Ana Lomeli Martinez

Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1042/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Lomeli Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de protección. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General, ya que la demanda se tuvo por no presentada -lo que implica una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido-. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la quejosa. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión relacionado con este asunto, porque la demanda se tuvo como no presentada. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal y archivo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la promovente, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído donde se declaró no presentada la demanda. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido

  2. Principal

    Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, transcurrió del diez al treinta de octubre de dos mil veintitrés, sin que hubiera presentado algún escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la 1 Plazo del cual deben descontarse los días doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. Ley de Amparo, se declara no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintitrés, transcurrió del diez al treinta de octubre de dos mil veintitrés, sin que hubiera presentado algún escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la 1 Plazo del cual deben descontarse los días doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. Ley de Amparo, se declara no presentada la demanda que originó este juicio de protección

  4. Principal

    Puebla, Puebla, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Centro del Juzgado de Oralidad y de Ejecución sede regional Puebla (así señalado en la demanda) y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Se exhorta a las partes para que transiten a la modalidad de "juicio en línea". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes a que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda de amparo. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Prevención. La lectura integral1 que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en el señalamiento de las autoridades responsables y actos * reclamados, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Sobre todo, porque la imprecisión detectada puede impedir la pronta integración del presente juicio, en detrimento de la justicia pronta y expedita que debe asegurarse en este juicio -si fuera admitido-. Para demostrar lo anterior, en primer lugar, destaca que la quejosa señala como autoridad responsable, entre otras, a la siguiente: * Sin embargo, constituye un hecho notorio para esta juzgadora que de conformidad con el Acuerdo General 4/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la conclusión de funciones del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, a partir del primer minuto del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Además, de conformidad con el artículo 5 de dicho acuerdo, los asuntos en trámite de los que conocía el órgano que concluyó funciones fueron distribuidos entre los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (actuales Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla). Aunado a ello, en términos del artículo 2 del diverso Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la competencia de los actuales Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla se amplió a la prevista por el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En esa tesitura, es necesario que la quejosa aclare si desiste de tener como responsable a la aludida autoridad responsable dada su evidente inexistencia o si, * en su lugar, desea señalar como responsables a alguno o algunos de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Por otra parte, se advierte ambigüedad en el señalamiento de otras de las autoridades indicadas como responsables, pues la quejosa las refiere como: * Dichas denominaciones resultan ambiguas, pues en ambos casos se hace alusión a Jueces de Distrito con competencia en el sistema penal acusatorios en el Estado de Puebla, por la que no hay claridad sobre si se trata de la misma autoridad o, en caso de tratarse de diversas, cual es el distintivo entre ellas. De modo que la quejosa deberá aclarar dichas denominaciones. En tercer lugar, destaca que la promovente señaló como acto reclamado, entre otros, la orden de reaprehensión librada en su contra. Esa orden de reaprehensión es irregular frente a los antecedentes de la demanda y los conceptos de violación, porque ninguno de estos revela el número de causa (o causas) penal donde esté involucrada la quejosa y por la cual se hubiera librado una orden de esa naturaleza. Dicho de otro modo, la posibilidad de combatir una orden de reaprehensión, sólo puede darse en el marco de una (o varias) causa penal en trámite y de la cual ya tuviera conocimiento la quejosa, pues una orden de esa naturaleza se emite, por regla general, cuando el procesado desatiende alguna obligación relativa al beneficio de libertad caucional -si el proceso inició bajo las reglas del sistema penal tradicional- o cuando incumple los términos de una medida cautelar -en las causas del sistema penal acusatorio-. Así, es necesario que la promovente señale la autoridad judicial concreta a la cual pretende reclamar una orden de reaprehensión, y manifieste la etapa procesal en la cual pudiera haberse librado, para que se tengan elementos suficientes para decidir la procedencia de la suspensión provisional. Incluso puede desistir la promovente de ese acto (orden de reaprehensión) de no existir alguna causa en la que ya hubiera participado como procesada. Finalmente, se observa que la emisión de los actos reclamados la atribuye a diversas autoridades judiciales en el estado de Puebla. Sin embargo, su ejecución se la reclama a las siguientes: ? Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Extorsión, Daños en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e Implementos diversos; ? Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos de Alta Incidencia; ? Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Abuso de Confianza, Fraude, Despojo, Extorsión, Daños en Propiedad Ajena, Robo de Ganado, Robo de Maquinaria e implementos diversos; ? Fiscal Especializado en Investigación de Delitos de Alta Incidencia; ? Fiscal General del Estado de Puebla; ? Fiscalía de Investigación Metropolitana, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla; ? Fiscalía de Investigación Regional adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla; ? Fiscal General (sic) de la Fiscalía General de la República en el Estado de Puebla; ? Director General de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla; ? Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; ? Jefe General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia la (sic) Ciudad de México; y, ? Titular de la Policía Federal Ministerial. Como se ve, ocho de las indicadas corresponden a autoridades ministeriales cuya función primordial es la investigación de los delitos (uno de ellos de hecho es el titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla y otro, al parecer, el Delegado en Puebla de la Fiscalía General de la República), y una más es una autoridad administrativa del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, de conformidad con los artículos 25, fracción XII, y 46, fracción III, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 48, fracción IV, de la Ley de la Fiscalía General de la República, la ejecución de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, sólo se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, al mando de un director general, y a la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal, respectivamente. Además, constituye un hecho notorio para esta autoridad en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, que en el juicio de amparo 709/2023 del índice de este juzgado, se precisó que la correcta denominación de la autoridad encargada de ejecutar los mandamientos judiciales del fuero federal en el estado de Puebla es Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Puebla. Por tanto, es necesario que la quejosa aclare si insiste en llamar a todas las autoridades señaladas en la demanda como ejecutoras, a pesar de que dentro de sus atribuciones no se encuentra la ejecución de las órdenes de aprehensión reclamadas. Sobre todo porque ello podría derivar en un retardo en la integración del expediente en su perjuicio, dado que algunas autoridades tienen domicilio fuera de la residencia de este juzgado, incluso algunas de ellas pueden resultar inexistentes, como es el caso de la denominada "Director General de la Policía Ministerial adscrita a la Fiscalía General del Estado de Puebla", pues por acuerdo A/002/2016, de fecha quince de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Fiscal General del Estado, cambió la denominación de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado de Puebla, a la actual Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. De ahí que se sostenga la existencia de irregularidades en la demanda que impiden a esta autoridad pronunciarse sobre su admisión o desechamiento, siendo necesaria su aclaración. Pero ello corresponde en exclusiva a la quejosa, porque la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable que los órganos de tutela constitucional perfeccionen el señalamiento de las autoridades responsables. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y V, así como 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a aquél en el cual surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito donde: 1. Precise si insiste en señalar como autoridad responsable al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, si desiste de dicho señalamiento o si, por el contrario, sustituye su señalamiento por alguno o algunos de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla (en cuyo caso deberá precisar cuál o cuáles). 2. Aclare la denominación de las autoridades señaladas como "Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla con residencia en la ciudad de Puebla" y "Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en la ciudad de Puebla", debiendo precisar si se trata de autoridades distintas o si corresponden a la misma (Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla). 3. Señale la autoridad (o autoridades) judicial específica que libró la orden de reaprehensión reclamada, motivo por el cual deberá proporcionar el número de causa (o causas) e informar la última etapa procesal en la cual hubiera intervenido (en esa causa); o, 4. Manifieste si insiste en señalar como autoridades ejecutoras a todas las indicadas en la demanda o si, en realidad, limita ese señalamiento al 1. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, y 2. Jefe Policial de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Puebla. Apercibimiento. Se formula a la parte quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá como no presentada la demanda, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la prevención formulada. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *. Por otra parte, Albino García Rodríguez queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la quejosa le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. En cambio, *, queda autorizado sólo para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado la parte promovente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano