Ana Lizette Camacho Escobar
Expediente 595/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 46 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 595/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ana Lizette Camacho Escobar
- Erick Salvador Mogollón Luna y Otros.
- Ana Lizette Camacho Escobar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió el diverso con el que se le enviaron el escrito original de agravios, hecho valer por la parte quejosa y los autos del juicio de amparo 595/2022. De igual forma, se le tiene informando que el tribunal de alzada admitió a trámite tal medio de impugnación, mismo que quedó registrado como amparo en revisión **********; lo cual queda enterado este juzgado federal. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales del presente juicio de amparo; los escritos originales de expresión de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Tribunal Colegiado. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el tercero interesado **********, con el cual interponen recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número 595/2022-III, una vez que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación de la sentencia respectiva y de la notificación de este acuerdo, en el que conste que se corrió traslado del escrito de expresión de agravios. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIACiudad Juárez, Chihuahua a veintinueve de junio de dos mil veintitrés.Visto para resolver el juicio de amparo 595/2022-III, promovido por ******* y *******.RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escritos recibidos en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el cinco de julio de dos mil veintidós, por parte de *******, así como en fecha dos de agosto de misma data, por parte de *******, turnadas ambas a este Juzgado en su fecha, promovieron demanda de amparo contra actos de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de la presente sentencia.SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima vulnerados. La parte quejosa consideró transgredidos los previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Tramitación de la demanda. Por proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo presentada por *******, la cual se registró bajo el expediente 595/2022, así mismo el cuatro de agosto siguiente, se admitió la demanda de amparo presentada por *******, la que se registró bajo el expediente 680/2022, se solicitaron informes justificados a las responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien se abstuvo de formular pedimento.Posteriormente, mediante resolución interlocutoria de tres de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó la acumulación del juicio de amparo 680/2022 al 595/2022- y, seguido el juicio por todas sus etapas, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. CUARTO. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista, el oficio SEADS/698/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, Sexto párrafo, de la Ley de Amparo- sin que hayan efectuado manifestación alguna.CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que este asunto se refiere a la inconstitucionalidad de un acto cuya ejecución tuvo lugar dentro del territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que el quejoso, se ostentó tercero extraño por equiparación, respecto del juicio de cual derivan los actos que reclama, de las autoridades y actos siguientes: En ambas demandas se señalaron las autoridades siguientes: -3. NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES: 3.1 En su doble calidad de Ordenadoras y Ejecutoras, se señala a los C. JUEZ y SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL POR AUDIENCIAS, con domicilio en Eje Vial Juan Gabriel y calle Aserraderos de esta ciudad. 3.2 En su calidad de Ejecutora, el C. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JUAREZ CHIHUAHUA, con domicilio en calle Valle del Cedro 578 Colonia Morelos 111 de esta ciudad. 3.3 En su calidad de Ejecutora, señalo al C. ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA EL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS EN ESTA CIUDAD. con domicilio conocido en el complejo de oficinas de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón, sita en Avenida Lincoln y Zempoala de esta ciudad. 3.4 En su calidad de Ejecutora, al C. ACTUARIO OFICIAL NOTIFICADOR y/o MINISTRO EJECUTÓR ADSCRITO A LA OFICINA DE ACTUARIOS Y OFICIALES NOTIFICADORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, sito en Eje Vial Juan Gabriel y Calle Aserraderos en esta ciudad. Por lo que hace al quejoso *******, en la demanda que dio origen al juicio de amparo 680/2022, reclamó los siguientes actos: 4.1 De los referidos Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad se reclaman: 4.1.1 RECLAMO LA ORDEN DE DESPOSESIÓN y DESALOJO que realizaron en fecha 5 de Julio del 2022, materializado por la Actuario y Ministro Ejecutor en el Juicio Oral Ordinario Civil Expediente ******* promovido por el C. ******* quien se ostenta como cesionario de la persona moral *******, en contra de *******, y que esa finca motivo de ese juicio ostentaba la posesión el suscrito la cual tuve desde el 14 de Abril del 2008, hasta el pasado 5 de Julio del 2022, hasta ese día ya que mediante acuerdo de fecha 28 de Junio pasado publicado el 29 y surtió sus efectos el 30 de Junio de este año SE ORDENA TOMAR POSESIÓN JURÍDICA y MATERIAL del inmueble, del cual soy propietario y poseedor, ya que el suscrito ostentaba la posesión jurídica, virtual y física, hasta el pasado martes 5 de Julio en que fui desposeído sin ser oído ni vencido en ningún juicio por ello soy tercero extraño al mismo pero afectado- dicho inmueble se ubica en *******, en esta Ciudad. Y los datos del Registro Público de la Propiedad de este mismo Distrito Judicial a nombre de la que me vendió en ******* ******* y dichos datos son: Inscripción *******, a folios *******, del Libro ******* de la Sección ******* con FOLIO REAL *******. 4.1.2 Como consecuencia de lo anterior se reclama en especial LA INJUSTA E ILEGAL DESPOSESIÓN DE MI FINCA Y todo el procedimiento que aun y cuando no soy parte del mismo tengo un derecho de propiedad no formalizado en escritura sin embargo se repite con una posesión comprobable por más de 14 años, y nunca recibí alguna demanda de acción reivindicatoria, de rescisión, de terminación de algún contrato ni ningún acto jurídico que molestara mis derechos de posesión y de propiedad. 4.1.3 Igualmente por lo anterior, se reclama, tanto al Actuario o Ministro Ejecutor, la desposesión que realizó el 5 de Julio del 2022, en perjuicio del suscrito, en acatamiento a el auto de fecha 28 de Junio del 2022, publicado el 29 y surtió sus efectos el día siguiente 30 de Junio de este 2022, en el cual la Ordenadora, Juez Sexto Civil por Audiencias, DECRETA LA ORDEN DE PONER EN POSESION LEGAL y MATERIAL DEL ACTOR DEL JUICIO RECLAMADO, ******* EL INMUEBLE ADJUDICADO EN SU FAVOR, AUTORIZANDO EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, y todo ello en un juicio, que trae graves perjuicios a mi esfera jurídica, y más aún materiales y legales al suscrito, como comprador y poseedor de la finca, aquí reclamada, desde hace más de 14 años, y que el suscrito *******, quien al igual que *******, desconocíamos total y absolutamente la existencia de ese juicio aquí reclamado, donde el suscrito podía haber ejercido algún derecho, al demostrar la compra venta que realicé y mi posesión por todo ese tiempo, para hacer valer mis derechos. 4.1.4 Del C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, por sí o por conducto de agentes a su cargo, se reclama la ejecución en fecha 5 de Julio del 2022, en auxilio de la autoridad judicial responsable, que culminó en el desalojo o desocupación de la casa habitación, objeto del juicio reclamado, sito en ******* en esta Ciudad, mismo que aparece a nombre de *******, en el Registro Público de la Propiedad, como ya se sostuvo. 4.4 De las autoridades antes señaladas y respecto de los actos que a cada una se atribuyen, también reclamo todos sus efectos o consecuencias materiales y jurídicas subsecuentes.- Por su parte la diversa quejosa *******, en el presente juicio de amparo (595/2022-III), reclama a las mismas autoridades lo siguiente: 4.1 De los referidos Juez y Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad se reclaman: 4.1.1 Todos y cada uno de los acuerdos, autos, resoluciones, sentencia definitiva y posteriores actuaciones para la ejecución de esta última, que integran el Juicio Oral Ordinario Civil Expediente *******, promovido por el C. *******, quien se ostenta como cesionario de la persona moral *******, en contra de la suscrita quejosa, a virtud del cual se concluyó con sentencia definitiva, y ahora sé que en el mismo, ya se adjudicó en fecha 10 de Junio del 2022, en forma directa, sin remate judicial al diverso tercero interesado *******, la finca motivo de ese juicio, y que mediante acuerdo de fecha 28, publicado el 29 y surtió sus efectos el 30 de Junio de este año, SE ORDENA TOMAR POSESION JURIDICA y MATERIAL del inmueble en que aparezco como propietaria registral, y que el diverso Tercero Interesado Lic. *******, tiene la posesión, y al cual le transferí el dominio por contrato privado, POR MAS DE CATORCEAÑOS, dicho inmueble se ubica ******* en esta Ciudad. Y los datos del Registro Público de la Propiedad de este mismo Distrito Judicial, a nombre de la suscrita quejosa *******, son: Inscripción *******, a folios *******, del Libro *******, de la Sección *******, con FOLIO REAL *******. 4.1.2 Como consecuencia de lo anterior, se reclama en especial, amen de todo el procedimiento, la supuesta diligencia del actuario o ministro ejecutor u oficial notificador del Distrito Judicial Bravos en esta ciudad, de fecha 10 de Noviembre del 2021, que obra en el juicio de donde emanan los actos reclamados, de un supuesto emplazamiento, el cual nunca existió, porque no tuve conocimiento, ni recibí ningún documento o demanda de algún llamamiento a juicio, que ahora sé, existe una supuesta diligencia de emplazamiento de esa fecha, aún y cuando en esa fecha y lugar, la suscrita no estuvo presente, sino en ciudad diversa, como se verá en los hechos. 