Ana Luisa Ontiveros López

Expediente 299/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
299/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Ana Luisa Ontiveros López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. SE REMITEN CONSTANCIAS Por otra parte, devuélvanse las constancias remitidas por las autoridades Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California y Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, toda vez que resulta innecesaria su retención en el presente juicio de amparo, pues a la presente data es un asunto totalmente concluido CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEIDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado actual de autos, se desprende que el plazo conferido en proveídos de dos y dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, transcurrió para la parte promovente, sin que haya dado cumplimiento a las prevenciones decretadas en autos; sin embargo, realizando un nuevo análisis del escrito de demanda, así como el escrito aclaratorio presentado el once de mayo del año en curso, a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la impartición de justicia a la parte quejosa, se tiene por desahogadas las prevenciones antes mencionadas, sin que pase desapercibido que la promovente no narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado; sin embargo, tomando en consideración que la demanda lo es un todo y el juicio en que se actúa viene integrado, en obvio de mayores dilaciones procesales, se procede a resolver. Ahora bien, una vez aclaro lo anterior, este Juzgado advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente desechar de plano la demanda que se trata. Lo anterior es así, en razón de que claramente se desprende de lo que se establece en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo aplicado a contrariu sensu, que para fines ilustrativos, se reproduce el contenido de los numerales invocados que literalmente se expresan (lo subrayado es propio): "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" Tomando como premisa el acto de reclamo que atribuyó a las autoridades que indicó como responsables, en el punto número tres de su escrito de demanda (foja 31), lo siguiente: "LA VIOLACIÓN PROCESAL QUE COMETE AL DENEGARME EL PRINCIPIO DE JUSTICIA AL DESECHARME EL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, PERSONERÍA Y LEGITIMACIÓN DE LA QUE SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL (FIFONAFE, SIN ACREDITARLO IDÓNEA Y FEHACIENTEMENTE Y LA NEGATIVA DE ADMITIR EL RECURSO DE APELACIÓN EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DEL INCIDENTE DE FALTA DE PERSONALIDAD, PERSONERÍA Y LEGITIMACIÓN DE LA PERSONA QUE SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DENOMINADO FONDO NACIONAL DE FOMENTO EJIDAL (FIFONAFE MOTIVO DE LA QUEJA QUE SE RADICÓ BAJO EL TOCA CIVIL 662/2016." Ahora, previo a efectuar pronunciamiento al respecto, resulta imperioso destacar, que el Tribunal en Pleno distinguió que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito, que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en los que se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, esos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo estrictamente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación -el Tribunal en Pleno agregó- se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que efectivamente llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. En esta línea ideológica, de acuerdo con el principio estatuido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el ordinal 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Se transcribe la última porción normativa, únicamente para fines ilustrativos: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Así, en dicho artículo se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Sobre esta base, resulta oportuno puntualizar lo siguiente: Mediante escrito de nueve de noviembre de dos mil quince, la parte quejosa interpuso incidente de falta de personalidad, en el expediente 770/2014, del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California (foja 789 a 808 del tomo II de prueba). En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de noviembre de dos mil quince, fue desechado el incidente antes mencionado, por los motivos ahí expuestos (foja 809 del tomo II de prueba). Inconforme con la anterior determinación, la promovente interpuso recurso de apelación (fojas 812 a 818 del tomo II de prueba), mismo que no fue admitido mediante proveído de trece de enero de dos mil dieciséis, por el Juez Quinto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California (foja 819 del tomo II de prueba). Posteriormente, la parte quejosa presentó recurso de queja contra la autoridad antes mencionada, el cual fue remitido por auto de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California para su substanciación (foja 838 del tomo II de prueba). Finalmente, mediante resolución interlocutoria de diez de junio de dos mil dieciséis emitida en el toca civil 662/2016, la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, declaró infundado el recurso de queja. La anterior resolución, constituye el acto reclamado que esta vía se combate, mismo que no afecta derechos sustantivos ni causa daños y perjuicios de difícil reparación, puesto no debe de perderse de vista que dicha resolución deriva de los recursos interpuestos contra el incidente de falta de personalidad promovido por la quejosa, dado que se trata de un acto meramente intraprocesal, el cual, no afecta de manera inmediata sus derechos sustantivos, ni tampoco le causa una afectación de grado predominante o superior en su esfera jurídica de derechos, dado que, no tiende a privarlo de un derecho, bien o posesión. De igual forma, conviene señalar que dicho acto podría repararse a través de una resolución favorable, por lo mismo, es de considerarse que no se ha consumado irreversiblemente. Por lo cual, no cumple con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), del