Ana Lourdes Quinteros Vazquez

Expediente 580/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
580/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • Ana Lourdes Quinteros Vazquez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el acuerdo de dieciocho de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ******; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha causado estado. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Valoración del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del indicado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del mencionado manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se tuvo desechó la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Oposición de datos personales. Finalmente, de la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, por propio derecho, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 580/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional. a) Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Lo anterior es así, en virtud de que dar trámite al juicio y admitir la demanda a nada jurídicamente práctico llevaría, pues resulta mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio que del análisis preliminar de la demanda de amparo se desprende que la misma resulta notoriamente improcedente, con el propósito de evitar la práctica de un trámite que a la postre resulte infructuoso, ello, en atención a lo establecido en el artículo 17 constitucional que prevé que la justicia debe ser pronta y expedita, lo que inclusive permite que el impetrante promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos, de ahí que es pertinente destacar que para efectos de actualizar la improcedencia del juicio constitucional y, por ende, el desechamiento respectivo deben acreditarse de forma evidente los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia P./J. 128/2001, cuyo rubro y texto establecen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Así, es procedente analizar de oficio las causas de improcedencia por ser ésta una cuestión de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos se desprende en esencia que la parte quejosa reclama esencialmente: "IV. ACTO RECLAMADO a) Del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos se reclama: 1. La expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el día 02 de marzo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, únicamente en lo que respecta a los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales demando se declara su inconstitucionalidad. 2. La omisión de la autoridad legislativa respecto a su obligación convencional de consultar estrechamente e involucrar activamente a personas con discapacidad durante el trámite de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Partidos Político, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, únicamente en lo que respecta a los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales demando se declara su inconstitucionalidad. b) Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, titular del Poder Ejecutivo Federal: La promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el día 02 de marzo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación, únicamente en lo que respecta a los artículos 11, 11 BIS y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los cuales demando se declara su inconstitucionalidad ". Esta juzgadora federal advierte que respecto de todos los actos reclamados indicados anteriormente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado con los cardinales 1, fracción I, 5, fracción I y 6 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de no existe una afectación real y actual a su esfera jurídica. Los artículos mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Estos preceptos legales prevén, en lo que interesa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, siendo que tendrá la calidad de parte quejosa quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que el acto reclamado viole los derechos previstos en el numeral 1 de la Ley de Amparo, esto es, que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de forma directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En efecto, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que facultad a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. El origen de la citada figura, es decir, el interés jurídico, se encuentra establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional -ya transcrita-, como un principio básico del juicio de amparo, puesto que como medio de control constitucional, aquél se debe seguir siempre a instancia de parte agraviada. Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "Registro digital: 2019456 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Sobre tal base, la ley y disposición normativa que la parte quejosa pretende controvertir a través del juicio de amparo biinstancial, no importan o representan una afectación de los derechos laborales como persona con discapacidad; como se verá a continuación: La parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: - El decreto por el que se reforma, adiciona, y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, específicamente, por lo que respecta a los artículos 11, 11 Bis y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. - La omisión de la autoridad legislativa de consultar estrechamente e involucrar activamente a personas con discapacidad durante el trámite de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, únicamente