Ana Lourdes Moreno Moreno

Expediente 1476/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1476/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Lourdes Moreno Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, a trece de noviembre de dos mil veintitrés. Integración de oficio. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el actuario del Poder Judicial de la Federación adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, deducido del juicio de amparo directo civil 1086/2023, del índice de ese órgano plenario, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional por surtirse los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo; oficio que se ordena agregar a los autos para los efectos legales conducentes. Archivo y valoración del expediente. De igual modo, con fundamento en el artículo 19, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido; en el entendido que este expediente es destruible, a partir del término de seis meses de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Notifíquese, y cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes; asimismo, exhibe diversas pruebas relativas al reclamo constitucional. Pruebas y formación de tomos. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, respecto de las cuales, debido a la voluminosidad de dichas instrumentales exhibidas, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como Tomos I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Declaración de incompetencia de este órgano. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer y resolver del acto reclamado en la demanda de amparo. Lo anterior, con sustento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama una resolución dictada en segunda instancia que confirmó la de primer grado que puso fin al juicio de origen, la cual sin decidir el mismo en lo principal, lo dio por concluido. Apoya a lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la Jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21 del Tomo XX, Agosto de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural". 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? En esa virtud, se considera que quien es legalmente competente para conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional, es un Tribunal en Materias Civil y de Trabajo, con residencia en esta ciudad, dado que aquí reside la autoridad jurisdiccional responsable. Se arriba a lo anterior, atendiendo a que las cuestiones de competencia revisten importancia reconocida tanto en el sistema jurídico mexicano, como en tratados internacionales, en razón de que son de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama; de ahí, que en el caso esta determinación se sustenta primordialmente en lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso C) Constitucional y en las premisas establecidas en los dispositivos legales 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, para justificar la presente actuación, conviene tener presente el contenido de los artículos previamente citados, los cuales disponen: ? "Artículo 107 Constitucional. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) (REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Ley de Amparo: ? "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." ? "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." ? "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De los citados tres primeros numerales de la ley de la materia, en lo que interesa destacar, se deriva que indican el procedimiento a efectuar cuando ante un juzgado de Distrito se presente una demanda que deba ser del conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito, caso en el que el juzgador federal está en aptitud de remitir la demanda y anexos, en su caso, al órgano plenario para que decida al respecto Asimismo, del citado numeral 170 de la Ley de Amparo, se coligen dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y; 2. Resoluciones que pongan fin al juicio. Ahora, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del citado artículo 170 de la Ley de Amparo, se desprende que se está en presencia de una sentencia definitiva, cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, y no procede en su contra ningún medio de defensa ordinario en razón del cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos legales procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? de defensa ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. Por su contenido jurídico substancial, y su aplicabilidad a la nueva legislación de amparo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 311, tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Para los efectos del juicio de garantías, debemos entender como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido por razón de que el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que le impide resolver el fondo de la controversia, y la nota distintiva que caracteriza a las resoluciones de tal naturaleza estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución del juicio." Asimismo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página cincuenta y cinco, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO.- Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." En el particular, la quejosa reclama la resolución de dieciocho de agosto del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en autos del toca civil, mediante la cual se confirmó el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó la caducidad en el expediente 178/2019, dictado tal acuerdo por el juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad, lo que permite entender que se trata de una resolución que puso fin al juicio. En medida de lo expuesto, en el caso se surte la hipótesis que deriva de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, pues se considera, que la resolución impugnada por el quejoso y la controversia planteada, debe conocerla y dirimirla un Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, al que se ordena remitir la demanda y restantes actuaciones, para lo que tenga a bien determinar, conforme lo establece el numeral 47 de la ley de la materia. Se cita en apoyo, por consubstancialidad, la por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 47, publicada en la página 37, Primera Parte del Tomo IV, Materia Civil, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se proveerá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Del mismo modo, resulta aplicable al respecto, por las razones que informa, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 239 del Tomo IX, Febrero de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto orienta en lo conducente: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo". Se cita también por analogía la diversa Jurisprudencia VI.2o.C. J/317, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1772 que reza lo siguiente: "APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EN SEGUNDA INSTANCIA SE DESECHA