Pacto Federal, en unión al diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales de la impetrante (propiedades, posesiones o derechos). Da origen a esta determinación la exégesis pronunciada en la ejecutoria de la Jurisprudencia P./J. 37/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Asimismo, apoya lo anterior, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." De igual manera, es aplicable la tesis aislada 2a. XLIX/2015 (10a.), emitida por la referida Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Bajo ese contexto, este Juzgador considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito. Considerando lo anterior, en el caso sujeto a esta potestad, NO se ubica en la hipótesis que se define como "actos de ejecución irreparable", en virtud de que NO trasciende a una afectación, que impida al peticionario de amparo el ejercicio de un derecho sustantivo que le asista, puesto que únicamente tiene efectos de violaciones cuyo efecto es de carácter adjetivos o procesal; por tanto, se actualiza el supuesto manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, resulta manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de derechos fundamentales, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por tanto se desecha la demanda de amparo. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEIDO DE ESTA FECHA, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de dos de mayo de dos mil dieciocho, se le requirió a la parte quejosa para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el plazo señalado para tal efecto, con el apercibimiento que de no desahogar dicha vista, las siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarían por medio de lista; en consecuencia, con fundamento en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto, por lo que se ordena al actuario de la adscripción, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. Ahora bien, visto el estado actual de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer lo conducente en relación con el escrito aclaratorio presentado por la parte quejosa, hasta en tanto feneciera el término otorgado para señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, lo cual a la presente data ya aconteció. En consecuencia, visto el escrito aclaratorio signado por la quejosa Ana Luisa Ontiveros López, por su propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Pantaleón Ontiveros Mendez, mediante el cual pretende dar cumplimiento con la prevención formulada en proveído de dos de mayo del año en curso, sin embargo, no da cumplimiento a lo solicitado en el referido auto, toda vez que se requirió en los siguientes términos: "Bajo protesta de decir verdad manifieste los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del o los actos reclamados a la autoridad responsable." Al respecto la promoverte de amparo únicamente señala en su ocurso de cuenta lo siguiente: "1.- QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO ANTE ESTE JUZGADO FEDERAL QUE SON CIERTOS LOS HECHOS, ABSTENCIONES Y ANTECEDENTES QUE SE CONSTITUYEN EN EL ESCRITO INICIAL DE LA DEMANDA DEL AMPARO, Y COMO CONSECUENCIA LOS ACTOS RECLAMADOS DEL MISMO." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa omitió manifestar los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del o los actos reclamados, es decir, incumple con el requisito establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. En tal virtud, requiérase de nueva cuenta a la parte quejosa, para que en el término restante concedido por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, aclare su demanda en los términos precisados en dicho proveído, en el entendido que de no cumplir con la prevención mencionada dentro del plazo señalado, se hará efectivo el apercibimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a./J. 39/2012, que por contradicción de tesis sustento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada por el siguiente rubro: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE." Así como la jurisprudencia número 2a./J.106/2011, que por contradicción de tesis sustento la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO." Asimismo, deberá exhibir las copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado a las autoridades responsables, ya que al igual que el escrito de demanda, es un requisito que se debe cumplir en términos de lo dispuesto por el artículo 110, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ante la omisión de exhibir dichas copias, este juzgado federal tendrá por no presentada la demanda de amparo. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; lo anterior, tomando cuenta que por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el exhorto que refiere. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, remido por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual devuelve diligenciada comunicación oficial relativa al exhorto 123/2018-3A y número de orden 129/2018-3A, el cual quedó registrado en su índice bajo el número de exhorto 94/2018-V-B. ACUSE RECEPCIÓN DE COMUNICACIÓN OFICIAL Consecuentemente, acúsese la recepción del mencionado exhorto a la autoridad oficiante a través de la vía electrónica. ANOTACIONES LIBRO DE GOBIERNO Y SISE De igual manera, háganse las anotaciones correspondientes en el libro Cuatro correspondiente al registro de comunicaciones oficiales enviadas, así como la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En relación con lo anterior, éste órgano jurisdiccional se reserva proveer lo que en derecho corresponda en relación con el escrito aclaratorio, hasta en tanto transcurra el plazo otorgado en auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, relativo a la designación de domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, ello a efecto de que este en aptitud de imponerse del auto que recaiga a su promoción. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del Secretario, Herzel Godínez Salas, quien autoriza y da fe.

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