4.1.3 Igualmente por lo anterior, se reclama tanto al Actuario o Ministro Ejecutor, la desposesión que, en acatamiento a el auto de fecha 28, publicado el 29 y surtió sus efectos el día siguiente 30 de Junio de este 2022, en el cual la Ordenadora, Juez Sexto Civil por Audiencias, DECRETA LA ORDEN DE PONER EN POSESIÓN LEGAL Y MATERIAL DEL ACTOR, EL INMUEBLE ADJUDICADO EN SU FAVOR, AUTORIZANDO EL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, Y todo ello en un juicio, llevado a mis espaldas, que trae grave perjuicio a mi esfera jurídica, y más aún materiales y legales a mi comprador desde hace 14 años, *******, quien al igual que la suscrita, desconocía total y absolutamente la existencia de ese juicio aquí reclamado. 4.1.4 Del C. Secretario de Seguridad Pública Municipal, por sí o por conducto de agentes a su cargo, se reclama la inminente ejecución, en auxilio de la autoridad judicial responsable, del desalojo o desocupación de la casa habitación, objeto del juicio reclamado, sito en ******* en esta Ciudad, mismo que aparece a mi nombre en el Registro Público de la Propiedad, como ya se sostuvo. 4.4 De las autoridades antes señaladas y respecto de los actos que a cada una se atribuyen, también reclamo todos sus efectos o consecuencias materiales y jurídicas subsecuentes.- Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados- asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado negaron la existencia de los actos atribuidos- sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Sin que pase inadvertido de que las constancias que remitió el juez responsable no se aprecia la existencia del embargo trabado al citado bien inmueble- asimismo, la autoridad responsable Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, carece de atribuciones para ejecutar dicho acto reclamado, atendiendo a que la oficina registral es una institución a través de la cual proporcionan a la ciudadanía el servicio de registro e inscripción de los actos, derechos y contratos de propiedad de bienes inmuebles, que tiene la finalidad de preservar la seguridad jurídica de dicho tráfico inmobiliario y que no tiene que ver con el acto reclamado consistente en el embargo de un bien inmueble con motivo de una controversia judicial. En ese sentido, resulta inexistente el acto reclamado a las autoridades responsables Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, así como a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ambas con residencia en esta ciudad, pues dichas responsables negaron el acto reclamado, sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa, al no aportar pruebas tendentes a desvirtuarla, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: -63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: -.- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional- y -.-- Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: -INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.- CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Jueza Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, puesto que así lo refirieron al rendir sus informes justificados, y de su contenido se advierte su existencia. Certeza que se corrobora con las documentales que anexó la responsable ordenadora antes señalada a su informe justificado, las cuales la autoridad ejecutora hizo suyas en su informe, consistente en copia certificada de constancias relativas al siguiente proceso: Juicio oral ordinario civil con número de expediente *******, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias, promovido por *******, en su carácter de Cesionario de la persona moral ******* quien a su vez fue Cesionaria de la persona moral *******, en contra de la ahora quejosa *******. Documentos que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2º de esta última. Es aplicable al respecto, la tesis formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XII, Noviembre de 1993, Página: 342. que indica: -DOCUMENTOS NO OBJETADOS, SU VALOR PROBATORIO. Si el documento privado ofrecido como prueba por una de las partes, no es objetado en cuanto a su autenticidad, tiene valor probatorio pleno para acreditar el hecho respectivo.-. Además, en las constancias que anteriormente se describieron, se advierte la diligencia de notificación personal de diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual, se emplazó a la quejosa *******, al juicio ordinario civil de origen, por conducto del licenciado *******, Actuario Judicial Adscrito a la Oficina Central de Oficiales notificadores del Distrito Judicial Bravos. Asimismo, obra en autos del juicio de origen, diligencia de cinco de julio de dos mil veintidós, por medio de la cual se ejecutó lo ordenado por el juez de la causa en auto de veintiocho de junio de misma anualidad, en el que ordenó poner en posesión legal y material de la parte actora del bien adjudicado a su favor, por lo cual, el actuario puso a *******, en su carácter de apoderado legal de la moral actora, en posesión legal y material del bien inmueble ubicado en ******* en esta ciudad. Por lo tanto, el acto reclamado, consistente en la diligencia de emplazamiento al juicio de origen, así como la diligencia de toma de posesión, se tienen como existentes, pues lo expuesto se deriva de las constancias que remitió la autoridad, en copia certificada del juicio natural, las cuales cuentan con valor probatorio pleno, conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el Secretario del Juzgado Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos. QUINTO. Antecedentes. A efecto de dar claridad al asunto y proceder al análisis de los motivos de disenso, es conveniente destacar algunos antecedentes del caso en estudio, siendo los que a continuación se sintetizan: 1. Mediante demanda presentada el veintidós de junio de dos mil veintiuno, *******, en su carácter de cesionario de la moral ******* quien a su vez fue cesionaria de la persona moral *******, en contra de la ahora quejosa *******. 2. Por auto de uno de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Sexto Civil por audiencias, registró la demanda con el número de expediente *******, la admitió a trámite y, entre otras cosas, ordenó emplazar a la hoy quejosa en el domicilio proporcionado por la parte actora, esto es, en el ubicado en *******, en esta Ciudad. 3. En cumplimiento a lo anterior, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, licenciado *******, en acta actuarial de once de agosto de dos mil veintiuno, hizo constar que, a las once horas con siete minutos, de esa data, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, de lo cual se cercioró a través de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, en el cual no encontró a persona alguna, por lo cual se constituyó en el domicilio contiguo, esto es en el marcado con el número 20, y se entrevistó con quien manifestó llamarse *******, quien se identificó con credencial para votar con fotografía con clave de elector *******, y manifestó al actuario que la persona buscada no vive en ese domicilio. 4. Una vez que se hizo del conocimiento tal circunstancia al juzgado de origen, por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó la búsqueda de datos de localización de la demandada, para lo cual giró oficios a diversas dependencias con tal finalidad. 5. Por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, una vez que una de las dependencias requeridas proporcionara diverso domicilio de la demandada *******, el juzgado responsable ordenó el emplazamiento en ese domicilio, esto es en el ubicado en *******, en esta ciudad. 6. En cumplimiento a lo anterior, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicho Juzgado, licenciado *******, en diligencia actuarial de diez de noviembre de dos mil veintiuno, hizo constar que, a las dieciocho horas con cinco minutos, de esa data, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad, de lo cual se cercioró a través de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, lugar en el cual, fue atendido por quien manifestó llamarse *******, quien se identificó ante el oficial notificador con licencia de conducir a su nombre, con número de folio *******, según lo informó mediante copia certificada de la diligencia el juzgado responsable, en la cual el fedatario hizo constar la entrega de los siguientes anexos: -Otro si digo: hago constar en este acto que se le hace entrega a la demandada las copias de traslado consistentes en doce fojas del escrito inicial de demanda, cuarenta y siete fojas de contrato certificado, setenta y siete de contrato de cesión, ciento siete fojas de actuaciones judiciales, también con este acto se le hace entrega del auto de radicación mas anexos. Doy fe.- 7. Transcurrido el término con el que contaba la parte demandada para contestar la demanda interpuesta en su contra, por auto de quince de septiembre de dos mil veintiuno, el Juzgado responsable la declaró en rebeldía, se le presumió confesa de los hechos señalados en la demanda, y señaló fecha y hora para audiencia preliminar. 8. El trece de enero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia preliminar, sin la comparecencia de la demandada. 9. Continuado el proceso, el diez de febrero de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de juicio, y el veinticuatro de febrero de misma anualidad, se dictó sentencia condenatoria en contra de la demandada, aquí quejosa, la cual se declaró en aptitud de ejecutarse, el día siete de abril del mismo año. 10. En auto de once de mayo de dos mi veintidós, se tuvo a la parte actora por nombrado a perito valuador y se dio vista a la demandada para tal efecto. 11. En proveído de diez de junio de dos mil veintidós, se adjudicó de manera directa y libre de todo gravamen a favor de la actora *******, el bien mueble ubicado en *******, en esta Ciudad, y se previno a la demandada para que otorgara escritura pública correspondiente. 12. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, el juzgado responsable ordenó poner en posesión legal y material de inmueble en litigio a *******, y para tal efecto turnó los autos a la central de actuarios en esta ciudad. 