Ana Lucia Sánchez Labrada

Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 41 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2019
Año
2019
Actuaciones
41
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Ana Lucia Sánchez Labrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Escrito tercera interesada. Téngase por recibido el escrito signado por Dionicio Corona Zamorano, apoderado legal de la tercera interesada Operadora M&M de México, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual formula alegatos, ofrece las pruebas, solicita dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado de Distrito y solicita la acumulación del presente juicio de amparo, al diverso 368/2019, ambos de la estadística interna. Alegatos. Se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos, que se desprenden de su escrito de mérito, lo cual será considerado en el momento procesal oportuno; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de cuenta, así como presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Cuadernos auxiliares. Dado el volumen de las pruebas que se anexan, para mejor manejo del expediente, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta. V. Se reserva. Por lo que hace a las pruebas periciales en Ingeniería Civil y Diseño Urbano Arquitectónico, se reserva proveer lo concerniente a su admisión y desahogo, hasta en cuente con los informes justificados y las autoridades responsables remitan las constancias correspondientes. VI. Desechamiento de pruebas documentales en vía de informe. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dígasele al oferente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en relación al ofrecimiento de las pruebas documentales en vía de informe; toda vez, que el escrito por el cual ofrece los medios de prueba de referencia, lo presentó ante la oficina de partes de este juzgado, el nueve de septiembre del año en curso; de ahí que las mismas resultan extemporáneas. Ello es así, porque de conformidad con lo establecido en el citado numeral, el ofrecimiento de dicho medio de convicción podrá realizarse siempre que la solicitud se haya hecho ante este órgano jurisdiccional cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia; condición que en el caso no se cumple. Por tanto, ha precluido el derecho procesal para el ofrecimiento, pues si bien es cierto, este órgano jurisdiccional ha diferido de oficio la audiencia constitucional; sin embargo, los hechos que pretende probar no son novedosos, sino que eran conocidos desde que se apersonó a juicio, esto es, las circunstancias que pretende acreditar no se infieren de los informes justificados y documentales ofrecidas por las autoridades responsables; en consecuencia, válidamente no puede ofrecer las referidas probanzas en período posterior por la razón indicada. En tal virtud, se desechan las pruebas documentales en vía de informe, que ofrece la parte tercera interesada. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de contenido: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." "Décima Época; Registro: 2017572; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h; Materia(s): (Común) ; Tesis: 2a./J. 79/2018 (10a.)." Se reserva a dar vista a la Agente del Ministerio Público. Ahora, se reserva a proveer respecto de la solicitud planteada en relación de dar vista a la Agente Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, se dicte en el presente juicio de amparo, pues será hasta ese estadio procesal cuando se cuenten con los elementos necesarios para poder determinar, si la conducta desplegada por la parte quejosa se subsume en lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento que tiene a salvo los derechos para que si es de su interés, los haga valer ante la instancia correspondiente. Acumulación. Ahora, respecto a la solicitud que formula el promovente de acumular el presente juicio de amparo al diverso 368/2019 y visto el estado de autos de los que se advierte que ante este juzgado de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo 368/2019, promovido por Margarita García Beltrán por su propio derecho y como apoderada legal de Miguel Ángel Rogel Castellanos, contra actos del Titular de la Dirección, Subdirector de Dictaminación Urbana y Seguimiento, Subdirector de Planeación Urbana y Normatividad, todos de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, Titular de la Delegación en Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ambos con sede en Culiacán, donde los actos reclamados son: "1.- A las autoridades señaladas como responsables en los puntos 1 y 3, del capítulo que antecede, se les reclama: El dictamen de uso de suelo folio número 1292/18, emitido en fecha 02 de Mayo del 2018 en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual se estableciera; la zonificación; el uso del suelo; el tipo; la clasificación; la altura; la intensidad de las construcciones y de las instalaciones; la densidad de población, en razón a su ubicación particular, y las restricciones o afectaciones a las que estaría sujeta la construcción por parte de la tercera interesada de un edificio de departamentos, hotel y locales comerciales, en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 2.- A las autoridades señaladas como responsables en los puntos 1 y 2, del capítulo que antecede, se les reclama: El dictamen de alineamiento folio número 05986 de fecha 22 de Mayo del 2018, emitido en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual las responsables establecieran, las restricciones y parámetros de delimitación o alineamiento a los que tendría que ajustarse dicha sociedad mercantil, al construir un edificio de departamentos, hotel y locales comerciales, en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, mismo dictamen que se encuentra vinculado al recibo oficial número 01309 emitido en favor de "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y a la solicitud de alineamiento 88165 presentada por la tercera interesada a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa. 3.- A la autoridad señalada como responsable en el punto 1 del capítulo que antecede, se le reclama: La licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018, emitida en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual se autorizó la construcción de un inmueble en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, misma que se encuentra vinculada a la solicitud de licencia de construcción número 120339, que fuera presentada ante dicha autoridad emisora, bajo promoción de la señalada sociedad mercantil. 4.- A la autoridad señalada como responsable en el punto 4, del capítulo que antecede, se le reclama: a).- La omisión de realizar, de conformidad a las atribuciones que le fueron conferidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y el Reglamento para el uso y aprovechamiento del Mar Territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestres y terrenos ganados al mar, la inspección y vigilancia en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, que colinda al lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001 ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el que la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." ejecuta la construcción de un inmueble al amparo de la licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018 emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa, con el fin de verificar y constatar, primero, si la antes mencionada sociedad está extrayendo aguas y/o sedimentos que se filtran con motivo de la señalada perforación con fines de cimentación de dicha obra, y segundo, requerir a la tercera interesada, demuestre en base a las documentales idóneas, el destino o manejo dado a las aguas que se han filtrado, y al día de hoy se siguen filtrando al lote en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la perforación que en dicho lote ha venido y sigue realizando dicha sociedad mercantil. b).- La omisión de ordenar de inmediato, una medida de seguridad, en términos de los artículos 170 y demás conducentes de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en contra de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V.", con el fin de impedir que ésta continúe vertiendo al mar, las aguas que se han filtrado, y al día de hoy se siguen filtrando al lote en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la perforación que en dicho lote ha venido y sigue realizando dicha sociedad mercantil, con fines de cimentación del inmueble que actualmente construye, al amparo de la licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018 emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa." Asimismo, amplio su demanda en la que reclamo: "La omisión de inspeccionar y vigilar, tanto en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, colindantes al predio con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta ciudad, así como en el propio lote referido, en el que se ejecuta la construcción de un inmueble acorde a licencia de construcción número 135790 de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa." Litigio constitucional que fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta población, a las diecinueve horas con tres minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, y recibido en este Juzgado a las nueve horas con dos minutos del treinta del citado mes y año. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º, y con apoyo en la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". (Novena Época, Registro: 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Común, Tesis: XXII. J/12, Página: 295). En esa virtud, dada la evidente conexidad entre dicho juicio constitucional y el presente amparo, toda vez que en ambos se reclaman los mismos actos; por tanto, se estima pertinente decretar de plano la acumulación del presente juicio de amparo 369/2019, promovido por Ana Lucia Sánchez Labrada, por derecho propio, al diverso 368/2019, promovido por Margarita García Beltrán por su propio derecho y como apoderada legal de Miguel Ángel Rogel Castellanos, por ser éste último el más antiguo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". (Décima Época, Registro: 2009910, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/2015 (10a.), Página: 19). Certifíquese. Certifíquese lo anterior en el juicio de amparo 368/2019, para los efectos legales procedentes, y se ordena glosar