Ana Liviere Vargas Vizuet

Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
367/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
29/04/2019

Partes del expediente

  • Ana Liviere Vargas Vizuet

Actuaciones

  1. Principal

     Se aclara destrucción de expediente. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído del dieciocho de enero de dos mil diecinueve se ordenó el archivo del presente cuaderno de antecedentes, por lo que se determinó su destrucción una vez transcurridos cinco años de su archivo, al considerar que encuadraba en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el punto primero, fracción XX del referido acuerdo, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes constituye un cuaderno auxiliar, por lo que encuadra en el supuesto previsto en el diverso punto vigésimo, fracción I del citado ordenamiento legal. Por ende, se aclara que el presente cuaderno de antecedentes debe destruirse una vez transcurridos seis meses de su archivo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes el oficio recibido vía electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de la Actuaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual comunica el proveído de catorce de enero del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo directo D-25/2019 de su índice, en el que se acusa recibo del juicio de amparo 367/2018-V promovido por ***. e informa que se aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en la resolución de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho en el juicio de amparo en cita. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente cuaderno de antecedentes, una vez transcurridos cinco años de su archivo, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, se avocó al conocimiento de la demanda de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)." Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización Previo a su destrucción, en cumplimiento al punto décimo séptimo, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó aceptar la competencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por ***, contra actos del Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla y otra autoridad, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese con el número de juicio de amparo 367/2018. Acto reclamado En el caso, se observa que la parte quejosa reclama el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente *** del índice del Juzgado de lo Civil de Teziutlán, Puebla, por el que la responsable acordó que no dar trámite a la demanda de incremento de pensión alimenticia y actualización de planilla de liquidación. Competencia Previamente a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, es dable precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Incompetencia por razón de la vía De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por razón de la vía. En términos de los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es un proceso constitucional autónomo, competencia exclusiva de los Tribunales Colegiados de Circuito -excepción hecha de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a que se refiere el artículo 40 de la Ley de Amparo-, que procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo define que se entiende por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Análisis del caso concreto En la especie, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado de lo Civil de Teziutlán, Puebla, en el expediente ***, en el que determinó no dar trámite a la demanda de incremento de pensión alimenticia y actualización de planilla de liquidación. El acto reclamado referido -por su naturaleza-, constituye una resolución que pone fin al juicio pues, sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido, actualizándose la procedencia del amparo directo en su contra. En efecto, de las constancias que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo se advierte que en el auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (reclamado en esta instancia constitucional), el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla determinó no dar trámite a la demanda planteada por la quejosa, al considerar que en términos del artículo 695 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el incremento de pensión de alimentos debe seguirse en el mismo juicio donde se decretó la pensión y la actualización de la planilla de liquidación deberá formularse en ejecución de la sentencia en el mismo expediente donde se dictó. Al respecto, cabe señalar que en términos del criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito , en el sentido de que el juicio de modificación de una determinación en materia de alimentos, como acontece en el caso con la demanda de incremento de pensión alimenticia, constituye un procedimiento distinto del que resolvió la forma en cómo el deudor debía solventar las obligaciones a su cargo, sin que el hecho de que se tramite en el mismo expediente en que se pronunció la resolución respectiva tenga el alcance de establecer que se trata del mismo juicio que concluyó con el fallo que se pretende alterar, fue que la quejosa instó la demanda ante el Juez Civil de Teziutlán, Puebla, quien determinó no darle trámite, sin que se soslaye el hecho de que en ese ocurso también reclamó la actualización de la planilla de liquidación, pues ésta es una cuestión accesoria a la pretensión principal. Por tanto, la determinación aludida es susceptible de impugnarse vía amparo directo, pues se trata de una resolución por la que no se admitió una demanda, esto es, constituye una decisión que pone fin al juicio, sin decidir sobre el fondo del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1ª/J 97/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente. "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE DESECHA O NO ADMITE UNA