13. En cumplimiento a lo anterior, la Oficial Notificadora y Ministro Ejecutora adscrita a dicho Juzgado, licenciada *******, en acta actuarial de cinco de julio de dos mil veintidós, hizo constar que, a las quince horas con veinte minutos, de esa data, se constituyó en el domicilio ubicado en *******, en esta Ciudad, de lo cual se cercioró a través de la nomenclatura que aparece en el exterior del inmueble, en el cual fue atendida por quien manifestó llamarse *******, quien se identificó con credencial de elector número de folio ******* y manifestó ser arrendatario de ese inmueble, por lo que una vez que se le notificó el auto de veintiocho de junio de misma anualidad, y se le informó el motivo de la diligencia, estuvo de acuerdo con lo ahí ordenado y permitió el acceso al inmueble, por lo cual se llevó la misma, la que concluyó con la entrega a *******, de la posesión material y legal de dicho inmueble. 14. Según se desprende del informe con justificación recibido en este juzgado el diecisiete de agosto de dos mil veintidós, el Juzgado responsable suspendió el Juicio Ordinario Civil de Origen en la etapa en que se encuentra, ante la suspensión concedida en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, por lo que, según lo informa la autoridad de referencia, no se ha llevado a cabo la protocolización de la adjudicación del mismo. SEXTO. Actualización de una hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 814, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: -IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia-. Así, el tercero interesado, *******, en su carácter de cesionario de la persona moral ******* mediante escrito presentado el veinticinco de agosto del dos mil veintidós, compareció al presente juicio y expresó alegatos, en los cuales estimó que por lo que hace al quejoso *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, en relación con el numeral 5, fracción I, y 6º, todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa en mención, en dichos numerales se establece: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. -.-- -Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. -.- Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. -.- -Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.- De estos preceptos se desprende que, para la procedencia del juicio constitucional, se requiere previamente que los gobernados tengan un interés jurídico o legítimo para reclamar sus derechos y que éste resulte afectado por el acto de reclamo. Sin embargo, a esta previsión general el numeral en comento establece una excepción tratándose de actos derivados de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues en estos casos, el solicitante del amparo sólo podrá aducir ser titular de un derecho subjetivo, que se afecte de manera personal y directa, lo que lleva a sostener que no habrá cabida al reclamo de un interés legítimo. Dicho precepto, en comunión con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejan de manifiesto que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, o bien para quien demuestre la afectación a la esfera jurídica pudiendo ser directa, o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. De ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, en cuanto a que éste únicamente puede promoverse si el acto que se reclama afecta la esfera jurídica del promovente- de manera que es condición ineludible para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio contra el particular, que afecte sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto es aplicable la jurisprudencia VI.3o. J/26 (8va.), del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo VIII, Diciembre de 1991, pág. 117, que señala: -INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías.- Acorde con ello, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante de amparo que le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo, que, de resultar afectado con el acto autoritario, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado- la precisión indudable de ese derecho (legitimación), así como la afectación del citado derecho mediante un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). De ese modo, es dable afirmar que constituye un presupuesto procesal necesario para la pertinencia del juicio de amparo, la actualización de afectación producida por acto de autoridad sobre derecho o prerrogativa legalmente tutelada o reconocida, que faculte al titular a acceder al medio de control jurisdiccional para que se le restituya en el menoscabo sufrido. Como se aprecia, el interés se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya trasgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de la afectación de que se trate. Por su parte, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Mientras que el interés que refiere la ley para hacer procedente el juicio de amparo, reconoce al particular un derecho subjetivo que protege una norma general, el cual se afecta por un acto de autoridad, lo que ocasiona así un perjuicio a su titular, circunstancia que le da legitimidad para reclamar dicho acto por medio del juicio de amparo. Bajo esa perspectiva, se afirma que el interés necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho que se afecta y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Séptima Época, volumen 72, Séptima Parte, de la página 55, con número de registro 245886, que es del tenor siguiente: -INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: -El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona-. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, -no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados- (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial-. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así, en lo que atañe al interés jurídico se deben reunir los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado- y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De igual manera, resulta oportuno destacar que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que corresponde a la parte quejosa la carga de la prueba para acreditar su interés jurídico, el cual debe demostrarse plenamente y no puede inferirse con base en presunciones, toda vez que en atención a la naturaleza del juicio constitucional -que constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad que conculquen los derechos fundamentales del quejoso-, la protección de la Justicia Federal sólo puede concederse respecto a personas determinadas y en forma particularizada por su interés, lo que no podría suceder cuando el acto reclamado no le cause algún perjuicio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, pág. 17, con el rubro y texto: -INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones-. De igual forma, conviene citar la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 aprobada por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, visible en la página 15, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: -INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto.- Asimismo, es aplicable la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, del libro XXIV, septiembre de 2013, pág. 1854, que señala: -INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, -teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo-, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado- y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada- b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva- y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.- Por su parte, debe decirse que será poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en la página 5, del tomo XV, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187733, emitida al resolver la contradicción de tesis 17/91, que establece: -POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas- por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.- Énfasis propio. Ahora bien, de los antecedentes narrados con antelación, se colige que en el juicio oral ordinario civil *******, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, son partes formales, la actora *******, en su carácter de cesionario de la persona moral ******* y la demandada, *******. Por tanto, cierto es que el quejoso *******, tiene el carácter de tercero extraño en estricto sentido al expediente *******, dado que no es parte formal ni material del proceso de origen, toda vez que no existe actuación alguna de la que se advierta su intervención en su calidad de parte actora o demandada, ni que a éste se le haya requerido el cumplimiento de la sentencia. En ese sentido, el aquí accionante de la tutela constitucional debe acreditar su interés jurídico, esto es, que esté demostrado que antes de la emisión del acto reclamado, tenía el carácter de poseedor del inmueble del que se dice afectada con el acto de la autoridad responsable, toda vez que la posesión que se protege a través del juicio de amparo es aquella que deriva de una figura jurídica prevista en la ley que genera el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. En la especie, el quejoso *******, controvierte en esta vía la orden de desalojo del domicilio cuya posesión ostentaba, el ubicado en *******, en esta Ciudad, dictada en el juicio oral ordinario civil, bajo expediente *******, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos. Lo anterior, ostentándose tercero extraño al juicio de origen, lo que se corrobora con las constancias del procedimiento, al cual no fue emplazado- y con tal carácter manifiesta que tenía la posesión del bien inmueble, pues aduce le fue vendido por parte de *******, por lo que considera ilegal que se haya llevado a cabo la desocupación y entrega material y jurídica del bien inmueble en cuestión a la parte actora, sin ser emplazado legalmente a dicho juicio. Para acreditar la posesión que ******* aduce tener respecto del bien inmueble, materia de la acción hipotecaria promovida en el juicio de origen, donde se ejecutó el acto reclamado, ofrece pruebas consistentes en: a) Documental privada consistente en contrato privado de compraventa celebrado el catorce de abril de dos mil ocho, entre *******, en su carácter de vendedora y *******, en su carácter de comprador, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta Ciudad. b) Documental pública consistente en un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, otorgado por *******, a favor de ******* y de otra persona, de catorce de abril de dos mil ocho, ante la fe del Notario Público número *******, de este Distrito Judicial Bravos. c) Documental privada consistente en contrato de arrendamiento celebrado el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, entre *******, en su carácter de arrendador y *******, en su carácter de arrendatario, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta Ciudad. d) Documental privada consistente en estados de cuenta de la Tesorería Municipal de Ciudad Juárez, respecto del impuesto predial, diversos recibos de servicios, entre ellos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad y Gas Natural de Juárez, así como recibos de pago a nombre de la -Hipotecaria Crédito y Casa S.A. de C.V.