara
Expediente 144/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 144/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ana Luisa Quiroz Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; once de octubre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo, y por la otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, sin que sea necesario refoliar el mismo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión provisional y definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Devolución de documentales. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito, remitió diversas documentales relacionadas con el acto, las cuales se ordenó llevar por separado; por tanto, al tratarse este juicio de un asunto concluido, se ordena remitir tal documental a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de recibido de las constancias mencionadas, harán las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 144/2020, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, remitido al día siguiente, por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, ************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: "III.- AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE: C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS (.) IV.- NORMASAS GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: a).- De la autoridad señalada como responsable, reclamo la interlocutoria de fecha siete de enero del año 2019, dictada dentro del Incidente de Ejecución Forzosa de Convenio, derivada del Juicio Ejecutivo Mercantil número*********, radicado en el Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en su Primera Secretaria, por estimar que dicha resolución es contraria a derecho y lesiona los derechos humanos y constitucionales de la suscrita. b).- Asimismo, reclamo la negativa de substanciar el recurso de apelación interpuesto por la suscrita, para impugnar la interlocutoria de referencia, aplicando retroactivamente en mi perjuicio, reformas hechas al Código de Comercio que establecen determinada cuantía para hacer procedente la misma, sin tomar en cuenta que se trata de un juicio que data 2005, cuando no se encontraban en vigor dicha limitante, de allí que la negativa es contraria a derecho y lesiona los derechos humanos y constitucionales de la suscrita." Actos que consideró violatorios de los derechos humanos reconocidos a su representada en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. AUTO INICIAL Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, conocer de la demanda de garantías de que se trata, registrándose con el número de expediente 144/2020, misma que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite y en dicho acuerdo, se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, los actos reclamados, son atribuidos a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, atendiendo por lineamiento jurisprudencial, al análisis integral de la demanda de garantías. Así, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que en esencia se reclama: a).- Resolución de siete de enero de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente de ejecución forzosa de convenio derivado del juicio ejecutivo mercantil ********, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. b).- El auto de veinte de enero de dos mil veinte, mediante el cual, se indicó que no había lugar a substanciar el recurso de apelación interpuesto por la parte quejosa en contra de la referida interlocutoria dictada en el incidente de ejecución forzosa. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, estudiar las causas de improcedencia y, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. En ese sentido, son ciertos los actos reclamados, toda vez que así lo manifestó la autoridad responsable Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, por tanto, se tienen como existentes los mismos para efectos de resolver en esta instancia de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número doscientos setenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete-dos mil, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Certeza que, además, se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente **********del índice del juzgado, mismas que gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de las que se advierte la existencia de los actos reclamados. En relación al valor de las referidas constancias, es aplicable la Jurisprudencia publicada con el número 226, sostenida por el otrora Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de antigua integración, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b) del segundo considerando de esta sentencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]" Ese artículo determina la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, así como en párrafos subsecuentes, los casos de excepción a dicho principio. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así, encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos en los cuales el particular promueve el mismo, impugnando un acto emanado de dichos tribunales, sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Se tiene entonces que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia invocada, los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Expuesto lo anterior, debe decirse que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo para los efectos de procedencia del juicio de amparo, toda vez que la parte quejosa pudo interponer el recurso de revocación previsto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 1334.