Ana Lucía Carron Román.
Expediente 242/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- A.E. G. C. y Otros.
- Ana Lucía Carron Román. y Otros.
- A.E. G. C.
- Ana Lucía Carron Román.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
SE CERTIFICA: QUE SE ENVIÓ AL ARCHIVO EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO, EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE LA PROPIA FECHA, HACIENDO ANOTACIÓN DE ARCHIVO EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO Y EN LA CARÁTULA DE ESTE ASUNTO, AL IGUAL QUE EN ESTA ÚLTIMA LA VALORACIÓN DOCUMENTAL CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, PUBLICADO EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE HACE CONSTAR QUE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRAN DIGITALIZADAS.
- Incidental
Visto el estado de los autos y a fin de ordenar el destino del incidente de suspensión en que se actúa, se estima necesario remitirse a los autos del juicio de amparo 242/2022, del cual deriva dicha incidencia, mismo que se tiene a la vista y constituye un hecho notorio para quien esto provee, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y del cual se desprende que en esta fecha, se ordenó el archivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 18, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, procede hacer la indicación en el sentido de que el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa es depurable, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. De igual forma, en atención al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado ordenamiento, el duplicado del incidente en mención deberá ser destruido, una vez que cuente con más de seis meses de haberse ordenado el archivo del juicio de amparo indirecto del que deriva.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que las partes de este juicio no recurrieron el auto de cuatro de julio de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considerando que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, y la parte quejosa fueron notificadas respectivamente el cinco y ocho de julio de dos mil veintidós, quedando comprendido dicho lapso del siete al veinticinco de julio de la presente anualidad. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 354, 355 y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia vigente, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Sin que resulte óbice para lo anterior, que no obren los acuses de notificación del fallo emitido en este juicio de las autoridades responsables foráneas, ya que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente los actos que de ellas se hubieren reclamado, lo que en el caso no sucede, pues se decretó el sobreseimiento en el juicio; lo anterior, con fundamento en el ordinal 87 de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. De igual forma, advirtiéndose que el cuaderno original relativo a la suspensión del acto reclamado en este asunto se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, inciso a), del acuerdo invocado en el párrafo anterior, realícese su valoración documental conforme a los lineamientos contenidos en el propio Acuerdo General.
- Principal
Visto el estado de los autos, de los que se advierte que en la demanda de amparo promovida por la menor de edad A.E.G.C., por conducto de su madre Ana Lucía Carrión Román, señaló como acto reclamado, el siguiente: "VIII. ACTO RECLAMADO.- a) La negativa de aplicar la vacuna a mi menor hija de seis años de edad, contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que mi menor hija no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID-19 y su variante Delta o cualquier otra, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida; cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y/o médico de México y/o de un grupo etario determinado y/o dentro de un esquema de vacunación y/o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus." En ese contexto y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que se actualiza la prevista en el ordinal 61, fracción XXII, del propio cuerpo normativo. Del dispositivo en cita se desprende que se surte la causa de improcedencia ahí prevista, cuando el acto reclamado, aun quedando subsistente, no sea factible examinarlo en razón de que ya no puede surtir efectos, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En ese contexto, a la fecha en que fue presentada la demanda de amparo, esto es, el once de febrero de dos mil veintidós, la menor quejosa de seis años de edad, reclamó de las autoridades señaladas como responsables la negativa por parte de éstas de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, por no estar comprendida en la política pública de prevención de la enfermedad en virtud del grupo etario al que pertenece. Cuestión esta última que fue corroborada con el informe justificado que rindió el Secretario de Salud, con sede en la Ciudad de México, donde textualmente precisó lo siguiente: "(.) Por su parte y como refiere la Coordinadora Jurídica y Consultiva, mediante la atenta nota de fecha 10 de septiembre de 2021, de asunto Opinión Vacuna COVID-19, conforme a las facultades con las que cuenta la Comisión de Autorización Sanitaria, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 14 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informa que se emitió la autorización temporal de diversas vacunas, con la finalidad de mitigar la situación sanitaria que atraviesa el país y la cual ha sido formalmente declarada como emergencia, entre ellas se encuentra la Vacuna denominada PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (BNT162b2), la cual conforme a la normatividad aplicable se actualizó la indicación terapéutica a: "Vacuna para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) para adolescentes mayores de 12 años y adultos", concluyendo con base en los elementos: a) Opinión Técnica del Comité de Moléculas Nuevas, bajo el tenor de estudios clínicos y de inmunogenicidad presentados se sustenta la modificación para la ampliación del uso de la vacuna BNT162b2 para prevenir la enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19) en individuos mayores a 12 años de edad y adultos. En materia de seguridad se concluyó que el medicamento es seguro para el grupo etario de mayores de 12 años. b) En consideración de los ensayos clínicos de fase 2/3 que tuvieron por objetivo determinar la seguridad y el definir el perfil de seguridad del BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años de edad y como objetivo secundario de inmunogenicidad el demostrar la no inferioridad de la respuesta inmune al BNT162b2 en participantes de 12 a 15 años en comparación con participantes de 16 a 25 años, donde se utilizó vacuna seleccionada para la evaluación de la Fase 2/3 fue BNT162b2 a dosis de 30 µg, dos dosis separadas por un periodo de 21 días entre cada aplicación. Concluyendo que estos estudios demuestran la seguridad de uso únicamente en personas mayores de 12 años. Por lo anterior, se concluyó de la evaluación y dictamen de la información científica realizada por la Comisión, al ser favorable, procedió a autorizar el 24 de junio de 2021 la modificación a las condiciones de autorización por uso de emergencia, para incluir al grupo etario de adolescentes mayores de 12 años bajo el sustento técnico científico arriba mencionado y al no haber estudios científicos que avalen el uso de esta vacuna en menores de 12 años se declaró en el apartado de contraindicaciones de la misma autorización por uso de emergencia, es decir que bajo esta situación específica de menores de 12 años no se debe utilizar la vacuna referida Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2). Aclarando que al momento que COFEPRIS emita una autorización de las modificaciones de las condiciones de uso de emergencia de la Vacuna Pfizer-Biontech, no se obliga a que el Programa Nacional de Vacunación contra Virus SARS-CoV-2 inicie la vacunación a este grupo. Esta autorización por uso de emergencia estará sujeta a las recomendaciones sobre los candidatos vacúnales así como la población que se vacunará y los criterios de elegibilidad, etapas y la logística de la estrategia, así como los ejes de priorización de la vacunación en México. (.)" De todo lo anterior, puede obtenerse que hasta el once de febrero de dos mil veintidós, existía una negativa expresa por parte de las autoridades Sanitarias Federales de incluir en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación, a las personas comprendidas en el grupo etario de cinco a once años, bajo el argumento toral de que no existían estudios científicos que avalaran el uso de la vacuna Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2) en personas menores a los doce años. Sin embargo; constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que -a la fecha en que se emite esta determinación- las autoridades Sanitarias Federales incorporaron en la Política Nacional de Vacunación a los menores pertenecientes al grupo etario comprendido de los cinco a los once años de edad, para la inoculación del biológico Pfizer-Biontech y cuyo registro en el portal nacional mivacuna.salud.gob.mx dio inicio a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Información que puede ser corroborada en la página oficial del titular del Ejecutivo Federal https://presidente.gob.mx/ninas-y-ninos-de-5-a-11-anos-seran-vacunados-contra-covid-19-recibiran-vacuna-pfizer/. Ahora bien, la materia del presente juicio consiste en establecer: (1) la constitucionalidad o no de la negativa de las responsables de incluir a la menor de edad quejosa, por razón de su grupo etario, en la política pública de prevención de la enfermedad derivada del virus SARS COVID-19, a través de la campaña nacional de vacunación y (2) la eficacia de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer-BioNTech en el grupo de menores de cinco a doce años, a la luz del derecho a la salud de la menor de edad A.E.G.C., en relación con las políticas internacionales adoptadas en materia de vacunación a personas pertenecientes al citado grupo etario. Ergo, si bien es verdad que a esta data la infante quejosa no ha sido inoculada en los términos pretendidos en su demanda de amparo; sin embargo, el motivo por el que las autoridades sanitarias federales no la incorporaba dentro del programa de vacunación y, específicamente, con la aplicación del biológico Pfizer-Biontech COVID-19 Vaccine (BNT162b2), dejó de tener existencia dentro de su esfera de derechos. Lo anterior es así, teniendo en cuenta que la menor de edad A.E.G.C., pertenece ahora al grupo etario incluido en la Política Nacional de Vacunación y tendrá acceso al biológico Pfizer-Biontech, conforme al sistema de registro para la obtención de su expediente clínico y en términos del calendario de aplicación que será establecido por las autoridades sanitarias en su oportunidad. De ahí que, aun cuando el acto reclamado se encuentra parcialmente subsistente, dejó de surtir sus efectos en perjuicio del derecho a la salud de la menor de edad quejosa. Sin que para arribar a la anterior conclusión obste que en términos de lo previsto en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2 y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en los Estados Unidos de América, en la Ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, ratificada por el Estado Mexicano el veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa, y promulgada por decreto de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno, en el Diario Oficial de la Federación, es un deber, tanto de los tribunales federales como de las autoridades responsables, velar por la exacta protección de los derechos humanos de los gobernados y especialmente de los niños. En tanto que los niños constituyen una parte sustancial de la población y enfrentan condiciones especiales de vulnerabilidad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Más aun, en tratándose del derecho a la salud de los menores de edad en el marco global de la pandemia derivada del Virus SARS COVID-19; sin embargo, dicha tutela no exime la posibilidad de que se actualicen -como ocurre en la especie- causas de improcedencia que lleven al juzgador a decretar el sobreseimiento. De ahí que, al ser indudable y manifiesto que las responsables ya no trastocan el derecho a la salud de la menor de edad quejosa, por las razones dadas en el presente proveído, es innecesario entonces esperar a la fecha en que tenga verificativo la audiencia constitucional, para examinar el estudio de la causa de improcedencia de que se trata. Por ende, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente asunto respecto del acto que en esta vía se reclama, y dejar sin efecto las providencias aquí decretadas, así como la citación para la celebración de la audiencia constitucional. Da apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."
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