- todos relativos al domicilio de referencia, y a nombre de *******. e) Documental privada consistente en recibos de pago por concepto de vigilancia y jardinería respecto del inmueble de referencia, del mes de abril de dos mil once, al mes de julio de dos mil veintiuno, a nombre de *******. Documentales que merecen valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con fundamento en su numeral 2°- sin embargo, resultan insuficientes para acreditar el derecho de posesión que ostenta la parte quejosa. Para sustentar lo anterior, es oportuno apreciar el contenido de los numerales 2186 a 2191 del Código Civil del Estado de Chihuahua que regulan el contrato de compraventa: -ARTÍCULO 2186. El contrato de compraventa no requiere para su validez formalidad alguna especial, sino cuando recae sobre un inmueble. ARTÍCULO 2187. La venta de bienes inmuebles cuyo precio, valor de avalúo o valor catastral, en el momento de la operación no exceda del equivalente a mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la constitución o transmisión de derechos reales estimados hasta la misma cantidad, podrán otorgarse un escrito privado, que se ratificará en los términos de ley. ARTÍCULO 2188. Si alguno de los contratantes no supiere escribir, firmará a su nombre y a su ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con ese carácter ninguno de los testigos, observándose lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 1728. ARTÍCULO 2189. De dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el comprador y el otro para el Registro Público. ARTÍCULO 2190. Si el precio, valor del avalúo o valor catastral excede de mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el momento de la operación, la venta se otorgará en escritura pública. ARTÍCULO 2191. El contrato de compraventa de bienes inmuebles, producirá efectos contra terceros a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, en los términos prescritos en este Código.- De los preceptos reproducidos, se advierte que el Código Civil del Estado de Chihuahua, exige que los contratos de compraventa se celebren ante fedatario público cuando su precio, valor del avalúo o valor catastral excede de mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en el momento de la operación, situación que se actualiza en el caso particular, pues el valor de la vivienda sobrepasa de esa cantidad. Por lo anterior, en el caso en estudio, el contrato privado de compraventa no adquiere autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues dada su naturaleza de documento privado, en el que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, es menester que tales contratos contengan fecha cierta, puesto que al tratarse de documentos privados únicamente surten efectos entre los contratantes sobre los acuerdos de voluntad traslativos de propiedad y posesión, como lo es la compraventa. En congruencia con lo anterior, el contrato de compra venta debe ser de fecha cierta antes del acto impugnado, de lo contrario, sería insuficiente por sí mismo para acreditar que de manera preliminar a la ejecución del acto reclamado, la parte quejosa se encontraba en posesión del bien inmueble motivo de controversia y, por tanto, que la persona que afirma tener interés jurídico se encuentre en la situación objetiva de la que hace depender que es titular de un interés propio. De tal guisa, la fecha cierta adquiere su relevancia, en virtud de que sin ella resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo de amparo. Sobre la figura jurídica que se trata, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las hipótesis bajo las que cuales adquiere fecha cierta un documento privado, siendo las siguientes: 1. Que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente- 2. Desde la muerte de cualquiera de los firmantes- o 3. Desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio. Sustentan las anteriores aseveraciones las tesis que a continuación se enumeran, entre ellas la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 178201, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Junio de 2005, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 44/2005, Página: 77. Cuyo rubro y texto son los siguientes: -DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE no darse estos supuestos, no puede CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades.- Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164080, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 33/2010, Página: 314, cuyo rubro y texto son los siguientes: -DOCUMENTO PRIVADO. LA COPIA CERTIFICADA POR FEDATARIO PÚBLICO LO HACE DE FECHA CIERTA A PARTIR DE QUE LO TUVO A LA VISTA PARA SU REPRODUCCIÓN Y, ÚNICAMENTE, PARA EL EFECTO DE HACER CONSTAR QUE EXISTÍA EN ESE MOMENTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad- desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse alguno de esos supuestos, no puede considerarse que un documento es de fecha cierta, y por ende, no puede tenerse certeza de la realización de los actos que consten en tales documentos. Ahora bien, cuando ante un fedatario público se presenta un instrumento privado para su reproducción y certificación, la fe pública y facultades de que está investido permiten considerar que el instrumento reproducido existía en la fecha en que se realizó tal reproducción y cotejo. Por lo que la fecha cierta se adquiere a partir de dicha certificación y no a partir de la fecha que está asentada en el documento. Asimismo, tal certificación notarial no debe equipararse con los efectos jurídicos de una certificación notarial de la autenticidad de las firmas ni califica la legalidad del documento o de lo expresado en él.- De igual manera, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 164792, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Abril de 2010, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 21/2010, Página: 259, cuyo rubro y texto son los siguientes: -DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable.- Como se ve, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el hecho de presentar un documento privado ante un fedatario público, para obtener de él una copia certificada del mismo, da lugar a considerarlo de fecha cierta, puesto que el fedatario, como tercero investido de fe pública y facultades para hacer constar los hechos y cosas que tiene a la vista, certifica y hace constar que tuvo a la vista el documento de mérito, situación que pone de manifiesto la existencia de dicho documento a la fecha de su certificación. No obstante lo anterior, la intervención del fedatario cuando se limita a expedir una copia certificada de un documento privado que tiene a la vista, no tiene los mismos alcances jurídicos que cuando se trata de un documento contractual privado que es ratificado ante su presencia en el momento de su celebración, ya que sólo se concreta a reproducirlo y hacer constar que tuvo un original a la vista, dado que su intervención permite establecer que en la fecha que ante él fue llevado, el original del documento privado que reprodujo sí existía, y por ende puede considerarse un documento privado de fecha cierta, pero la certeza de la fecha sólo puede considerarse a la fecha en que lo tuvo a la vista, y no antes, puesto que eso no es algo que ante él haya constado. En ese tenor, el documento puede ser considerado de fecha cierta en la data que fue presentando el documento ante el fedatario, no así en la fecha en que conste en el propio documento fue celebrado el acto jurídico, pues respecto de esta última, el notario no puede tener certeza, menos aún dar fe. Bajo las premisas anteriores, en la especie, se obtiene que el contrato de compraventa exhibido por la parte quejosa *******, resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, toda vez que no cuenta con fecha cierta. Así es, dicha documental no es apta para acreditar el interés jurídico del peticionario, en virtud de que la certeza de la existencia del mismo no se encuentra colmada, en otras palabras, las documentales aportadas no generan la convicción respecto de la existencia del contrato en comento en la fecha plasmada en el mismo, menos aún de la posesión con causa justa que ostenta la parte quejosa. Apoya la presente determinación, la tesis IX.3o.12 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página: 2745, del texto que sigue: -DOCUMENTOS PRIVADOS. ADQUIEREN FECHA CIERTA CUANDO SON PRESENTADOS COMO BASE DE LA ACCIÓN EN UN JUICIO DE OTORGAMIENTO Y FIRMA DE ESCRITURA. Atendiendo al criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 220, que se consulta en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, años 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 180, de rubro: -DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.