Ana Lizeth Cazares Martinez

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
02/12/2019

Partes del expediente

  • Ana Lizeth Cazares Martinez
  • F.J. S. C.
  • F.J. S. C. y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo 739/2019-I-B, y al considerar que las partes no manifestaron inconformidad alguna respecto del acuerdo de cinco de noviembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia se declara que dicha determinación ha causado estado, y con apoyo en el artículo 214, de la Ley de la Materia, previas anotaciones en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto concluido. No es obstáculo a esta determinación la circunstancia de que se encuentren transcurriendo el término de quince días otorgados a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en González, Tamaulipas (acuse de recibo a foja 241); toda vez que de conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se encuentra legitimada para hacer valer el recurso de inconformidad a que se refiere el citado numeral, por tal motivo, carece de sentido esperar de que transcurra dicho término. Apoya a lo anterior por las razones que brinda la tesis de rubro : "RECURSO DE INCONFORMIDAD. EL MINISTERIO PÚBLICO QUE INTERVINO EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE EMANA EL ACTO RECLAMADO, COMO TERCERO INTERESADO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECLARA CUMPLIDA UNA EJECUTORIA DE AMPARO, SIEMPRE QUE NO TENGA EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 202 Y 210 DE LA LEY DE LA MATERIA)." Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto de dicho acuerdo, pues se trata de un juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional solicitada, por lo cual en su momento sólo quedará para su conservación la demanda y la sentencia, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerar la suscrita que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, devuélvase a la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en González, Tamaulipas, las copias certificadas remitidas como apoyo a su informe justificado, consistentes en dos tomos de pruebas; para los efectos legales a que haya lugar, además, por ser innecesaria su retención en estos autos.