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335.- Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." De ahí que, la instancia constitucional sea improcedente, en virtud de que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, sobre todo porque con dicho recurso de revocación podría tener como efecto, el nulificar o modificar el acuerdo de que se duele. Lo anterior es así, ya que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se esté en posibilidad de acudir al medio extraordinario de impugnación que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 188092, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Civil, Tesis: 1a./J. 101/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 138, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". En la jurisprudencia antes trascrita nuestro Máximo Tribunal prevé la procedencia del recurso de revocación en contra del auto que no admite el de apelación, ello, porque el recurso citado en primer término es considerado como un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada la determinación de inadmitir la apelación. Aunado a lo anterior, no se está en el caso de excepción que prevé el numeral indicado relativo a que la persona que promueva el juicio de amparo sea extraña al procedimiento, pues la aquí quejosa es parte en la controversia de origen. Tampoco el acto reclamado importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni implica la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; no consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución, no decide un incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier acto que afecte la libertad personal; ya que como se precisó, la parte impetrante se duele del auto de veinte de enero de dos mil veinte, en el que la responsable indicó que no había lugar a tener interpuesto el recurso de apelación hecho valer por la parte demandada, aquí quejosa. Tampoco está en el supuesto del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para la parte quejosa interponer el recurso correspondiente o acudir al juicio de amparo, pues la procedencia del recurso de revocación a que se ha hecho referencia no se encuentra sujeto a alguna interpretación, pues el numeral que lo regula, es claro al establecer que, los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio; máxime que ya hay criterio obligatorio del más alto Tribunal que determina con claridad la procedencia del recurso. Asimismo, resulta oportuno invocar la jurisprudencia VI.2o.C.J/260, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIII, marzo de 2006, página 1816, que dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." También, es aplicable por analogía la jurisprudencia VI.1°.J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 67, julio de 1993, página 51, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.". En esas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia antes invocada procede SOBRESEER el presente juicio de amparo por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b) del segundo considerando de esta sentencia. Con base en ello, no ha lugar a analizar los conceptos de violación relativos a la negativa de substanciar el recurso de apelación, por estar impedido este órgano federal para hacer un pronunciamiento de fondo, ya que como se dije debió agotar el recurso de revocación establecido en la legislación aplicable, medio de impugnación donde debió hacer valer su argumentos de inconformidad. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO RELATIVO A LA INTERLOCUTORIA DE SIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Antes de analizar los conceptos de violación, es necesario para una mejor comprensión del asunto, precisar los antecedentes relacionados con el acto reclamado que se advierten de las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable adjuntas a su informe con justificación: 1. Escrito presentado el quince de diciembre de dos mil cuatro, de ******* por conducto de sus endosatarios en procuración, mediante el cual demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa a **********, esta última aquí quejosa, el pago de la cantidad de $179,000.00 (ciento setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, el pago de intereses convencionales al 2% mensual, el pago de intereses moratorios a razón del 2.5 % mensual, así como el pago de gastos y costas (foja 2 a 6 del tomo de pruebas 1/1) 2. El Juez Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, radicó la demanda en cita con el número de expediente ********, y dictó auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de la parte demandada (foja 7 y 8 del tomo de pruebas) 3. Escrito presentado el catorce de marzo de dos mil cinco, mediante el cual las partes presentaron convenio para dar por concluido el juicio mercantil de origen (foja de 17 a 22 del tomo de pruebas). 4. Resolución de veintiocho de marzo de dos mil cinco, mediante la cual se aprobó el convenio celebrado entre las partes, el cual se elevó a la categoría de cosa juzgada. 5. Escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual la parte actora promovió incidente de liquidación de sentencia (foja 1 a 7 del tomo de pruebas 2/2). 6. Auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se admitió a trámite dicho incidente y se ordenó dar vista a la parte demandada con el mismo (foja 8 tomo de pruebas 2/2). 7. Constancia de notificación a la parte demandada, aquí quejosa, **********8. Resolución interlocutoria de siete de enero de dos mil diecinueve, mediante la cual se declaró procedente el incidente de liquidación de sentencia y se aprobó la planilla de suerte principal e intereses moratorios generados del treinta de marzo al treinta de agosto de dos mil cinco, hasta por la cantidad de $253,908.71 (doscientos cincuenta y tres mil novecientos ocho pesos 71/100 m.n.). Determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Agotado el estudio de las causas de improcedencia, lo procedente es examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, a la luz de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, para lo cual se considera innecesaria la transcripción de los mismos sin que ello implique que se viole alguna disposición de la Ley de Amparo, además de que bajo esta circunstancia no se le deja en estado de indefensión al quejoso, pues el hecho de que no se realice la transcripción de los mismos no significa que el juez de amparo este impedido para el estudio integral de ellos. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, con el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". La parte impetrante aduce que se violaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en la resolución reclamada la autoridad responsable no tomó en consideración que en el expediente de donde deriva el incidente de liquidación de sentencia operó la prescripción de la acción ejecutiva de la sentencia, lo anterior, toda vez que transcurrió el término de tres años establecido en el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. Es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa. Lo anterior es así, en virtud de que contrario a lo que expresa, la quejosa la autoridad responsable no estaba en condiciones de declarar la prescripción de la acción ejecutiva, pues no se encontraba obligada a realizar el estudio oficioso de la figura jurídica de la prescripción negativa, ya que la prescripción opera únicamente como excepción procesal, dado que se encuentra sometida al principio de justicia rogada, ello, porque es una excepción perentoria que destruye una acción que tuvo existencia y, como excepción debe ser opuesta por el demandado, habida cuenta que cabe la posibilidad jurídica de que el obligado renuncie a la prescripción adquirida y decida cumplir con el convenio o sentencia elevada a categoría de cosa juzgada. Esto es así, pues puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo decida cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte, siendo ésta la razón por la que el juzgador no puede analizarla de oficio. En ese orden, la prescripción no puede analizarse de oficio por el juzgador, ya que corresponderá al beneficiado con la prescripción que haga valer la excepción correspondiente, para que la autoridad se ocupe de determinar su procedencia. Así, la excepción referida requiere de petición de parte para que así se declare, pues aun cuando el derecho a ejecutar una resolución no puede adquirir la calidad de perpetuo ni imprescriptible, pues el abandono de ese derecho, si bien da origen a la figura de la prescripción, ésta constituye una excepción propia que debe oponer la parte obligada; de modo que en el juicio seguido contra el obligado, aun cuando se esté en el periodo de ejecución de sentencia, no es admisible que el Juez invoque, de oficio, la prescripción, sino que ésta sólo opera cuando es opuesta como excepción, pues depende de la voluntad del sujeto pasivo cumplir con la obligación contraída, o bien, disponer de lo surgido a su favor como resultado de la inercia de su contraparte. En esa tesitura, si la demandada incidentista -ahora quejosa-, fue omisa en hacer valer como excepción tal figura, al momento que se le dio vista con la promoción del incidente de liquidación, es evidente que esa excepción no pudo ser analizada por el juez de origen al no estar en presencia del estudio oficioso y supletorio de la misma. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación, noviembre de 2016, libro 36, tomo II, página 873 de rubro y texto: "PRESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DICTADA EN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NO DEBE ANALIZARLA DE OFICIO. La interpretación de los artículos 1079, fracción IV, del Código de Comercio, 1135, 1136, 1141 y 1142 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, conduce a determinar que el plazo de prescripción de tres años para la ejecución de sentencias dictadas en juicios ejecutivos mercantiles, previsto en el primero, no debe ser analizado de oficio por el juez, sino sólo a petición de parte. Lo anterior, porque la prescripción negativa es una institución jurídica establecida en beneficio del deudor para verse librado de la obligación por el transcurso de cierto tiempo sin que se le haya exigido su cumplimiento por el acreedor, que genera en su favor una