Ana Luisa Ontiveros López

Expediente 1618/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1618/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Luisa Ontiveros López

Actuaciones

  1. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 29 DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO DE SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Tijuana, Baja California, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos se obtiene que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que ninguna de las partes realizara manifestación alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Mediante sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: " "Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes: 1. La autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************-antes ********************-, hasta la notificación aquí reclamada (por lo que deberán quedar subsistentes las actuaciones anteriores a ella) y todas sus consecuencias, incluso las diligencias decretadas con motivo de la ejecución del laudo dictado. En el entendido de que la concesión de amparo no tiene el alcance de dejar insubsistente el emplazamiento de los codemandados en el referido juicio laboral, y ordenar su nuevo llamamiento, toda vez que cada uno de ellos se verificaron de manera independiente, sin que fuera materia de análisis en el presente juicio de amparo." Sentencia que fue recurrida por la parte tercera interesada, fallo que fue confirmado en ejecutoria dictada en el amparo en revisión laboral 154/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, motivo por el cual, mediante proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se requirió el cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente de la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento dado al fallo protector dictado en este asunto y al respecto remitió copia certificada del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio laboral ********************de su índice, en el que dejó insubsistente todo lo actuado en dicho asunto únicamente a partir del emplazamiento realizado a ********************; asimismo, señaló las once horas del veintisiete de septiembre del año en curso, para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Atento a lo anterior, queda demostrado que la responsable dio cumplimiento a los efectos concesorios de la ejecutoria de amparo, esto es, procedió a dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio laboral ********************-antes ********************-, hasta la notificación aquí reclamada. No es obstáculo a lo antes decretado, la circunstancia de que la autoridad responsable, no haya enviado la constancia de notificación efectuada a la parte quejosa respecto de proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, ya que conjuntamente con el auto en el que se dio vista con el cumplimiento dado por la responsable, se ordenó al Actuario de la adscripción correr traslado con copia de dicho proveído, con lo que se dio cuenta en el presente asunto. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del Tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." De lo que es inconcuso que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo; sin perjuicio de que la parte quejosa intente el medio de impugnación previsto en el artículo 201 de la ley de la materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Daniela García Marín, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/DGM/shey*

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California; con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda únicamente por cuanto hace a la promovente por su propio derecho. Sin que sea el caso tener por admitida la demanda en representación ********************, por conducto de la promovente, dado que el carácter con el que se ostenta es precisamente la cuestión que dirimirá al resolverse sobre el fondo del presente asunto. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el control electrónico que corresponda, bajo número 1618/2023-IV. Tramítese por separado el incidente de suspensión relativo; en el entendido de que no se formará físicamente el duplicado del incidente en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Se señalan las diez horas con treinta minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional. Pídase informe justificado a la autoridad responsable quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, manifestando categóricamente si son o no ciertos los actos reclamados y adjuntando las constancias que estime pertinentes, las que deberán estar debidamente selladas, foliadas y legibles, haciéndole saber que el informe deberá estar agregado a los autos ocho días anteriores a la celebración de la audiencia constitucional; apercibidas que de no hacerlo, de rendirlo fuera del término o de no acompañar, en su caso, copias certificadas de las constancias correspondientes, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Por otra parte, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley de la materia, está obligada a recibir los oficios que se le dirijan, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa. La notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se negare a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga y podrá hacerse acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que establece el artículo 245 de la Ley de la materia. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado indique cuál es su denominación correcta, o bien, las razones por las que la autoridad a quien se encuentra dirigida la comunicación es inexistente; asimismo, en el supuesto de que dicho informe se rinda en representación de la autoridad señalada como responsable, deberá hacer constar tal circunstancia en el oficio correspondiente. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente y se suspenderá toda comunicación con ella, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es una obligación a su cargo señalar con precisión a las autoridades responsables; en la inteligencia de que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de la autoridad, se tomará en consideración en su oportunidad. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable y de aquellas autoridades que tengan el carácter de tercero interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en la residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, la que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por los delegados o autorizados. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le corresponde, con fundamento en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora, respecto de los documentos que anexa a su escrito de cuenta relativas a las copias certificadas, realícese el cotejo y compulsa respectivo y agréguense al cuadernos del incidente de suspensión que corresponda. Ahora bien, respecto de las personas que señala la parte quejosa como terceros interesados en el ocurso de cuenta; se reserva de reconocerles tal carácter y en consecuencia ordenar su emplazamiento, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que rinda la autoridad responsable del que se advierta tal carácter de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En otro contexto se tienen como autorizados solo para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, toda vez que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. En otro orden, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/VMMF/jrcm