ESTE RECURSO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, son sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Bajo ese tenor, el auto por el que el tribunal de alzada desecha el recurso de apelación, debe considerarse definitivo y, por ende, impugnable a través del amparo uniinstancial, pues aun cuando el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, establece la procedencia de la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de la segunda 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? instancia, como quiera que sea el diverso 408 de la misma legislación, limita su interposición a aquellos proveídos que no pongan fin al procedimiento, además de que en la exposición de motivos del citado ordenamiento legal, se estableció que dicho medio de impugnación debe resolverse en la sentencia correspondiente, la cual obviamente no puede ser materia del auto que desecha la apelación." Por último, se cita también por su aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), con registro digital publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, Décima época, con registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes; asimismo, exhibe diversas pruebas relativas al reclamo constitucional. Pruebas y formación de tomos. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, respecto de las cuales, debido a la voluminosidad de dichas instrumentales exhibidas, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como Tomos I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Declaración de incompetencia de este órgano. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer y resolver del acto reclamado en la demanda de amparo. Lo anterior, con sustento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama una resolución dictada en segunda instancia que confirmó la de primer grado que puso fin al juicio de origen, la cual sin decidir el mismo en lo principal, lo dio por concluido. Apoya a lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la Jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21 del Tomo XX, Agosto de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural". 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? En esa virtud, se considera que quien es legalmente competente para conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional, es un Tribunal en Materias Civil y de Trabajo, con residencia en esta ciudad, dado que aquí reside la autoridad jurisdiccional responsable. Se arriba a lo anterior, atendiendo a que las cuestiones de competencia revisten importancia reconocida tanto en el sistema jurídico mexicano, como en tratados internacionales, en razón de que son de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama; de ahí, que en el caso esta determinación se sustenta primordialmente en lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso C) Constitucional y en las premisas establecidas en los dispositivos legales 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, para justificar la presente actuación, conviene tener presente el contenido de los artículos previamente citados, los cuales disponen: ? "Artículo 107 Constitucional. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) (REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Ley de Amparo: ? "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." ? "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." ? "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De los citados tres primeros numerales de la ley de la materia, en lo que interesa destacar, se deriva que indican el procedimiento a efectuar cuando ante un juzgado de Distrito se presente una demanda que deba ser del conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito, caso en el que el juzgador federal está en aptitud de remitir la demanda y anexos, en su caso, al órgano plenario para que decida al respecto Asimismo, del citado numeral 170 de la Ley de Amparo, se coligen dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y; 2. Resoluciones que pongan fin al juicio. Ahora, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del citado artículo 170 de la Ley de Amparo, se desprende que se está en presencia de una sentencia definitiva, cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, y no procede en su contra ningún medio de defensa ordinario en razón del cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos legales procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? de defensa ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. Por su contenido jurídico substancial, y su aplicabilidad a la nueva legislación de amparo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 311, tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Para los efectos del juicio de garantías, debemos entender como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido por razón de que el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que le impide resolver el fondo de la controversia, y la nota distintiva que caracteriza a las resoluciones de tal naturaleza estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución del juicio." Asimismo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página cincuenta y cinco, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO.- Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." En el particular, la quejosa reclama la resolución de dieciocho de agosto del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en autos del toca civil, mediante la cual se confirmó el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó la caducidad en el expediente 178/2019, dictado tal acuerdo por el juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad, lo que permite entender que se trata de una resolución que puso fin al juicio. En medida de lo expuesto, en el caso se surte la hipótesis que deriva de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, pues se considera, que la resolución impugnada por el quejoso y la controversia planteada, debe conocerla y dirimirla un Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, al que se ordena remitir la demanda y restantes actuaciones, para lo que tenga a bien determinar, conforme lo establece el numeral 47 de la ley de la materia. Se cita en apoyo, por consubstancialidad, la por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 47, publicada en la página 37, Primera Parte del Tomo IV, Materia Civil, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se proveerá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Del mismo modo, resulta aplicable al respecto, por las razones que informa, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 239 del Tomo IX, Febrero de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto orienta en lo conducente: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo". Se cita también por analogía la diversa Jurisprudencia VI.2o.C. J/317, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1772 que reza lo siguiente: "APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EN SEGUNDA INSTANCIA SE DESECHA ESTE RECURSO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, son sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Bajo ese tenor, el auto por el que el tribunal de alzada desecha el recurso de apelación, debe considerarse definitivo y, por ende, impugnable a través del amparo uniinstancial, pues aun cuando el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, establece la procedencia de la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de la segunda 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? instancia, como quiera que sea el diverso 408 de la misma legislación, limita su interposición a aquellos proveídos que no pongan fin al procedimiento, además de que en la exposición de motivos del citado ordenamiento legal, se estableció que dicho medio de impugnación debe resolverse en la sentencia correspondiente, la cual obviamente no puede ser materia del auto que desecha la apelación." Por último, se cita también por su aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), con registro digital publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, Décima época, con registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, que contiene el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito de este Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes; asimismo, exhibe diversas pruebas relativas al reclamo constitucional. Pruebas y formación de tomos. Con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, respecto de las cuales, debido a la voluminosidad de dichas instrumentales exhibidas, se ordena formar por separado dos legajos de pruebas que se identificarán como Tomos I y II, para dar mayor facilidad a su manejo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Declaración de incompetencia de este órgano. Ahora bien, del estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece de competencia para conocer y resolver del acto reclamado en la demanda de amparo. Lo anterior, con sustento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso C) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclama una resolución dictada en segunda instancia que confirmó la de primer grado que puso fin al juicio de origen, la cual sin decidir el mismo en lo principal, lo dio por concluido. Apoya a lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, la Jurisprudencia 1a./J. 51/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 21 del Tomo XX, Agosto de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural". 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? En esa virtud, se considera que quien es legalmente competente para conocer y resolver del acto tildado de inconstitucional, es un Tribunal en Materias Civil y de Trabajo, con residencia en esta ciudad, dado que aquí reside la autoridad jurisdiccional responsable. Se arriba a lo anterior, atendiendo a que las cuestiones de competencia revisten importancia reconocida tanto en el sistema jurídico mexicano, como en tratados internacionales, en razón de que son de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional y, en el caso, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama; de ahí, que en el caso esta determinación se sustenta primordialmente en lo establecido en los artículos 107, fracción V, inciso C) Constitucional y en las premisas establecidas en los dispositivos legales 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, para justificar la presente actuación, conviene tener presente el contenido de los artículos previamente citados, los cuales disponen: ? "Artículo 107 Constitucional. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) (REFORMADO, D.O.F. 6 DE AGOSTO DE 1979) c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común." Ley de Amparo: ? "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que, en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta, en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." ? "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva." ? "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. De los citados tres primeros numerales de la ley de la materia, en lo que interesa destacar, se deriva que indican el procedimiento a efectuar cuando ante un juzgado de Distrito se presente una demanda que deba ser del conocimiento de un Tribunal Colegiado de Circuito, caso en el que el juzgador federal está en aptitud de remitir la demanda y anexos, en su caso, al órgano plenario para que decida al respecto Asimismo, del citado numeral 170 de la Ley de Amparo, se coligen dos tipos de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que procede el amparo en la vía directa, a saber: 1. Sentencias definitivas o laudos y; 2. Resoluciones que pongan fin al juicio. Ahora, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo de la fracción I del citado artículo 170 de la Ley de Amparo, se desprende que se está en presencia de una sentencia definitiva, cuando ésta resuelve el juicio en lo principal, y no procede en su contra ningún medio de defensa ordinario en razón del cual pueda ser revocada o modificada, o cuando habiendo sido dictada, las partes hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos legales procedentes; en tanto que una resolución que pone fin al juicio, es aquella que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, siempre que en su contra tampoco proceda algún medio 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? de defensa ordinario de defensa a través del cual pueda modificarse o revocarse. Por su contenido jurídico substancial, y su aplicabilidad a la nueva legislación de amparo, es aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 311, tomo XII, septiembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO, NOTA DISTINTIVA DE LAS (ARTICULO 46, PARTE FINAL, DE LA LEY DE AMPARO). Para los efectos del juicio de garantías, debemos entender como resoluciones que ponen fin al juicio aquellas que sin decidirlo en lo principal lo dan por concluido por razón de que el juzgador advierte la existencia de un obstáculo jurídico que le impide resolver el fondo de la controversia, y la nota distintiva que caracteriza a las resoluciones de tal naturaleza estriba en que deben impedir o paralizar definitivamente la prosecución del juicio." Asimismo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página cincuenta y cinco, Tomo VI, Segunda Parte-1, julio de mil novecientos noventa, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO.- Conforme al artículo 107 de la Constitución General del país, fracción V, si bien es verdad que el inciso c), referido a los juicios del orden civil en los cuales se comprenden los del orden mercantil, sólo alude a "sentencias definitivas", contra las cuales procede el amparo directo. Sin embargo, lo cierto es que esta vía es procedente también para promover el amparo contra las resoluciones dictadas en juicios civiles o mercantiles, que ponen fin al juicio, pues así se debe concluir de acuerdo a una interpretación íntegra y sistemática de la fracción V, del 107 constitucional, y de los artículos 44 y 158 de la Ley de Amparo. Efectivamente, cabe destacar en primer término, que la mencionada fracción V en su primer párrafo dispone en términos generales y de manera expresa que el amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se pedirá ante el Tribunal Colegiado de Circuito, es decir, que establece la procedencia de esa vía para impugnar la legalidad de ambas clases de resoluciones (sentencias definitivas o las que dan por terminado el juicio), no obstante que en el inciso c) sólo se mencionen las sentencias definitivas, ya que, por otro lado, el artículo 44 de la Ley 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales corrobora este punto de vista al establecer que: "el amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el procedimiento, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por conducto de la autoridad responsable ...". Ello pone de manifiesto que se trata del amparo directo, porque el indirecto se promueve ante el Juez de Distrito, sin distinción alguna por cuanto a la materia; por el contrario, este artículo se refiere en forma genérica a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio." En el particular, la quejosa reclama la resolución de dieciocho de agosto del año en curso, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en autos del toca civil, mediante la cual se confirmó el auto de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó la caducidad en el expediente 178/2019, dictado tal acuerdo por el juez de Primera Instancia Civil Especializado en Arrendamiento Inmobiliario y Extinción de Dominio, con sede en esta ciudad, lo que permite entender que se trata de una resolución que puso fin al juicio. En medida de lo expuesto, en el caso se surte la hipótesis que deriva de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo, pues se considera, que la resolución impugnada por el quejoso y la controversia planteada, debe conocerla y dirimirla un Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, en turno, al que se ordena remitir la demanda y restantes actuaciones, para lo que tenga a bien determinar, conforme lo establece el numeral 47 de la ley de la materia. Se cita en apoyo, por consubstancialidad, la por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 139/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 236, Tomo XVI, Diciembre de 2002, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." De igual forma, resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 47, publicada en la página 37, Primera Parte del Tomo IV, Materia Civil, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN AL JUICIO EN MATERIA CIVIL.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, párrafo primero, de la Carta Magna, el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se proveerá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, no sólo cuando se trate de materia administrativa, sino también procede en materia civil, pues aun cuando en el inciso c) de dicho precepto no se haya asentado expresamente, su procedencia respecto a resoluciones que ponen fin al juicio, como se hizo en el inciso b), asentándose únicamente que procede en contra de sentencias definitivas, ello no significa que la procedencia del juicio de amparo en materia civil no haya sufrido modificación alguna pues la reforma a dicho precepto constitucional, que consistió entre otras, en agregar como actos susceptibles de ser reclamados en la vía de amparo directo las resoluciones que ponen fin al juicio, alcanza también a la citada materia, dado que el párrafo primero de la fracción V se encuentra redactado en términos generales al expresar que el amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los casos siguientes: (y enumera los incisos a), b), c) y d) dentro de los que se encuentra la materia civil), debiendo tomarse en cuenta la definición que da el artículo 46, último párrafo de la Ley de Amparo, de lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin al juicio, a saber aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas". Del mismo modo, resulta aplicable al respecto, por las razones que informa, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 239 del Tomo IX, Febrero de 1992 del Semanario Judicial de la Federación, que al efecto orienta en lo conducente: "PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA LA CADUCIDAD EN LA PRIMERA INSTANCIA Y ES CONFIRMADA EN APELACIÓN. La caducidad de la instancia es un medio extraordinario establecido en las legislaciones procesales, cuya característica es la de extinguir la relación jurídica que liga a los sujetos que participan en un procedimiento contencioso, sin resolver cuestión alguna respecto de sus pretensiones; por lo que cuando se decreta la caducidad dentro de la primera instancia y tal determinación es confirmada en grado de apelación, esta última resolución, para los efectos que marca el artículo 46 de la Ley de Amparo, constituye una resolución que pone fin al juicio susceptible de combatirse en amparo directo". Se cita también por analogía la diversa Jurisprudencia VI.2o.C. J/317, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 1772 que reza lo siguiente: "APELACIÓN. EL AUTO POR EL QUE EN SEGUNDA INSTANCIA SE DESECHA ESTE RECURSO, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, son sentencias definitivas o resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, aquellas respecto de las cuales las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Bajo ese tenor, el auto por el que el tribunal de alzada desecha el recurso de apelación, debe considerarse definitivo y, por ende, impugnable a través del amparo uniinstancial, pues aun cuando el artículo 411 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del 1o. de enero de 2005, establece la procedencia de la reclamación contra autos que se dicten en el trámite de la segunda 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota ??????????????? instancia, como quiera que sea el diverso 408 de la misma legislación, limita su interposición a aquellos proveídos que no pongan fin al procedimiento, además de que en la exposición de motivos del citado ordenamiento legal, se estableció que dicho medio de impugnación debe resolverse en la sentencia correspondiente, la cual obviamente no puede ser materia del auto que desecha la apelación." Por último, se cita también por su aplicación la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), con registro digital publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de 2015, tomo I, página 95, Décima época, con registro 2008791, que a la letra dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la 26/05/24 17:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c1.fa Santiago Flores Cota facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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