Ana Luisa Coello Arroyo

Expediente 674/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
674/2017
Año
2017
Actuaciones
21
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Luisa Coello Arroyo
  • Ana Luisa Coello Arroyo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  2. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco años previsto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, para el efecto de realizar la depuración respectiva. Por tanto, de conformidad con lo instruido en la circular CAP/DGAD/7/2021, de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación de la Coordinación De Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la desincorporación de este sumario, debiendo conservar la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como el auto en el que se ordena el archivo como asunto concluido; y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, según corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. DEPURAR CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados. DESTRUIR DUPLICADO INCIDENTE 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. TRANSFERENCIA 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio registrado con el folio 11228 (fojas 136 a 145), la autoridad responsable Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, por conducto del Tercer Secretario de Acuerdos, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. (.) En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- al Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, de quien reclamó lo siguiente: ". ? La orden de aprehensión de siete de mayo de dos mil quince, dictada en contra de la quejosa por su probable participación en la comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad de declaraciones, dentro de la causa penal 162/2015, del índice del 1. Juzgado del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con residencia en Chiapa de Corzo, Chiapas. ." Mediante sentencia de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, pronunciada por este órgano jurisdiccional, la cual causó ejecutoria el doce de julio del año en curso, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: ". a) Deje sin efectos la orden de aprehensión de siete de mayo de dos mil quince, librada en la causa penal .; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se pronuncie nuevamente en relación a la petición de captura del Ministerio Público, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de grafoscopía de fecha siete de enero de dos mil quince, emitido por ., perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. c) Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento, inclusive, de negarse la orden de aprehensión, al perfeccionarse el ejercicio de la acción penal. Concesión de amparo que se hace extensiva a los actos atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. ..." ACTO DE LA AUTORIDAD CON RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 11228 (fojas 136 a 145), la autoridad responsable Juez del Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, por conducto del Tercer Secretario de Acuerdos, informó que dejó insubsistente la orden de aprehensión que constituyó el acto reclamado, lo que acreditó con la copia certificada de la resolución de veintisiete de julio de dos mil diecisiete, emitida en la causa penal .; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, el Tercer Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Ramo Penal para la Atención de Delitos No Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con sede en Chiapa de Corzo, Chiapas, mediante oficio registrado con folio 11228 (fojas 136 a 145), dejó sin efecto la orden de aprehensión de siete de mayo de dos mil quince y con libertad de jurisdicción, emitió resolución en la que negó la búsqueda y aprehensión de ., como probable responsable de los delitos de falsificación de documentos y falsedad de declaraciones, en la que analizó las constancias que integran la causa penal referida, de las cuales advirtió que el medio de prueba consistente en el dictamen en materia de grafoscopia de siete de enero de dos mil quince, emitido por ., perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, no cumplió con lo establecido en el artículo 180 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, por lo que determinó no concederle validez probatoria al ser una prueba imperfecta, en virtud de que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, era indispensable que fuera ratificado por el perito que lo formuló. En consecuencia, al resultar insuficientes las pruebas aportadas por la representación social, para acreditar los elementos del cuerpo del delito de falsificación de documentos y falsedad de declaraciones, cometidos en agravio de ., con fundamento en los artículos 16 Constitucional, y 134, 134 Bis del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, negó la orden de aprehensión en contra de ., como probable responsable de los delitos precisados en líneas que anteceden, de manera que su pronunciamiento cumple con los requisitos constitucionales de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que tuvo en consideración para emitir su determinación. Lo anterior encuentra apoyo, en el hecho de que tuvo como propósito fundamental y primordial que la quejoso conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, pues constituye una obligación