en lo que respecta a los artículos 11, 11 Bis y 14 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al respecto, como fuente de su lesión aducen que con motivo de la entrada en vigor de dicha normativa, se viola su garantía de inclusión al ser una persona con discapacidad. Se afirma lo anterior (que no importan o representan una afectación de sus derechos), toda vez al tomar como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles, que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el incidente de suspensión derivado de la controversia constitucional 261/2023 del índice de la Subsecretaría General de Acuerdos Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministrito Instructor Javier Laynez Potisek determinó conceder la medida cautelar solicitada por el Instituto Nacional Electoral sobre los siguientes actos reclamados: "[.] iv. La norma general o acto de invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado: "Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (el Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo de 2023, así como su refrendo y promulgación, específicamente por lo que hace a la inconstitucionalidad de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), y especialmente, por las disposiciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales". Solicitada por el Instituto Nacional Electoral en los siguientes términos: "VII.SUSPENSIÓN [.] 1100. En ese sentido, la medida cautelar se solicita para los siguientes efectos: 1. Que no se apliquen los artículos impugnados del Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral; relativos a la omisión del Congreso de la Unión respecto a realizar consultas previas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a las personas con discapacidad [.] 1.2 Asimismo, en su caso se suspende el Decreto Impugnado hasta en tanto ese Máximo Tribunal se encuentre en condiciones de verificar que el proceso legislativo que le dio origen fue desarrollado de conformidad a las reglas plasmadas en los artículo 71 y 72 constitucionales, así como en los Reglamentos de ambas Cámaras del Congreso de Unión y que no se violaron derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales [.] En ese sentido se solicita la suspensión de mérito para el efecto de que se ordene la reviviscencia de las normas derogadas y abrogadas hasta que el presente sumario se resuelva definitivamente. Lo anterior, en atención a los diversos vicios de origen que acarrea el acto impugnado y conlleva un detrimento irreparable en los derechos humanos de la ciudadanía en especial los de carácter político electoral. 2. Permanezcan las cosas en el estado en que se encuentran y el INE pueda contar con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia conforme al artículo 41, base V, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución, sin llevar a cabo despidos masivos del personal que integra dichos órganos a fin de salvaguardar tanto la función electoral, bajo los principios rectores en su actuar de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, como garantizar el acceso a los derechos políticos electorales de la ciudadanía y la equidad en la contienda, así como los derechos laborales del personal del Instituto, para evitar se violenten de manera irreparable dichas prerrogativas constitucionales reconocidas en los artículos 1º, 2º, 6º, 14, 16, 34, 35, 36, 41 y 134 y demás aplicables de la Constitución. Lo anterior para el efecto de suspender la aplicación de los preceptos impugnados, a fin de que el INE conserve su personal a nivel central y delegacional, y pueda cumplir cabalmente con sus encomiendas constitucionales conforme al modelo estructural que esboza el artículo 41 de la Norma Suprema que rigen el funcionamiento, integración y organización de este ente autónomo y con ello evitar un daño irreparable ocasionado por la injustificada reducción y reorganización del Instituto, derivada del Decreto que se impugna en contravención con los postulados constitucionales y en perjuicio de los derechos humanos. 3. Se mantengan los derechos laborales reconocidos en las condiciones generales de trabajo, establecidas en el Estatus del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como su vigencia, que el Consejo General aprobó conforme a su facultad constitucional establecida en el artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado A, segundo párrafo de la Carta Magna, y con ello no se desconozca dicha atribución constitucional y se violenten de manera irreparable los derechos adquiridos y humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 127 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, para el efecto de que no sean aplicados los preceptos impugnados y los que resulten perjudiciales respecto de los derechos laborales adquiridos y reconocidos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y la normativa que de esta deriva [.] 