Ana Lucero Hernández Sánchez

Expediente 769/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
769/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
03/09/2018

Partes del expediente

  • Ana Lucero Hernández Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de nueve de agosto de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el nueve de agosto de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. De conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás

  2. Principal

    Notificación personal ... se notifica por lista a los terceros interesados el auto de nueve de agosto del año en curso ... Visto el oficio que remite la autoridad responsable Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el anexo que acompaña, agréguese a los autos para que obre como corresponda; se tiene exhibida la documental, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, Ana Lucero Hernández Sánchez presentó demanda de amparo contra la Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en la que reclamó la omisión de dictar la resolución correspondiente en expediente laboral 518/2016 de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 769/2018-IV, se admitió en auto de veintiocho de junio siguiente, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El siete de agosto del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Aguascalientes, el oficio de la autoridad responsable, en el que señaló que dictó la resolución correspondiente en el expediente laboral...; asimismo, remitió copia certificada de la misma, de la que se advierte que el siete de agosto de dos mil dieciocho, se emitió el laudo correspondiente, documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la ley de la materia. De lo anterior se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Ciertamente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de derechos, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.... Ahora, la parte quejosa se duele substancialmente, de la omisión de la Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de dictar el laudo en el expediente laboral 518/2016 de su índice, pues desde hace nueve meses cerró instrucción sin que haya procedido a su dictado. Por su parte, de las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado se obtiene que en el expediente laboral 518/2016, el siete de agosto de dos mil dieciocho, se dictó el laudo, el cual fue aprobado. Así, se colige que este sumario ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro y texto siguientes: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. ... En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, también es cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho.(IV)

  3. Principal

    se notifica por lista al quejoso en términos del auto de nueve de agosto del año en curso. ".... Visto el oficio que remite la autoridad responsable Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado y el anexo que acompaña, agréguese a los autos para que obre como corresponda; se tiene exhibida la documental, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo...De lo anterior se desprende que cesaron los efectos de la omisión reclamada, por lo que resulta procedente sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo...Por consiguiente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho..."(IV)

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial número Veinticuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, no ha rendido su informe justificado que le fue solicitado en auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciocho; sin que a la fecha haya transcurrido el plazo otorgado para rendir el informe de referencia, en razón de que la autoridad en cuestión gozó de su periodo vacacional del dieciséis al treinta y uno de julio del año en curso, como se advierte de la razón que antecede. difiere audiencia - En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, para su celebración.

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