los presentes autos al expediente antes mencionado. Se deja sin efecto. Por tanto, se deja sin efecto la data programada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y nueve minutos del diez de septiembre de dos mil diecinueve). Hágase del conocimiento. Hágase del conocimiento de lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, para conocimiento de la quejosa ANA LUCIA SÁNCHEZ LABRADA; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, diez de septiembre de dos mil diecinueve. Escrito tercera interesada. Téngase por recibido el escrito signado por Dionicio Corona Zamorano, apoderado legal de la tercera interesada Operadora M&M de México, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual formula alegatos, ofrece las pruebas, solicita dar vista a la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado de Distrito y solicita la acumulación del presente juicio de amparo, al diverso 368/2019, ambos de la estadística interna. Alegatos. Se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos, que se desprenden de su escrito de mérito, lo cual será considerado en el momento procesal oportuno; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Pruebas documentales y vista a las partes. Conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas las pruebas documentales que anexa al escrito de cuenta, así como presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Cuadernos auxiliares. Dado el volumen de las pruebas que se anexan, para mejor manejo del expediente, fórmense dos cuadernos auxiliares por separado, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta. V. Se reserva. Por lo que hace a las pruebas periciales en Ingeniería Civil y Diseño Urbano Arquitectónico, se reserva proveer lo concerniente a su admisión y desahogo, hasta en cuente con los informes justificados y las autoridades responsables remitan las constancias correspondientes. VI. Desechamiento de pruebas documentales en vía de informe. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, dígasele al oferente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en relación al ofrecimiento de las pruebas documentales en vía de informe; toda vez, que el escrito por el cual ofrece los medios de prueba de referencia, lo presentó ante la oficina de partes de este juzgado, el nueve de septiembre del año en curso; de ahí que las mismas resultan extemporáneas. Ello es así, porque de conformidad con lo establecido en el citado numeral, el ofrecimiento de dicho medio de convicción podrá realizarse siempre que la solicitud se haya hecho ante este órgano jurisdiccional cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia; condición que en el caso no se cumple. Por tanto, ha precluido el derecho procesal para el ofrecimiento, pues si bien es cierto, este órgano jurisdiccional ha diferido de oficio la audiencia constitucional; sin embargo, los hechos que pretende probar no son novedosos, sino que eran conocidos desde que se apersonó a juicio, esto es, las circunstancias que pretende acreditar no se infieren de los informes justificados y documentales ofrecidas por las autoridades responsables; en consecuencia, válidamente no puede ofrecer las referidas probanzas en período posterior por la razón indicada. En tal virtud, se desechan las pruebas documentales en vía de informe, que ofrece la parte tercera interesada. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia de contenido: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. A LA SOLICITUD DE COPIAS O DOCUMENTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, LE SON APLICABLES LAS REGLAS DEL DIVERSO 119, TERCER Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PARA SU OFRECIMIENTO. De la interpretación de los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se advierten las reglas de los párrafos tercero y cuarto del numeral citado en primer término, que indican que las pruebas que ameritan un desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, y que este plazo no podrá ampliarse con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos; de ahí que, son aplicables a la petición formulada a la autoridad jurisdiccional de requerir la expedición de copias o documentos que obren en poder de un servidor público al que se hubieren solicitado previamente, contenida en el numeral 121 aludido, pues en este caso, el desahogo de la prueba documental requiere preparación, ya que el juzgador deberá emplear los medios que tenga a su alcance para que se exhiban tales probanzas y se incorporen materialmente al juicio de amparo. Ello, porque considerar que cuando la audiencia no tiene lugar en la fecha inicialmente fijada, las partes cuentan con una nueva oportunidad para ofrecer documentales que no tienen a su disposición, contravendría los principios de economía procesal, concentración y expeditez del procedimiento, que delinean el carácter sumario del juicio de amparo indirecto. Por tanto, la solicitud de las partes al Juez de Distrito en términos del artículo 121 mencionado, para que requiera a algún servidor público una prueba documental que, pese a haberla solicitado no han obtenido, debe realizarse a más tardar 5 días hábiles antes de la audiencia constitucional primigenia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia." "Décima Época; Registro: 2017572; Instancia: Segunda Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Publicación: viernes 10 de agosto de 2018 10:18 h; Materia(s): (Común) ; Tesis: 2a./J. 79/2018 (10a.)