Ana Luisa Galvez Godinez
Expediente 810/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 810/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/11/2022
Partes del expediente
- Ana Luisa Galvez Godinez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria de Acuerdo del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución ordinaria celebrada el veinticuatro de octubre último, en el recurso de queja 221/2022, así como copia certificada del juicio de amparo en que se actúa, formado con motivo del recurso interpuesto por la parte quejosa, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Se ordena la destrucción del anexo devuelto integrado por copia certificada del presente asunto, pues la misma obra en original dentro de este expediente por lo que resulta innecesaria su conservación. Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase el testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta de la parte quejosa por medio de la cual interpone recurso de queja en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. En ese contexto, no es procedente notificar a las partes, dado que la naturaleza del acto por el que se interpone el presente recurso no las involucra, por tanto, envíese el original del escrito de cuenta al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, para los efectos legales a que haya lugar; así como testimonio de las constancias necesarias a fin de que el tribunal de alzada substancie el recurso interpuesto por la parte quejosa. Hágase del conocimiento de la superioridad, que éste Órgano Jurisdiccional, rinde el referido informe comunicándole que ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO, toda vez que en proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado desechó la demanda de amparo promovida por ********************. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, dos de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por **************, por propio derecho, contra actos del AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA CÉLULA, D-II-1 DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN II DE "ZONA ORIENTE". Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 810/2022-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de mérito, debe precisarse que se analiza en primer lugar la procedencia del juicio de amparo ya que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, dicha cuestión debe atenderse preferentemente. En virtud de lo anterior, se desecha la demanda de amparo en atención a que se señala como acto reclamado el siguiente: El citatorio emitido en la carpeta de investigación *************** dirigido a ***************, para que por su conducto presente a *************** a efecto de que ésta rinda su entrevista en calidad de testigo. Lo anterior es así, pues luego de analizar el escrito de demanda de amparo, el que aquí provee considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta respecto el acto reclamado antes aludido, toda vez que el mismo no afecta el interés jurídico de la parte quejosa. Con relación al interés jurídico, los artículos 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Ley de Amparo. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". De la interpretación sistemática de dichos preceptos normativos, permite desprender que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, omisión o ley que se reclama; por ende, la noción de perjuicio para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Para demostrar la afectación a la esfera jurídica, se requiere que de la demanda de amparo, se acredite plenamente el interés jurídico y no inferirse con base en presunciones; correspondiendo en todo caso a la parte quejosa demostrar la titularidad y afectación de los derechos que estime conculcados en su perjuicio. Así el derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo y su respectiva afectación, es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, existe interés jurídico, por una parte, cuando el gobernado tiene reconocido un derecho a su favor en una norma objetiva conocida como derecho subjetivo, sin embargo, para que se actualice su legitimación para acudir a la instancia constitucional, dicho acto autoritario debe incidir en tal facultad y ocasionar un perjuicio en la esfera jurídica de la persona de que se trate. Lo anterior, porque el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo del acto de autoridad, por lo que la noción de perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado y constitucional o legalmente protegido que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandado el cese de esa violación. En la especie se estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada, por dos razones, como enseguida se expone: La primera. De la lectura de la documental anexada por la parte quejosa consistente en el citatorio reclamado, a la cual se le concede valor probatorio de indicio en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dado que se trata de una copia simple, se desprende que éste se encuentra dirigido a ***************, en el que se le instruye para que acuda ante la autoridad responsable a rendir su entrevista y exhibir las documentales que se mencionan; y, además para que por su conducto presente a *************** a efecto de que ésta rinda su entrevista, como se advierte de la siguiente imagen: En ese sentido, se considera que el acto reclamado no causa a la quejosa un agravio personal, directo y actual en su esfera jurídica, pues con independencia de que a través del oficio en trato se le cite a comparecer ante la autoridad ministerial con la finalidad de rendir entrevista, lo cierto es que dicha comunicación no está dirigida de forma expresa a la justiciable, sino a ***************, a quien como ya se dijo se le indica que debe presentar a la quejosa. De tal suerte que, al no estar dirigida la citación a la directa quejosa, además que de su contenido no se desprende que se le haya establecido apercibimiento alguno en caso de no comparecer, es claro que el acto reclamado no afecta su esfera jurídica, con lo que se actualiza la causal invocada. La segunda. Como ya se dijo, el acto reclamado consiste en el citatorio por el que se pretende que la aquí quejosa *************** rinda su entrevista en calidad de testigo. En ese sentido, además del motivo anterior, se considera que la parte quejosa no tiene interés jurídico para reclamar el aludido acto, ya que de conformidad con el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no tiene reconocido carácter como parte dentro de la carpeta de investigación de la que deriva el acto que en esta vía se combate, ya que en el citado precepto únicamente se reconoce carácter a los siguientes sujetos: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico". Así las cosas, en la documental exhibida por la quejosa consistente en el citatorio reclamado, expresamente se le señala como TESTIGO por lo que tal dato propicia certeza respecto al carácter que tiene la gobernada y que cobra especial importancia, ya que revela que hasta el momento procesal en que se le citó, no se le reconoce carácter alguno dentro de la indagatoria. Máxime, que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén las facultades con que cuenta la representación social respecto a la investigación y a la práctica de diligencias a efecto de integrarla, a saber: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.).". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.". Atento a ello, cabe precisar que el inicio, la integración y judicialización de la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, es una facultad discrecional concedida al Agente del Ministerio Público actuando como autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de hacer del conocimiento de determinada persona el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, para posteriormente indagar si hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un hecho que la ley señala como delito, así como, en su caso, a los que intervinieron en el mismo; por tanto, como dentro de este procedimiento no se sabe de antemano cuál será el resultado, su trámite, generalmente, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional. De ahí que se afirma que la quejosa *************** carece de interés jurídico respecto del acto reclamado en comento, al contar hasta el momento con el carácter de testigo dentro de la indagatoria. Resulta orientador el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular.". Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado, no transgrede de manera alguna sus derechos sustantivos; estimar lo contrario afectaría las facultades de investigación del Ministerio Público que le fueron conferidas por disposición constitucional, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad, en consecuencia, se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley de la materia. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de autos a las demás personas que se señalan en la demanda de amparo. (Artículo 24, párrafo segundo, de la ley de la materia). Acceso al expediente electrónico. Toda vez que este órgano de control constitucional cuenta con el nombre de usuario generado por el Sistema de Consulta de Expediente Electrónico del instrúyase a la Oficial judicial "A" para que capture la autorización en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En ese tenor, infórmese que desde este momento queda en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, y en virtud de garantizar la expedites en la tramitación del presente juicio y transitar en la medida de lo posible bajo el esquema de actuaciones electrónicas, instrúyase al actuario judicial adscrito, para que le realice la notificación del presente acuerdo, así como las subsecuentes a través de la vía electrónica. Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 4,297 expedientes
- Aminaim Benoni Rojas Santacruz398/2021
- Ana Cecilia Guerrero Vecchione y Otros.106/2022
- Ana Cecilia Guerrero Vecchione994/2023
- Ana Cecilia Guerrero Veccione709/2022
- Ana Lilia López Esparza720/2022
- Ana Luisa Concepción Olaya Ortiz127/2015
- Ana Luisa Galvez Godinez1079/2022
- Ana María Caramón Arana813/2023
- Ana María Caramón Arana830/2023
- Ana María Caramón Arana954/2022
- Ana María Hernández Pérez279/2023
- Ana María León Ramírez116/2021