  2. Principal

    CÚMPLASE

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE JULIO YT CATORCE DE AGOSTO, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA FERNANDO APOLINAR SEQUEDA DOMINGUEZ, SÍNTESIS DEL AUTO DE CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ya trascurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesado, mediante proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, en el que se les dejó a vista el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia protectora dictada en el presente juicio de amparo, sin que hubieran realizado manifestación alguna al respecto. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, así como de la Jurisprudencia 26/2000, de rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE LA SEGUNDA SALA)." , la suscrita procede a analizar dicho cumplimiento. EFECTOS DE LA SENTENCIA En ese orden de ideas, se destaca que por sentencia de seis de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Quinto Distrito Judicial, con sede en González, Tamaulipas, en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio voluntario 21/2016, realizara lo siguiente: ? "Deje sin efectos la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, y en su lugar, ? Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en la que subsane las irregularidades precisadas en el último considerando del cuerpo de esta determinación; a saber, de contestación al argumento planteado por Ana Lizeth Cazares Martínez, en el sentido de que el recurso de revocación resultaba improcedente porque no era la instancia ni la vía legal para obtener la revocación del auto recurrido, pues éste deriva de la ejecución de la sentencia ejecutoriada de treinta y uno marzo de dos mil dieciséis, la cual al estar considerada como cosa juzgada es inconcuso que procede su ejecución, concluyendo que el hoy tercero interesado debe impugnar cualquiera de las dos pensiones alimenticias a su cargo mediante un juicio autónomo y no mediante un recurso de revocación." EJECUTORIA Luego, por auto de once de octubre del año en curso, se declaró que dicha sentencia de amparo había causado ejecutoria, por lo que se ordenó requerir su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 202 y 203). ACTUACIONES EN CUMPLIMIENTO Ahora bien, mediante oficio 1021 y anexos que lo acompañan (fojas 215-222), la autoridad responsable remitió diversa actuación derivada de las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio voluntario 21/2016, de su índice, se observa, que respecto al primer efecto del fallo protector, esto es, que dejará sin efectos el acto que por esta vía combate, consistente en la resolución de trece de junio de dos mil diecinueve, la aludida potestad, en la resolución dictada el diecisiete de octubre del año en curso, específicamente en el considerando cuarto, dejó sin efectos la resolución reclamada (foja 217). Consecuentemente, al dejar sin efectos la resolución reclamada (trece de junio de dos mil diecinueve), y siguiendo con los lineamientos del segundo fallo protector, la autoridad responsable determinó en lo que aquí interesa; ". Y por lo que refiere la C. ANA LIZETH CASARES MARTÍNEZ, en su desahogo de vista, en su argumento toral en el sentido que el recurso de revocación es improcedente porque no es la instancia y vía legal para obtener la revocación del auto recurrido, pues, pues deriva de la ejecución de la sentencia ejecutoriada de (31) Treinta y Uno de Marzo del año (2018) Dos Mil Dieciocho, es de decirse que sobre esto existe un principio de interpretación de derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 Constitucional, que entre cosas establece "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." Y 16 Constitucional que al efecto dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo." En efecto, la C. ANA LIZETH CASARES MARTÍNEZ Considera como cosa juzgada el convenio suscrito dentro del divorcio voluntario la cual es evidente que proceda su ejecución por las partes, referente a los alimentos de los menores. Sin embargo, debió considerar el orden de prelación que debe de prosperar, dado que es evidente que al existir un Juicio de Alimentos de los mismos acreedores y mismo deudor, resulta incontrovertible que lo que debió ANA LIZETH CASARES MARTÍNEZ, primero es ejercer ante Autoridad lo era el cumplimiento de la ejecución de sentencia y no un juicio pensión alimenticia. Por lo que al iniciar el Juicio autónomo de alimentos, da la pauta que el convenio suscrito en el divorcio voluntario, no haya cumplido con el fin de lo pactado, de ahí que solicitó la pensión alimenticia a través de un juicio de alimentos, del cual hasta la fecha actual se están garantizando los alimentos de los menores, aunado a que se reitera que se tratan los mismos acreedores F.J.S.C. y A.D. s.c., (de la sentencia de divorcio y de los alimentos provisionales y definitivos; y dado el caso de que se llegara a realizar el descuento como lo peticiona, es decir, el porcentaje del 40%, y tendiendo un 30%, da un total de 70%, por lo que contraviene a lo dispuesto por el artículo 228 de la Ley sustantiva Civil en Vigor, en la proporcionalidad del que debe de dar alimentos no podrá ser un porcentaje inferior del 30% ni mayor del 50% del sueldo del deudor alimentista, por lo que al hacerlo así de ninguna manera se trastoca el derecho fundamentales de los menores en relación a los alimentos y al interés superior, establecidos en el artículo 4 Constitucional, dado que el juicio e alimentos, como se dijo, "ya perciben un 30%", por conclusión, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado por la C. ANA LIZETH CASARES MARTÍNEZ. Bajo el principio de plenitud de jurisdicción y en base al arbitrio discrecional con el que esta revestido este Juzgador, se ordena que se siga actuando en el expediente familiar 128/2016, para así poder la C.ANA LIZETH CASARES MARTÍNEZ, incrementar en su caso la pensión alimenticia a favor de sus menores hijos,... [.]" De lo anterior, se advierte que la citada potestad, en la nueva resolución emitida el diecisiete de octubre del año en curso, y con base a los lineamientos de la sentencia de amparo, dio contestación a los argumentos planteados por la parte quejosa Ana Lizeth Cazares Martínez, respecto al recurso de revocación hecho valer por el tercero interesado Fernando Apolinar Sequeda Domínguez dentro del expediente natural, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio voluntario 21/2016, de su índice, y resolvió con libertad de jurisdicción el citado medio de impugnación. Constancias a las que se confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, de donde se advierte que la autoridad responsable con dicha determinación se ajustó a las directrices plasmadas en la sentencia de amparo. DECISIÓN Así las cosas, es de concluir que LA SENTENCIA EJECUTORIADA PRONUNCIADA EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, HA QUEDADO CUMPLIDA, puesto que la autoridad responsable ajustó su actuación a la sentencia dictada en el presente asunto, razón por la cual hágase del conocimiento de este acuerdo a la parte quejosa, y una vez transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III, 27 FRACCIÓN I Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA ORDENADO EN PROVEÍDO DE NUEVE DE JULIO YT CATORCE DE AGOSTO, AMBOS DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA FERNANDO APOLINAR SEQUEDA DOMINGUEZ, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE: Visto; agréguese a los autos sin mayor trámite el oficio de cuenta, en el que la autoridad responsable que lo signa, informa el cumplimiento dado a la sentencia concesoria de amparo; lo anterior, toda vez que mediante auto de veintiuno de octubre del presente año, se proveyó lo conducente en relación a su contenido, al haberse recibido vía telegrama (foja 213). Sin embargo, considerando que en el citado proveído dictado el veintiuno del citado mes y año, se reservó proveer respecto a las constancias que en copia certificada anexaba a su oficio de mérito, hasta en tanto obrara en autos, situación que ya aconteció; en ese sentido; en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio de cuenta y anexo, debiéndose correr traslado con las citadas constancias, para que en el término de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su interés legal convenga, acerca del referido cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este juzgado determinara su desinterés y de oficio, resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.

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