." Se reserva a dar vista a la Agente del Ministerio Público. Ahora, se reserva a proveer respecto de la solicitud planteada en relación de dar vista a la Agente Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, hasta el dictado de la sentencia que, en su caso, se dicte en el presente juicio de amparo, pues será hasta ese estadio procesal cuando se cuenten con los elementos necesarios para poder determinar, si la conducta desplegada por la parte quejosa se subsume en lo dispuesto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, hágase del conocimiento que tiene a salvo los derechos para que si es de su interés, los haga valer ante la instancia correspondiente. Acumulación. Ahora, respecto a la solicitud que formula el promovente de acumular el presente juicio de amparo al diverso 368/2019 y visto el estado de autos de los que se advierte que ante este juzgado de Distrito se tramita el diverso juicio de amparo 368/2019, promovido por Margarita García Beltrán por su propio derecho y como apoderada legal de Miguel Ángel Rogel Castellanos, contra actos del Titular de la Dirección, Subdirector de Dictaminación Urbana y Seguimiento, Subdirector de Planeación Urbana y Normatividad, todos de la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, Titular de la Delegación en Sinaloa de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, ambos con sede en Culiacán, donde los actos reclamados son: "1.- A las autoridades señaladas como responsables en los puntos 1 y 3, del capítulo que antecede, se les reclama: El dictamen de uso de suelo folio número 1292/18, emitido en fecha 02 de Mayo del 2018 en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual se estableciera; la zonificación; el uso del suelo; el tipo; la clasificación; la altura; la intensidad de las construcciones y de las instalaciones; la densidad de población, en razón a su ubicación particular, y las restricciones o afectaciones a las que estaría sujeta la construcción por parte de la tercera interesada de un edificio de departamentos, hotel y locales comerciales, en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 2.- A las autoridades señaladas como responsables en los puntos 1 y 2, del capítulo que antecede, se les reclama: El dictamen de alineamiento folio número 05986 de fecha 22 de Mayo del 2018, emitido en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual las responsables establecieran, las restricciones y parámetros de delimitación o alineamiento a los que tendría que ajustarse dicha sociedad mercantil, al construir un edificio de departamentos, hotel y locales comerciales, en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, mismo dictamen que se encuentra vinculado al recibo oficial número 01309 emitido en favor de "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y a la solicitud de alineamiento 88165 presentada por la tercera interesada a la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa. 3.- A la autoridad señalada como responsable en el punto 1 del capítulo que antecede, se le reclama: La licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018, emitida en favor de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." y en base al cual se autorizó la construcción de un inmueble en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, misma que se encuentra vinculada a la solicitud de licencia de construcción número 120339, que fuera presentada ante dicha autoridad emisora, bajo promoción de la señalada sociedad mercantil. 4.- A la autoridad señalada como responsable en el punto 4, del capítulo que antecede, se le reclama: a).- La omisión de realizar, de conformidad a las atribuciones que le fueron conferidas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y el Reglamento para el uso y aprovechamiento del Mar Territorial, vías navegables, playas, zona federal marítimo terrestres y terrenos ganados al mar, la inspección y vigilancia en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, que colinda al lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001 ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el que la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V." ejecuta la construcción de un inmueble al amparo de la licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018 emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa, con el fin de verificar y constatar, primero, si la antes mencionada sociedad está extrayendo aguas y/o sedimentos que se filtran con motivo de la señalada perforación con fines de cimentación de dicha obra, y segundo, requerir a la tercera interesada, demuestre en base a las documentales idóneas, el destino o manejo dado a las aguas que se han filtrado, y al día de hoy se siguen filtrando al lote en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la perforación que en dicho lote ha venido y sigue realizando dicha sociedad mercantil. b).