Ana Lucía Ortíz Mateos y Otros.

Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
371/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Ana Lucía Ortíz Mateos y Otros.
  • Erick Cuatepotzo Varela

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Autoridad informa que se avoca al conocimiento de la incompetencia planteada en autos. Visto el oficio 14019/2021 recibido vía interconexión con evidencia criptográfica suscrito por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y Jurisdicción Territorial en toda la República, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que se avoca al conocimiento de la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, la cual quedó registrada bajo el número de amparo 2542/2021 de su índice; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Se ordena archivo En esas condiciones, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Estado de autos. Visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de once de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que mediante oficio 9106/2021, se remitió la demanda de amparo al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, sin que a la fecha se conozca el Juzgado que le haya tocado conocer del asunto. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, tenga a bien informar a éste órgano jurisdiccional el Juez que por razón de turno le haya tocado el conocimiento del presente, a fin de acordar lo correspondiente. Notifíquese.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve *************** por sus propios derechos, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 371/2021-II. Representante común. Ahora bien, toda vez que la demanda es promovida por dos quejosos con un interés común, sin que se advierta designación de representante común, entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con tal carácter a ******* Lo anterior, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro, cuando así lo estimen conveniente. Se declina competencia a Juzgado de Distrito especializado en la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen ese carácter como ordenadoras: - El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - La Secretaría de Gobernación... - El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. - Diario Oficial de la Federación. IV.- ACTO RECLAMADO: A) Reclamo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. B) Reclamo de la Secretaría de Gobernación, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. C) Reclamo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. D) Reclamo del Diario Oficial de la Federación, la publicación para la entrada en vigor del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno." Precisado lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Para sostener lo anterior, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Las reglas de competencia de los jueces de distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Efectivamente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Así, que Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Además, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio. b.- Competencia por materia. c.- Competencia por razón de la vía; y, d) Competencia auxiliar. En el asunto que nos ocupa, se procede a analizar en específico la competencia por materia. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. En la especie, los quejosos Ana Lucía Ortiz Mateos y Erick Cuatepotzo Varela ejercitan la acción constitucional de amparo esencialmente contra: El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, entre otros, el artículo 180 Quáter de dicho ordenamiento. De la litis planteada de la demanda de cuenta, se advierten cuestiones que involucran aspectos técnicos, que pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión. Además, el once de junio de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otros el artículo 28 Constitucional de cuya iniciativa destaca lo siguiente: "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: . "Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. "Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. "(Compromiso 38). Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general ... "Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. "En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. "Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible .El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... "Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. "Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. "Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas." De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho de telecomunicaciones, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. Expuesto lo anterior, resulta importante mencionar que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los asuntos en materia administrativa que ahí se prevé. Dicho precepto señala: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: "I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; "II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; "III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; "IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refiere las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; "V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y "VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además de dicho numeral, se tiene presente el contenido de los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 94. ... "El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." De la Ley Orgánica del Poder Judicial De La Federación: "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: . "IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; "V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; "VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos . "XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales". Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. "El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, se aprobó el ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN. En los artículos segundo y sexto de dicho Acuerdo General se determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en el Título Décimo Sexto lo siguiente: "Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. "Artículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. "En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. "Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión. "Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley." De la transcripción anterior, se advierte que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Por tanto, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues están vinculados con un tema de esa especialidad, pues de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se estableció entre otros aspectos la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de instalar, operar, regular y mantener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), lo que involucra a la telefonía móvil del quejoso. De ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de los actos con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados. Sin que sea óbice a lo anterior, que uno de los actos reclamados se atribuya a diversa autoridad administrativa, dado que el mismo guarda íntima relación con la norma que la parte quejosa aduce inconstitucional (que se reflejan en una factura del servicio de telefonía celular), lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por tanto, se determina que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Por consiguiente. con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto. Se cita como apoyo, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase los autos del presente juicio, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para el efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Solicítese de la manera más atente al homólogo federal, se sirva acusar recibo e informe si acepta o no la competencia planteada. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, previo a declarar la incompetencia antes referida, dado que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de ninguno de los establecidos en el artículo 15 de la ley en cita. Aquí, es menester precisar que el referido numeral 48 de la ley de la materia, establece: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa dice: "Artículo. 22 Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales." De esta manera, el artículo 48 citado establece que en los casos de incompetencia, el Juez de Distrito está facultado para proveer sobre la suspensión solo cuando se trate de los actos siguientes: a.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida. b.- Incomunicación. c.- Deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición. d.- Desaparición forzada de personas, o e.- Alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que son la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Por tanto, si en la especie no se reclama alguno de los actos citados, es evidente que este asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas para que, previa a la remisión de la incompetencia planteada, este órgano jurisdiccional deba pronunciarse respecto de la suspensión solicitada. A más de que, por la naturaleza de los actos y autoridades señaladas como responsables, no puede concluirse que se esté en presencia de los actos enunciados en párrafos precedentes. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, conforme a la fracción III, inciso a), de dicho dispositivo legal. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a la impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet o físicamente en la entrada del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ( Proporciona correo electrónico. Por otra parte, se tiene como medio de contacto del promovente - únicamente para ser localizado - el correo electrónico erickcuatepotzo@gmail.com que proporciona; lo anterior, como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Sin que haya lugar a autorizar la consulta y práctica de notificaciones de manera electrónica, toda vez que no proporciona el nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ( Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Número de expediente: 371/2021 Acuerdo: Apizaco, Tlaxcala, once de mayo de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve *************** por sus propios derechos, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 371/2021-II. Representante común. Ahora bien, toda vez que la demanda es promovida por dos quejosos con un interés común, sin que se advierta designación de representante común, entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa con tal carácter a ******* Lo anterior, sin perjuicio de que la parte respectiva lo sustituya por otro, cuando así lo estimen conveniente. Se declina competencia a Juzgado de Distrito especializado en la materia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los promoventes señalan como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Tienen ese carácter como ordenadoras: - El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - La Secretaría de Gobernación... - El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. - Diario Oficial de la Federación. IV.- ACTO RECLAMADO: A) Reclamo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. B) Reclamo de la Secretaría de Gobernación, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. C) Reclamo del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno. D) Reclamo del Diario Oficial de la Federación, la publicación para la entrada en vigor del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en todas y cada una de sus etapas legislativas, en sus artículos 176, y 190, fracciones VI, primer párrafo, y VII, y se adiciona una fracción XLII Bis al artículo 15; un Capítulo I Bis denominado "Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil", al Título Séptimo, con los artículos 180 Bis, 180 Ter, 180 Quáter, 180 Quintus, 180 Sextus y 180 Septimus de fecha trece de abril del ario dos mil veintiuno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciséis de abril del año dos mil veintiuno."Precisado lo anterior, se estima que este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo.Para sostener lo anterior, debe decirse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal.Las reglas de competencia de los jueces de distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.Por tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto.Efectivamente, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente.Así, que Para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado.Además, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio.La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia:a.- Competencia por territorio.b.- Competencia por materia.c.- Competencia por razón de la vía; y,d) Competencia auxiliar.En el asunto que nos ocupa, se procede a analizar en específico la competencia por materia.Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia.En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda.En la especie, los quejosos Ana Lucía Ortiz Mateos y Erick Cuatepotzo Varela ejercitan la acción constitucional de amparo esencialmente contra: El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, entre otros, el artículo 180 Quáter de dicho ordenamiento.De la litis planteada de la demanda de cuenta, se advierten cuestiones que involucran aspectos técnicos, que pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios de telecomunicaciones y/o radiodifusión.Además, el once de junio de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otros el artículo 28 Constitucional de cuya iniciativa destaca lo siguiente: "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: . "Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. "Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. "(Compromiso 38). Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general ... "Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. "En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. "Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible .El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... "Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. "Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. "Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas."De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho de telecomunicaciones, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades.Expuesto lo anterior, resulta importante mencionar que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los asuntos en materia administrativa que ahí se prevé.Dicho precepto señala: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: "I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; "II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; "III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; "IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refiere las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; "V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y "VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."Además de dicho numeral, se tiene presente el contenido de los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:"Artículo 94...."El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." De la Ley Orgánica del Poder Judicial De La Federación:"Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: . "IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República;"V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo;"VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos. "XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos;"Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales".Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica.El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. "El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior."De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en Materia de Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, se aprobó el ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN.En los artículos segundo y sexto de dicho Acuerdo General se determinó lo siguiente:"SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional.En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional."SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones."Aunado a lo anterior, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en el Título Décimo Sexto lo siguiente:"Artículo 312. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. "Artículo 313. Cuando se trate de resoluciones del Instituto emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento. Las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida."En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales."Artículo 314. Los juicios de amparo indirecto serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión."Artículo 315. Corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley."De la transcripción anterior, se advierte que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.Por tanto, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues están vinculados con un tema de esa especialidad, pues de la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, se estableció entre otros aspectos la obligación del Instituto Federal de Telecomunicaciones de instalar, operar, regular y mantener un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), lo que involucra a la telefonía móvil del quejoso.De ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de los actos con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados.Sin que sea óbice a lo anterior, que uno de los actos reclamados se atribuya a diversa autoridad administrativa, dado que el mismo guarda íntima relación con la norma que la parte quejosa aduce inconstitucional (que se reflejan en una factura del servicio de telefonía celular), lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados.Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por tanto, se determina que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno.Por consiguiente. con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto.Se cita como apoyo, la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2008591 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado."En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase los autos del presente juicio, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, para el efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Solicítese de la manera más atente al homólogo federal, se sirva acusar recibo e informe si acepta o no la competencia planteada.Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo.Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión solicitada, previo a declarar la incompetencia antes referida, dado que los actos reclamados no encuadran en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el último párrafo del numeral 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de ninguno de los establecidos en el artículo 15 de la ley en cita.Aquí, es menester precisar que el referido numeral 48 de la ley de la materia, establece:"Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.".Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa dice: "Artículo. 22 Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales."De esta manera, el artículo 48 citado establece que en los casos de incompetencia, el Juez de Distrito está facultado para proveer sobre la suspensión solo cuando se trate de los actos siguientes:a.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida.b.- Incomunicación.c.- Deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición. d.- Desaparición forzada de personas, oe.- Alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, que son la pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.Por tanto, si en la especie no se reclama alguno de los actos citados, es evidente que este asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas para que, previa a la remisión de la incompetencia planteada, este órgano jurisdiccional deba pronunciarse respecto de la suspensión solicitada.A más de que, por la naturaleza de los actos y autoridades señaladas como responsables, no puede concluirse que se esté en presencia de los actos enunciados en párrafos precedentes. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código de Procedimientos Civiles de Aplicación Supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, conforme a la fracción III, inciso a), de dicho dispositivo legal. Sin embargo, debe destacarse que ante la contingencia y riesgos sanitarios que atraviesa el país, así como las medidas para evitar el contacto social y reducir la movilidad en la vía pública, dígase a la impetrante que mientras permanezca la contingencia sanitaria, las notificaciones de mero trámite se practicarán mediante lista, que podrá ser consultada vía internet o físicamente en la entrada del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Apizaco, Tlaxcala. Por otra parte, en el caso de que sea necesario realizar alguna notificación de carácter personal, en el expediente en que se actúa, el Actuario Judicial de la Adscripción deberá hacerlo conforme al Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de los justiciables; lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ( Proporciona correo electrónico. Por otra parte, se tiene como medio de contacto del promovente - únicamente para ser localizado - el correo electrónico erickcuatepotzo@gmail.com que proporciona; lo anterior, como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Sin que haya lugar a autorizar la consulta y práctica de notificaciones de manera electrónica, toda vez que no proporciona el nombre de usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, como a partir del tres de agosto de dos mil veinte, entró en vigor el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, se les comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario o Actuario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ( Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten.Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente. ******

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