Ana López Espinoza
Expediente 522/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- Ana López Espinoza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO. Visto el escrito signado por XXXXXXXX, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 522/2018-III-B. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo. En ese tenor, la solicitante del amparo reclama la dilación procesal en que incurre la responsable al abstenerse de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada el doce de marzo de dos mil dieciocho, en la que solicitó se requiriera al aquí tercero interesado la factura del bien embargado y fijara fecha para la diligencia de cambio de depositario en el expediente laboral 457/2011. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Por su parte, la fracción V del numeral 107 antes referido establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Cabe destacar que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan "materialmente" derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente. En este punto, conviene indicar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: "De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8º. Constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente.". De la transcripción que antecede se advierte, en lo que interesa, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que por regla general es notoriamente improcedente el juicio de amparo promovido por una de las partes en el juicio natural, contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, al tratarse de una violación intraprocesal que -por regla general- la actual no afecta materialmente derechos sustantivos; excepción hecha de los asuntos en que el contenido de la demanda se advierta una abierta dilación procesal o la paralización total del juicio. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10ª), precisó que la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por regla general, no afecta derechos sustantivos; criterio cuyo tenor literal es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." En la ejecutoria que dio origen a la anterior jurisprudencia, la Sala emisora precisó el motivo por el cual una omisión de acordar promociones, no necesariamente irrogaba perjuicio a derechos sustantivos, a saber: "El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ".V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite." Por otro lado, el Pleno del propio Máximo Tribunal del País, precisó, en la jurisprudencia P./J. 108/2010, que el amparo indirecto procede excepcionalmente, en la etapa de ejecución de sentencia, contra actos que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente. Criterio cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En suma, se concluye que el acto aquí reclamado - la dilación procesal en que incurre la responsable al abstenerse de emitir el acuerdo relativo a la promoción presentada el doce de marzo de dos mil dieciocho, en la que solicitó se requiriera al aquí tercero interesado la factura del bien embargado y fijara fecha para la diligencia de cambio de depositario en el expediente laboral 457/2011, de ninguna manera transgrede derechos sustantivos de la quejosa, porque no se advierte una abierta dilación en la etapa de ejecución, en tanto que desde el doce de marzo del presente año, a la data en la que se promovió la demanda que nos ocupa (doce de abril siguiente), sólo han transcurrido dieciséis días hábiles, lo que es insuficiente para sostener que la violación aducida por la promovente de la demanda, se ubique en el caso de excepción a la regla general de procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia. Criterio similar sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver los recursos de queja QT 61/2017, QT 126/2017, 175/2017 y 183/2017. De ahí que es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XXIII en el artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, del propio ordenamiento, ambos interpretados a contrario sensu; por lo que debe desecharse de plano la demanda de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. En el entendido que para arribar a la anterior conclusión, no se soslaya que la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10ª), antes reproducida, realiza una interpretación a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, esto es, a la procedencia de la instancia constitucional en contra de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; sin embargo, se considera que las razones que sustentan el mencionado criterio de interpretación, permiten también establecer que no existe menoscabo a derechos sustantivos, cuando no se advierte una flagrante dilación en la etapa de ejecución, por lo que al tenor de lo expuesto en los párrafos que anteceden, no es procedente el juicio de amparo hasta en tanto se aprecie un abierto retardo en la tramitación de esta etapa, lo que no ocurre en la especie. De igual modo, tampoco se inobserva el contenido de la jurisprudencia III.3o.T. J/5 (10a.), de rubro: "ACTOS "DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO". INAPLICABILIDAD DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 2a./J. 48/2016 (10a.), DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN TRATÁNDOSE DE."; la cual establece que el referido criterio de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, sólo está dirigido a actos dictados dentro de juicio. Sin embargo, como ya se expresó con anterioridad, si se realiza una interpretación sistemática de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que puntualizó que la procedencia del juicio de amparo indirecto depende de que se aleguen violaciones a derechos sustantivos, es inconcuso que esos razonamientos también deben hacerse patentes para actos emitidos después de concluido el juicio, pues de lo contrario se arribaría a considerar un acto de la misma naturaleza (omisión de emitir un acuerdo en los plazos legales), como transgresor de derechos adjetivos o subjetivos, según se encuentre el estado procesal del expediente de origen. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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