- La omisión de ordenar de inmediato, una medida de seguridad, en términos de los artículos 170 y demás conducentes de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, en contra de la sociedad mercantil denominada "Operadora M&M de México, S.A. de C.V.", con el fin de impedir que ésta continúe vertiendo al mar, las aguas que se han filtrado, y al día de hoy se siguen filtrando al lote en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con motivo de la perforación que en dicho lote ha venido y sigue realizando dicha sociedad mercantil, con fines de cimentación del inmueble que actualmente construye, al amparo de la licencia de construcción número 135790 de fecha 20 de Julio del 2018 emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio Mazatlán, Sinaloa." Asimismo, amplio su demanda en la que reclamo: "La omisión de inspeccionar y vigilar, tanto en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, colindantes al predio con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta ciudad, así como en el propio lote referido, en el que se ejecuta la construcción de un inmueble acorde a licencia de construcción número 135790 de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa." Litigio constitucional que fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta población, a las diecinueve horas con tres minutos del veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, y recibido en este Juzgado a las nueve horas con dos minutos del treinta del citado mes y año. Lo anterior, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º, y con apoyo en la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". (Novena Época, Registro: 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Común, Tesis: XXII. J/12, Página: 295). En esa virtud, dada la evidente conexidad entre dicho juicio constitucional y el presente amparo, toda vez que en ambos se reclaman los mismos actos; por tanto, se estima pertinente decretar de plano la acumulación del presente juicio de amparo 369/2019, promovido por Ana Lucia Sánchez Labrada, por derecho propio, al diverso 368/2019, promovido por Margarita García Beltrán por su propio derecho y como apoderada legal de Miguel Ángel Rogel Castellanos, por ser éste último el más antiguo. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal". (Décima Época, Registro: 2009910, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 24/2015 (10a.), Página: 19). Certifíquese. Certifíquese lo anterior en el juicio de amparo 368/2019, para los efectos legales procedentes, y se ordena glosar los presentes autos al expediente antes mencionado. Se deja sin efecto. Por tanto, se deja sin efecto la data programada para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con treinta y nueve minutos del diez de septiembre de dos mil diecinueve). Hágase del conocimiento. Hágase del conocimiento de lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. I. Requerir constancias. De la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se promovió el diverso juicio de amparo 316/2019, donde se reclamó: "La omisión de proveer y substanciar el correspondiente procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con motivo de la denuncia ciudadana que le fuera presentada por la suscrita en fecha 12 de Abril del 2019, en términos de lo previsto en el artículo 326 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; la omisión de proveer sobre la admisión a trámite de dicha denuncia; la omisión de acordar sobre el ofrecimiento y desahogo de las pruebas ofertadas en dicha denuncia ciudadana, en términos de lo previsto en el artículo 328, fracción IV, de dicho ordenamiento y, además, la omisión de dictar las medidas de seguridad solicitadas por la suscrita en dicha denuncia, consistentes en la suspensión de la construcción que la tercera interesada Operadora M&M de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, ejecuta en el lote de terreno identificado con clave catastral 011-000019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con la finalidad de evitar que se ocasionen daños irreparables a la ciudadanía con la consecuente afectación al interés social y a las normas de público en perjuicio de la comunidad, todo lo cual debía de realizar la enjuiciada, con la debida prontitud y oportunidad, con la finalidad de estar en posibilidad de emitir la resolución en base al cual se habría de resolver dicho procedimiento, dentro del plazo de treinta días establecido en el artículo 326, segundo párrafo de dicho ordenamiento." En atención a ello, y a fin de descartar la actualización de la hipótesis prevista por el artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, vigente a partir del veinte de junio de dos mil quince; solicítese a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, de no existir inconveniente legal sobre el particular, tenga a bien remitir copia certificada de la papeleta de turno, escrito inicial de demanda, auto admisorio, informes justificados, sentencia, proveído en que causó ejecutoria, de las constancias remitidas por las autoridades responsables en cumplimiento a la ejecutoria y, de ser el caso, de aquel en el que tuvo cumplido el fallo protector pronunciado en el juicio de amparo 316/2019, de su índice. Notifíquese.

  4. Incidental

    tres de septiembre de dos mil diecinueve Audiencia Incidental En Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del tres de septiembre de dos mil diecinueve, Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, secretaria que autoriza y da fe, inicia la celebración de la audiencia incidental prevista por el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. I. Relación de constancias. Con el estado procesal que guardan los presentes autos; y con las constancias que integran esta incidencia. II. Periodo probatorio. Se hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable ofrecieron pruebas documentales, las que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. III. Alegatos. Consecuentemente, se abre el periodo correspondiente a alegatos, en el cual se hace constar que las partes no formularon alegatos, y al no existir escrito en dicho sentido, se declara concluida esta etapa, y se procede a dictar la resolución siguiente. Resolución incidental. Visto, para resolver en definitiva el incidente de suspensión deducido del juicio de amparo 369/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda y fijación del acto reclamado. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, Ana Lucia Sánchez Labrada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, posteriormente el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, amplió su demanda contra actos de la siguiente autoridad: Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Culiacán, Sinaloa. La parte quejosa reclama la omisión de inspeccionar y vigilar, tanto en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, colindantes al predio con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta ciudad, así como en el propio lote referido, en el que se ejecuta la construcción de un inmueble acorde a licencia de construcción número 135790 de veinte de julio de dos mil dieciocho, emitida por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, Lo anterior, con la finalidad de constatar si se está extrayendo aguas y/o sedimentos del subsuelo que se filtran con motivo de la perforación que se realiza con fines de cimentación de obra, así como la comprobación del destino o manejo dado a las aguas que se han filtrado. De igual manera reclama la omisión de ordenar de inmediato una medida de seguridad, en términos de los artículos 92, 118 BIS-2 y demás conducentes de la Ley de Aguas Nacionales, en contra de la sociedad mercantil denominada Operadora M&M de México, sociedad anónima de capital variable, con el fin de impedir que ésta continúe vertiendo al mar, o canalizando al sistema de alcantarillado de la ciudad, las aguas que se filtran al lote en el lote de terreno referido. Solicitando la medida cautelar con la finalidad de que se ordene a la responsable proceda a la clausura de las actividades que la quejosa acusa como contaminantes, asimismo, se exija a la tercera interesada que esta demuestre el destino que le da a las aguas y sedimentos que se han filtrado en las perforaciones realizadas con fines de cimentación de la obra que construye. SEGUNDO. Trámite del incidente de suspensión en ampliación. En veintinueve de julio de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional, se pidió informe previo a la autoridad señalada como responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención legal que le compete y se fijó fecha para la celebración de la audiencia incidental. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, tiene competencia para resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 33, 37 y 125 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. La autoridad responsable Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Culiacán, Sinaloa, al rendir su informe previo negó la existencia de los actos que se le reclaman, por cuanto hace a la omisión en la inspección y vigilancia por parte de dicha autoridad, en la zona federal marítimo terrestre y área de playa, colindantes al predio con clave catastral 011-000-019-057-003-001, ubicado en Avenida de Camarón Sábalo número 1309, del Fraccionamiento Sábalo Country, de esta ciudad. Justificando su negativa en el hecho de que notificó por escrito a la empresa que desarrolla los trabajos y descargas motivo del acto reclamado, las instrucciones a seguir, por lo que aduce que dicha autoridad en ningún momento abandonó sus obligaciones de vigilancia respecto de la obra en comento. Asimismo, anexa al oficio de cuenta como complemento a su informe previo copia del acta de inspección de veintiséis de agosto de agosto de dos mil diecinueve, en la que se estableció lo siguiente: "En visita ocular de campo que realice en el lote 1309 de la Av. Camarón Sábalo con clave catastral 011-000-019-057-003-001, observe los trabajos realizados por la empresa "Operadora M&M de México, S.A. de C.V.; los cuales son la cimentación de la estructura para la construcción de una torre de condominios, en los trabajos que se realizan no existe ninguna afectación a las normas ambientales que sean de competencia de esta dependencia federal, la empresa cuenta con sus permisos correspondientes por parte del municipio de Mazatlán, esta información fue confirmada por el encargado o residente de obra el Ing. Exiquio Ismael Lizárraga Lizárraga, también m e hizo del conocimiento de una descarga que tiene en operación en la parte posterior del