4. Se mantenga la situación laboral de los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, respecto a su plaza, puesto o encargo, sin que sean mermadas sus prerrogativas laborales, esto es, que los servidores públicos continúen su relación laboral con este Instituto y sigan recibiendo sus remuneraciones, prestaciones, beneficios, seguros y cualquier otro concepto afin al puesto que desempeñan protegidos por las condiciones general de trabajo concedidas por el Consejo General a través del Estatuto y la normativa que del mismo deriva; tal y como lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del Decreto impugnado, y con ello no se violenten de manera irreparable los derechos adquiridos y humanos reconocidos en los artículo 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 127 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, para el efecto de que no sean aplicados los preceptos impugnados, con el con el objetivo que no sea mermada de manera inconstitucional la situación de las personas servidoras públicas mediante la eliminación de plazas, puestos o encargos, que representaría la pérdida de miles de empleos, así como prestaciones que ya se establecen en el Estatuto, Manual de Normas Administrativas y de Percepciones vigentes en 2023, como son entre otras, los seguros de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizado [.] 1101. Por lo que hace al RÉGIMEN TRANSITORIO, se advierte que ha sido desnaturalizado al contener diversos ordinales con efectos que contravienen de manera directa las funciones y atribuciones constitucionales encomendadas al Instituto Nacional Electoral; al mismo tiempo que resultan violatorios de derechos humanos por su mera aplicación; por lo que, es pertinente y oportuno solicitar la suspensión respecto de los siguiente: 5. Que se detengan los efectos perjudiciales en cuanto a la persona titular de la Secretaría (sic) Ejecutiva, ocasionados con motivo del Décimo Séptimo transitorio, correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenido en el Decreto impugnado, por medio del cual se cesa al Secretario Ejecutivo en funciones con la mera publicación de la reforma en el DOF, al obligar a este Instituto a vulnerar sus derechos, así como a la debida integración de los órganos (Consejo General y Secretaría Ejecutiva), para que pueda continuar ejerciendo sus atribuciones sin merma. Ello al tratarse de una norma de carácter privativo que además, de violentar los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 113 y de más aplicables de la Constitución, desconoce la facultad constitucional del Consejo General de nombrar a dicho Secretario. Y en su caso se ordene la restitución de éste en su función encomendada por el Consejo General conforme al artículo 41, base V, apartado A de la Constitución federal, al haber sido ratificado por un periodo de 6 años por Acuerdo INE/CG40/2020, de 6 de febrero de 2020 (2020 al 2026). Lo anterior, ya que el artículo Décimo Séptimo transitorio, invade tajantemente la esfera competencial del INE comprendida en el artículo 41 de la Constitución federal, en virtud de que el Congreso de la Unión, en completo contrasentido de los que debe ser una norma general, abstracta e impersonal se extralimita en sus funciones, configurando una norma privativa desconociendo las atribuciones que el Constituyente depositó de manera exclusiva en el Consejo General de este Instituto, para el nombramiento del Secretario Ejecutivo. 6. No se obligue a expedir un nuevo Estatuto de Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, así como reducir prestaciones laborales en detrimento de los derechos laborales de los trabajadores del INE, al contener las condiciones generales del trabajo de éste con dicho personal y ser su emisión una facultad constitucional expresamente establecida en el artículo 41, segundo párrafo, base V, apartado A, segundo párrafo, de la Carta Magna. Lo anterior, para el efecto de que no sea aplicado en específico el artículo Décimo Octavo transitorio correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenido en el Decreto impugnado, pues de lo contrario, no solo se desconocería dicha atribución constitucional, sino también se abolirían los derechos laborales reconocidos en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa vigente y la normativa que del mismo deriva violentando de manera irreparable los derechos adquiridos y humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 127 y demás, aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de no retroactividad y de progresividad. 7. Que no se extinga el Fideicomiso "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, pues se vulnera la prestación laboral contemplada en el artículo 69 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, denominada compensación por la terminación de la relación laboral al ya no haber recursos para dicha prestación laboral, ni para contingencias laborales de los servidores públicos del INE, lo cual, per se, tutela derechos adquiridos del personal del Instituto, noción que está estrechamente ligada al principio de irretroactividad de la ley y progresividad de los derechos humanos, que trastoca la situación jurídica actual de los servidores públicos del INE, orillando a éste a violar los derechos humanos y laborales de sus trabajadores en contra de su propia autonomía constitucional, reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 123, 127 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, para el efecto de que no sean aplicados en específico el articulo Décimo Primero transitorio en relación con el diverso 31, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenidos en el Decreto impugnado. 8. Que no se extinga el Fideicomiso "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, pues se vulnera la infraestructura de la que hace uso este instituto para el cumplimiento de su función constitucional, como lo es que se permita el mantenimiento de los módulos de atención ciudadana y con ello prestar el servicio de credencialización, cuya expedición alcanza las más de 96 millones de credenciales, con lo cual se vulnerarían los derechos humanos tanto de identidad como los de carácter político electoral de la ciudadanía reconocidos en los artículos 1º, 4º, 34, 35, 36 y demás, aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, para el efecto de que no sean aplicados en específico el artículo Décimo Primero transitorio en relación con el diverso 31, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenidos en el Decreto impugnado. 