por parte de la autoridad responsable darle a conocer en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de autoridad, de manera que la afectada pueda cuestionar y controvertir la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; la que además es congruente con la pretensión deducida, debido a que la misma se adecua a las normas que involucró en la determinación que tomó, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado, formalmente ilegal; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue para dejar sin efecto la orden de aprehensión de siete de mayo de dos mil quince, librada en la causa penal ., y con libertad de jurisdicción emitiera la determinación que conforme a derecho corresponda, evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de grafoscopía de siete de enero de dos mil quince, emitido por ., perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. A decir verdad, la autoridad responsable en el nuevo acto precisó que el estudio proveniente del especialista en materia de grafoscopía no fue debidamente ratificado por su suscriptor, por lo que la autoridad vinculada sostuvo que la prueba de mérito resultaba imperfecta, y como tal, carece de valor probatorio. En ese contexto, la responsable determinó para que un dictamen pericial pueda ser estimado por el juzgador debe ser auténticamente ilustrativo, y además para que produzca efectos legales debe cumplir con los requisitos que la ley le imponga como es la ratificación ante el juzgador de su opinión, caso contrario, constituye una prueba imperfecta, ya que para otorgarle certeza y seguridad jurídica al acto contenido en el mismo, es indispensable, como se dijo, que sea ratificado por el perito que la formuló, pues sin tal circunstancia no es dable otorgar a los dictámenes emitidos, tanto por los peritos oficiales como por el propuesto por las partes, valor alguno; motivo por el cual cumplió con el efecto de no conceder validez probatoria al dictamen en materia de grafoscopia de siete de enero de dos mil quince, emitido por ., perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas. Esto es, de una manera fundada y motivada, dejó sin efectos la orden de aprehensión de siete de mayo de dos mil quince en contra de ., por la probable comisión del delito de falsificación de documentos y falsedad de declaraciones, cometidos en agravio de ., siguiendo los lineamientos de la ejecutoria dictada en el presente juicio, pues en el caso subsanó la violación cometida en perjuicio de la accionante de amparo, debido a que acató el núcleo esencial de la misma; esto es, analizó las pruebas aportadas y no concedió valor alguno al dictamen en materia de grafoscopía de siete de enero de dos mil quince, emitido por ., perito adscrito a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas y motivó su actuación, para afirmar que no eran suficientes las pruebas aportadas para acreditar la comisión del hecho delictivo.", previstos y sancionados por los artículos 400, 401, fracción l, y segundo previsto y sancionado por el arabigo 406, fracción l, con relación al artículo 14, fracción I, 15, segundo párrafo y 19 fracción ll, todos del Código Penal del Estado de Chiapas. A mayor abundamiento, la ejecutoria de amparo le dejó a la responsable libertad de decisión, lo que significa que en el juicio de amparo no se tomó una decisión definitiva sobre el problema jurídico, es decir, no impera el principio de cosa juzgada, por lo cual la determinación que emita la autoridad responsable no obedece al cumplimiento de una ejecutoria de amparo, o en ejecución de la misma, atendiendo a lineamientos precisos que detalló este órgano federal. De tal suerte que, si bien es cierto que el cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo obliga a la autoridad vinculada con el cumplimiento a acatar las directrices marcadas en la ejecutoria de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público, también lo es que la concesión del amparo puede ser total o parcial. Así, en el segundo caso, significa que la vinculación a la autoridad no es completa, sino que se le deja un cierto ámbito de su actividad en que puede actuar con libertad de jurisdicción, por ello es necesario distinguir entre los actos vinculados, que son aquellos a cuya realización se ve constreñida la responsable sin margen alguno dentro del cual emitirlos y, por la otra, actos libres, entendidos éstos como los realizados por la autoridad en uso de su arbitrio jurisdiccional, como consecuencia de que el órgano de amparo le devuelva plenitud de jurisdicción respecto de ellos. Ahora bien, cuando los alcances del fallo protector tienen un carácter mixto, pues por una parte se deja en libertad de jurisdicción a la responsable, pero en otro aspecto se le obliga a resolver en determinada forma, esto es, la ejecutoria de mérito la vincula con un mandato expreso y concreto que debe cumplir, sin posibilidad de proceder en otro sentido, es inconcuso que el acto nuevo emitido por la autoridad responsable de manera autónoma, no puede ser materia de análisis en la presente resolución, debido a que se le dejó libertad de jurisdicción. (.) CUMPLIDA EJECUTORIA En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, al considerar que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. (.) VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente.

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