Ana Lucía Flores Valles
Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 360/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ana Lucía Flores Valles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA; en tal virtud, agréguese a los autos el cuaderno original del incidente de suspensión. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. Toda vez que el duplicado del incidente es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente; en la inteligencia de que la Secretaría deberá realizar el cómputo correspondiente para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, diez de mayo de dos mil veintidós. Con vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, agréguese el informe justificado rendido por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, en el que señala son ciertos los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba documental la que se remite con el referido informe; Con sustento en el numeral 117 de la citada legislación, con el informe y documento de referencia dese cuenta y hágase relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Del estado que guardan los autos se advierte que está programada en este juicio la audiencia constitucional para este día, no obstante, se de las constancias que integran el presente sumario se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que rinda informe justificado. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DEL AÑO EN CURSO para su celebración. Notifíquese.
- Incidental
El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de suspensión provisional, notificación a las partes, pruebas e informes previos. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias, rendido el informe previo de cuenta y como domicilio procesal y delegados los que señala la autoridad oficiante, apertúrese la siguiente etapa. Se abre el período de admisión y desahogo de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales que acompañó la parte quejosa a su demanda de amparo, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. El Juez acuerda: Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace constar que las partes no los formularon y el Agente del Ministerio Público adscrito presentó pedimento. El Juez acuerda: Se tiene visto el alegato ministerial, el cual será considerado al resolver el incidente. Concluidas las citadas etapas, se procede resolver sobre la suspensión definitiva. VISTOS los autos del incidente de suspensión 360/2022: ANTECEDENTE Y TRÁMITE PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, turnado a este tribunal, Ana Lucía Flores Valles, reclamó la orden de lanzamiento ordenada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en el expediente 684/2021, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, respecto del inmueble ubicado en avenida Lic. R. Rodríguez y C.C. Otates y/o avenida Cerro Otates número 3881 Sur, de la colonia Buenos Aires, Culiacán, Sinaloa, ejecutada en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO. El siete de abril del año en curso este Juzgado proveyó respecto la suspensión provisional, ordenó solicitar informes previos y fijó fecha para la audiencia incidental. DECISIÓN JURISDICCIONAL PRIMERO. Actos reclamados. La orden de lanzamiento ordenada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en el expediente 684/2021, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, respecto del inmueble ubicado en avenida Lic. R. Rodríguez y C.C. Otates y/o avenida Cerro Otates número 3881 Sur, de la colonia Buenos Aires, Culiacán, Sinaloa, ejecutada en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. SEGUNDO. Actos ciertos. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial de Culiacán, Coordinador de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo y Familiar y el Actuario Adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo y Familiar de este Distrito Judicial de Culiacán, señalaron que son ciertos los actos motivos de inconformidad por la quejosa, consistentes en la orden de lanzamiento ordenada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en el expediente 684/2021, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, respecto del inmueble ubicado en avenida Lic. R. Rodríguez y C.C. Otates y/o avenida Cerro Otates número 3881 Sur, de la colonia Buenos Aires, Culiacán, Sinaloa, ejecutada en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. TERCERO. Negativa de la medida. Las exigencias legales para conceder la medida cautelar no están satisfechas, según se explica. Si bien, los actos reclamados son de carácter positivo al tratarse de la orden de lanzamiento ordenada el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en el expediente 684/2021, del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, respecto del inmueble ubicado en avenida Lic. R. Rodríguez y C.C. Otates y/o avenida Cerro Otates número 3881 Sur, de la colonia Buenos Aires, Culiacán, Sinaloa, ejecutada en diligencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Sin embargo, no es dable conceder la medida cautelar toda vez que tienen la naturaleza de consumados, en contra de los cuales no es dable otorgar dicha medida, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se pronuncie en el fondo del juicio de amparo respectivo. Por tanto, si al momento en que se provee respecto la medida cautelar solicitada los referidos actos ya fueron consumados, como ocurre en el presente caso, ello es suficiente para considerar que es improcedente conceder la suspensión provisional respecto de éstos, pues de ser así, equivaldría a darle efectos restitutorios, lo cual es jurídicamente inaceptable, ya que esto es propio de la sentencia de fondo que se dicte en el juicio de garantías del que emana esta incidencia. Lo anterior virtud la parte quejosa asentó que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo la orden de lanzamiento y con máquina retroexcavadora se destruyó la casa habitación que se encontraba construida sobre el lote de terreno que en esta vía defiende. Sin que se pase por alto la jurisprudencia 1a./J. 21/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo I, página 672, Décima Época, Materias Común, Civil, con número de registro digital 2011829, de rubro y texto: LANZAMIENTO EJECUTADO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA, SIEMPRE QUE SE DEMUESTREN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA, Y NO EXISTA IMPEDIMENTO JURÍDICO O MATERIAL. De la interpretación sistemática y funcional del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los numerales 126 a 129, 138 a 140, 143 y 147 a 151 de la Ley de Amparo, se colige que puede concederse la suspensión contra una orden de lanzamiento ya ejecutada para efectos de restablecer al quejoso en la posesión del bien inmueble, siempre que se demuestren la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, y no exista impedimento jurídico o material; por lo cual, no basta con haberse ejecutado el lanzamiento para negar la medida suspensional. Lo anterior, sobre la base de que en la regulación referida se admite abiertamente el carácter de medida cautelar de la suspensión, que participa de los efectos prácticos de la resolución definitiva del juicio de amparo y, por tanto, no se limita sólo a las medidas de conservación, sino también a las de restablecer al quejoso en el goce del derecho afectado con el acto reclamado, para mantener viva la materia del amparo e impedir los perjuicios que éste pueda resentir por la duración del proceso, constituyendo así un verdadero amparo provisional con el que se anticipa la tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto, a reserva de que, en la sentencia definitiva, se consolide esa situación si se constata la existencia del derecho aparente o, de lo contrario, se permita la continuación de los efectos del acto reclamado. Análisis que puede llevar a resultados distintos al resolver sobre la suspensión provisional o la definitiva, debido a la diferencia en los elementos probatorios que tiene a la vista el juez; o de si el quejoso es parte vencida en juicio contra la cual se decretó el lanzamiento o si es persona extraña a juicio, entre otros aspectos; todo lo cual, en su caso, debe valorarse al analizar las particularidades de cada asunto para verificar si se prueba la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, a fin de cuentas, es lo que debe determinar si se concede o niega la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, dado que el bien inmueble ha sido destruido, materialmente no es posible restituir a la quejosa en el uso del bien mientras se resuelve el juicio. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 255/2015, que dio origen a la anterior jurisprudencia; por tanto, existe imposibilidad material para restituir de manera provisional a la parte quejosa. Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a Ana Lucía Flores Valles la suspensión definitiva. Notifíquese.
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