9. Permanezcan las cosas en el estado en que se encuentran en cuanto a las remuneraciones y especialización del personal del INE, en el pago de sus salarios, prestaciones y remuneraciones nominales, adicionales, extraordinarias, o de cualquier índole que perciban los servidores públicos del Instituto para el ejercicio fiscal actual y hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional, conforme a lo dispuesto en los artículos 41, base V, apartado A, 75 Y 127 de la Constitución federal, y no ocasione un daño a los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 123, 127 y demás a aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.] Es así que, se solicita la suspensión para el efecto de que no sean aplicados en específico los artículos transitorios Décimo Quinto y Vigésimo Quinto en relación con los diversos 38, numeral 3, 57, numeral 1, inciso c), 62, numeral 5, 125 septies, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contenido en el Decreto impugnado, pues además de violentar los derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 123, 127 y demás, aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estaría incluso contrariando el orden jurídico que rigen constitucionalmente la remuneraciones y especialización de los servidores públicos conforme al 127 constitucional, entre ellos los del INE, así como una suspensión en la materia emitida por este Alto Tribunal. 10. Permanezcan las cosas en el estado en que se encuentran y que el INE no se vea obligado a realizar despidos masivos, esto es que los servidores públicos del Instituto continúen su relación laboral bajo la actual estructura organizacional y sigan recibiendo sus remuneraciones, prestaciones, beneficios, seguros y cualquier otro concepto a fin al puesto que desempeñan; tal y como lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del Decreto impugnado, y con ello no se violenten de manera irreparable los derechos adquiridos y humanos reconocidos en los artículos 1º, 5º, 13, 14, 16, 17, 41, 127 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, de manera específica y sistemática, por estar relacionaos con los derechos laborales de los trabajadores de este Instituto, se solicita la suspensión respecto de los trabajadores de este Instituto, se solicita la suspensión respecto de los artículos transitorios Décimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Sexto correspondiente a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales contiendo en el Decreto impugnado; para el efecto de que el Instituto Nacional Electoral no se encuentre vinculado a planear, reglamentar y ejecutar cualquier acto o acción que lleve a cabo la desaparición de cientos de plazas de funcionarios electorales, lo que se traduce en violentar sus prerrogativas laborales; en tal virtud se solicita la medida cautelar y protectora de derechos humanos hasta en tanto esa Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución definitiva; ya que, la aplicación de cada dispositivo referido, acarrea diversas trasgresiones a prerrogativas fundamentales de carácter laboral. 11. Para que el INE en respeto a su autonomía presupuestaría, no se vea imposibilitada en el presente y futuro, en su caso, de solicitar recursos adicionales para la puesta en marcha de la reforma que se combate en la presente instancia constitucional, ya que con la entrada en vigor puntualmente del artículo Noveno transitorio de la reforma que por esta vía se combate, repercute de manera directa e inmediata en dicha autonomía de la que goza este Instituto y en lo subsecuente, impacta en la evidente vulneración a los derechos político electorales de los ciudadanos reconocidos en los artículos 1º, 4º, 34, 35, 36 y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. [.]". Concesión decretada bajo los siguientes parámetros: "[.] Precisado lo anterior, se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 14 de la Ley Reglamentaria dela materia y, por consiguiente, se concede la medida cautelar solicitada para el efecto de que no se apliquen los artículos del decreto combatido hasta en tanto se resuelva en definitiva la controversia constitucional. Esto se decreta fundamentalmente con el fin de evitar la posible afectación a los derechos político electorales de la ciudadanía derivado de la alteración operativa y presupuestaria del propio Instituto Nacional Electoral; a los derechos humanos a la intimidad, privacidad y la propia imagen de las personas cuya información personal formal parte del Registro Federal de Electores y que presuponen la integridad del Padrón Electoral por parte del Instituto Nacional Electoral, así como posibles afectaciones de derechos humanos de naturaleza laboral de los servidores públicos adscritos al órgano constitucional autónomo. Lo anterior es así, ya que el actor se duele de que, mediante el decreto reclamado, entre otros aspectos fundamentales, se están suprimiendo indebidamente áreas y recortando personal del Instituto Nacional Electoral, lo cual impedirá el efectivo ejercicio de los derecho político electorales de la ciudadanía previstos en el artículo 35 constitucional, pues supondrá la baja o remoción