-, relativo a que los documentos privados sólo pueden considerarse que son de fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, ante un funcionario en razón de su oficio, o bien, a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes- es dable concluir que, cuando un contrato privado de compraventa se acompaña a una demanda que a su vez es presentada ante una autoridad judicial dando origen a un juicio de otorgamiento y firma de escritura, por ese solo hecho adquiere tal carácter, ya que a partir de ese momento crea convicción respecto de su existencia, precisamente, por haberse presentado ante un funcionario en ejercicio de sus funciones, como lo es el Juez, pues ello demuestra que el documento respectivo no fue antedatado con la finalidad de afectar actos jurídicos distintos- lo anterior, con independencia del valor probatorio que tenga para demostrar el derecho de propiedad del inmueble que en él se detalla, pues será hasta que se resuelva el contradictorio correspondiente, cuando se defina tal situación.- En esa tesitura, es indudable que el documento ofrecido por la parte quejosa, sin fecha cierta, así como las documentales anteriormente descritas, no son las idóneas para acreditar la legítima posesión sobre el referido bien inmueble, pues si bien *******, exhibió diversos documentos, ellos no son eficaces para demostrar su interés jurídico, pues, con ellos únicamente demuestra que ostentaba la posesión de dicho inmueble, no así el interés jurídico exigido. Sin que se soslayen las manifestaciones que vierte la parte quejosa, en el sentido de que tenía la posesión del inmueble materia de la Litis por más de catorce años, con motivo del contrato privado de compraventa analizado, así como que de los autos del expediente de origen se desprende que la persona que atendió a diligencia de búsqueda a la demandada *******, de doce de septiembre de dos mil veinte, la persona que atendió al actuario, esto es *******, manifestó que ese domicilio era propiedad de -*******-, circunstancia que la misma persona manifestó ante el Ministro Ejecutor, el día de la diligencia consistente en la toma de posesión del inmueble por parte de la actora. Es menester acotar, que conceder el valor que pretende la parte quejosa al contrato de compraventa exhibido sin fecha cierta, imposibilitaría determinar si todo reclamo por terceros sobre el bien que amparan los contratos privados deriva de actos anteriores o posteriores a la trasmisión de la propiedad del bien materia de la controversia, en contravención con los principios de legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones, puesto que esta medida permite evitar el uso con fines desleales del juicio de amparo. En términos similares concluyó el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión civil 168/2016, de su índice. Por lo anterior, no quedó demostrado que la posesión que ostentaba el quejoso *******, sobre el inmueble en litigio, estuviera garantizada por la ley, por lo que, el haber sido simple ocupante, no le genera algún derecho de posesión que esté tutelado por la ley, cuenta habida que el interés jurídico debe quedar plenamente demostrado y no inferirse con base en presunciones. Resulta aplicable, la tesis aislada 2a. LIII/97, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, mayo de 1997, página 333, Novena Época, registro digital: 198745, cuyo rubro y texto son: -INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre- por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley.- Así como, las jurisprudencias 3a./J. 27/90 y 2a./J. 16/94, emitidas, en su orden, por la otrora Tercera Sala y la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Visible en la página 229, del Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207221, así como la visible en la página 17, Número 82, Octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 206338, cuyos rubro y texto son: -INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés.- -INTERÉS JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones.- Por tanto, al no haber ofrecido el quejoso *******, elementos de prueba idóneos para acreditar el derecho que estima infringido, pese a que tenía obligación de hacerlo al ostentarse como tercero extraño, es evidente que en el caso concreto se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no debe perderse de vista que el interés jurídico debe acreditarse de manera fehaciente y no con base en presunciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto, por lo que hace al quejoso de nombre *******. SEPTIMO. Causas de improcedencia invocadas y que resultan infundadas. A continuación, se analizarán las causas de improcedencia que las partes adujeron que se actualizaban y que resultan infundadas. I. La parte tercero interesada, *******, en su carácter de Cesionario de la persona moral ******* mediante escrito presentado el veintinueve de julio del dos mil veintidós, compareció al presente juicio y expresó alegatos, en los cuales estimó que por lo que hace a la quejosa *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII y XXIII, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa en mención, en dichos numerales se establece: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. -.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa- -.-- Lo anterior al aseverar que la parte quejosa *******, carece de interés jurídico pues de los antecedentes de su demanda se desprende que mediante contrato privado de compraventa de catorce de abril de dos mil ocho, celebrado entre *******, en su carácter de vendedora y *******, en su carácter de comprador, respecto del inmueble ubicado en *******, en esta Ciudad, transmitió a éste último la propiedad como la posesión de dicho inmueble. Dicha causa de improcedencia es infundada pues contrario a lo expuesto por el tercero interesado, y según se analizó en el apartado que antecede, el contrato privado de compraventa a que hace alusión el tercero interesado, ante la falta de requisito de fecha cierta, no surte efectos frente a terceros, por lo cual, a quien recae la propiedad de dicho inmueble es precisamente a la quejosa *******. Lo anterior es así, pues según las documentales exhibidas por el propio tercero interesado en el juicio de origen, existe contrato de compraventa celebrado mediante la escritura pública número ******* de uno de noviembre de dos mil siete, otorgada ante la fe del licenciado *******, Notario Público número *******, para este Distrito Judicial Bravos, mediante el cual, la moral ******* (como acreditante), y *******, en su carácter de acreditada, celebraron un contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria, el cual destinó a la adquisición de la casa habitación ubicada en la *******, en esta Ciudad. II. El mismo tercero interesado, en el escrito mediante el cual compareció al presente juicio, estimó que por lo que hace a la quejosa *******, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la ley de amparo, lo anterior al indicar que tuvo conocimiento del acto que en este juicio se reclama, al ser emplazada de manera personal al juicio de origen, según consta en diligencia actuarial de diez de noviembre de dos mil veintiuno, y no promovió algún medio de defensa dentro del Juicio Oral Ordinario Civil con número de expediente *******, del índice de la autoridad responsable Juzgado Sexto Civil por audiencias del Distrito Judicial Bravos. Así, tenemos que el artículo 61, fracciones XIV, señala lo siguiente: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento-- Al efecto, se desestima la citada causal de improcedencia, en virtud de que, el acto reclamado lo constituyen precisamente el emplazamiento en comento, así como todo lo actuado en el juicio de origen, por lo que, descansar la actualización de la improcedencia, en que la quejosa tuvo conocimiento del juicio de origen en virtud de que fue emplazada en la fecha de la diligencia a que hace alusión el tercero interesado, evidentemente involucra cuestiones que corresponden al estudio del fondo de la sentencia que ahora se dicta, es decir, la ilegalidad o legalidad de dicha diligencia de emplazamiento. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, correspondiente al mes de enero de 2002, página 5, de rubro y texto siguiente: -IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.- Así también la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, correspondiente al mes de diciembre de 1996, página 299, que literalmente establece: -EMPLAZAMIENTO Y TODO LO ACTUADO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ILEGALIDAD DEL SOBRESEIMIENTO QUE SE DECRETA EN EL AMPARO BASADO EN LA NOTIFICACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE FONDO. De considerar como lo hizo el Juez de Distrito a quo, que con base en una notificación de determinado auto emitido en el procedimiento de origen, pudiera establecerse con certeza que en esa fecha los hoy recurrentes tuvieron conocimiento del juicio generador, y tomarla en cuenta para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, sería tanto como aceptar la validez de esa notificación, que como consecuencia de la falta de emplazamiento reclamado, su legalidad así como la de todo lo actuado se encuentra cuestionada lo cual es inadmisible porque todo ello es materia de estudio del fondo del asunto, pero además, tampoco puede tenerse en cuenta la notificación que sirvió de base al Juez Federal para contar los días transcurridos hasta la promoción de la demanda de amparo, porque no aparece firmada por los quejosos dado que no se entendió con ellos la diligencia a que dicho Juez se refiere. Así pues, no es jurídicamente posible sobreseer el juicio de garantías con base en una cuestión de fondo analizada previamente, siendo que ésta no puede ser materia de estudio si se decreta el sobreseimiento del amparo.- En consecuencia, es de concluirse que, en la especie, no se actualiza la invocada causal de sobreseimiento, prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. III. El citado tercero interesado *******, en su carácter de Cesionario de la persona moral ******* mediante diverso escrito presentado el veinticinco de agosto del dos mil veintidós, al expresar alegatos, estimó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos dentro del juicio que afecten a personas que carecen del carácter de extrañas, en dichos numerales se establece: -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: -.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: -.- VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas- -.-- Lo anterior al aseverar que la parte quejosa *******, carece de la calidad de persona extraña al juicio de origen. Lo anterior, pues considera el tercero interesado multicitado, que en el momento en que el representante legal de la quejosa se apersonó al juicio de origen a solicitar las copias certificadas de aquel expediente, que fueron autorizadas mediante auto de uno de julio de dos mil veintidós, perdió el carácter de tercero extraño a dicho procedimiento. Lo anterior lo basó en el criterio establecido en la jurisprudencia bajo registro digital: 189916, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: P./J. 39/2001, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 93, cuyo rubro y texto son lo siguientes: -PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley- sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. De la lectura de dicha jurisprudencia, se advierte que de la comparecencia del quejoso al juicio de origen, se deben surgir dos posibilidades. Quedar en posibilidad de defenderse dentro del contencioso. La posibilidad de acudir al juicio de amparo directo. En el caso en estudio, el juicio de origen, consistente en el juicio ordinario civil bajo expediente *******, del índice del juzgado responsable, se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo cual, no existe posibilidad de que la quejosa pueda ejercer medios defensivos dentro de dicho procedimiento. Por lo que hace al punto número dos, al haber causado estado la sentencia emitida en dicho procedimiento, cuyos actos de ejecución son reclamados en el presente asunto, hacen nula para la quejosa, la opción de acudir al amparo directo en contra de tal resolución. En consecuencia, se concluye que, en este asunto, no se actualiza la invocada causal de sobreseimiento, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu. Ahora bien, dado que las partes no formularon diversas causas de improcedencia y no se advierte de oficio actualizada alguna otra, se procede a resolver la inconstitucionalidad planteada en la demanda de amparo por la quejosa *******. OCTAVO. Análisis de los conceptos de violación. Establecido lo anterior, conviene estudiar los conceptos de violación que hace valer la quejosa *******, ello, sin necesidad de transcribir los mismos, los cuales se tienen aquí por reproducidos para evitar repeticiones innecesarias, máxime que ningún artículo de la Ley de Amparo, exige su transcripción- lo anterior conforme a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, tomo XXXI, Mayo de dos mil diez, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Materia Común, página: 830, que señala: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.- La parte quejosa, como se precisó en el considerando Segundo, reclama del Juzgado Sexto Civil por Audiencias y del Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, el emplazamiento y todo lo actuado dentro del Juicio Oral Ordinario Civil, bajo número de expediente *******, promovido por *******, en su carácter de apoderada legal del *******, en contra de la ahora quejosa *******, esto, ostentándose tercero extraño por equiparación, respecto del mencionado juicio, reclamando medularmente, que fue vulnerado en su perjuicio, su derecho a defenderse dentro del juicio interpuesto en su contra, previsto en el artículo 14 Constitucional. Por lo tanto, se procede a analizar, en principio, si le asiste dicho carácter, esto es, si el emplazamiento que se le practicó al juicio natural, es legal o no. Así, los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, se estiman sustancialmente fundados y suficientes para otorgarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, suplidos en su deficiencia, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. Importa destacar, que existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede suplir la deficiencia de la queja en materias como la administrativa, entre otras, cuando se reclame la falta o ilegal emplazamiento a juicio. Al respecto, se cita la Jurisprudencia P./J. 149/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 22, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: -SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.- Ahora bien, del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la diligencia de emplazamiento al juicio oral ordinario civil, acción hipotecaria *******, del cual derivó la adjudicación a favor de la parte actora del bien inmueble de su propiedad, carece de la formalidades esenciales del procedimiento, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho, en que se apoyaron las autoridades, lo que lo dejó en estado de indefensión al no cumplir en su beneficio, con dichas formalidades esenciales del procedimiento. Como ya se adelantó, el anterior concepto de violación resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia. En principio, conviene precisar el contenido y alcance del Sexto párrafo, del artículo 14 Constitucional, que la quejosa estima se ha violentado en su perjuicio, el cual establece lo siguiente: -Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (.)- Del precepto constitucional transcrito, se desprende que en el mismo, se consagra la garantía de audiencia, la cual implica el seguimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, que garanticen una oportuna y adecuada defensa previa al acto de privación. Al respecto, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en la Jurisprudencia P./J. 47/95, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, lo siguiente: -FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga -se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento-. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias- 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa- 3) La oportunidad de alegar- y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.- De conformidad con el criterio anterior, las formalidades esenciales del procedimiento son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa, previa al acto privativo, y que se traducen en la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias, la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en que se finque la defensa, de alegar y que concluya con el dictado de una resolución que dirima la cuestión debatida. En el presente asunto, una vez recibido el informe de la autoridad responsable, Jueza Sexto Civil por Audiencias, del Distrito Judicial Bravos, se desprende, que el acto reclamado, dictado dentro del Juicio Oral Ordinario Civil, Acción hipotecaria *******, del índice del Juzgado Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en el que se llevó a cabo el emplazamiento con la violaciones procedimentales señaladas, por lo cual no se le dio oportunidad de ser oída, ni de aportar elementos de convicción tendientes a desvirtuar las consideraciones de hecho en que se apoyaron las autoridades- le asiste la razón a la parte quejosa por lo siguiente: Como se señaló en los antecedentes del caso, el diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a dicho Juzgado Sexto Civil responsable, licenciado *******, se constituyó en el domicilio ordenado, esto es, en el identificado como *******, en esta ciudad, con el fin de emplazar al juicio oral ordinario civil, acción hipotecaria *******, a la hoy quejosa, en el cual fue atendido por persona que manifestó llamarse *******, quien se identificó con licencia de conducir y manifestó ser la persona buscada, por lo cual, la emplazó a juicio. Pues bien, a efecto de analizar los conceptos de violación, se introduce el contenido de la diligencia llevada a cabo por el Actuario responsable, con el fin de diligenciar el emplazamiento reclamado, vía constancia de notificación personal, diligencia que es del contenido siguiente: DILIGENCIA DE EMPLAZAMIENTO -En ciudad Juárez, Chihuahua, Distrito Judicial Bravos, siendo las dieciocho horas con cinco minutos del día diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrita a la oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores de este Distrito Judicial Bravos, Licenciado *******, me constituyo en el domicilio señalado en autos, en busca de *******, sitio en *******, de esta ciudad, y cerciorado que es el domicilio correcto en virtud de la nomenclatura exterior como lo demuestra el inmueble. Y encontrando presente a la persona que busco, quien si se identifica con licencia de conducir número de folio *******, del Estado de Chihuahua. Acto continuo procedo a notificarle de forma íntegra el (los) auto (s) de fecha(s) uno de julio de dos mil veintiuno, trece de octubre de dos mil veintiuno, juicio ord Civil promovido por *******. Emitido por el (la) C. Juez (a) del juzgado Sexto de lo Civil por Audiencias, dentero del juicio ORDINARIO CIVIL, expediente ******* y con las copias simples de la demanda y sus anexos, consistentes doscientas cuarenta y siete fojas útiles debidamente sellados y cotejados por la secretaría del Juzgado, le emplazo a juicio y corro traslado, haciéndole saber que este Tribunal le concede un término de NUEVE DÍAS a fin de que de contestación a la demanda interpuesta en su contra, con el apercibimiento que de no hacerlo se le declarara su rebeldía y en su momento, se le tendrá por presuntamente confeso (a) de los hechos que le sean propios y hayan sido afirmados en la demanda, haciéndole saber además, que las excepciones procesales y las objeciones respecto a los presupuestos procesales se harán valer al contestar la demanda y se resolverán en la Audiencia Preliminar, concurran o no las partes, en la fecha que para tal efecto se señale y se le apercibe que en caso de no asistir, se le impondrá una multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 256 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua. Enterándole de que en caso de no señalar domicilio procesal en esta ciudad todas las notificaciones y citaciones que hayan de practicársele, aun carácter personal, se le harán a través de lista en los estrados de este Tribunal. Además se le previene para que en el término de tres días señale a este tribunal si no puede entender o hablar el idioma español, o si pertenecen a una comunidad indígena o si presentan alguna capacidad diferente que les impida comunicarse eficazmente- y en caso afirmativo, indiquen cual en la inteligencia que de la hacerlo, se entenderá que no cuenta con alguna que le permita para hacer vos sus derechos de manera correcta, oportuna y eficaz- y para que señale en el término de TRES días ante esta autoridad Judicial si otorga o no su consentimiento para que en la versión publica de la sentencia que en su momento se dicte, se publique sus datos personales, con apercibimiento que de no hacerlo se entenderá se su negativa para tal efecto. ?anifestando quien me atiende que oye y queda enterado (a) recibiendo de conformidad las copias que se le entregan. Requiriendo al (la) demandada que firme la presente constancia, manifestando que no firma por no ser su deseo. Con lo anterior termino la diligencia, levantando la presente constancia para los efectos legales a que haya lugar. DOY FE. Otro si digo: hago constar en este acto que se le hace entrega a la demandada las copias de traslado consistentes en doce fojas del escrito inicial de demanda, cuarenta y siete de contrato certificado, setenta y siete de contrato de sesión, ciento cinco fojas de actuaciones judiciales, también en este acto se le hace entrega del auto de radicación mas anexos. Doy fe.