acción o una excepción perentoria, la cual no opera de pleno derecho, porque el deudor no queda liberado mientras no juzgue conveniente servirse de este medio de defensa, de modo que si realiza el pago no obstante el tiempo transcurrido, éste es válido y no da lugar a la acción de pago de lo indebido. De ahí que los jueces deban abstenerse de analizar oficiosamente este aspecto, para dejar al deudor la determinación de hacer valer o no la prescripción, pues responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el deudor o ejecutado, ya que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción de ejecución, porque no bastaría verificar el transcurso del tiempo, sino que involucra hechos que deben ser acreditados y de los que debe darse oportunidad al acreedor de controvertir, referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la prescripción; por ejemplo, si la obligación es prescriptible, si operó algún supuesto de suspensión o de interrupción del plazo de prescripción, si es correcto el cómputo de plazo, cuál es su punto inicial y cuál el final, entre otros. Con dicha jurisprudencia queda en evidencia el impedimento del juez para analizar de oficio el plazo de prescripción para la ejecución de sentencia, si ello no fue hecho a petición de parte, al no operar de pleno derecho, para dejar al deudor la determinación de hacer valer o no la prescripción, pues responde al principio de justicia rogada y debe ser planteada y probada por el deudor o ejecutado, ya que no se funda en un hecho que por sí solo excluya la acción de ejecución, porque no bastaría verificar el transcurso del tiempo, sino que involucra hechos que deben ser acreditados y de los que debe darse oportunidad al acreedor de controvertir, referentes a las diversas condiciones necesarias para configurar la prescripción. Sirve de apoyo, de igual manera, la jurisprudencia 1a./J. 5/2016 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 32, Julio de 2016, Tomo I, página 301, de rubro y texto: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL JUZGADOR NO PUEDE ANALIZAR DE OFICIO LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DERIVADA DE UN TÍTULO DE CRÉDITO.- El juicio ejecutivo mercantil es un proceso que pertenece al derecho privado, que se rige por el principio dispositivo, por lo que es de litis cerrada y, por regla general, se limita la intervención oficiosa del juzgador a cuestiones estrictamente relacionadas con la procedencia de la acción o con el control difuso de constitucionalidad. En esta tesitura, atento a la distinción funcional que existe en el derecho procesal civil entre las excepciones propias -que se componen de hechos que, por sí mismos, no excluyen la acción, responden al principio de justicia rogada y son planteados y probados por el demandado- y las impropias -que se integran por hechos que por sí solos excluyen la acción y una vez que constan probados en autos el juez debe estimarlos de oficio, aunque el demandado no lo haya invocado-; resulta que la prescripción de la acción cambiaria es una excepción "propia" que debe hacerse valer por el deudor cambiario para que sea considerada por el juzgador quien no puede analizarla de oficio, dado que el transcurso del tiempo, por sí solo, no excluye la acción por prescripción, sobre la base de que para determinar la prescripción negativa de la acción es necesario, además, el examen de diversos hechos relacionados con la inactividad del acreedor cambiario respecto de los distintos suscriptores obligados demandados. En complemento de lo anterior, el diseño legislativo del juicio ejecutivo mercantil dota al acreedor-actor de una presunción juris tantum (salvo prueba en contrario), respecto de la procedencia de su pretensión, arrojando a los demandados la carga procesal de desvirtuar y probar la improcedencia o ineficacia de la que se le reclama a cada uno con base en el título de crédito, por lo que en la demanda del juicio ejecutivo mercantil el accionante no tiene la carga de justificar de manera adicional o complementaria a la exhibición del título, la existencia o la vigencia (calidad de no prescrito) del derecho literalmente consignado en el documento cambiario, pues la ley sólo exige la presentación de la demanda y la exhibición del título en que se funda." Ahora bien, no pasa inadvertido para la que esto resuelve el hecho de que la parte quejosa haya indicado en su escrito de demanda de amparo que no fue notificada de la tramitación del incidente de liquidación de sentencia; no obstante ello, atendiendo a esa circunstancia, mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, se requirió a la impetrante, para el efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como el acto que de manera específica se quejaba; sin que dicha parte procesal haya realizada manifestación alguna al respecto. Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el incidente de liquidación de origen, se advierte que la parte demandada fue notificada de la tramitación de dicha incidencia, según diligencia de dieciocho de noviembre de dos mil diecisiete (foja 22 y 23 del tomo de pruebas 2/2) e incluso que esa actuación procesal se llevó a cabo con la directa demanda, aquí quejosa. Por tanto, toda vez que la autoridad a quien se le atribuye la omisión del emplazamiento al incidente de que se trata (o en su caso ilegalidad), no fue señalada como responsable ni parte en el presente juicio de amparo; por ende, no se está en condiciones de calificar la constitucionalidad de tal actuación y, por tanto, sus todos efectos jurídicos al no estar invalidada, de ahí que deba tenerse a la impetrante como parte debidamente llamada al incidente de que se trata y con la obligación de plantear sus defensas y excepciones, como la relativa a la prescripción de la acción ejecutiva. En esa medida, devienen infundados sus argumentos por los cuales la parte quejosa pretende evidenciar la obligación de la autoridad responsable de declarar la actualización de la figura de la prescripción negativa, dado que como ha quedado demostrado en la presente resolución, la misma no fue hecha valer como excepción; y toda vez que no se combate la resolución reclamada por cuestiones diversas, ni se advierte motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, ha lugar a negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. PUBLICIDAD. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********, por propio derecho, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b) del segundo considerando de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia Federal NO AMPARA ni protege a ******, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del segundo considerando de esta sentencia, por los motivos y fundamentos expresados en el último considerativo de la misma. TERCERO. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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Cuernavaca, Morelos; doce de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento ni celebrar la audiencia constitucional. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Consecuentemente, se fijan las nueve horas con veinte minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Hágase saber a las partes que toda vez que de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que entró en vigor el tres de agosto del presente año, se privilegia el uso de medios tecnológicos y se controla la presencia física en las instalaciones de los órganos jurisdiccionales, la audiencia constitucional se llevará a cabo mediante el método de videoconferencia en la plataforma digital "CISCO WEBEX"; por lo que, deberán proporcionar un correo electrónico, en el que se les enviará una invitación para unirse a la sesión correspondiente, pero en caso de no hacerlo, se entenderá que no es su deseo participar en la misma. Sin que pase inadvertido que deberán estar legitimadas para tal efecto, ya que a las personas que indiquen, se les enviará el citatorio electrónico respectivo siempre y cuando tengan personería reconocida en autos. Oportunidad de escrito. Se aclara que el escrito deberá presentarse a más tardar dos días antes de la fecha programada para la audiencia constitucional, pues se deben realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional. En caso de que la totalidad de las partes manifiesten que no es su deseo asistir o, hagan caso omiso a lo anterior, se entenderá que no es su deseo participar en la videoconferencia; por lo tanto, la audiencia constitucional no será por este medio, sino únicamente con una constancia que al efecto se realice y firme por el personal de este juzgado, ya que como bien lo estipula el artículo 5, fracción II del acuerdo 21/2020, la misma puede llevarse a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes. Sobre las pruebas y alegatos. Debe decirse a las y los intervinientes que dicha diligencia será´ pública; como lo plasma el artículo 124 de la Ley de Amparo. A su vez, se llevara´ a cabo la relacio´n de constancias y recibira´n los alegatos que por escrito formulen. Sobre este punto, las partes no deben soslayar que si es su deseo alegar o inclusive presentar pruebas de manera oportuna, les corresponde conocer el horario y funcionamiento de la Oficiali´a de Partes Comu´n y el buzo´n judicial, tal como lo preve´ el acuerdo 21/2020, a menos que el acto reclamado encuadre en alguna de las hipo´tesis previstas en el arti´culo 15 de la ley de la materia, ya que, de ser el caso, u´nicamente la parte quejosa podra´ alegar verbalmente. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otro lado, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.
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Cuernavaca, Morelos; dos de diciembre de dos mil veinte. Visto estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió a la parte quejosa, el término de quince días, otorgado en proveído de veintinueve de octubre de la anualidad actual, a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, sin que a la fecha lo haya hecho, no obstante de encontrarse notificada para ello, como se advierte de las constancias que obran en autos, por tanto se hace efectivo el apercibimiento decretado y se sigue el trámite del presente juicio únicamente por las autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. A efecto de que la parte quejosa se imponga del presente auto, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO para su verificativo. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el presente juicio de amparo y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.
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