terreno colindancia con la zona marítimo terrestre (mar) o zona de playa, la cual se utiliza para bobear las aguas acumuladas en su zona del terreno en lo que es la cimentación de desplante de la estructura ya que las aguas acumuladas por las lluvias de temporada y las filtraciones del mar, estas últimas por los trabajos en colindancia con la zona de playa y por te n e r una perforación de 15 metros aproximado por debajo del nivel del mar lo que requiere se esté bombeando continuamente las aguas acumuladas en esa zona sin afectar a terceros o incurrir en infracciones, se encontró tres tubos de PVC de 3" y 4 " en la zona de playa, el trayecto de los tubos tiene una longitud aproximada de 35 a 4 0 metros desde la cepa que se excavo por debajo del nivel de desplante de la cimentación de la estructura hasta el punto de descarga, la descarga se realiza con una bomba sumergible eléctrica de 2 1/2." Sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada con lo informado por la propia autoridad responsable y el acta de inspección realizada por el personal de su adscripción, pues con independencia de que afirme se haya notificado a la constructora "las instrucciones" a seguir en el tema de descargas de agua, lo cierto es que no anexó documento que lo justificara; aunado a ello, aun y cuando eso hubiera acontecido previó a la promoción del presente amparo fue con motivo de la concesión de la medida cautelar de diecinueve de julio del presente año, cuando la autoridad responsable actuó en consecuencia y ordenó la inspección que se desarrolló en términos del acta transcrita. Todo lo anterior, conduce a desvirtuar la inexistencia de la omisión reclamada que asevera la responsable. I. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. Establecido lo anterior, se procede a proveer respecto de la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), ubicada en la publicación semanal de viernes 01 de febrero de 2019, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación) En ese tenor, la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107 constitucional, fracción X, permite arribar a la conclusión de que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la configuración de cinco presupuestos jurídicos: Solicitud de parte; 2. Interés suspensional; 3. Certeza de los actos reclamados; 4. Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados); 5. Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. En el caso, tales exigencias se encuentran colmadas, como se explicará a continuación: 1. Solicitud de parte. De la demanda de amparo se observa que, como ya se precisó, la quejosa solicitó de manera expresa la suspensión de los actos reclamados. 2. Interés suspensional. Este requisito se encuentra colmado con las documentales que obran agregadas al expediente, mismas que la quejosa allegó desde la promoción original del juicio de amparo. 3. Certeza de los actos reclamados. Se considera satisfecho este requisito, pues no obstante que de la inspección realizada por la autoridad responsable, se haya asentado que la obra en construcción en trato se encontrara suspendida en la fecha de realización de la diligencia, aún se encontraba el mecanismo por medio del cual se vierte el agua proveniente de las excavaciones realizadas por os trabajos de construcción. Tampoco obsta que en autos obra el acta de inspección de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, en la que inspectores federales adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, en concreto, concluyeron que no existe generación de residuos peligrosos, que al momento de la visita el área de proyecto estaba en buenas condiciones de higiene y limpieza, que la construcción se encontraba a un diez por ciento de avance total, según lo referido por el encargado de la misma, sin apreciación de daño ambiental en ese momento, asimismo, que no se apreciaron actividades de caza, captura, transporte y retención de flora y fauna silvestre. Sin embargo, tales consideraciones fueron elaboradas conforme a lo observado en esa fecha y acorde a las facultades de una autoridad diversa a la que ahora se tiene como responsable en ampliación de demanda. 4. Existencia de materia para la suspensión (análisis de la naturaleza de los actos reclamados). El acto que reclama al Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Culiacán, Sinaloa, es susceptible de ser suspendido no obstante su naturaleza omisiva, al tener efectos y consecuencias de carácter positivo posiblemente en deterioro del medio ambiente; de manera que es posible conminar a ésta a restablecer de manera provisional a la parte quejosa y en el presente caso a la sociedad en el goce de los derechos que se vieron afectados con motivo de las omisiones reclamadas, conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), ubicada en la publicación semanal del viernes 01 de febrero de 2019, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación). 