- Se insiste, el concepto de violación resulta esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, por las siguientes consideraciones. Con relación a la legalidad de las diligencias de emplazamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en jurisprudencia de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, tanto para las autoridades responsables, como para este juzgado de Distrito, que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador describe cuáles son los documentos que se adjuntaron. De la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis respectiva se destacan las consideraciones siguientes, que se relacionan con los puntos planteados en los agravios (el subrayado es añadido): --.- Así, se puede afirmar que el punto de contradicción en las resoluciones emitidas por los órganos contendientes radica en resolver la siguiente interrogante: Para que el emplazamiento a juicio sea válido ¿el actuario o notificador debe describir o precisar cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado? -.- SÉPTIMO. Criterio que debe prevalecer. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio consistente en que el actuario debe describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la ilegalidad en el emplazamiento. Esta Primera Sala ya ha referido que la finalidad que se persigue con la diligencia del emplazamiento en todo juicio, es que el demandado tenga conocimiento íntegro de la pretensión deducida en su contra por la parte actora- así como de las actuaciones de inicio y trámite previos al primer llamamiento a juicio. -.- Ahora bien, previo a dar respuesta a la pregunta que detona el punto de contradicción, es conveniente tener presente el contenido de los artículos interpretados por los órganos colegiados contendientes. -.- Como ya se dijo en el considerando que antecede, aun cuando los preceptos aplicados e interpretados por los órganos contendientes no emplean una redacción idéntica, lo cierto es que ambos establecen, de manera coincidente, el siguiente enunciado normativo: El actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la -demanda y demás documentos- que se adjuntan a ésta. Pues bien, esta Primera Sala arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el actuario tiene el imperativo legal de describir en el acta de emplazamiento qué anexos fueron los que se entregaron a la persona con quien se entendió la diligencia respectiva, por lo que, de no satisfacerse tal requisito, ello ocasionará la invalidez del emplazamiento. -.- Ahora bien, es cierto que el enunciado normativo que aquí se analiza (relativo a que el actuario o notificador, al efectuar el emplazamiento, deberá correr traslado con la -demanda y demás documentos- que se adjuntan a ésta) no contiene la orden expresa de que el fedatario público encargado de practicar el emplazamiento describa en el acta de emplazamiento cuáles son esos anexos documentales con los que corrió traslado. Sin embargo, los artículos aplicados por los órganos contendientes no deben interpretarse sólo de manera literal o gramatical- pues esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado consistentemente que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretase de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Lo anterior, pues es mediante el emplazamiento que las autoridades cumplen en un proceso jurisdiccional con el derecho de audiencia y de debido proceso, reconocidos en el artículo 14 de nuestra Constitución. -.- La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Por ende, la falta de observancia de las formalidades en el emplazamiento trae como consecuencia su nulidad, pues debe garantizarse que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio entablado en su contra y de sus consecuencias- sólo así tendrá oportunidad de defenderse. Bajo esta lógica, es factible concluir que cuando una ley procesal establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, ello implica que, a través de la exigencia de tal formalidad (entrega de copias de los documentos que se adjuntan a la demanda), la legislación procesal busca que se observen las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, de debido proceso y de certeza jurídica. Así es, la finalidad de que, al practicarse el emplazamiento se corra traslado con la copia de los documentos que la parte actora adjuntó a su demanda, no es otra que la de garantizar que la persona emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no sólo de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción- a fin de estar en condiciones de contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Entre los documentos que se adjuntan a la demanda y con los que las normas procesales interpretadas por los tribunales contendientes ordenan que se corra traslado a la parte enjuiciada, suelen encontrarse los documentos base de la acción, como son contratos, convenios o títulos de crédito, por mencionar algunos. Es a partir de esos documentos que se adjuntan a la demanda que la parte demandada adquiere conocimiento pleno y cierto de aquella información que le permitirá ejercer su derecho a la defensa. -.- Por tanto, si al practicar el emplazamiento el actuario no certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que el actor adjuntó a la demanda, o bien, en la certificación que asienta en el acta relativa no se establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, no es factible concluir que la diligencia de emplazamiento cumplió su objetivo constitucional de hacer saber de manera cierta al demandado aquella información que le permitirá ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Cuando el actuario, al practicar el emplazamiento, sólo certifica que corrió traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, sin precisar cuáles son éstos, no permite al enjuiciado tener certeza respecto a que la información que obtiene de las copias con las que se le corrió traslado es consistente con la que se desprende de los documentos que se adjuntaron a la demanda, menos aún si está completa. -.- Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora- sino que, como ya se dijo, tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción- a fin de estar en posibilidad real de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que estime necesarias para su defensa. Es por estas razones que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando, al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, precisa o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento (consistente en que el actuario certifique en el acta que entregó copias de traslado de los documentos que se adjuntaron a la demanda y describa, precise o indique cuáles son tales documentos) no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Además, por encima de la comodidad del fedatario público que practica el emplazamiento se encuentra la obligación de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar los derechos de audiencia, defensa, debido proceso, legalidad y certeza jurídica de las partes del proceso judicial. Las anteriores son las consideraciones que sostienen la resolución de la contradicción de tesis 107/2020 y, en ellas, se expresa por qué la descripción de los documentos, es una formalidad que debe ser observada, so pena de que la diligencia de emplazamiento carezca de validez.- De la anterior contradicción derivó la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 204 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2022118, que dice: -EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado.-. En el caso en estudio, de la diligencia de diez de noviembre de dos mil veintiuno, transcrita en párrafos precedentes, correspondiente al emplazamiento realizado de manera personal, practicado a la quejosa, aquí recurrente, se advierte que el licenciado *******, Oficial Notificador y Ministro Ejecutor adscrito a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en la parte conducente, asentó lo siguiente: --.- Otro si digo: hago constar en este acto que se le hace entrega a la demandada las copias de traslado consistentes en doce fojas del escrito inicial de demanda, cuarenta y siete de contrato certificado, setenta y siete de contrato de sesión, ciento cinco fojas de actuaciones judiciales, también en este acto se le hace entrega del auto de radicación mas anexos. Doy fe. -.-- Diligencias que evidencian que la notificadora al momento de efectuar dichos emplazamientos, incumplió con lo establecido en la referida jurisprudencia -1a./J. 39/2020 (10a.)