de servidores públicos que actualmente están adscritos para llevar a cabo tal función electoral bajo los principios constitucionales que la rigen, e impediría preservar la integridad del Padrón Electoral en las condiciones que exige el texto constitucional, máxime que quienes actualmente forman parte de estas estructuras se verían afectos sus derechos laborales. Por una parte, el sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral, en la organización, funcionamiento y estructura del propio órgano, al grado que es previsible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos en los que venía operando. En consecuencia, para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ellos salvaguardas el sistema democrático nacional, se impone el otorgamiento de la medida cautelar frente a la totalidad del decreto impugnado. De no concederse la suspensión, el Instituto actor quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del Instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía. Mientras que, de ser cierto lo que se aduce en la demanda, podría haber una merma significativa en garantía orgánico-institucional de los derechos a votar y ser votado previstos en el artículo 35 constitucional, y en la garantía de equidad en la contienda, también podría comprometerse la integridad del Padrón Electoral y, consecuentemente, la garantía de los derechos humanos relacionados con el manejo de la información personal ahí contenida. En esta tesitura, la medida cautelar se presenta como un medio idóneo para preservar la materia de la controversia en relación con las violaciones a derechos humanos invocadas por la parte actora. De este modo, se precisa que la suspensión se concede para el efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado que incida en la modificación de la estructura, funcionamiento y capacidad operaria del Instituto hasta en tanto se resuelva la presente controversia constitucional, lo que desde luego abarca todas y cada una de las disposiciones del instrumento que han sido combatidas por el Instituto Nacional Electoral a través del presente medio de impugnación. Lo anterior se determina en la inteligencia de que, para la operación, funcionamiento, integración y actividad presupuestaria del Instituto, se deberán observar las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto impugnado, pues, de otra manera, no podría operar con regularidad y cumplir la finalidad y funciones constitucionales que le corresponden. Con el otorgamiento de la suspensión en los términos precisados, no se afectan la seguridad y economía nacionales, ni las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, puesto que únicamente se pretende preservar la materia del juicio y asegurar los efectos y consecuencias del decreto impugnado no se ejecute de manera irreparable en perjuicio de la ciudadanía y de los servidores públicos adscritos al Instituto, además de garantizar provisionalmente la situación jurídica y el derecho o el interés del actora. Tampoco se causa un daño mayor a la sociedad en relación con los beneficios que pudiera obtener el solicitante de la medida puesto que, con ello, se garantiza el acceso a los derechos políticos electorales de la ciudadanía, la equidad en la contienda, los derechos humanos de todas las personas que formen parte del Padrón Electoral, así como los derechos laborales del personal, y se conserva la estructura orgánica y funcionamiento que ya tenía el Instituto Nacional Electoral, hasta en tanto se resuelve, en definitiva, el presente asunto. Máxime que con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 105 constitucional, de ser fundados los conceptos de invalidez, la declaración de inconstitucionalidad que se solicita no tendría efectos retroactivos, ya que éstos sólo operan para la materia penal. [.]". Sobre el particular, es importante apuntar que la suspensión en controversias constitucionales se encuentran previstas en los artículos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de cuyo contenido se advierte que: 1. Procede de oficio o a petición de parte y podrá ser decretada hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. 2. Procede respecto de actos que, atento a su naturaleza, puedan ser suspendidos en sus efectos o consecuencia; 3. No podrá otorgarse en los casos en que la controversia constitucional se hubiera planteado respecto de normas generales; 4. No se concederá cuando se pongan en peligro la seguridad o económica nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en un proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante; 5. El auto de suspensión podrá ser modificado o revocado cuando ocurra un hecho superveniente que lo fundamente, y 6. Para su otorgamiento, deberán tenerse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2008 emitida por el Pleno del Máximo Tribunal, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 170007 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Constitucional Tesis: P./J. 27/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 1472 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NATURALEZA Y FINES. La suspensión en controversias constitucionales, aunque con características muy particulares, participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que en primer lugar tiene como fin preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia que, en su caso, declare el derecho de la parte actora, pueda ejecutarse eficaz e íntegramente y, en segundo, tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en general