5. Análisis simultáneo de peligro en la demora, apariencia del buen derecho, orden público e interés social. En este punto, es importante resaltar que la sola circunstancia de que se reclame la omisión de la responsable a observar las actividades que realiza la parte tercera interesada, es suficiente para otorgar la suspensión solicitada, pues la afectación al medio ambiente, el cual se vería perjudicado por la omisión atribuida seria de imposible reparación, es de orden público e interés social. Robustece lo anterior el resultado de las inspecciones efectuadas el dos y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, que en lo conducente estableció la descarga de alrededor de 6-8 litros por segundo en parte de la playa, cuyo escurrimiento se infiltra rumbo al rompimiento de las olas, a decir de los inspectores y de quien atendió la visita, se trata de agua cristalina, pero sin análisis correspondiente. Efectos de la medida suspensional. Por tanto, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados descritos, con fundamento en los artículos 128, 129 y 138, fracción I de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable, por medio de quien esté facultado para ello, continúe acudiendo al domicilio donde se están realizando los trabajos denunciados, incluso en horas y días inhábiles, y continúe realizando la inspección correspondiente y en caso de que observe alguna infracción a las normas ambientales, proceda a la aplicación de las sanciones correspondientes, inclusive la clausura de la obra de construcción en trato, si así procediere; se insiste, porque la constructora sí descarga agua al mar, pero no se advierte si está dentro de los límites permitidos por las normas aplicables, lo cual es de la competencia y estricta responsabilidad de la autoridad responsable. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "MEDIO AMBIENTE SANO. PARÁMETRO QUE DEBERÁN ATENDER LOS JUZGADORES DE AMPARO, PARA DETERMINAR SI ES DABLE EXIMIR AL QUEJOSO DE OTORGAR GARANTÍA PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE ACTOS QUE INVOLUCREN VIOLACIÓN A AQUEL DERECHO HUMANO. El acceso a un recurso efectivo en materia ambiental, tutelado por el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo -en conjunción con la directriz 20 de las Directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, Directrices de Bali-, implica que deban tomarse todas las medidas necesarias para eliminar o reducir los obstáculos financieros relacionados con la justiciabilidad del derecho a un medio ambiente sano. En ese sentido, la suspensión de los actos que lesionen ese derecho no debe encontrarse, generalmente, a expensas de la exhibición de una garantía, ya que ésta no sólo podría resultar gravosa para el particular -constituyéndose en un obstáculo financiero para su justiciabilidad-, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Ahora, para determinar si debe eximirse al quejoso de otorgar la caución, los juzgadores de amparo deberán atender a lo siguiente: (I) la violación a dicho derecho debe constituir un aspecto medular del juicio de amparo; (II) el planteamiento deberá encontrarse dirigido a combatir una verdadera afectación al medio ambiente; (III) la afectación aducida deberá ser actual o inminente, y no meramente hipotética o posible; (IV) la vulneración al medio ambiente debe ser una consecuencia directa e inmediata del acto reclamado; y (V) no deberá eximirse del otorgamiento de la garantía cuando el acto reclamado genere un beneficio de carácter social, como en el caso de obra de infraestructura pública, o cuando responda a un esquema de aprovechamiento sustentable; cuestión que corresponderá acreditar a la autoridad responsable al rendir su informe previo." (Jurisprudencia 2a./J. 19/2017 (10a.), consultable en la página 1199, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Efectos que se determinan así, ponderando no solamente lo manifestado por la quejosa en su ampliación de demanda, sino el contenido de las constancias que integran el incidente de suspensión. Si bien, se evidencia que desde diez de junio de dos mil diecinueve se había otorgado similar determinación y que por ello inspectores federales adscritos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, elaboraron el acta de inspección IA/026/19, de veintiuno de junio de la presente anualidad. Así como que el dos y veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, el personal adscrito a la autoridad responsable realizó inspección en la obra en construcción en trato. Lo cierto es que ello no constituye obstáculo para que la responsable continúe realizando sus funciones de inspección correspondiente acorde a sus facultades, y en caso de que observe alguna infracción a las normas ambientales, proceda a la aplicación de las sanciones correspondientes, inclusive la clausura de la obra de construcción en trato, si así procediere. Con independencia de que en términos concretos no se encontró actividad u omisión que trasgrediera disposiciones en materia ambiental, pues ello se estableció a las fechas en que se realizaron las referidas inspecciones. Garantía. Esta medida cautelar surte efectos de inmediato y se otorga sin garantía, ya que los actos reclamados no sólo resultan gravosos para la parte quejosa, sino que, de no otorgarse, permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad, en su conjunto. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 125, 132 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se concede a Ana Lucía Sánchez Labrada, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la autoridad responsable Director General del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Culiacán, Sinaloa, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese.

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