DEMANDA O POR LA QUE SE NIEGA A CONOCERLA Y LA DEVUELVE AL ACTOR, POR ESTIMAR QUE CARECE DE COMPETENCIA LEGAL, SIN DECLINARLA EN FAVOR DE OTRO ÓRGANO JURISDICCIONAL, AL TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. El artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora bien, para que se actualice este supuesto, en relación con la resolución por la que el a quo no admite o se niega a conocer de una demanda, por estimar que carece de competencia legal para ello, es necesario que se decline la competencia en favor de otro órgano, ya que este supuesto produce los mismos efectos que la excepción de incompetencia por declinatoria, pues quedará supeditada a que el juez declinado acepte o rechace la competencia declinada, cuya decisión (con la que adquiere carácter de definitiva) será determinante para combatir la resolución de aceptación de la declinación de competencia, a través del amparo indirecto, previa observancia del principio de definitividad. Sin embargo, la resolución del juez que desecha o no admite una demanda o por la que se niega a conocerla y la devuelve al actor, por estimar que carece de competencia legal, sin que decline su competencia en favor de algún órgano jurisdiccional, constituye una resolución que pone fin al juicio, pues sin decidir el conflicto jurídico de fondo, lo da por concluido; de ahí que contra dicha decisión proceda el amparo directo, en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, sujetándose igualmente al principio de definitividad.". No pasan inadvertidas para este Juzgado de Distrito las manifestaciones de la parte quejosa en el sentido de que el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla se declaró incompetente para conocer de la demanda sometida a su potestad y declinó competencia a favor del Juzgado Quinto de lo Familiar de Puebla, lo cual torna procedente el amparo biinstancial, en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo . Sin embargo, como se precisó, el Juez de lo Civil únicamente determinó no dar trámite a la demanda referida, sin hacer pronunciamiento alguno sobre si carecía de competencia para resolver el asunto, mucho menos para declinarla a favor de diverso órgano jurisdiccional. En efecto, en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla señaló lo siguiente. "(.) Dada cuenta al suscrito Juez con el escrito de cuenta y documentos que anexa, ante el Secretario con quien actúa dijo; Téngase por recibido el presente, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número que le corresponda, atento a su contenido, con fundamento en lo establecido por los artículos 19, 22, 52, 89, 203 y 695 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dígase a la ocursante que no ha lugar a dar trámite a la demanda que plantean, toda vez a que en términos de lo que establece el artículo 695 de la Ley Adjetiva Civil de la Materia que establece 'Artículo 695.- La sentencia que se dicte en estos juicios o en cualquier otro que tenga relación con los alimentos, podrá ser revocada o modificada, por causas supervenientes, mediante diverso juicio que se tramitará en el mismo expediente'; por tanto el incremento de la pensión de alimentos deberá seguirse en el mismo juicio donde se decretó la pensión esto es en el expediente número *** del Juzgado Quinto de lo Familiar de Puebla, y la actualización de planilla de liquidación deberá formularse en ejecución de la sentencia en el mismo expediente en donde se dictó la misma y se condenó al pago de los alimentos esto es dentro del expediente número *** del Juzgado Quinto de lo Familiar de Puebla; en consecuencia, una vez que cause estado el presente auto, se ordena hacer la devolución de los documentos exhibidos, debiendo quedar agregada en autos copia fotostática certificada para constancia, previa identificación y toma de razón que por su recibo obre en autos. (.)". De la transcripción anterior se desprende que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, el juez natural no admitió a trámite la demanda de incremento de pensión y actualización de planilla de liquidación, sin que en momento alguno se declarara incompetente. Al margen de lo anterior, aun en el supuesto de que en dicho auto el juez de origen se hubiera declarado incompetente, también procedería en su contra el juicio de amparo directo, en términos de la jurisprudencia 1ª/J 97/2017, toda vez que no declinó competencia a favor de otro órgano. En consecuencia, la competencia para conocer del asunto, por razón de la vía, se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que la resolución reclamada pone fin al juicio de origen, con independencia de que la parte quejosa, en su caso, hubiese o no agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlo, pues el referido tribunal cuenta con la facultad para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia 6/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47, 170 de la Ley de Amparo, y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente, por razón de la vía, para conocer de la demanda de amparo y, en consecuencia, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, a quien se estima competente para conocerla por los motivos y fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al Tribunal que conozca del asunto, que acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 47 de la Ley de Amparo. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito. Domicilio Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, toda vez que así lo solicitó la parte quejosa. Autorizado Se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, lo anterior por no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se habilitan días y horas inhábiles Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. ...Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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