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la copia simple de la demanda de amparo, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140, 142, 143, 144, 146 y 157 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1618/2023-IV, que promueve la ********************, por su propio derecho, en relación con los actos reclamados a la Juez Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase al autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes al en que reciban el oficio en el que se le solicita, indicando categóricamente si son ciertos o no los actos reclamados; bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, se tendrá por cierto el acto que se le atribuye y se hará acreedora a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el informe que se le solicita y, en general, los oficios que remita a este Juzgado Federal, podrán ser enviados -desde una cuenta de correo electrónico oficial- a la cuenta de correo electrónico de este Juzgado Federal 10jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del uso de la firma electrónica. Se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: "LA TOTALIDAD DE LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2023, QUE SE LE RECAYÓ AL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE PROMOVÍ EL DÍA OCHO DE MARZO DEL 2023 EN CONTRA DE LO ORDENADO DENTRO DEL AUTO DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023 QUE SE ME NOTIFICO EN FORMA PERSONAL HASTA CON FECHA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023.[.]. LO CONTIENE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA POR LA MISMA AUTORIDAD RESPONSABLE, JUEZA CUARTO CIVIL CON FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2023, LA CUAL AL IGUAL QUE EL ANTERIOR ACTO RECLAMADO "UNO", TAMBIÉN SE ME FUE NOTIFICADA EN FORMA PERSONAL HASTA CON FECHA DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DEL 2023, Y MISMA RESOLUCIÓN QUE TAMBIÉN TIENE RELACIÓN CON EL ACUERDO DE FECHA 06 DE ENERO DEL 2023 POR LO QUE EL ACTO RECLAMADO "2" ES LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN QUE TAMBIÉN PROMOVÍ EN CONTRA DEL ACUERDO DE FECHA 12 DE ABRIL DEL 2023, ACUERDO EN EL QUE SE TIENE QUE LA JUEZA CUARTO CIVIL, SE BRINCÓ LA SECUELA PROCESAL EN EL JUICIO ******************** [.] Y solicitó la medida cautelar para los siguientes efectos: "[.] CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE AMPARO Y POR LAS GRAVES INFRACCIONES Y ACTOS INCONSTITUCIONALES QUE CONSTITUYEN LOS HECHOS Y LOS ACTOS RECLAMADOS DE ESTE AMPARO, PIDO Y SOLICITO TAMBIÉN QUE SE ME CONCEDA LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO DERIVADO DEL EXPEDIENTE ********************." En principio, conviene destacar que el objeto de la suspensión, como regla general, es paralizar o mantener las cosas en el estado que guardan para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consuman, destruyendo la materia del juicio de amparo, y procederá siempre que se reúnan los requisitos señalados en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 128 y 138, ambos de la Ley de Amparo. Los dispositivos aludidos condicionan la concesión de la suspensión, además de la solicitud de la parte quejosa, a considerar la naturaleza de la violación alegada, para lo cual, en términos de la ley reglamentaria respectiva, el órgano de control constitucional debe realizar un análisis de la naturaleza del acto. En efecto, los citados artículos disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación); y, c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el primer aspecto, por lo que hace a la naturaleza de los actos reclamado, se estima que no permite la suspensión de los actos reclamados, en virtud de que conllevan efectos negativos. Aunado a lo anterior, el segundo requisito si bien queda colmado parcialmente, ya que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados, empero, dicha solicitud debe de cumplir con la demostración de su interés en forma presuntiva, lo que no sucede. Ello es así, toda vez que de lo manifestado bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, así como de los anexos que ofreció como pruebas, se advierte que los actos reclamados consisten medularmente en que la responsable resolvió que la aquí quejosa no se encuentra legitimada para promover dentro de la sucesión a bienes de ******************** con número de expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California, del cual emanan los actos reclamados, en razón a que no había sido reconocida con el carácter de heredera dentro de la sucesión a bienes en comento. Bajo esas premisas, se estima que de concederse la suspensión implicaría en su caso, que la autoridad responsable revoque el nombramiento de interventor provisional y se nombre al propuesto por la aquí quejosa, es decir, se estaría permitiendo que una persona diversa a la que instó el juicio de origen, que a la fecha no cuenta con legitimación para promover dentro de la sucesión a bienes, impulse el procedimiento, lo que implicaría constituir derechos que la quejosa no tenía antes de solicitar la medida cautelar. En ese orden, resulta oportuno citar el artículo 147 de la Ley de Amparo, que regula los efectos que puede tener la suspensión reconociendo explícitamente que ésta puede