en tanto se resuelve el juicio principal, vinculando a las autoridades contra las que se concede a cumplirla, en aras de proteger el bien jurídico de que se trate y sujetándolas a un régimen de responsabilidades cuando no la acaten. Cabe destacar que por lo que respecta a este régimen, la controversia constitucional se instituyó como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, que tiene entre otros fines el bienestar de la persona que se encuentra bajo el imperio de aquéllos, lo que da un carácter particular al régimen de responsabilidades de quienes incumplen con la suspensión decretada, pues no es el interés individual el que se protege con dicha medida cautelar, sino el de la sociedad, como se reconoce en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Como se advierte del criterio jurisprudencial antes transcrito, la suspensión en controversias constitucionales participa de la naturaleza de las medidas cautelares, por lo que tiene como fin preservar la materia del juicio a efecto de asegurar provisionalmente el bien jurídico de que se trate para que la sentencia pueda ejecutarse eficaz e íntegramente, de modo que tiende a prevenir el daño trascendente que pudiera ocasionarse a las partes y a la sociedad en tanto se resuelve el juicio principal. En ese orden de ideas, la suspensión constituye un instrumento provisional cuyo propósito es impedir que se ejecuten los actos impugnados o que se produzcan o continúen realizando sus efectos hasta en tanto se dicte sentencia en el expediente principal, a efecto de preservar la materia del juicio y evitar se causen daños y perjuicios irreparables a las partes o a la sociedad, siempre que la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, no se actualice alguna de las prohibiciones que establece el numeral 15 de la Ley Reglamentaria de la materia. Establecido lo anterior, si en el presente juicio de amparo la quejosa controvierte el multicitado Decreto y su ejecución, actos que son materia de fondo de la citada controversia constitucional 261/2023 y la cual, como se indicó en líneas anteriores, se encuentra suspendida para efecto de que no se aplique artículo alguno del decreto impugnado, así como que no se ejecute la modificación en la organización, funcionamiento y estructura del Instituto Nacional Electoral; es inconcuso para esta juzgadora federal que de momento los derechos de la quejosa no se encuentran afectados con motivo del referido del Decreto y demás dispositivos legales controvertidos. De ahí que los actos impugnados en este juicio, no pueden ser susceptibles de combatirse ya que son materia de análisis de la referida controversia constitucional y existe la posibilidad de que la resolución que en ella se dicte sea favorable y declare la inconstitucionalidad del proceso legislativo que se impugna; en cuyo caso no habría afectación a sus derechos para participar activamente y efectivamente en la vida política y pública como persona con discapacidad. Por otra parte, en caso contrario si lo resuelto por el Máximo Tribunal declara que dicho proceso legislativo es constitucional, en su oportunidad actualizaría la diversa causa de improcedencia atinente a la cosa juzgada, por no ser factible a través del juicio de amparo variar el eventual sentido del fallo que recaiga a la controversia constitucional 261/2023 que como se indicó, se encuentra en trámite; por lo que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Por tanto, acorde a las consideraciones previas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo promovida por Ana Lourdes Quinteros Velázquez, por derecho propio, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosa: Ana Lourdes Quinteros Velázquez. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. En el entendido de que las notificaciones que deban ser personales se le practicarán en dicho domicilio, ya que el correo electrónico que proporciona, no es un medio para ello de los previstos por la Ley de Amparo; además, que el acuerdo general que mencionada la quejosa ya se encuentra abrogado. c. Autorizado. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a José Luis Flores Trujillo, toda vez que no tiene cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. VII. Firma del presente acuerdo. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, serán firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica y en casos extraordinarios, previa justificación, se podrá utilizar la firma autógrafa, en términos de lo dispuesto por el citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el escrito firmado por el licenciado ******************** apoderado legal de la parte quejosa Imagen Comercial Sunset Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitido el veintidós de marzo de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la legislación en comento, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la resolución en comento. Fórmese cuadernillo de antecedentes, córrase traslado a las autoridades responsables con el mencionado escrito de expresión de agravios y déjese copia de éstos a disposición de las demás partes en la secretaría de este Juzgado de Distrito. Dentro del plazo de tres días contado a partir de que se encuentre debidamente integrado, remítanse las constancias originales de los presentes autos, el escrito de agravios y una copia simple de éste, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Quinto Circuito, para la substanciación del recurso interpuesto. Notifíquese.

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