-. Esto, pues si bien dicha funcionaria refirió que se entregó a la demandada -escrito inicial de demanda, contratos de certificado, contrato de cesión, actuaciones judiciales, auto de radicación mas anexos-- lo cierto es que tal descripción es genérica e imprecisa, respecto de los documentos con que corrió traslado a la demandada y, por ende, insuficiente para cumplir con la formalidad en el emplazamiento derivada del artículo 14 constitucional. Se concluye de ese modo, porque de la descripción hecha por el oficial notificador no puede llegarse a la conclusión de que hizo entrega a la demandada de todos los documentos que la parte actora exhibió en su demanda, y que de las constancias del juicio de origen que la jueza civil adjuntó a su informe con justificación, se desprende que fueron los siguientes: DOCUMENTAL PÚBLICA II.- Consistente en la escritura pública número ******* de fecha 01 de Noviembre del año 2007, otorgada ante la fe del licenciado *******, titular de la notaría pública número *******, en ejercicio para este Distrito Judicial, de Cd. Juárez del Estado de Chihuahua, la moral ******* (como acreditante), y *******, en su carácter de acreditada, documental que fue debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta, Ciudad Juárez Chih. bajo la inscripción número *******, a folios ******* del libro ******* de le Sección *******, a folios real *******- Probanza que se ofrece para acreditar los elementos de la acción ejercitada en contra de los ahora demandada misma que se relaciona con todos y cada uno de los hechos que conforman en el escrito demanda, es decir del 1 al 16, asimismo la celebración del contrato de crédito. DOCUMENTAL PUBLICA III.-Consistente en el instrumento número ******* de fecha 09 de Noviembre de 2017, ante el Licenciado *******, titular de la notaría número 151 de la ciudad de México, se hizo constar la formalización del Contrato de Cesión Onerosa de Derechos de Créditos, Derechos de Cobro y Derechos Litigiosos, que celebran por una parte *******, en su carácter de fiduciaria del fideicomiso número ******* y por otra parte *******, el cual se anexa al presente escrito inicial de demanda. Esta prueba se relaciona con los hechos 13 de la presente demanda y se ofrece a fin de acreditar la serie de cesiones y actos que finalizaron sobre la cesión en favor a del suscrito, por lo que acreditan mi calidad de acreedora y mi legitimación del presente juicio. DOCUMENTAL PUBLICA IV.- Consistente en el instrumento número ******* Volumen ******* en Ciudad Juárez Chihuahua, a 19 de junio de 2019, el Licenciado *******, Notario Público ******* de Cd Juárez Chihuahua se realizó la cesión onerosa de derechos de crédito, cobro y litigiosos, que celebran ******* representada ******* representada por el Licenciado ******* en su carácter de -CEDENTE- y por otra parte el Señor *******, como cesionario, esta prueba se relaciona con los , puntos de hecho de la demanda es decir el 14 de la demanda, además de acreditar quien es la titular de dicho crédito. DOCUMENTAL PRIVADA V.- Consistente copias certificadas de la jurisdicción voluntaria para interpelación de pago vía notificación edictos publicados los días 22, 25 y 30 de marzo del presente año 2021, expediente que fue radicada bajo el expediente ******* del índice del Juzgado Noveno Civil por Audiencias dentro de la cuál además de la notificación de la serie de cesiones referidas, se requirió de pago judicialmente a *******. Esta prueba se relaciona con todos los puntos de hecho de la demanda es decir del 1al 16 de la demanda. DOCUMENTAL PUBLICA VI.- Consistente en el Estado de Cuenta certificado por el Licenciado en Contaduría Pública *******: contador general facultado, en donde se consigna tanto el saldo total vigente como el saldo total vencida a la fecha del 30 de noviembre del año. 2019, mismo que subsiste a cargo del demandado *******, así como todas y cada uno de los conceptos y movimientos contables y financieros del adeudo que los demandados tienen con nuestra poderdante. Esta probanza se ofrece para acreditar lo narrado en las puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14,15 y 16 de hechos de la presente demanda. Además de acreditar las asientos contables y adeudos existentes por los demandados, y se relaciona con todos los puntos de hechos es decir del 1 al 16 de la demanda. Documental que se anexa a la presente demanda para que surta todos sus efectos legales correspondientes.- Documentos que la jueza responsable ordenó poner a disposición de la demandada en auto de uno de julio de dos mil veintiuno, por el cual al admitir la demanda y ordenar el emplazamiento lo hizo en los siguientes términos: --.- córrase traslado y emplácese a ******* en el domicilio ubicado en -.- con los documentos anexos a la demanda, debidamente sellados y confrontados por la secretaria de este juzgado, córrase traslado de ley -.--- sin embargo, el actuario no describió con precisión cuáles eran los documentos que se adjuntaron a su constancia, para tener certeza de que entregó a aquélla, todos y cada uno de los documentos antes indicados. Lo cual, en el caso, se estima era necesario, pues como se vio, entre los documentos que la parte actora acompañó a su demanda, no sólo se encuentra el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, el cual la actuaria solo menciona como -contrato certificado-, sino también de un contrato de cesión de derechos, que dicha funcionaria únicamente describe como -contrato de cesión-, sin indicar el número de escritura, ni entre quienes se celebró- además de que al referirse a las -actuaciones judiciales- no describe en que consisten las mismas o número de expediente o juzgado ante el cual se desahogaron, señala que hace entrega del -auto de radicación mas anexos- sin embargo no hace aclaración si se refiere a los anexos antes señalados o si se trata de unos diversos. Asimismo, la actuaria judicial fue omisa en señalar en su diligencia, el anexo consistente en la documental del estado de cuenta certificado por el licenciado en contaduría pública *******, contador general facultado, en donde se consigna tanto el saldo total vigente como el saldo total vencido a la fecha del treinta de noviembre del año dos mil diecinueve, mismo que subsiste a cargo de la demandada *******. Consecuentemente, ante el defecto e imprecisión de la notificadora en la descripción de los todos los anexos con los que corrió traslado a la quejosa, es evidente que incumplió con la formalidad establecida en el emplazamiento por la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), para considerarlo válido- pues se itera, la citada funcionaria además de no especificar que entregó el referido contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, no describió con claridad, precisión exactitud cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado, además que omitió una de las documentales exhibidas por la parte actora. Lo cual evidencia la ilegalidad del emplazamiento de la demandada, aquí quejosa, al juicio oral ordinario civil, acción real hipotecaria de origen, porque no cumple a cabalidad la formalidad establecida para este tipo de notificaciones, al no permitir que ésta conociera con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos que se les notificaron. Es pertinente mencionar que la jurisprudencia citada es anterior a la realización de las diligencias cuestionadas, por ende, su observancia era obligatoria para la responsable en términos del primer párrafo del artículo 2175 de la Ley de Amparo. Lo que constituye una irregularidad que trasciende a considerar ilegal la diligencia encomendada al ministro ejecutor, en atención a que se trataba del llamamiento a juicio, lo que se estima una infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, pues al no tener conocimiento pleno de los documentos anexos a la demanda instaurada en su contra, la aquí quejosa, no tuvo la oportunidad legal de ofrecer pruebas ni de formular alegatos dentro del juicio ordinario civil de origen. En consecuencia, de conformidad con las consideraciones que anteceden, lo procedente es otorgar el Amparo y Protección de la Justicia Federal a la quejosa *******, en contra de las autoridades y por los actos que quedaran precisados con anterioridad. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se determina que la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es para los efectos siguientes: 1.- Que la Jueza Sexto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el Procedimiento Oral Ordinario Civil *******, a partir de la diligencia de emplazamiento reclamada y, de estimarlo conducente, con plenitud de jurisdicción, reponga el citado procedimiento. 2.- Del mismo modo, dicha autoridad deberá en términos de la sentencia que se dicta, dejar sin efectos todas las consecuencias legales que derivaron del acto reclamado, consistentes en la orden de adjudicación y la puesta en posesión legal y material de la parte actora del bien inmueble en litigio. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VII.2º.C. J/21, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1305, Julio de dos mil cinco, Tomo XXII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: -TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de -persona extraña- es opuesta a la de -parte- procesal- existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.Finalmente, cabe precisar que los criterios que han sido citados, se estiman aplicables al caso en estudio, en virtud a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dispone lo siguiente: -SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.-Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo- se: R E S U E L V E PRIMERO.- SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ******* y *******, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por las razones expuestas en el mismo.SEGUNDO.- SE SOBRESEE el juicio de amparo promovido por *******, contra las autoridades y actos reclamados precisados en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando sexto.TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de actos de la Jueza Sexto de lo Civil por Audiencias y Actuaria Judicial Adscrita a la oficina de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, ambos del Distrito Judicial Bravos, por las razones expuestas en el considerando octavo de esta sentencia, para los efectos precisados en el noveno.Notifíquese por lista electrónica, personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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