tener efectos restitutorios. Dicho artículo dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo". Del precepto legal transcrito se advierte que, cuando se cumplen con los requisitos de procedencia de la suspensión, y de una ponderación entre la apariencia de buen derecho y el interés social, se estima que, si ésta es procedente, es posible que la suspensión tenga efectos restitutorios. En efecto, debe entenderse que cuando el artículo se refiere a que se deben dar efectos restitutorios a la suspensión cuando "sea jurídicamente posible"; significa que la suspensión sólo podrá tener esos efectos cuando se cumplan con los requisitos de procedencia y dárselos no afecte el interés social en mayor medida que la apariencia de buen derecho. Lo anterior no significa que mediante la suspensión se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de promover la demanda de amparo. En efecto, tal como sostuvo previamente la Primera Sala la suspensión no podría llevar a constituir derechos que el quejoso no tenía antes de solicitar la medida cautelar, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Por tanto, sin un derecho que corra peligro mientras dura el proceso, no se justifica la medida cautelar. En este sentido, la Primera Sala al resolver la Contradicción de Tesis 255/2015 sostuvo: "47. Así, considerando a la suspensión del acto reclamado como medida cautelar, se tiene que su objeto primordial es mantener viva la materia del amparo impidiendo que, mientras éste se resuelve en definitiva, el acto reclamado pueda consumarse irreparablemente, caso en el cual ya no habría posibilidades de protección, así como también evitar al agraviado los perjuicios que el acto reclamado pudiera ocasionarle con motivo de la duración del juicio, mediante la anticipación de la tutela cuando se demuestra la apariencia del buen derecho, no se siga perjuicio al interés social y sea jurídica y materialmente posible restablecer al quejoso en el goce de ese derecho. [.] 50. De igual manera, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible (segundo párrafo del artículo 147). 55. De acuerdo con la anterior regulación puede apreciarse que la suspensión opera sobre las consecuencias o efectos del acto, para que, por virtud de ella, el quejoso siga gozando de la garantía que pretendía arrebatarle el acto violatorio mientras se resuelve el juicio de amparo. 56. En la inteligencia de que no solamente puede actuar mediante la paralización de un estado de cosas para impedir que el acto afectatorio se materialice (medidas conservativas), sino también mediante el restablecimiento al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (tutela anticipada). [..] 66. De lo dicho se aprecia que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva, pero lo que no puede hacer es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria. 67. En ese sentido, es que en la nueva regulación del juicio de amparo se admite abiertamente la posibilidad de restablecimiento en el derecho vulnerado, con motivo de la suspensión, en los términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento. 68. Por tanto, en la regulación originada con la reforma constitucional, carece de relevancia considerar si el acto reclamado ya fue ejecutado o si se consumó, para efectos de resolver si se concede o no la medida cautelar, porque admitiéndose la posibilidad de restablecimiento en el goce del derecho como una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, lo determinante para conceder la medida debe ser la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. 69. Así, se considera desacertada la consideración del tribunal contendiente del Cuarto Circuito, pues bajo este nuevo esquema no cabe considerar como regla general la negativa de la suspensión ante actos ejecutados; porque al ampliarse los alcances de los efectos de la medida cautelar de suspensión no sólo a mantener un estado de cosas sino también al restablecimiento en el goce de los derechos, poco importa si el acto reclamado ya se efectuó, mientras sea jurídica y materialmente posible mantener al quejoso en el goce de su derecho durante la tramitación del juicio, una vez hecha la ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social". (Énfasis añadido) De ahí que, no resulta procedente conceder la medida cautelar solicitada para el efecto que se solicita puesto que de conceder la medida cautelar se le darían efectos constitutivos de derechos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo se niega la suspensión provisional que solicita, en razón a que no acredita de manera alguna su interés suspensional, requisito indispensable para gestionar la medida que solicita. En otro contexto se tienen como autorizados solo para oír y recibir notificaciones a ******************** y ********************, toda vez que no cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. Finalmente, con fundamento en el artículo 143 de la ley de la materia se tiene a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la parte las documentales que anexó a su escrito de demanda, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Víctor Manuel Mercado Flores, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/VMMF/jrcm

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